Alfonso Gónzalez Tercero
Expediente 170/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alfonso Gónzalez Tercero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 4031/2021 de fecha veintiséis de abril del año en curso, en el cual se adjuntó las constancias relativas al expediente 952/2019/L1/CD/IND, así como dos sobres de pruebas cerrados.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de veintidós de abril del año en curso, se declaró firme el auto que desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso Alfonso González Tercero, por conducto de quien se ostenta como apoderada legal Laura Guadalupe Suárez Navarrete; ahora bien, ya que obran dos tomos de prueba, un disco DVD y un sobre cerrado derivado de las constancias que integran el expediente 952/2019/L1/CD/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, devuélvanse a la responsable y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso ********************, por conducto de quien se ostenta como apoderada legal ********************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite vía interconexión el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 80/2021, que le fue enviado para notificar al quejoso *************, por conducto de quien se ostenta como apoderada legal *************, el auto de desechamiento de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, debiéndose dar de baja la comunicación oficial de mérito. Ahora bien, vista la constancia levantada por la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso al quejoso *************, por conducto de quien se ostenta como apoderada legal **************, el auto de desechamiento de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio, por las razones que ahí expone; por tanto, se ordena realizar la citada notificación y las subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado por los integrantes de dicho órgano colegiado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *************, por conducto de quien se ostenta como apoderada legal ****************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio laboral ************* de donde emana el acto reclamado, de la que se advierte que tiene reconocido tal carácter, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, y anexos que acompaña; al respecto, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 170/2021-VII; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca al conocimiento del asunto; y c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Como se observa de la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de la fracción VIII del artículo 107 de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, aplicado a contrario sensu. De la literalidad de este último precepto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento de un asunto. En sentido contrario, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no se ubique en la hipótesis aludida. Acerca de cuál es el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en relación con la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, esencialmente determinó que la fracción normativa respectiva no puede interpretarse en su literalidad, ya que se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. Por lo que, el Alto Tribunal estableció que los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo. Luego, si en el caso concreto la parte quejosa reclama la determinación de seis de octubre de dos mil veinte, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta localidad, en el juicio laboral 952/2019/L1/CD/IND, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver del referido juicio, y declinó la competencia para conocer del asunto a la Junta de Conciliación y Arbitraje, con residencia en León, Guanajuato; es incuestionable que el presente juicio constitucional no se ubica en la hipótesis de procedentica a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente, en virtud de que dicho acto no es definitivo. Efectivamente, no obstante que la Junta responsable haya declinado la competencia para conocer del juicio laboral antes mencionado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en León, Guanajuato, para hacer procedente el juicio de amparo indirecto, es menester que la segunda autoridad aceptará o no la competencia, lo que en la especie no sucede, de acuerdo a lo narrado por la promovente en su demanda. Tiene sustento a lo anterior por las razones jurídicas que informa, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, que dice: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA DE UNA SALA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO. La declaración de incompetencia de una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato que inicialmente conoce de una demanda de nulidad y remite los autos al Juzgado Administrativo Municipal correspondiente de la propia entidad federativa, no constituye un acto de ejecución irreparable en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, puesto que se desconoce si la segunda autoridad aceptará o no la competencia, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial que llegara a suscitarse, razón por la que es improcedente el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, que el artículo 206-A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato abrogada, establezca la posibilidad de que el actor elija ante qué órgano jurisdiccional presentará su demanda de nulidad, pues ello no implica que el tribunal que prevenga deba admitir la competencia, dado que este presupuesto procesal debe satisfacerse en concordancia con el cuerpo legal que rija el acto que se discuta por el actor ya que, en caso contrario, tramitaría el juicio una autoridad carente de competencia, en contravención a los derechos subjetivos del gobernado, lo cual evidentemente le depararía perjuicio jurídico." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, en virtud de que el quejoso, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, ubicado en Carretera *************, capital, en términos de lo dispuesto en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio precisado; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, en atención a que el amparo que se promueve es en materia laboral y quien acude a esta instancia constitucional lo es el trabajador, representado por su apoderada legal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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