Alfonso Lule Martínez
Expediente 386/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alfonso Lule Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de veintidós de mayo del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Sin que pase por inadvertido para este juzgador el hecho de que el terminó de diez días para interponer recurso de revisión no haya transcurrido para las autoridades responsables, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, puesto que la sentencia reclamada fue dictada en ejercicio de las autoridades responsables. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro parte, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas que como justificación a su informe remitió el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no exhibió dentro del término otorgado, la garantía que le fue fijada en resolución interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil quince, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida; lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos señalados en el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo.
- Incidental
ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis realizado a la copia certificada del juicio especial sumario hipotecario C-637/2012, que remitió el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, como complemento de su informe justificado, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En términos de esas disposiciones y para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta; definición que si bien es cierto no obra en la Ley de Amparo, la misma ha sido sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio consultable en la página 280, Tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Apéndice de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Bajo dicha guisa, para entender las razones por las cuales el suscrito estima que la causal de improcedencia invocada se actualiza, es importante destacar que Alfonso Lule Martínez acude a esta instancia constitucional ostentándose tercero extraño por equiparación al juicio especial sumario hipotecario C-637/2012 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, donde reclama el emplazamiento que le fue practicado, y como consecuencia, todo lo actuado en dicho controvertido. Establecido lo anterior, conviene traer a contexto los antecedentes que se desprenden de las constancias que como justificación a su informe remitió el juez natural: Raúl Arreguín Rodríguez, por su propio derecho demandó en la vía especial hipotecaria de Alfonso Lule Martínez, el pago de la cantidad de doscientos mil pesos, entre otras prestaciones. Dicha demanda quedó radicada por proveído de cinco de julio de dos mil doce, bajo el expediente C-637/2012 del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, donde se ordenó el llamamiento a juicio del demandado. Previo emplazamiento, por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil doce, el juez natural tuvo a Alfonso Lule Martínez designando domicilio procesal y autorizando diversas personas. Mediante providencia de veinticuatro de octubre de dos mil doce, se tuvo a Alfonso Lule Martínez realizando diversas manifestaciones. El veintinueve de octubre de dos mil doce, el a quo dictó sentencia definitiva, donde decidió condenar al quejoso al pago de diversas prestaciones. Inconforme con la anterior determinación el hoy quejoso interpuso recurso de apelación, el que quedó radicado ante la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, bajo el toca 32/2013, y resuelto mediante ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil trece en el sentido de confirmar la resolución de primer grado. Actualmente el juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. De los antecedentes transcritos se observan con claridad tres situaciones fundamentales: Que el hoy quejoso es parte demandada; Compareció al juicio natural a apersonarse y a formular diversas manifestaciones en vía de alegatos; y Combatió la sentencia de primer grado, merced que interpuso recurso de apelación en su contra. Como se puede advertir, el quejoso sabía de la radicación del juicio de donde emerge el acto reclamado, tan es así que se apersonó, designó domicilio procesal y autorizados para oír y recibir notificaciones; formuló alegatos previo a que se dictara sentencia definitiva; y se inconformó contra la misma al haber interpuesto recurso de apelación; por tanto, no puede atribuírsele el carácter de persona extraña, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte demandada que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
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