Alfonso Mancera Aguilar y Otros.
Expediente 351/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alfonso Mancera Aguilar y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Magistrada Propietaria de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 6198/2023, por el que se le notificó el auto de diez de los actuales y de las constancias que se le adjuntaron relativas al toca 127/2023 y al expediente ********* en tres tomos, así como un sobre con documentos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al toca 127/2023 (un tomos), al expediente C-614/2022 (dos tomos), así como al sobre cerrado con documentos, que remitió la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, como complemento de su informe justificado, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, emitido por los integrantes de dicho Órgano Colegiado, en el que declararon carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *****************, por conducto de su mandatario judicial ***************, contra actos de la Magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, remite: el original y tres copias de la demanda de amparo, copia certificada del oficio 1117, mediante el cual la Magistrada responsable rinde su informe justificado y adjunta el Toca 127/2023, expediente 614/2022 en dos tomos y un sobre cerrado con documentos; asimismo, adjunta las constancias relativas al emplazamiento de los terceros interesados, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 351/2023-II; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca del conocimiento del asunto; y, c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda promovida por ***************, por conducto de su mandatario judicial ***************, personalidad que se le reconocer en términos del artículo 11 de la Ley de la materia, con la ratificación de dicho mandato que obra a foja 106, del tomo uno del expediente 614/2020, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa acude ante esta instancia constitucional reclamando: La resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el Toca Civil 127/2023, del índice de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirmó la diversa de uno de febrero del mismo año, pronunciada por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, en el expediente C-614/2022, en la que se ordenó la reposición del procedimiento al actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario para el efecto de llamar a juicio a *************. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama la resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el Toca Civil 127/2023, del índice de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, que confirmó la diversa de uno de febrero del año en curso, pronunciada por el Juez Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato, en el expediente ****************, en la que se decretó la reposición del procedimiento al actualizarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario, cuya determinación no constituye un acto en el juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Pues la causa por la cual se ordenó la reposición del procedimiento de origen, se estimó por haberse determinado que se actualizaba la figura de listisconsorcio pasivo necesario, de manera que, cabe precisar que la figura de litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquellas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio. Es decir, el objetivo de que exista dicha institución -litisconsorcio- se concreta en que solo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Bajo esas premisas, dicha resolución no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues no se emitió pronunciamiento alguno que cause una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que aun cuando es adversa a sus intereses, únicamente ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal otra parte, la cual consideró la autoridad responsable se encontraba involucrada, sin que se advierta que con ello, se afecte derechos como lo es el patrimonio, la posesión, la propiedad, la vida o la libertad. Por lo que, en todo caso, solamente produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse, incluso podría serle favorable, y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente. En efecto, del análisis de las constancias del juicio de origen (las cuales se aportaron por haberse presentado la demanda como Amparo Directo) no se advierte que el acto reclamado -la reposición del procedimiento-, sitúe a la quejosa en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impida el libre ejercicio de los derechos sustantivos y que sea imposible repararlos, es decir, que afecte su vida, su libertad, su propiedad o posesión, sino que sus efectos son meramente adjetivos, precisamente porque su afectación no es actual, sino que depende de la trascendencia que tengan al momento de dictarse sentencia en el juicio. Sirve de apoyo, el criterio intitulado: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Resta destacar, que el suscrito no inadvierte el criterio jurisprudencial 1ª./J. 106/2004, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual medularmente se indicó que la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo sentencia favorable. Sin embargo, a consideración del suscrito el mismo ya no resulta aplicable en la actualidad porque: Fue emitido conforme al texto de la Ley de Amparo actualmente abrogada, donde de acuerdo a la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del país al precepto 114 fracción IV, el juicio de amparo no sólo era procedente contra actos dictados dentro de juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino también contra aquéllos que afectaran a las partes en grado predominante o superior; Empero, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual regula este controvertido, ya no prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio que afecten a las partes en grado predominante o superior, sino sólo respecto de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y Con base en ello es que la misma ya no resulta aplicable por oponerse con lo establecido en la presente Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio. Bajo ese contexto, se estima que respecto al acto reclamado que se analiza, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración que de la interpretación del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se establece que los estrados no son un domicilio procesal, así como que de los autos del juicio que se recibe, se advierte que la parte quejosa, señaló como domicilio para recibir notificaciones personales los estrados del Tribunal que correspondiera conocer del asunto; en tales condiciones, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, pues el precepto legal en cita, faculta a las partes en el juicio de amparo, para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) los estrados del Tribunal o Juzgado que conozca del asunto; lo que nos lleva a considerar que al avocarse este Juzgado al conocimiento del juicio de referencia, se tiene al citado señalando el mismo domicilio que tiene señalado, esto es, la lista que se fija en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto, señale uno en esta ciudad para recibir notificaciones personales. En otro orden, dado lo voluminoso de las constancias remitidas, se ordena formar tres tomos de prueba, para el mejor manejo del expediente. Respecto del sobre cerrado, que remitió el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, se ordena su resguardo en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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