Alfonso Medina González
Expediente 266/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alfonso Medina González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento de cuenta, a través del cual la parte quejosa, designa autorizados para recoger los documentos exhibidos en este asunto; por tanto se tienen como autorizadas a las personas que señala para tal efecto. En ese sentido, conforme al artículo 6º, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá generar el código QR en la agenda de visitas a órganos jurisdiccionales del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para comparecer a este juzgado dentro del horario comprendido de las ocho horas con treinta minutos a las quince horas con treinta minutos de lunes a viernes. En el entendido, que de no poder generar la cita en el sistema correspondiente, deberá indicarlo así ante el personal de vigilancia del órgano jurisdiccional [dentro del término otorgado], para que por parte del personal del juzgado a quien por turno le corresponda acudir a las instalaciones, le sea generado el código de acceso y en ese acto le sea levantada el acta correspondiente para la devolución de documentos ordenada.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento de cuenta a través del cual la parte quejosa refiere señalar a las personas autorizadas para la devolución de documentos ordenada en autos. Sin embargo, se advierte que el mismo se encuentra firmado electrónicamente por su autorizado en términos amplios ********************, y este no cuenta con facultades para autorizar a diversas personas en el presente asunto, de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la ley de amparo. Además, como éste se recibió en línea, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no es posible acreditar la existencia de dicho documento firmado por el promovente, sino que solamente genera la presunción de ello. Asimismo, si bien es cierto que dicho documento está a nombre del quejoso ********************, también lo es que la firma electrónica no corresponde al nombrado quejoso, quien supuestamente formuló ese escrito, pues así se indica en el proemio del mismo; ya que quien aparece como titular de dicha firma electrónica es una diversa persona, a quien no puede tenérsele firmando en nombre del señalado en primer término; ya que, de conformidad con el artículo 3° de la ley de amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa de la persona a favor de quien se encuentra expedida. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Materia: Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia: Común, Décima Época, del tenor literal: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento de cuenta signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, a través del cual solicita la devolución de los documentos exhibidos con la demanda de amparo. Atento a ello, y por así haberse ordenado mediante auto de veinte de mayo del año en curso, devuélvasele los documentos que solicita y obran agregados en el expediente, previa razón de recibo que otorgue al momento de su entrega. En ese sentido, atendiendo al contexto de contingencia de salud pública que actualmente se vive con motivo del virus Covid-19, así como para respetar el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, y conforme al artículo 6º, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, podrá comparecer a este juzgado dentro del horario comprendido de las nueve a las quince horas con treinta minutos de lunes a viernes. En el entendido, que de no poder generar la cita en el sistema correspondiente, deberá indicarlo así ante el personal de vigilancia del órgano jurisdiccional [dentro del término otorgado], para que por parte del personal del juzgado a quien por turno le corresponda acudir a las instalaciones, le sea generado el código de acceso y en ese acto le sea levantada el acta correspondiente.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veinte de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de las mismas, previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos, dentro de un plazo de noventa días, entonces dichas constancias serán destruidas.
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