Alfonso Soto Viveros
Expediente 320/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 21/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alfonso Soto Viveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
MESA III CÚMPLASE
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 320/2017-III-B, y al considerar que las partes no manifestaron inconformidad alguna contra el acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la sentencia concesoria de amparo dictada en este juicio; en consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado estado, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de la Materia, previas anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado, que en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerar la suscrita que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Por último, en atención a lo determinado en el presente proveído, devuélvanse a la Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materia Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, las constancias certificadas que remitió al momento de rendir su informe justificado.
- Principal
MESA III CÚMPLASE
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes, respecto de la vista que se les dio mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa, desahogado dicha vista el autorizado de la parte quejosa al tenor del escrito recibido en este juzgado el cinco del mes y año en curso; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suscrita se pronuncia sobre dicho cumplimiento. Para ello, es necesario señalar los antecedentes que constituyen la materia de cumplimiento, entre los que destaca que por sentencia de doce de julio de dos mil diecisiete, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en el ámbito de sus atribuciones, efectuara lo siguiente: a) Dejará insubsistente la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el Toca **** de su índice, relativo al recurso de apelación hecho valer por el aquí tercero interesado "Farezco I.", Sociedad de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable; y, b) Con plenitud de jurisdicción emitiera otra resolución en la cual cumpliera con los principios de congruencia y exhaustividad que se desprenden de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 949 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, lo que implica que se limite a estudiar y decidir sobre la totalidad de los agravios que haya expresado el apelante, SIN QUE PUEDA RESOLVER CUESTIONES QUE NO FUERON MATERIA DE ÉSTOS O CONSENTIDOS EXPRESAMENTE POR LAS PARTES. La citada sentencia fue recurrida en revisión por Enrique Sias Pecina, apoderado de la persona moral tercera interesada "Farezco I" Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de la cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, radicando tal recurso como amparo en revisión 373/2017, y que mediante ejecutoria de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 240 a 244) determinó confirmar la sentencia concesoria de amparo, razón por la cual, mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 245 y 246) se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de dicha ejecutoria. En virtud de lo ordenado en la ejecutoria de mérito, la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el oficio 281 (foja 260), remitió copia certificada de la resolución número 18 Bis, dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el toca ****, sin embargo, previo análisis de la misma, por auto de siete de noviembre de dos mil diecisiete se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, requiriéndole que en un término de cuarenta y ocho horas diera cumplimiento a las observaciones que en el propio auto se detallaron. Asimismo, mediante oficio 314, la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, (foja 299 a 314), remitió copia certificada de la resolución número 18 Bis, de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca 16/2017, empero, previo análisis de la misma, por auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete nuevamente se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo, requiriéndole que en un término de cuarenta y ocho horas diera cumplimiento a las observaciones que en el propio auto se destacaron. Por lo que, mediante oficio 358, la Magistrada de la Octava Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, remitió copia certificada de la resolución 18 Bis, de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el toca ****, la cual emitió con plenitud de jurisdicción que le fue concedida en la sentencia amparadora cuyo cumplimiento se analiza; constancias, a las que se confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, de donde se advierte que la autoridad responsable con dichas actuaciones procesales se ajustó a las directrices plasmadas en la sentencia de amparo. Se afirma lo anterior, dado que, con la nueva resolución que dictó la Sala responsable cumplió con los principios de CONGRUENCIA y EXHAUSTIVIDAD que se desprenden de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 949 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Ello es así, en virtud que de la misma se aprecia que la autoridad responsable cumple con los requerimientos ordenados en la ejecutoria dictada en autos, tales como pronunciarse respecto del agravio único hecho valer por la moral aquí tercera interesada "Farezco I" Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Además que en la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, con la que da cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, ahora sí es congruente en hacer pronunciamiento sobre los agravios hechos valer por la aquí moral tercera interesada. Lo que se afirma así, cuenta habida que basta imponerse de su contenido íntegro, para evidenciar que en la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se limitó a realizar pronunciamiento respecto a los agravios que fueron formulados en la revocación (los cuales fueron puntualmente señalados en el párrafo veintisiete [27] de la sentencia dictada en los presentes autos), sin rebasar tales agravios al grado de realizar un estudio oficioso respecto la procedencia de la prescripción de la ejecución; por el contrario, se concretó a analizar la resolución impugnada al tamiz de los agravios que le hicieron valer. De manera que circunscribió su actuación a los límites que establece el artículo 949 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Para evidenciar lo antes expuesto, se analizará pormenorizadamente la actuación de la Sala responsable. Así, se tiene que la sentencia sujeta analizada, primeramente, la autoridad responsable en los resultandos (fojas 1 a 3 de la sentencia que se analiza) relató de manera ordenada y cronológica la secuela procesal del toca que resuelve. Posteriormente, en el considerando primero (fojas 4 a 14 de la sentencia), esencialmente transcribió la parte considerativa de la sentencia dictada en los presentes autos. Luego, en el considerando segundo, hace referencia a las resoluciones de veintitrés de octubre y diecisiete de noviembre, ambas del de dos mil diecisiete, respecto de las cuales este juzgado se pronunció en el sentido de que no eran aptas para cumplir con la ejecutoria amparadora (fojas 14 a 22 de la sentencia). En seguida, en el considerando tercero, de entrada deja insubsistente el acto aquí reclamado, con lo que ciertamente da cumplimiento a parte de la ejecutoria dictada en autos (fojas 22 y 23 de la sentencia). Continuamente, se avoca a transcribir el agravio hecho valer por el aquí tercero interesado "Farezco I" Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el que sustancialmente alegaba que una vez iniciada la ejecución de sentencia ya no operaba a prescripción (fojas 23 a 30 de la sentencia que se analiza). Acto seguido, declara infundado en parte dicho agravio y fundado en otra. Después, explicó que en lo relativo a que una vez iniciada la ejecución de sentencia ya no opera la prescripción, no le asiste razón al apelante, dado que sí es posible que opere dicha figura jurídica una vez iniciado el procedimiento de ejecución de sentencia, aserto que apoyó en las consideraciones y jurisprudencias que al efecto invocó como aplicables al caso concreto (fojas 31 y 32 de la sentencia). Seguidamente, argumentó que el artículo 1047 del Código de Comercio es el precepto legal que establece el plazo legal de diez años para que opere la prescripción de la ejecución de las sentencias en materia mercantil. Posteriormente, le confirió razón al disconforme, en cuanto adujo que no hay disposición legal en el citado ordenamiento mercantil que establezca que la ejecución de sentencia deba concluirse dentro del plazo de diez años (con lo que dio contestación a otra parte del agravio hecho valer por el inconforme); pero teniendo en consideración que el diverso ordinal 1041 del Código de Comercio establece que la prescripción se interrumpirá en los casos que ahí se precisan, concluyó que no se ha actualizado la figura de la prescripción en el procedimiento de ejecución de sentencia, en virtud de las actuaciones que al efecto puntualizó, las que datan del treinta y uno de enero de dos mil uno, al quince de noviembre de dos mil trece (fojas 33 a 37 de la sentencia). Luego, insistió en que tales actuaciones son tendentes a impulsar el procedimiento de ejecución de sentencia porque están dirigidas a lograr el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los demandados y, dijo, evidencian que no han transcurrido diez años de inactividad procesal en el incidente de que se trata. De ahí que, reiteró la razón que le asiste al recurrente, en cuanto a su agravio consistente en que el procedimiento de ejecución de sentencia que inició el treinta y uno de enero de dos mil uno y, aseveró, una vez iniciado ya no opera la prescripción, puesto que el Código de Comercio señala un plazo de diez años para la prescripción mercantil y no hay artículo que establezca que esa ejecución debe ser concluida en ese término, además que ha dado impulso procesal durante el plazo de diez años, como lo constató con los autos (foja 38 de la sentencia). Igualmente, confirió razón al recurrente, en cuanto a que el juez de origen, al dictar la resolución combatida, no tomó en cuenta el auto de veinte de junio de dos mil trece, lo que desde la perspectiva de la responsable implica un impulso del procedimiento que interrumpe la prescripción (fojas 38 y 39 de la sentencia). Por añadidura, a idéntica conclusión arribó respecto a que el juez revisado tampoco tuvo en consideración que el quince de noviembre de dos mil trece (lo que constituye otra parte del agravio hecho valer por el recurrente), el actor solicitó que se actualizaran los avalúos, razones todas ellas por las que concluyó que durante la secuela de la ejecución de la sentencia, había operado la interrupción del plazo para que se actualizara la prescripción y, por ende, resolvió revocar la resolución impugnada (fojas 39 a 41 de la sentencia que se revisa). Por tanto, se concluye que LA SENTENCIA EJECUTORIADA PRONUNCIADA EN ESTE JUICIO DE AMPARO, HA QUEDADO CUMPLIDA, puesto que la autoridad responsable ajustó su actuación a la sentencia dictada en el presente asunto razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea obstáculo para concluir como se hace, esto es, para tener por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en autos, lo manifestado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en el sentido de que la responsable no hizo una confrontación entre la sentencia apelada en primera instancia y los agravios hechos valer por la parte actora en el juicio natural, de manera que no se suplieran los defectos de dichos agravios. Lo que se estima así, cuenta habida que a juicio de quien ahora resuelve, como se tornó patente en la reseña hecha supralíneas, la autoridad responsable se limitó a analizar los agravios puestos a su consideración, teniendo en cuenta para ello lo resuelto por el Juez de primera instancia, de lo que se sigue que no ello no es obstáculo para tener por cumplida la ejecutoria dictada en autos. Tampoco asiste razón a lo aducido por el citado autorizado, en cuanto refiere que la responsable no precisa las razones por las que considera que las actuaciones que menciona tienen el alcance de interrumpir el plazo de la prescripción, lo anterior, pues si bien debemos partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes, verídico es también que no puede ir más allá de lo resuelto. Tal aserto se justifica, en la medida en que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones. Además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la ley de la materia, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así las cosas, salta a la vista que lo solicitado por el quejoso, a través de su autorizado excede de lo congruentemente resuelto en el efecto de la sentencia ejecutoriada dictada en autos. Ello, porque la causa de la concesión del amparo se hizo derivar de la falta de congruencia y exhaustividad en el estudio de los agravios expresados por el aquí tercero interesado; lo que torna evidente que el análisis de las consideraciones que la autoridad responsable expresó para estimar que ciertas actuaciones tienen el efecto de interrumpir el plazo legal para que opere la prescripción de la ejecución de la sentencia, son cuestiones de las cuales no puede ocuparse la suscrita; de ahí que no le asista razón a la parte quejosa en cuanto a la pretendida falta de cumplimiento y, por ende se desestimen sus consideraciones.
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