Alfonso Girón Lara

Expediente 698/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
698/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Alfonso Girón Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el veinticuatro de octubre del año en curso, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Notifíquese lo anterior a la responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación 8329/2018, que como justificación a su informe anexó el Agente del Ministerio Público Investigador II del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Apaseo el Alto, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Tramitación Común II de Apaseo el Alto, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención, las documentales que exhibe, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de pruebas para el mejor manejo del expediente. Por otra parte, del estado de autos, así como de la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Tramitación Común II de Apaseo el Alto, Guanajuato, a fin de que estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses; por tanto, se difiere la misma y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 698/2018-V. Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que se proveerá conviene establecer que los actos reclamados en la presente instancia constitucional esencialmente se hacen consistir en: La orden de cateo emitida en veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, en el cuadernillo *********** de la estadística del Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, así como su ejecución atribuida a los Agentes de Investigación Criminal***************; y, El aseguramiento sobre el inmueble identificado con el lote ********** de la manzana **********, zona ********** del poblado de Apaseo el Alto, Guanajuato, reclamado al Agente del Ministerio Público Investigador II de Apaseo el Alto, Guanajuato En relación a ello debe considerarse lo dispuesto en el normativo 113 de la ley de la materia, que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En acatamiento a tal precepto legal, este Juzgado determina que respecto de los actos precisados en el inciso a. se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." De la interpretación de dicho precepto, se tiene que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Al tenor de las consideraciones plasmadas, el suscrito considera que en el presente caso, por lo que se refiere a los actos consistentes la orden de cateo emitida en veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, en el cuadernillo ************* de la estadística del Juzgado de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, así como su ejecución atribuida a los Agentes de Investigación Criminal ****************, se acredita la causa de improcedencia antes señalada. En efecto, el Máximo Tribunal Constitucional del País ha sostenido que los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, y que para determinar si se está en presencia de un acto de esa naturaleza, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Es decir, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni jurídica ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, en otras palabras, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama la orden de cateo emitida por el Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, dentro del cuadernillo ******************** de su índice, así como su ejecución. Empero, de la lectura Integra de la demanda de amparo se advierte que la orden de cateo se ejecutó, el veinticuatro de enero de la presente anualidad, en virtud de que los bienes asegurados se encontraban dentro del domicilio objeto del cateo, lo que se corrobora con la copia simple del acta de cateo que anexó el quejoso a su libelo constitucional, dado que en él se aprecia la fecha de cuándo se realizó dicho cateo. De lo anterior, se puede advertir con toda claridad que la orden de cateo reclamada fue ejecutada el veinticuatro de junio del presente año, al haberse realizado la inspección del inmueble ubicado en lote ************** del poblado de Apaseo el Alto, Guanajuato. En ese tenor, si las órdenes de cateo, de conformidad con el numeral 16 Constitucional, tienen por finalidad inspeccionar algún lugar, aprehender a alguna persona o buscar algún objeto, y en el supuesto que se analiza se advierte de la demanda de amparo que dicha orden ya fue ejecutada, es incuestionable que se realizaron tanto sus efectos jurídicos como materiales, y en ese sentido debe considerarse un acto consumado de manera irreparable sobre el cual es improcedente el juicio de amparo, porque aún y cuando se le concediera el amparo y protección de la Justicia Federal, sería imposible restituir a la parte quejosa en el goce de algún derecho fundamental violado, ya que no existe ningún medio para volver las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la ejecución del cateo reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, única y exclusivamente por lo que concierne a la orden de cateo emitida en veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, así como su ejecución, atribuidas al Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, y a los Agentes de Investigación ************, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, en lo que atañe al acto reclamado consistente en el aseguramiento sobre el inmueble identificado con el lote ************* del poblado de Apaseo el Alto, Guanajuato, endilgado al Agente del Ministerio Público Investigador Número II de Apaseo el Alto, Guanajuato, con fundamento en los artículos 107, fracción VII constitucional, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo SE ADMITE la demanda de mérito. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, cuarto párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Pídase a las partes que de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento legal. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos Unidades de Medida y Actualización. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************** al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele ofreciendo como pruebas su intención las documentales que anexa, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano