Alfonso Ramírez Gutiérrez
Expediente 540/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alfonso Ramírez Gutiérrez
- Fiscal General del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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Puebla, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, del cual se advierte que solicita copias certificadas de las constancias del juicio de amparo en que se actúa para que obren como correspondan en el diverso sumario constitucional 631/2021-I de su índice. En consecuencia, hágase saber al juzgado oficiante que el expediente electrónico del presente amparo se encuentra disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito a lo anterior, se encomienda a la analista jurídico Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este juzgado federal, para que proceda hacer disponible el expediente electrónico de este asunto, a efecto de que pueda ser vinculado con el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. DESPACHO DILIGENCIADO Por otra parte, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el original del despacho número 617/2021 con número de orden 736/2021 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó la notificación personal de los quejosos Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes y Carlos Alfredo Covarrubias Plata. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
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Puebla, Puebla, tres de agosto de dos mil veintiuno. DESPACHO DILIGENCIADO Se agrega a los autos el oficio de cuenta con anexo signado por el encargado de despacho del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por vacaciones del titular, visto su contenido, devuelve diligenciado el despacho 583/2021 por el que se comunicó a los quejosos internos el auto de veintidós de junio del año en curso. Se acusa de recibido a la autoridad despachada y se ordena dar de baja de la estadística judicial. CAUSA ESTADO AUTO DE VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Y ARCHIVO Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que el auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible, de conformidad con el diverso 21, inciso b), del acuerdo general citado, porque se tuvo por desechada la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIÓN EN LA CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE GIRA DESPACHO PARA COMUNICAR EL AUTO DE MÉRITO Gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de comunicar a Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes y Carlos Alfredo Covarrubias Plata el presente auto en el lugar de su internamiento, esto es, en el Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para lo cual se acompaña copia autorizada del mismo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO POR LISTA A María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia y Amalia Ortiz Xicale Finalmente, notifíquese a María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia y Amalia Ortiz Xicale, el auto de mérito por lista.
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Puebla, Puebla, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. IMPOSIBILIDAD DEL ACTUARIO DE COMUNICAR AUTO Vista la razón del actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de comunicar a los quejosos -----------------, el auto de veintidós de junio del año en curso, por las razones que ahí expone. SE GIRA DESPACHO PARA COMUNICAR EL AUTO DE MÉRITO En consecuencia, conforme a la razón asentada por el actuario de la adscripción de la que se hace constar que los quejosos ------------------ se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de comunicar el auto de veintidós de junio del año en curso a dichos quejosos. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO POR LISTA A------------ Por otra parte, conforme a la misma razón de cuenta, notifíquese a ---------------, el auto de mérito. Lo anterior a efecto de lograr la debida integración del presente sumario. Notifíquese. En cumplimiento a lo ordenado en el presente proveido se notifica por lista a las terceras interesadas ******* que en lo conducente dice: "...Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. SE AGREGA LO DE CUENTA Agréguese a los autos el oficio de cuenta con anexo del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro por el que comunica que dentro del proceso -------Puebla resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos. De lo que este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la certificación que antecede se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Vista la certificación de cuenta se advierte que los quejosos incumplieron con el requerimiento contenido en auto de ocho de junio de dos mil veintiuno; esto es, no manifestaron en qué consistieron los actos de incomunicación y tortura e ilegal detención a los que aluden al señalar los actos reclamados en la demanda presentada a en su nombre por María Guadalupe Vicens Flores; en tales condiciones, se acuerda: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO El Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6º,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por los actos de autoridad reclamados. En el caso, la promovente María Guadalupe Vicens Flores reclamó de las autoridades señaladas como responsables, la incomunicación, tortura y privación ilegal de la libertad de --------------------------, actos que atribuyó al Fiscal General del Estado de Puebla, ---------------, titular de la agencia de investigación del C 5, y licenciada ---------------, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia C 5. Ahora bien, de la diligencia realizada por el actuario judicial adscrito a este juzgado federal en la fecha antes indicada refirió que todos los quejosos ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor y señalaron haber sido torturados e incomunicados, con excepción de José Luis Velázquez Lazcano y Guillermo Hernández Guzmán, quienes únicamente mencionaron haber sido torturados, sin que hicieran manifestaciones respecto a los actos de incomunicación. Por otra parte, del relato de la demanda promovida por María Guadalupe Vicens Flores en nombre de los aquí quejosos ------------- se desprende que en los antecedentes de su demanda de amparo señaló: "Reclamo de las responsables la privación ilegal dela libertad, incomunicación y la incomunicación del a que son víctimas los quejosos toda vez que hasta este momento no se les ha permitido tener comunicación alguna con su persona y se han negado a darme cualquier tipo de informe. Reclamo la detención ilegal de los quejosos que realizó Fernando Fierro Aldana, quien se ostenta como titular de la agencia de investigación del C-5 de la Fiscalía del Estado de Puebla, y agentes ministeriales a su orden el día seis de julio de dos mil veintiuno en el interior del Centro de San Miguel ubicado en kilómetro 2.5 carretera Camino al Batán, Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla, privándolos ilegalmente de su libertad, incomunicándolos, no proporcionándoles un defensor en el momento de su detención ni ser leídos sus derechos. Así mismo de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia D-5. de la Fiscalía del Estado de Puebla, licenciada ---------------reclamo la privación ilegal de la libertad de los quejosos, la incomunicación haciéndolos confesar disfrazando de manera legal, desde el seis de junio de dos mil veintiuno y los quejosos están privados de su libertad desde el día seis de junio de dos mil veintiuno y actualmente siguen incomunicados, privados de su libertad, haciéndolos ilegalmente confesar, maltratados, con golpes en los separos del C-5, ubicado en anillo Periférico Ecológico, kilómetro 4.5, Cuautlancingo, Puebla, solicitando dentro del término de ley sean puestos en libertad" De lo antes transcrito se advierte que la promovente refirió que conoció de la detención de los quejosos el seis de junio de dos mil veintiuno, que se constituyó en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social de Puebla donde le informaron que una hora antes los quejosos directos fueron trasladados al Centro Metropolitano C-5, sin que fuera precisa en señalar la hora exacta en la que ello ocurrió, sin embargo de la papeleta se desprende que la demanda la presentó el ocho de junio de dos mil veintiuno a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos. Esto es, con la información contenida en el escrito de demanda se afirma que los quejosos estuvieron incomunicados desde el seis de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia C 5, informó que los citados quejosos fueron detenidos a partir de las veintiún horas con treinta minutos del seis de junio de dos mil veintiuno por ------------------ agentes investigadores, quienes a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos informaron al Ministerio Público que tenían detenidas a dieciocho personas, entre ellas a los aquí quejosos, por lo que luego de realizar las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, se dirigieron al lugar que ocupa su oficina para continuar con el papeleo, por lo que salieron del centro penitenciario a las cero horas con diez minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, terminando el trámite respectivo aproximadamente a la una de la mañana de ese mismo día, poniendo a los quejosos a disposición de la ministerio público a la una con treinta minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, por hechos con apariencia de delito de encubrimiento así como los delitos que afectan la procuración de la justicia y en otros ramos del poder público, por lo que formó la carpeta de investigación ----------------- Por su parte, la agente del Ministerio Público hizo constar que dentro de la carpeta de investigación de mérito tuvo a la vista a -------------- a quienes les hizo saber sus derechos y que a cada uno de ellos se les designó un defensor público. Asimismo, se practicaron diligencias a los citados quejosos en los que se hizo lectura de constancia de derechos, nombramiento de defensor y constancia de llamada telefónica como se detalla: ------------------. De igual forma se observa que a las dos horas con cuarenta y siete minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público decretó su retención, la que se le notificó a cada uno de los quejosos y a sus defensores. Destaca de las actuaciones que en esa misma fecha, siete de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la comparecencia de ------------ quien refirió ser hijo de -------------, quien refirió que su madre padece de diabetes e hipertensión y que para dichas afecciones toma medicamentos metoformina e hidroclorotiazida, por lo que solicitó autorización para que le fueran suministrados, lo que se autorizó por parte de la representación social. También consta la diligencia de siete de junio de dos mil veintiuno a las dieciséis cincuenta y cinco horas en la que se hace constar la comparecencia de ------------, quien refirió ser esposa de ------ y solicitó que a éste se le diera oportunidad de designar defensores particulares, diligencia que se practicó en esa misma fecha. Por su parte, el mismo siete de junio de dos mil veintiuno, a las diecisiete quince horas se practicó diligencia en la que se hizo constar la comparecencia de ------------ quien refirió ser sobrino de ------------- y solicitó a la representación social pasar a verlo para la práctica de diligencia de designación de defensor particular, misma que se practicó en esa fecha. En esa misma fecha, siete de junio de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas con treinta y un minutos se practicó diligencia en la que se hace constar la comparecencia de María Guadalupe de Gante Aguilar quien refirió ser esposa de José Luis Velázquez Lazcano y solicitó se le permitiera a éste designar defensor particular, lo que en esa misma fecha aconteció. Igualmente, el siete de junio de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas se practicó diligencia en la que se hace constar la comparecencia de -------------, esposa de ------------- y también solicita se le permita designar defensor particular. En esa misma fecha, ---------- designó defensor particular. Por su parte, el ocho de junio los quejosos directos ------------------ tuvieron comunicación con sus familiares y designaron a defensores particulares. De lo que se observa que no obstante que los quejosos ratificaron la demanda, en la que se indica que estuvieron incomunicados desde el seis de junio de dos mil veintiuno, de las constancias de autos se observa que quedaron a disposición de la representación social a la una de la mañana con treinta minutos del siete de junio de dos mil veintiuno y las dos horas con cuarenta y siete minutos se decretó su retención; mientras que la demanda de amparo se recibió a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, además que en el lapso en que estuvieron a disposición del Ministerio Público, hasta antes de la presentación de la demanda, estuvieron asistidos por sus defensores, por lo que los quejosos estuvieron en posibilidad de presentar la demanda de forma personal. En ese sentido, si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sin embargo, dicho numeral impone un requisito sine qua non a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor del quejoso, en su nombre. Efectivamente, en el citado numeral se pueden leer las siguientes frases: Cuando traten de actos que importen incomunicación. ...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre. Conforme a lo cual, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que María Guadalupe Vicens Flores este en aptitud de promover en nombre de ----------------, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que no se acredita que los quejosos se encontraran real y efectivamente incomunicados, pues esa circunstancia, al promover el juicio de amparo, aquella la hizo depender de que los aquí quejosos no habían tenido comunicación con sus familiares, abogado o autoridades; no obstante, conforme a lo manifestado por la autoridad responsable en las documentales que anexo a su informe respecto del acatamiento a la suspensión de plano, se aprecia lo contrario, lo cual quedó corroborado con las documentales remitidas por la autoridad indicada. Conforme a lo anterior, no se observa algún hecho que permita concluir que los quejosos -------------- estuvieran incomunicados. Sin que sea óbice a lo anterior que reclamen actos de tortura, porque si bien al ratificar la demanda afirmaron que fueron torturados tanto física como psicológicamente, se les previno para que precisaran en qué consistieron los actos de tortura, a fin de que pudiera acordarse lo conducente, sin que haya dado cumplimiento dentro del plazo concedido; máxime que de la diligencia que practicó el actuario de la adscripción, éste asentó que no presentaban lesiones visibles, lo que además se corroboró con los dictámenes médicos practicados a los quejosos ante la representación social, así como los que remitió la juez de control. Además, si bien refirieron que señalaron como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, por encontrare a su disposición, tampoco cumplieron la prevención en señalar en qué consistieron los actos de tortura e incomunicación que a éste le atribuían. Finalmente, de las actuaciones que éste remitió indicó que en audiencia de control de once de junio de dos mil veintiuno ratificó su legal detención señaló fecha para la continuación del proceso que se les instruye en la que resolvió su situación jurídica. Por tanto, al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa, con fundamento en los artículos 6º, 61, fracción XXIII, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que se provee respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación en tanto que la promovente carecía de legitimación para instar el juicio de amparo respecto de éstos, en nombre de ----------------- Se ordena realizar las notaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archivar el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su internamiento...."
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. SE AGREGA LO DE CUENTA Agréguese a los autos el oficio de cuenta con anexo del Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro por el que comunica que dentro del proceso 1670/2021/Puebla resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos. De lo que este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, vista la certificación que antecede se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO Vista la certificación de cuenta se advierte que los quejosos incumplieron con el requerimiento contenido en auto de ocho de junio de dos mil veintiuno; esto es, no manifestaron en qué consistieron los actos de incomunicación y tortura e ilegal detención a los que aluden al señalar los actos reclamados en la demanda presentada a en su nombre por María Guadalupe Vicens Flores; en tales condiciones, se acuerda: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO El Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral del escrito de demanda y las constancias de autos, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6º,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por los actos de autoridad reclamados. En el caso, la promovente María Guadalupe Vicens Flores reclamó de las autoridades señaladas como responsables, la incomunicación, tortura y privación ilegal de la libertad de Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, Amalia Ortiz Xicale, María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes, Carlos Alfredo Covarrubias Plata, actos que atribuyó al Fiscal General del Estado de Puebla, Fernando Fierro Aldana, titular de la agencia de investigación del C 5, y licenciada Ileana Gómez Quiroz, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia C 5. Ahora bien, de la diligencia realizada por el actuario judicial adscrito a este juzgado federal en la fecha antes indicada refirió que todos los quejosos ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor y señalaron haber sido torturados e incomunicados, con excepción de José Luis Velázquez Lazcano y Guillermo Hernández Guzmán, quienes únicamente mencionaron haber sido torturados, sin que hicieran manifestaciones respecto a los actos de incomunicación. Por otra parte, del relato de la demanda promovida por María Guadalupe Vicens Flores en nombre de los aquí quejosos Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, Amalia Ortiz Xicale, María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes, Carlos Alfredo Covarrubias Plata se desprende que en los antecedentes de su demanda de amparo señaló: "Reclamo de las responsables la privación ilegal dela libertad, incomunicación y la incomunicación del a que son víctimas los quejosos toda vez que hasta este momento no se les ha permitido tener comunicación alguna con su persona y se han negado a darme cualquier tipo de informe. Reclamo la detención ilegal de los quejosos que realizó Fernando Fierro Aldana, quien se ostenta como titular de la agencia de investigación del C-5 de la Fiscalía del Estado de Puebla, y agentes ministeriales a su orden el día seis de julio de dos mil veintiuno en el interior del Centro de San Miguel ubicado en kilómetro 2.5 carretera Camino al Batán, Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla, privándolos ilegalmente de su libertad, incomunicándolos, no proporcionándoles un defensor en el momento de su detención ni ser leídos sus derechos. Así mismo de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia D-5. de la Fiscalía del Estado de Puebla, licenciada Iliana Gómez Quiroz reclamo la privación ilegal de la libertad de los quejosos, la incomunicación haciéndolos confesar disfrazando de manera legal, desde el seis de junio de dos mil veintiuno y los quejosos están privados de su libertad desde el día seis de junio de dos mil veintiuno y actualmente siguen incomunicados, privados de su libertad, haciéndolos ilegalmente confesar, maltratados, con golpes en los separos del C-5, ubicado en anillo Periférico Ecológico, kilómetro 4.5, Cuautlancingo, Puebla, solicitando dentro del término de ley sean puestos en libertad" De lo antes transcrito se advierte que la promovente refirió que conoció de la detención de los quejosos el seis de junio de dos mil veintiuno, que se constituyó en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social de Puebla donde le informaron que una hora antes los quejosos directos fueron trasladados al Centro Metropolitano C-5, sin que fuera precisa en señalar la hora exacta en la que ello ocurrió, sin embargo de la papeleta se desprende que la demanda la presentó el ocho de junio de dos mil veintiuno a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos. Esto es, con la información contenida en el escrito de demanda se afirma que los quejosos estuvieron incomunicados desde el seis de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia C 5, informó que los citados quejosos fueron detenidos a partir de las veintiún horas con treinta minutos del seis de junio de dos mil veintiuno por José Manuel Sedeño Hernández, José Daniel Hernández Juárez, Assael López Reyes, Victoria Sarmiento Teutle, Mario Carlos Guerrero García, Elyde Vanesa Solórzano Caleco, Gustavo Emmanuel Ramírez Reyes, Enrique Nophal Flores, Oscar Eduardo Domingo Joaquín y Pabel Hernández Campos, agentes investigadores, quienes a las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos informaron al Ministerio Público que tenían detenidas a dieciocho personas, entre ellas a los aquí quejosos, por lo que luego de realizar las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, se dirigieron al lugar que ocupa su oficina para continuar con el papeleo, por lo que salieron del centro penitenciario a las cero horas con diez minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, terminando el trámite respectivo aproximadamente a la una de la mañana de ese mismo día, poniendo a los quejosos a disposición de la ministerio público a la una con treinta minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, por hechos con apariencia de delito de encubrimiento así como los delitos que afectan la procuración de la justicia y en otros ramos del poder público, por lo que formó la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/FLAGRANCIA-I/009633/2021. Por su parte, la agente del Ministerio Público hizo constar que dentro de la carpeta de investigación de mérito tuvo a la vista a Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, Amalia Ortiz Xicale, María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes, Carlos Alfredo Covarrubias Plata a quienes les hizo saber sus derechos y que a cada uno de ellos se les designó un defensor público. Asimismo, se practicaron diligencias a los citados quejosos en los que se hizo lectura de constancia de derechos, nombramiento de defensor y constancia de llamada telefónica como se detalla: Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, Amalia Ortiz Xicale, María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes y Carlos Alfredo Covarrubias Plata. De igual forma se observa que a las dos horas con cuarenta y siete minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público decretó su retención, la que se le notificó a cada uno de los quejosos y a sus defensores. Destaca de las actuaciones que en esa misma fecha, siete de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar la comparecencia de Jorge Solís Ortiz quien refirió ser hijo de Amalia Ortiz Xicale, quien refirió que su madre padece de diabetes e hipertensión y que para dichas afecciones toma medicamentos metoformina e hidroclorotiazida, por lo que solicitó autorización para que le fueran suministrados, lo que se autorizó por parte de la representación social. También consta la diligencia de siete de junio de dos mil veintiuno a las dieciséis cincuenta y cinco horas en la que se hace constar la comparecencia de Olga Lidia Rojas Sandoval, quien refirió ser esposa de José Juan López Ramos y solicitó que a éste se le diera oportunidad de designar defensores particulares, diligencia que se practicó en esa misma fecha. Por su parte, el mismo siete de junio de dos mil veintiuno, a las diecisiete quince horas se practicó diligencia en la que se hizo constar la comparecencia de Miguel de Jesús Suárez Hernández quien refirió ser sobrino de Guillermo Hernández Guzmán y solicitó a la representación social pasar a verlo para la práctica de diligencia de designación de defensor particular, misma que se practicó en esa fecha. En esa misma fecha, siete de junio de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas con treinta y un minutos se practicó diligencia en la que se hace constar la comparecencia de María Guadalupe de Gante Aguilar quien refirió ser esposa de José Luis Velázquez Lazcano y solicitó se le permitiera a éste designar defensor particular, lo que en esa misma fecha aconteció. Igualmente, el siete de junio de dos mil veintiuno, a las diecinueve horas se practicó diligencia en la que se hace constar la comparecencia de Leticia Juliana Bartolo Zenteno, esposa de Brasil Sánchez Flores y también solicita se le permita designar defensor particular. En esa misma fecha, Juventino Eleuterio Zapotitla designó defensor particular. Por su parte, el ocho de junio los quejosos directos Roberto Carlos Mendoza Dorantes y Amalia Ortiz Xicale tuvieron comunicación con sus familiares y designaron a defensores particulares. De lo que se observa que no obstante que los quejosos ratificaron la demanda, en la que se indica que estuvieron incomunicados desde el seis de junio de dos mil veintiuno, de las constancias de autos se observa que quedaron a disposición de la representación social a la una de la mañana con treinta minutos del siete de junio de dos mil veintiuno y las dos horas con cuarenta y siete minutos se decretó su retención; mientras que la demanda de amparo se recibió a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, además que en el lapso en que estuvieron a disposición del Ministerio Público, hasta antes de la presentación de la demanda, estuvieron asistidos por sus defensores, por lo que los quejosos estuvieron en posibilidad de presentar la demanda de forma personal. En ese sentido, si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sin embargo, dicho numeral impone un requisito sine qua non a fin de que cualquier otra persona pueda promover el amparo a favor del quejoso, en su nombre. Efectivamente, en el citado numeral se pueden leer las siguientes frases: Cuando traten de actos que importen incomunicación. ...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre. Conforme a lo cual, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier extraño distinto al quejoso, sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que María Guadalupe Vicens Flores este en aptitud de promover en nombre de Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, Amalia Ortiz Xicale, María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes, Carlos Alfredo Covarrubias Plata, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, dado que no se acredita que los quejosos se encontraran real y efectivamente incomunicados, pues esa circunstancia, al promover el juicio de amparo, aquella la hizo depender de que los aquí quejosos no habían tenido comunicación con sus familiares, abogado o autoridades; no obstante, conforme a lo manifestado por la autoridad responsable en las documentales que anexo a su informe respecto del acatamiento a la suspensión de plano, se aprecia lo contrario, lo cual quedó corroborado con las documentales remitidas por la autoridad indicada. Conforme a lo anterior, no se observa algún hecho que permita concluir que los quejosos Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, Amalia Ortiz Xicale, María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes, Carlos Alfredo Covarrubias Plata estuvieran incomunicados. Sin que sea óbice a lo anterior que reclamen actos de tortura, porque si bien al ratificar la demanda afirmaron que fueron torturados tanto física como psicológicamente, se les previno para que precisaran en qué consistieron los actos de tortura, a fin de que pudiera acordarse lo conducente, sin que haya dado cumplimiento dentro del plazo concedido; máxime que de la diligencia que practicó el actuario de la adscripción, éste asentó que no presentaban lesiones visibles, lo que además se corroboró con los dictámenes médicos practicados a los quejosos ante la representación social, así como los que remitió la juez de control. Además, si bien refirieron que señalaron como autoridad responsable al Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, por encontrare a su disposición, tampoco cumplieron la prevención en señalar en qué consistieron los actos de tortura e incomunicación que a éste le atribuían. Finalmente, de las actuaciones que éste remitió indicó que en audiencia de control de once de junio de dos mil veintiuno ratificó su legal detención señaló fecha para la continuación del proceso que se les instruye en la que resolvió su situación jurídica. Por tanto, al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa, con fundamento en los artículos 6º, 61, fracción XXIII, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que se provee respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación en tanto que la promovente carecía de legitimación para instar el juicio de amparo respecto de éstos, en nombre de Alfonso Ramírez Gutiérrez, Juventino Eleuterio Zapotlitla Acero, Alejandro Cervantes Luna, Amalia Ortiz Xicale, María de los Ángeles Adriana Ortiz Tapia, José Juan López Ramos, Florencio Durán Cervantes, Brasil Sánchez Flores, José Luis Velázquez Lazcano, Guillermo Hernández Guzmán, Enrique Vázquez Sandoval, Roberto Carlos Manzola Dorantes, Carlos Alfredo Covarrubias Plata Se ordena realizar las notaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archivar el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su internamiento.
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