Alfonso López Guevara

Expediente 1474/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1474/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • Alfonso López Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de cuatro de junio de dos mil diecinueve, el cual quedó registrado con el número 285/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.*NMTG*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por ALFONSO LÓPEZ GUEVARA, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el cuatro de junio de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, a través del cual remite el diverso signado por el Juez Segundo de Distrito del aludido Centro Auxiliar, mediante el cual remite el juicio de amparo 1474/2018-VI, promovido por ALFONSO LÓPEZ GUEVARA, constante de doscientas dieciocho fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la que determinó negar el amparo y protección de la justicia federal; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y tres anexos. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe...Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil diecinueve. V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo indirecto 1474/2018, auxiliar 210/2019, promovido por ALFONSO LÓPEZ GUEVARA, por su propio derecho; y R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Morelos, ALFONSO LÓPEZ GUEVARA, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo es en su carácter de ordenadora y ejecutoras a las siguientes: COMO ORDENADORA: UNICA AUTORIDAD: La Comisión nombrada mediante "Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de acuerdo a la disposición transitoria quinta, del decreto número dos mil quinientos noventa, publicado el 16 de febrero de 2018, en el periódico "Tierra y Libertad" número 5579, Comisión integrada por la licenciada MARÍA DEL CARMEN CUEVAS LÓPEZ, PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE LA COMISIÓN; LOS DOCTORES RUBEN JASSO DÍAS Y MIGUEL ANGEL FALCÓN VEGA, Magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, todos de la citada Comisión, autoridad responsable. Con domicilio en Calle Francisco Leyva número 7 colonia Centro en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos y/o con domicilio ubicado en avenida Álvaro Obregón número 1209, colonia La Esperanza en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos. COMO EJECUTORAS: A).- El Director General de Administración del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con domicilio ubicado en avenida Álvaro Obregón número 1209, colonia La Esperanza en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ya que la comisión responsable ordenó remitir la resolución para su registro. B).- Al Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. Con domicilio en calle Leyva número 11, de esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Ya que la comisión responsable ordenó remitir la resolución para su registro. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Resolución de 13 de julio del 2018, emitida por la licenciada MARÍA DEL CARMEN CUEVAS LÓPEZ, PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE LA COMISIÓN; LOS DOCTORES RUBEN JASSO DÍAZ Y MIGUEL ANGEL FALCÓN VEGA, Magistrados del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, integrantes de la Comisión nombrada mediante "Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de acuerdo a la disposición transitoria quinta, del decreto número dos mil quinientos noventa, publicado el 16 de febrero de 2018, en el periódico "Tierra y Libertad" número 5579, con la calidad de Responsable." En la propia demanda de amparo el quejoso señaló violadas en su perjuicio las garantías que preservan los artículos 1°, 14, 16, 17, 123, apartado B), fracción XI, y 133, de la Constitución federal, y expresó conceptos de violación. SEGUNDO.- Por razón de turno, la demanda se recibió el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en el Juzgado segundo de distrito en el Estado de Morelos, se admitió a trámite el día siguiente; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito, y se citó a la audiencia constitucional, verificada al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo general 55/2009, del pleno del Consejo de la judicatura federal, relativo al inicio de funciones de los juzgados primero y segundo de distrito del centro auxiliar de la décima región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario oficial de la federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve. SEGUNDO.- En principio, y con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado:  La resolución de fecha trece de julio de dos mil dieciocho, dentro de la queja administrativa 261/2017, en contra del quejoso, en la que se declaró la existencia de responsabilidad administrativa atribuible a Alfonso López Guevara (fojas 138 a 175, anexo III). TERCERO.- Son ciertos los actos reclamados del Secretario de contraloría del gobierno del Estado (fojas 129 a 131), del Director general de administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado (fojas 137 y 138), y de la Comisión de magistrados nombrada mediante acuerdo de Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (fojas 139 a 156), pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, y se corrobora con las copias certificadas que anexaron a los mismos; documentos públicos de valor probatorio pleno, según los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. CUARTO.- Previo al estudio del fondo del asunto, debe examinarse la procedencia del juicio de garantías, sea que lo aleguen o no las partes, por ser cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia que aparece visible a páginas 553 y 554 tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Dentro de su informe justificado, el Secretario de la Contraloría del gobierno del Estado, indicó que se actualizaba la causal de improcedencia establecida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que en contra del acto que se reclama, procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, según se advierte de los artículos 1°, 39, y 40, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior es infundado. Esto es así, en virtud de que la legislación ordinaria no establece recurso alguno para modificar o revocar el acto reclamado de la Comisión responsable, motivo por el cual el quejoso no se encuentra obligado a agotarlos. No pasa desapercibido que la autoridad responsable señaló que debía agotarse el juicio previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado, sin embargo, lo anterior es incorrecto. Para una mejor comprensión, conviene transcribir los artículos 1°, y 37, del ordenamiento en cita: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.) Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de: (.) II. Actos de autoridades que no formen parte de la Administración Pública del Estado o de los Municipios o de sus organismos descentralizados; excepto en aquellos casos de aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos y de la legislación en materia de contratación de obra pública; adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos. (.)" Como puede advertirse del contenido del artículo 1°, la legislación en comento, es aplicable únicamente para los actos emanados de las dependencias del poder ejecutivo estatal, los ayuntamientos y sus órganos descentralizados; lo que no resulta aplicable en el caso que nos ocupa, dado que el acto reclamado proviene del poder judicial del Estado. Lo anterior se corrobora con el contenido de la fracción II, del artículo 37 transcrito, ya que señala que el juicio resulta improcedente contra actos que no provengan de las instancias mencionadas en el párrafo anterior. Sin que sea óbice que establezca como excepción aquellos casos en los que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues si bien, en el caso que nos ocupa, sí se cita en varias ocasiones dicho ordenamiento, lo cierto es que es así, dado que la misma es de aplicación supletoria a la materia, según lo dispone el artículo 195 Quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, lo que no actualiza el caso de excepción, ya que debe entenderse que el mismo se refiere a las cuestiones que por sus particularidades les es aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en lo principal, y no así como norma supletoria. Bajo esa línea de pensamiento, se concluye que la causal de improcedencia citada por la autoridad responsable, no se actualiza en el caso concreto. QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación, en razón de las siguientes consideraciones. En su escrito de demanda, el quejoso señala como acto reclamado, la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que resuelve la queja administrativa 261/2017, iniciada en su contra, a partir de una visita extraordinaria practicada en el Juzgado primero civil de primera instancia del quinto distrito judicial, órgano en el que el quejoso funge como Secretario de Acuerdos. Esencialmente, en la resolución reclamada, se concluyó lo siguiente: ".V.- Procede analizar las excepciones opuestas por el servidor público investigado. El licenciado Alfonso López Guevara al rendir su declaración en relación a los hechos investigados, opuso como defensas y excepciones las siguientes: (.) Por cuanto a las marcadas con los números 1, 2, 3 y 7 las mismas, se declaran improcedentes, tomando en cuenta que si bien es cierto, en el oficio CJE/MCVCL/0570/2017, de fecha catorce de febrero de dos mil diecisiete. instruyó al suscrito Magistrado Visitador General del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que a partir de esa fecha, iniciara con el periodo de supervisión mediante visitas en su modalidad de extraordinarias con el objeto de recabar la información y constancias respecto al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como el desempeño y conducta de sus miembros, de acuerdo a lo previsto en los numerales 37 y 40 del Reglamento que establece los lineamientos sobre los que la Visitaduría General practicará las visitas y bajo los indicadores a que se refiere el precepto 43 del citado ordenamiento, lo cual se ejecutará de manera continua a todos los órganos, por conducto de los Jueces Auxiliares de esta Visitaduría General previo sorteo, de conformidad al programa que se elaboró en coordinación con la presidencia, de manera discrecional, a fin de cumplir con el objetivo planteado, sin embargo, cabe precisar que tal y como consta en dicho oficio, el sorteo al que se hace referencia es elaborado de manera discrecional en coordinación con la Presidencia de este Tribunal y no existe dispositivo legal alguno que señale como requisito que dicho sorteo deba constar por escrito, ni mucho menos que tenga que ser agregado a los procedimientos administrativos que se inicien con motivo de dichas visitas de supervisión. Por cuanto a las marcadas con los números 4, 8 y 9 las mismas quedarán debidamente analizadas al valorar todos y cada uno de los medios de prueba que se allegaron y admitieron dentro del procedimiento administrativo. (.) Por cuanto a la marcada con el número 10, la misma se declara improcedente, tomando en cuenta que de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que obra en autos a foja 06 (seis), copia certificada del oficio CJE/MCVLCL/3037/2017, firmado por las licenciadas María del Carmen Verónica Cuevas López y Mayra Román Ortiz, Magistrada Presidente y Secretaria General del extinto Consejo de la Judicatura en la que se comisionó al servidor público como encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por el periodo comprendido de las ocho horas hasta en tanto el titular del órgano jurisdiccional se reincorpore, por los días cinco y seis de junio de dos mil diecisiete. VI.- ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. En ese tenor, los hechos que motivaron el procedimiento de responsabilidad administrativa que nos ocupa, y que se inició contra el licenciado Alfonso López Guevara, derivan del oficio CJE/MCVCL/5510/2017 de veintidós de junio del dos mil diecisiete, signado por las licenciadas María del Carmen Verónica Cuevas López y Mayra Román Ortiz, en relación al oficio MVG/BASB/1514/2017, de siete de junio de dos mil diecisiete, registrado bajo el número de cuenta 1653-17, suscrito por el Doctor Bernardo Alfonso Sierra Becerra, Magistrado Visitador General mediante el cual, remite el dieciocho fojas útiles, el acta administrativa levantada en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, el seis de junio del año en cita. Así, en sesión extraordinaria de veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Pleno del extinto Consejo de la Judicatura del Estado, acordó lo siguiente: ". Una vez que se efectuó el análisis del acta administrativa levantada el seis de junio de dos mil diecisiete, a la cual se concede valor probatoria pleno. ya que fue realizada por la licenciada Lilian Gutiérrez Morales, con asistencia de la licenciada Vianey Sandoval Lome, con quien actúa y da fe, quienes se constituyeron en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, en cumplimiento al oficio CJE/MCVCL/0570/2017 de catorce de febrero de dos mil diecisiete, de al que se desprende que el licenciado Alfonso López Guevara Secretario de Acuerdos adscrito al juzgado de referencia, no se encontraba en su lugar de adscripción, no obstante de que mediante oficio CJE/MCVCL/3037/2017 se encontraba comisionada para que se quedara como encargado del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de su adscripción, ello en atención que su titular se encontraba en un curso convocado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el cual se llevaba a cabo en el Salón de Plenos; de igual manera del acta levantada se infiere que dicho servidor público registró su entrada a las ocho horas del día, tal como se aprecia de la lista de asistencia correspondiente a esa fecha (en atención a que no funciona el reloj biométrico) y se retiró del juzgado aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, manifestando que se retiraba porque tenía cita en el seguro social a las once horas; soslayando el hecho que se encontraba como encargado del despacho amén de que no hizo del conocimiento al Consejo de la Judicatura para que pudiera tomar las previsiones correspondientes, desatendiendo el hecho de que mediante oficio CJE/MCVCL/3037/2017 se le comunicó que había sido comisionado como encargado de despacho por ministerio de ley del juzgado de su adscripción los días cinco y siete (sic) de junio del año en curso, por el periodo comprendido de las ocho horas hasta en tanto la titular del órgano jurisdiccional se reincorporara al desempeño de sus actividades; hechos que hacen presumir que dicho servidor público con su conducta podría actualizar las hipótesis normativas previstas por los artículos 186 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación con el numeral 27 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que con la conducta desplegada causó una deficiencia en el servicio encomendado, dado que se tenía audiencias programadas en los expedientes 177/2016 y 329/2014 por lo que en términos del artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tenía que estar presente en las audiencias, lo que presumiblemente no atendió, pues no obstante que se aperturaron las audiencias supuestamente ante la presencia del encargado del despacho, es un hecho notorio que no se encontraba, dado que se retiró desde las diez de la mañana, siendo indebido que se hubiese levantado como lo es que era aperturadas por el encargado del despacho antes citado; además ante la ausencia de su titular tenía que haber pedido permiso al consejo de la Judicatura del Poder Judicial para ausentarse de sus labores y asistir a su consulta médica, situación que no aconteció por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 189 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ordena INICIAR PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA contra el licenciado Alfonso López Guevara, secretario de acuerdos adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado." Asimismo, obra en autos la declaración del servidor público investigado, licenciado Alfonso López Guevara Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, quien manifestó de manera esencial lo siguiente: (.) Con base en lo anterior, es procedente establecer que la conducta atribuida al licenciado Alfonso López Guevara. se encuentra prevista en el artículo 186 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, mismo que a la letra dice: ".ARTÍCULO *186.- Son faltas de los administradores y de los Secretarios de Acuerdos: VIII.- Las demás que señalen otras leyes u ordenamientos aplicables." En correlación con el ordinal 27 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. [.] Son obligaciones de los servidores públicos salvaguardar legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión. Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de los siguientes deberes: I.- Cumplir con diligencia el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión [.] (.) Ahora bien, obra en autos la documental pública consistente en oficio número CJE/MCVCL/5510/2017 de veintidós de junio de dos mi diecisiete, suscrito por la Magistrada Presidenta y Secretaria general del extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, al cual se anexó copia certificada del acta administrativa de seis de junio de dos mil diecisiete, así como copia certificada del oficio CJE/MCVCJ/3037/2017, de fecha uno de junio de dos mil diecisiete. y si bien es cierto el servidor público que se investiga objetó las primeras dos documentales, así como el acta de sesión extraordinaria de veintidós de junio de dos mil diecisiete, también lo es que dicha objeción, no fue realizada en términos de lo previsto por los artículos 449 y 450 del Código antes citado, es por ello que se tienen por admitidas y surten sus efectos como si hubiesen sido reconocidas expresamente por el servidor público investigado, adquiriendo el valor probatorio pleno de los documentos públicos, de las cuales se aprecia presumiblemente la conducta que se le atribuye al licenciado Alfonso López Guevara. En cuanto a la declaración vertida por el licenciado Alfonso López Guevara. ésta adquiere valor probatorio de conformidad con el numeral 490 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. ya que fue rendida por el servidor público de manera libre y sin presión, de ahí que su manifestación haya sido espontánea, deposición de la cual se advierte que señala que comunicó a la titular del Juzgado que tenía una cita agendada en el seguro social a las once de la mañana del seis de junio de dos mil diecisiete, declaración a la que se concede valor de indicio y la cual no es suficiente para desvirtuar la presunta responsabilidad administrativa atribuible al servidor público investigado. Así mismo, obra en autos la documental pública consistente en la copia certificada de la incapacidad médica identificada con el número de serie LQ 963219, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, probanza a la cual se concede eficacia probatoria de acuerdo a lo previsto en los artículos 437 fracción II, 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. al ser un documento público que fue exhibido en original y la cual, resulta eficaz para acreditar que al licenciado Alfonso López Guevara, le fue expedida una incapacidad médica el día seis de junio de dos mil diecisiete, sin embargo, resulta pertinente destacar que el hecho de que el día citado, se haya expedido a su favor la citada incapacidad, ello no lo exime de la obligación que tenía de informar al extinto Consejo de la Judicatura del Estado, que tenía que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de atender un problema médico, para que dicho cuerpo colegiado, pudiera tomar las previsiones correspondientes, pues tal y como se acredita con la copia certificada del oficio CJE/MCVCL/3037/2017, se le comunicó que había sido comisionado como encargado de despacho por ministerio de ley del Juzgado de su adscripción los días cinco y seis de junio del año dos mil diecisiete, por el periodo comprendido de las ocho horas hasta en tanto la titular del órgano jurisdiccional se reincorporara al desempeño de sus actividades; por lo tanto, dicha documental no justifica la deficiencia en el servicio que como Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado, al que se encuentra adscrito tenía encomendado, máxime cuando estaban programadas audiencias en los expedientes 177/2016 y 329/2014 y en términos del artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tenía que estar presente en las audiencias, lo cual, no atendió, pues no obstante que se aperturaron las audiencias supuestamente ante la presencia del servidor público investigado, es un hecho notorio que no se encontraba al momento en que se levantó el acta administrativa que dio origen a la queja que nos ocupa, dado que se retiró aproximadamente a las diez horas con treinta minutos, siendo indebido que se hubiesen levantado las audiencias de los expedientes 177/2016-1 y 329/2014, haciendo constar hechos falsos, como lo es, que eran aperturadas por el servidor público que se investiga, pues si bien es cierto, del acta administrativa de seis de junio de dos mil diecisiete, se advierte que la licenciada María de Lourdes Betancourt Soria, en la época de los hechos titular del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, en uso de la voz manifestó que: "El día de ayer al despedirse de mí el licenciado Alfonso López Guevara me comunicó que el día de hoy tenía una cita en el Seguro Social a las once de la mañana, toda vez que el día sábado tuvo un accidente en su casa y se había lastimado la pierna y traía un dolor muy fuerte por el cual no podía caminar bien, y que por eso necesitaba asistir al Seguro Social." también lo es que al ser comisionado como Encargado de Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado al que se le encuentra adscrito, tenía que haber pedido permiso al extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para ausentarse de sus labores y asistir a su consulta médica, no así al Titular del Juzgado, pues se insiste que se encontraba como Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, de ahí que a quien se encontraba obligado a informar su ausencia es al cuerpo colegiado antes citado y no a la titular del Juzgado. Así mismo, obra en autos las documentales públicas consistentes en hoja de Triage y nota inicial del Servicio de Urgencias, así como la documental consistente en la hoja de referencia de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, probanzas a las cuales se concede valor probatorio de acuerdo a lo previsto en los artículos 437, 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. al ser documentos públicos que fueron exhibidos en original y de las cuales, se advierte que al licenciado Alfonso López Guevara, asistió al Instituto Mexicano del Seguro Social, el día seis de junio de dos mil diecisiete, sin embargo, las mismas carecen de eficacia probatoria para desvirtuar la conducta que se imputa al servidor público investigado, pues como encargado de despacho del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, tenía la obligación de practicar diligencias urgentes y providencias de trámite por la ausencia de la titular, lo que evidentemente no hizo, dejando así de cumplir con diligencia una de las atribuciones que tenía encomendadas, ya que el día seis de junio de dos mil diecisiete, el licenciado Alfonso López Guevara, se retiró a las diez con treinta minutos del órgano jurisdiccional al que se encontraba adscrito, sin atender el hecho de que como encargado de despacho por ministerio de ley, tenía que estar presente en el desahogo de las audiencias que se encontraban programadas en los expedientes 177/2016-1 y 329/2014, pues a pesar de que se aperturaron las audiencias señaladas en los citados expedientes, supuestamente ante la presencia del servidor público investigado, es un hecho notorio que no se encontraba al momento en que se levantó el acta administrativa que dio origen a la queja que nos ocupa, dado que se había retirado aproximadamente desde las diez horas con treinta minutos para asistir al servicio de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, para ser atendido de un dolor en la rodilla derecha, por lo que, al no ser una cita médica, bien podía asistir en cualquier momento al servicio de urgencias, pues como se observa, el dolor que presentaba no era una urgencia médica y por tanto podía esperar a que la titular de los autos se reincorporara al Juzgado de su adscripción, para retirarse a recibir la atención médica que requería, pues se insiste en que para acudir al servicio de urgencias no se requiere previa cita. De igual forma, obran en autos las documentales públicas consistentes en los recibos de nómina del Servidor Público investigado, Alfonso López Guevara de las quincenas correspondientes a las quincenas del dieciséis de Junio al treinta de junio de dos mil diecisiete y del uno de julio al quince de julio del mismo año, a las cuales, se concede eficacia probatoria de acuerdo a lo previsto en los artículos 437, 490 y 491 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. al ser documentos públicos que fueron exhibidos en original y las cuales resultan eficaces para acreditar que en la quincena del dieciséis al treinta de junio de dos mil diecisiete, al licenciado Alfonso López Guevara, le fue descontado por concepto de faltas la cantidad de $2,629.51 (dos mil seiscientos veintinueve pesos 51/100 M.N.) así como en la quincena del uno al quince de julio del mismo año, le fue reintegrado por faltas y retardos la cantidad de $2,191.25 (dos mil ciento noventa y un pesos 25/100 M.N.), sin embargo, tal situación, no lo exime de la obligación que tenía de informar al extinto Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, que tenía que acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de atender un problema médico, para que dicho cuerpo colegiado, pudiera tomar las previsiones correspondientes, pues tal y como se acredita con la copia certificada del oficio CJE/MCVCL/3037/2017, se le comunicó que había sido comisionado como encargado de despacho por ministerio de ley del Juzgado de su adscripción los días cinco y seis de junio del año en curso, por el periodo comprendido de las ocho horas hasta en tanto la titular del órgano jurisdiccional se reincorporara al desempeño de sus actividades; por lo tanto, dichas documentales no justifican la deficiencia en el servicio que como Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado al que se encuentra adscrito tenía encomendado, dado que sí estaban programadas audiencias en los expedientes 177/2016 y 329/2014, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tenía que estar presente en las audiencias, lo cual, no atendió. (.) su actuar encuadra en las hipótesis previstas por los artículos 186 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación con el numeral 27 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que con la conducta que desplegó causó una deficiencia en el servicio encomendado, dado que del acta administrativa que dio origen a la queja que nos ocupa, se advirtió que tenía audiencias programadas en los expedientes 177/2016 y 329/2014, por lo que, en términos del artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tenía que estar presente en las audiencias, lo que evidentemente no atendió, dado que del acta administrativa, se advierte que se retiró del Juzgado de su adscripción desde las diez horas con treinta minutos del día seis de junio de dos mil diecisiete. Por los razonamientos expuestos y con los fundamentos anteriores, se considera, que ha quedado plenamente acreditado, que el licenciado Alfonso López Guevara, en su carácter de Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado, contravino con su actuar lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 186, en relación con el artículo 27 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos..." Sobre el tema, el quejoso aduce en su escrito de demanda, que en el expediente de queja no obra la orden para que éste se quedara como encargado por ministerio de ley, por lo que al no existir dicho documento, la autoridad responsable carece de legitimación para iniciar el procedimiento. Sin embargo, lo anterior es inexacto, ya que de las constancias que fueron anexadas por la autoridad responsable, se desprende que en la foja seis, se encuentra el oficio CJE/MCVCL/3037/2017, de primero de junio de dos mil diecisiete, dirigido al quejoso, en el que se le informó que fue comisionado como encargado de despacho por ministerio de ley del juzgado de su adscripción, los días cinco y seis de junio del mismo año; bajo esa línea de pensamiento, se advierte que, dentro del expediente de queja, sí se anexó el documento pertinente, para demostrar la obligación que tenía de encontrarse en el juzgado en esos días. Relacionado con lo anterior, el quejoso argumenta que la autoridad responsable omitió entrar al estudio de la excepción marcada con el número diez, en la que se adujo que el Consejo de la Judicatura no tenía legitimación para instruir el procedimiento, en virtud de que no constaba en autos el oficio referido en el párrafo anterior. Así mismo, agrega que no le hicieron de su conocimiento la asignación correspondiente, por lo que al día de los hechos, no sabía que él era el encargado de despacho por ministerio de ley. Empero, como ya se indicó, dicho documento sí se encuentra en autos, lo que igualmente fue señalado por la autoridad responsable, dentro de la resolución reclamada, pues a foja ciento cincuenta y dos, en su parte posterior, indicó que dicha excepción era improcedente, dado que en la foja seis del expediente se advierte la existencia del oficio referido; por lo que su argumento resulta ineficaz, dado que la autoridad responsable sí dio contestación a la excepción en comento. En relación con la notificación del mismo, del anexo I, del presente asunto, se observa la copia certificada del oficio citado, en el que se advierte además la firma del quejoso, en donde igualmente asentó que "RECIBÍ OFICIO 5/JUN/2017 LIC ALFONSO LÓPEZ GUEVARA"; por tanto, contrario a lo expuesto por éste en su escrito de demanda, sí tuvo conocimiento de sus obligaciones como encargado de despacho, previo al seis de junio de dos mil diecisiete, día en el que ocurrieron los hechos materia de estudio de la queja administrativa 261/2017. Por otro lado, el quejoso señala que la autoridad responsable fue omisa en estudiar las excepciones marcadas con los números 1, 2, 3, y 7, lo que le genera una afectación en su esfera jurídica; agrega, que lo expuesto por la autoridad sobre el tema es insuficiente para tener por contestadas las excepciones en cita, aunado a que dichas conclusiones no se encuentran fundadas ni motivadas; finalmente, indicó que era necesario anexar el sorteo previo que se llevó a cabo para designar los órganos que serían objeto de una visita extraordinaria, y al faltar el mismo, la autoridad carece entonces de legitimación para iniciar el procedimiento administrativo que nos ocupa. Para un mejor entendimiento, debe indicarse que las excepciones en comento, tocan el tema de la falta de legitimación de la autoridad responsable para iniciar el procedimiento correspondiente, y si bien se refieren a diferentes momentos y oficios, lo cierto es que todas ellas tienen como base fundamental, el hecho de que no se le corrió traslado al quejoso con el sorteo que la Visitaduría debe realizar para practicar las visitas extraordinarias, por lo que al no existir dicho documento, la autoridad es omisa en demostrar la razón por la cual, en primer lugar, se practicó una visita extraordinaria en el órgano jurisdiccional al que está adscrito el quejoso. Sobre el tema, contrario a lo expuesto por el quejoso, la autoridad responsable sí dio contestación, en la que, en esencia, sostuvo que no existe dispositivo legal alguno que señale como requisito que dicho sorteo deba constar por escrito, ni mucho menos que tenga que ser agregado a los procedimientos administrativos que se inicien con motivo de dichas visitas de supervisión. Ahora bien, por cuanto hace al tema del sorteo, que el quejoso cita en varias ocasiones dentro de su escrito de demanda, debe decirse que dichos argumentos devienen inoperantes, en virtud de que son una repetición de lo aducido dentro de la queja administrativa, por lo que al no atacar las consideraciones de la autoridad responsable en la resolución que se reclama, sino que únicamente repitió lo expuesto dentro de la queja administrativa, tales argumentos son inoperantes. Situación similar se observa respecto de los argumentos relativos a la falta de valoración de la incapacidad laboral emitida expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y los recibos de pago del quejoso, en donde se aprecia que se le devolvió el monto que en primer lugar le había sido descontado con motivo de faltar a su trabajo; se afirma lo anterior, dado que dichas cuestiones se hicieron valer dentro de la queja administrativa, por lo que el quejoso no ataca las consideraciones de la autoridad responsable dentro del acto reclamado, sino que hace una repetición de sus argumentos en primera instancia, dado que la responsable concluyó que tales documentales carecen de eficacia probatoria para desvirtuar la conducta que se imputa al servidor público investigado, en virtud de que como encargado del despacho por ministerio de ley, debió dar aviso al Consejo de la judicatura del Estado, para que dicho órgano tomara las previsiones correspondientes, y no simplemente ausentarse de su lugar de trabajo, argumento que debió haber atacado el quejoso en su demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de registro 169004, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y cuatro, tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido." En otro sentido, el quejoso señala que no se analizó el alcance del oficio número CJE/MCVCL/0570/2017, de catorce de febrero de dos mil diecisiete, pues de haberlo hecho no se hubiera ordenado el inicio del procedimiento administrativo, ya que precisamente fue la materia de la excepción citada. Así, dicho argumento resulta inoperante. En efecto, como se indicó en párrafos anteriores, en relación al sorteo multicitado, la autoridad responsable determinó que no existe dispositivo legal alguno que señale como requisito que el mismo deba constar por escrito, ni mucho menos que tenga que ser agregado al procedimiento administrativo que se inicie en contra de algún servidor público; en ese sentido, se considera igualmente que el quejoso debió atacar lo expuesto por la autoridad responsable, y no sólo repetir lo señalado dentro del procedimiento de responsabilidad. Consecuentemente, al ser ineficaces los conceptos de violación, debe negarse el amparo al quejoso. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 76, y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ALFONSO LÓPEZ GUEVARA, por los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la quejosa...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal. En mérito de lo anterior, se ordena formar cuaderno provisional en virtud de que en el asunto, se celebró audiencia constitucional el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable revocando la designación hecha a favor de la licenciada Ángela Ruelas Zacarías y por elegido al profesionista Ángel Enrique Rodríguez Vázquez, para los efectos legales conducentes. Asimismo, intégrese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, por el cual informa que quedó firme la ejecutoria dictada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en el recurso de reclamación 22/2018, derivado del recurso de queja 324/2018. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. *MEAM*NMTG.

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