Alfonso Gonzalez Mendizabal
Expediente 230/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alfonso Gonzalez Mendizabal
- JUEZ ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL UNICO DEL ESTADO DE MORELOS, PRIMERA SEDE EN XOCHITEPEC (ELVIA TERÁN PEÑA) Referencia: carpeta penal JC/182/2021
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 230/2022-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Fedatario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia emitida el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, al tercero interesado ********************, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. Sentencia que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto al acto y autoridades indicados en la consideración cuarta. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto al acto y la autoridad mencionada en la consideración quinta. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica a nombre de Alfonso González Mendizábal parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual solicita se continúe con la tramitación del juicio de amparo; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que se dictó la sentencia respectiva el treinta y uno de marzo actual. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 230/2022-V, promovido por ********************, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada el dos de marzo de dos mil veintidós a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, turnada a este Juzgado en la misma fecha, ******************** solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós se radicó el juicio con el número 230/2022-V y se previno la demanda, la cual, una vez subsanada se admitió a través de auto de doce del mismo mes y año; por consiguiente, este órgano jurisdiccional solicitó el informe justificado, ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y, finalmente, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1o, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal donde se establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde reside la autoridades emisora del acto carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda, se precisa que los actos reclamados consiste en: El acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el cual se negó la solicitud de declarar sustraído de la acción de la justicia a ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************. La determinación de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el cual se resolvió el recurso de revocación contra el diverso de trece del mismo mes y año, por el cual se negó señalar fecha para audiencia en la cual se debatiera la procedencia de la restitución provisional del bien inmueble ubicado en ********************, dentro de la carpeta ********************. Actos atribuidos a la autoridad Jueza Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, en virtud de así lo aceptó al rendir su informe justificado la autoridad responsable. Se corrobora a través de las fotocopias certificadas de las constancias de la causa penal de origen, a las cuales se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2, al tratarse de documentos públicos en virtud de haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La citada causal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un medio de impugnación extraordinario, resulta obvio acudir a él sólo cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. En ese orden de ideas, para actualizarse tal causal de improcedencia, deben concurrir las siguientes hipótesis: a) Se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. d) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En el caso, se combate el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el cual la responsable negó la solicitud de declarar sustraído de la acción de la justicia a ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************. Ahora, contra dicha determinación el quejoso debió interponer el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conforme a esta disposición procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las cuales interviene la autoridad judicial, en contra de las determinaciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. En efecto, contra la referida determinación, al tratarse de una resolución de mero trámite, resulta procedente el aludido recurso de revocación. Esto, atendiendo a tratarse de una resolución emitida de plano, es decir, sin haberse agotado una tramitación especial, al no tener la norma procesal un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez responsable resolvió de plano sobre lo pedido, en el sentido de negarse declarar sustraído de la acción de la justicia a ********************. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 (10a.), del rubro y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico.". En tal virtud, previo a la interposición del juicio de amparo, el solicitante de amparo, al tener el carácter de parte procesal, debió interponer el recurso de revocación, por ser el medio idóneo para obtener su revocación. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37, rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, sin surtirse en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad en él establecidas. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Al no existir causa de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por esta juzgadora, se procede al estudio de fondo del asunto respecto la determinación de diecinueve de enero de dos mil veintidós, por el cual la responsable resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra el acuerdo de trece del mismo mes y año, donde negó señalar fecha para audiencia para debatir la procedencia de la restitución provisional del bien inmueble ubicado en ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************. Los conceptos de violación son en una parte inoperantes, y en otra, infundados, por las razones expuestas enseguida, sin advertir razones para suplir la deficiencia de la queja. Para mejor comprensión, se impone relatar los antecedentes de la controversia, deducidos de las constancias anexas a los informes justificados. 1. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, ante la Jueza de Control de Primera Instancia de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, ******************** solicitó audiencia para plantear la restitución a su favor, del bien inmueble ubicado en ********************. 2. Con motivo de dicha solicitud, el veinticuatro del mismo mes y año se radicó la carpeta judicial ******************** y dicha autoridad judicial negó la solicitud realizada, argumentando que, hasta esa fecha, no se había judicializado la carpeta de investigación por parte del Fiscal investigador, por tanto, al estar facultado éste para ejercer acción penal o en su caso abstenerse de investigar, archivar temporalmente la carpeta o bien determinar el no ejercicio de la acción penal, era notoriamente improcedente la medida de restitución provisional. Ello, por el deber de atender el principio de inocencia, que le impedía emitir un acto de molestia de la naturaleza solicitada. 3. Inconforme, la aquí quejosa, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revocación, declarado infundado mediante resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno. 4. El once de agosto de os mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Foráneos solicitó audiencia para formular imputación contra ********************, por la probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo en agravio de la aquí peticionaria del amparo. 5. Luego de distintas citaciones para la celebración de la audiencia indicada, a las cuales no asistió el aquí tercero interesado, por auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno se le otorgó un plazo de cinco días para justificar la incomparecencia, apercibido en caso de no hacerlo de declararlo legalmente sustraído de la acción de la justicia. 6. El once de enero de dos mil veintidós, la indicada fiscal solicitó a la autoridad responsable audiencia privada para solicitar orden de aprehensión contra ********************, la cual se verificó el once de enero de dos mil veintidós, donde la autoridad responsable negó su emisión. 7. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veintidós, el aquí quejoso, ********************, se apersonó a la carpeta judicial, con el carácter de víctima del delito, aduciendo haber adquirido el bien inmueble objeto de investigación del delito despojo; por tanto, solicitó nuevamente se fijara fecha para audiencia en al cual se analizara la pertinencia de la restitución provisional del inmueble. 8. En auto de trece de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable negó atender la solicitud de audiencia, indicando que, hasta ese momento, no se encontraba acreditado el delito de despojo ni por tanto, tenía reconocido el carácter de víctima. 9. Contra el acuerdo anterior, el aquí solicitante del amparo interpuso recurso de revocación, resuelto el diecinueve de enero de dos mil veintidós, el cual se declaró infundado y constituye uno de los actos reclamados en el presente juicio. 10. El dieciocho de enero de dos mil veintidós, el aquí quejoso solicitó a la responsable declarara sustraído de la acción de la justicia a ******************** y se notificara a la Fiscalía tener a salvo el derecho para solicitar se dictara orden de aprehensión contra éste. 11. El diecinueve de enero de dos mil veintidós la responsable negó la solicitud mencionada en el numeral anterior, refiriendo al aquí quejoso, debía estarse a lo resuelto el diez de diciembre de dos mil veintiuno y, además, debía comunicarse con la fiscal a efecto de recibir información de lo acontecido recientemente en la carpeta de control. Este acuerdo también se combate a través del presente juicio de amparo. Ahora, los conceptos de violación se sintetizan de la manera siguiente: Existe incongruencia entre lo planteado en los agravios y lo resuelto en la revocación, pues se plantó la necesidad de abrir a debate en audiencia la procedencia de la restitución provisional del inmueble; sin embargo, en lugar de conceder la celebración de la audiencia, resolvió de plano negarla, lo cual constituye una actuación prejuiciosa, arbitraria y trasgresora del artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues con ello se abstiene indebidamente de realizar audiencias y dictar resoluciones en la carpeta de control ********************, tal como sucedió con la negativa de señalar audiencia para debatir la restitución provisional del inmueble. Se deja de considerar el carácter de víctima del delito, adquirida con la compraventa del inmueble desde el treinta de octubre de dos mil veinte, adquiriendo todos los derechos anteriormente pertenecientes a ********************, de lo cual tuvo conocimiento la autoridad responsable. Por tanto, no asiste la razón al desconocer dicho carácter, a pesar de haber realizado diversas peticiones previas; con lo cual, además, resolvió contra constancias. Fue equivocado declarar infundados los agravios bajo el argumento de no ser procedente la audiencia para debatir la restitución provisional del inmueble, por no haberse acreditado el delito de despojo. Porque soslayó que, conforme al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha medida procede en cualquier estado del procedimiento. Por tanto, el proceder de la responsable concede en ventajas indebidas a ********************. La responsable genera estado de indefensión al privarle del derecho a ser escuchado en audiencia oral y pública, donde estará en aptitud de exponer los hechos y datos de prueba con los cuales cuenta; pues todas aquéllas peticiones que ameriten debate deben ser hechas en audiencia conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se adelantó, son inoperantes en una parte, e infundados en otra, los conceptos de violación, que se estudiarán de manera conjunta. Por cuanto a la existencia de incongruencia de la responsable al resolver el recurso de revocación, es infundado, pues como se verá, la responsable sí se pronunció puntualmente y de manera exhaustiva sobre los aspectos hechos valer en dicho medio de defensa. Al respecto, en el acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, a la petición del quejoso de señalar fecha para audiencia en la cual se debatiera la procedencia de la restitución provisional del bien inmueble objeto de la investigación de despojo, la responsable acordó que no había lugar, citando las razones siguientes: ".Al respecto, dígasele al promovente que no ha lugar a fijar día y hora para atender la audiencia que solicita, ello tomando en consideración que contrario a lo que establece en su escrito hasta este momento no se encuentra acreditado el delito de despojo a que hace referencia, así como tampoco se ha establecido quién tiene la calidad de víctima, ello en razón de que hasta el día de la fecha esta Autoridad no ha dictado resolución en la que se establezcan dichos tópicos por las circunstancias que se observan de constancias, resultando insuficientes sus manifestaciones en el sentido de indicar que se tiene acreditada la calidad de víctima y que dentro de este procedimiento se encuentra también acreditado el derecho real de propiedad que señala, pues se reitera dichas circunstancias no han sido analizadas por esta Autoridad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52, 67, 68, 70, 82, y demás aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor.". Por otro lado, al plantear los agravios del recurso de revocación contra esta determinación, el recurrente expuso de manera esencial, lo equivocado de negar la celebración de la audiencia bajo el argumento de no estar acreditado el delito de despojo, pues ello le generó un estado de indefensión al impedir ejercer el derecho de ser escuchada en audiencia oral y pública y exponer los hechos y aportar datos de prueba con los que cuenta, a pesar de establecer el Código Nacional de Procedimientos Penales, que todas aquellas peticiones que ameriten debate deben ser hechas en audiencia. En otro agravio alegó, era errado el criterio de la responsable al sostener que no estaba establecido a quién le asistía la calidad de víctima, pues ya los había acreditado en la carpeta de control mediante la adquisición del bien inmueble objeto del despojo denunciado, subrogándose así en los derechos de ********************. Incluso, agregó, había realizado diversas solicitudes previas, razón por la cual la negativa de tener por acreditada la condición de víctima se había hecho contra las constancias de la carpeta de control. Con independencia de ello, agregó, si se consideraba no acreditado dicho carácter, precisamente era en la audiencia solicitada cuando podían hacerlo, aportando las pruebas a su alcance; de ahí, la necesidad de llevarla a cabo, escuchar a las partes y debatir. A su vez, al resolver el recurso de revocación, la responsable declaró infundados los agravios, bajo las argumentaciones siguientes: a) Declaró infundados los agravios, sosteniendo haber sido correcto negarse a conceder la audiencia para debatir la restitución del inmueble pues hasta ese momento, no se encontraba acreditado el delito de despojo, en la medida que no había dictado resolución alguna donde estableciera esa circunstancia. Y si bien pudiera emitirla en lo futuro en alguna otra etapa procesal posterior, sería mediante el análisis de datos de prueba que llegara a aportar la Fiscalía. En ese supuesto, dijo, ya se estaría frente a una resolución judicial donde, al menos a nivel de presunción, se hubiera considerado existente el hecho delictivo en agravio de la víctima, lo cual sí haría viable ordenar la restitución del bien inmueble. Por eso -concluyó la jueza natural- no era acertado el criterio del promovente del recurso, relativo a que en la audiencia de control podría ofertar los datos de prueba con los cuales contaba; pues el único facultado para demostrar la existencia del delito y la probable responsabilidad del activo, era la Fiscalía. b) Si bien el aquí quejoso había tenido intervención en diversas actuaciones dentro de la carpeta de control, obedecía a la calidad de probable víctima, por haber comparecido arrogándose ese carácter ante el Agente del Ministerio Público; sin embargo, ello no le confería legitimación para solicitar la restitución provisional del inmueble cuyo despojo denunció, pues era necesario que la autoridad jurisdiccional verificar si le asistía realmente ese carácter, lo cual no había acontecido al no haber emitido determinación donde declarara demostrada la existencia del delito de despojo ni a quién asistía en su caso la calidad de víctima. De lo expuesto, se advierte lo infundado de los conceptos de violación, donde se alega incongruencia entre lo planteado en los agravios y lo resuelto por la Jueza natural. En efecto, contrario a lo referido, ésta sí se ocupó de los agravios planteados, siendo contundente en declararlos infundados, principalmente al indicar la ausencia de resolución alguna donde hubiera examinado si existían datos de prueba para estimar acreditada la comisión del delito de despojo y, en su caso, sobre quién había recaído, es decir, tampoco había hecho pronunciamiento de la existencia de una víctima. Además, la responsable puntualizó que si bien en la carpeta control el quejoso había realizado distintas actuaciones con el carácter de víctima, ello obedecía precisamente a ser la denunciante del hecho delictivo ante la Fiscalía, pero ello era suficiente para solicitar la restitución provisional del inmueble, al ser necesario que la autoridad jurisdiccional, antes, comprobara la existencia del delito y a quién le asistía la condición de víctima. Aunado a ello, también la responsable atendió al argumento relativo a que en la audiencia solicitada se podrían acreditar el delito y el carácter de víctima; pues expresamente indicó que esa posibilidad únicamente la tenía el Agente del Ministerio Público y no el quejoso. Por tanto, es infundado el concepto de violación, estimándose plenamente atendidos los agravios planteados en el recurso de revocación, sin advertir trasgresión al artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se considera correspondencia entre lo planteado en los agravios y lo resuelto al dirimir dicho medio de defensa. Por otra parte, es igualmente infundado el concepto de violación relativo a que fue equivocado declarar infundados los agravios, bajo el argumento de no proceder la audiencia para debatir la restitución provisional del inmueble, por no haberse acreditado el delito de despojo ni el carácter de víctima del peticionario de amparo; pues aduce, la responsable soslayó que conforme al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales dicha medida procede en cualquier estado del procedimiento. Dicha disposición prevé que en cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Ahora bien, precisamente la autoridad estableció en el acto reclamado, que dentro de la carpeta de investigación no había emitido ninguna resolución por la cual hubiera tenido por acreditada la existencia del delito ni, por ende tampoco se hubiera pronunciado sobre el carácter de víctima del aquí quejoso y atendiendo al principio de inocencia, no podía ordenar una medida de esa naturaleza. Al respecto, asiste razón a la autoridad al obrar en los términos apuntados, lo previsto en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es suficiente para que se resolviera fundado el recurso de revocación y se ordenara la audiencia de debate de la procedencia de la restitución provisional del bien inmueble denunciado despojado. Efectivamente dicha norma indica que en cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. En ese sentido, para quien resuelve, correctamente la Jueza responsable justificó la imposibilidad para conceder la audiencia para analizar la posibilidad de la restitución provisional del inmueble denunciado despojado, por ser notoria la improcedencia de dicha medida. Ello, porque efectivamente no existe en la carpeta penal de origen, ninguna determinación por la cual tal autoridad se hubiera pronunciado en el sentido de tener por demostrada la existencia del delito, esto es, que verdaderamente se haya cometió el despojo denunciado sobre el inmueble cuya restitución pretende el aquí quejoso, tampoco sobre la probable responsabilidad de ********************, ni sobre el reconocimiento del carácter de víctima del solicitante del amparo. En otras palabras, como adecuadamente lo afirma la responsable, dentro de la carpeta de control no se ha emitido resolución donde hubiera declarado la existencia del delito de despojo sobre el inmueble ubicado en ********************, dentro de la carpeta de investigación ********************; tampoco, la probable la participación de aquél en su comisión, ni mucho menos que el quejoso fue víctima de esa conducta delictiva. Por el contrario, consta que el once de enero de dos mil veintidós, la fiscal solicitó a la autoridad responsable audiencia privada para solicitar orden de aprehensión contra ********************, la cual se verificó el once de enero de dos mil veintidós, negándose su emisión. Consecuentemente, si en dicha carpeta de control aún no se ha declarado la existencia del delito de despojo sobre el inmueble referido, ni declarado víctima al aquí quejoso, existe justificación para negarse a debatir en audiencia la procedencia de la restitución del inmueble y declarar infundado el recurso de revocación. Sin asistir razón al quejoso en cuanto que, el numeral 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace posible la restitución en cualquier estado del procedimiento; pues tal disposición contempla que así será siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Lo cual no ocurre, al no existir resolución jurisdiccional donde se constatara la existencia del delito ni el reconocimiento de la persona sobre la que recayó, sea a través de orden de aprehensión, vinculación o proceso o bien sentencia definitiva. Máxime, si la Fiscal ejerció acción penal por dicho tipo delictivo y la autoridad jurisdiccional responsable expresamente negó la orden de aprehensión solicitada, en audiencia de once de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, también es infundado el concepto de violación en el cual se alega que la responsable resolvió contra constancias, al afirmar no tener el quejoso el reconocimiento del carácter de víctima. Ello, porque si bien es cierto la responsable aceptó que el aquí quejoso ha participado en distintas actuaciones dentro la carpeta de control, con el carácter de víctima; también lo es que indicó que ello obedece a haber comparecido a denunciar los hechos ante el Agente del Ministerio Público con ese carácter y no por existir determinación donde se hubiera juzgado y declarado la existencia del delito y la condición de víctima del quejoso, caso en el cual sí sería viable ordenar la restitución del bien inmueble. Por lo anterior, es infundado que la responsable hubiera resuelto contra las constancias de la carpeta de control. Finalmente, es infundado también el concepto de violación relativo a que la responsable provoca estado de indefensión al privar al peticionario del derecho a ser escuchado en audiencia oral y pública donde tendría oportunidad de exponer los datos de prueba con los cuales cuenta; porque todas aquéllas peticiones que ameriten debate, deben ser hechas en audiencia conforme al artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque asiste razón a la Jueza natural al argumentar que, el único facultado para demostrar la existencia del delito y la probable responsabilidad del activo, es la Fiscalía y no el quejoso; por tanto, es acertado que no estaría en aptitud de aportar datos para acreditar dichos aspectos en la audiencia de control cuya negativa fue objeto del recurso de revocación; de ahí la falta de infracción a la citada disposición. En las relatadas condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expuestos y no advertirse materia que suplir en deficiencia de la queja, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto al acto y autoridades indicados en la consideración cuarta. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto al acto y la autoridad mencionada en la consideración quinta. Notifíquese personalmente, por lista y por oficio, como corresponda a cada una de las partes. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.
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