Alfonso Armando Morales Cruz

Expediente 1157/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1157/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Alfonso Armando Morales Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintidós. I. AUTO QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, de cuyo contenido se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, ARCHÍVESE el asunto como totalmente concluido. II. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL E INCIDENTES. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN, cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos ORIGINALES del incidente de suspensión, en virtud de que SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN provisional y DEFINITIVA, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, así como en el Capítulo 7, apartado 7.5.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de veintiséis de agosto de dos mil veinte, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, TRANSCURRIDOS TRES AÑOS, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe justificado, se ordena devolver al 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla, dos anexos de prueba, sin que sea necesario requerir los acuses de recibo toda vez que las autoridades en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal. Por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los anexos descritos. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a su autorizado procesal; por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Presentación de la demanda y trámite Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ***********, demandó el amparo y la protección de la justicia Federal contra un acto del 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Puebla, y otra autoridad, de quienes reclamó: a) La dilación en proveer el incidente innominado de nulidad de procesado penal por violación a derechos humanos dentro de la carpeta de ejecución 49/2020/JES/E, de su índice. Dicha demanda se presentó el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado el veintisiete siguiente. La aludida demanda se radicó en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se registró con el número de juicio de amparo 1157/2022, se admitió a trámite, con incidente de suspensión, se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Sobreseimiento Con fundamento en los artículos 63, fracción V y 65 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia en atención a los razonamientos que a continuación se exponen. El precepto legal en mención establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En el caso, el suscrito advierte que respecto del acto reclamado por el quejoso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que se actualiza con la desaparición total de los efectos del acto reclamado, de manera incondicional e inmediata, sin dejar huella en su esfera jurídica que amerite subsanarse. Entonces, podemos concluir que la cesación de efectos del acto reclamado ocurre al momento en que se actualizan los supuestos siguientes: -Desaparezcan todos los efectos del acto impugnado en forma inmediata, total e incondicional. -Las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a. XLX/98, Segunda Sala, Tomo VII - Abril, página doscientos cuarenta y dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Precisado lo anterior, en relación con la dilación en la impartición de justicia derivada de la inactividad procesal por no acordarse el incidente innominado de nulidad de proceso penal por violación a derechos humanos dentro de la carpeta de ejecución 49/2020/JES/E, el suscrito advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, porque la autoridad responsable, con posterioridad a la recepción de la demanda de amparo dictó acuerdo en que le dio el trámite que consideró conducente, además lo notificó a las partes. Lo anterior se corrobora con el informe y el diverso justificado que se recibieron el nueve y diez de noviembre de dos mil veintidós, con los números de oficio JES/01623/2022-I (foja 61 a 91) y JES/01622/2022-I (fojas 92 y 93), al primero, se adjuntaron dos legajos certificados que corresponden la carpeta de ejecución 49/2020/JES/E, en el que obra el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós (fojas 30 y 31 del anexo I de pruebas), y la notificación que se practicó a las partes, en el caso de la parte quejosa y su defensa, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós (fojas 33 y 34 del anexo I de pruebas). Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documento público; con las que acredita que cesó la afectación al derecho de tutela judicial, en su vertiente de justicia pronta. En consecuencia, lo conducente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DENTRO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo y se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, porque no se reclamaron por vicios propios. Debe precisarse que no es impedimento para decretar el sobreseimiento en este juicio que exista una determinación judicial dictada durante el trámite de este juicio de amparo porque en los casos en que se reclaman omisiones suscitadas dentro de un proceso judicial la procedencia del juicio constitucional es extraordinaria, dado que la dilación constituye una violación al artículo 17 Constitucional, Además, en el caso, está acreditado que cesó la dilación con base en el informe justificado rendido por la responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión; y por lista a su autorizado procesal, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE OFICIO. Visto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, proporciona el nombre de la víctima dentro de la carpeta de ejecución 49/2020/JES/JE de su índice; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de nueve de noviembre pasado, se acordó lo conducente. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Por otro lado, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No. Autoridades responsables 1 Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla. Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable, las documentales que anexa, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Así mismo, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las constancias remitidas, que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, se ordena integrarlas en dos legajos por separado, y denominarlas anexo I y II, conservando el folio de origen. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se ordenó reservarse respecto de la tercero interesada hasta en tanto obrara el informe justificado del Juez responsable, y toda vez que esto ya aconteció se provee. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal de autos, se advierte que por auto de nueve de noviembre pasado, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Puebla, informando el nombre de las víctimas en la carpeta de ejecución 49/2020/JES/JE de su índice. Ahora bien, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable de dictar el auto inicial del incidente innominado de nulidad de proceso, solicitado por el aquí amparista mediante escrito de cinco de octubre de dos mil veintidós, por lo que no es necesario emplazar a las víctimas, pues si se concediera el amparo, los efectos de la misma inciden únicamente en la autoridad responsable, puesto que es ella quien deberá ordenar la realización de actos que den impulso procesal a la causa de origen; lo que implica que el interés contrario de la parte ofendida no se vea afectada. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes jurisprudencias, cuyo rubro y texto son TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa. OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. CASOS EN QUE LA OMISIÓN DE EMPLAZARLO COMO TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES DEL JUICIO QUE DA LUGAR A ORDENAR SU REPOSICIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, determinó que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo indirecto con el carácter de tercero perjudicado cuando el acto reclamado afecte en los hechos a la reparación del daño, aunque no se refiera directamente a ella, con lo cual transfirió a los órganos aplicadores de la misma, la obligación de determinar en cada caso concreto si el acto reclamado actualiza el supuesto que legitima a la víctima u ofendido del delito para intervenir en el juicio de garantías con el carácter de mérito. De ahí que si el tribunal revisor al analizar el caso concreto sujeto a su estudio, advierte que la víctima u ofendido del delito que tiene el carácter de tercero perjudicado -al satisfacer la condicionante prevista en la jurisprudencia de referencia- no concurrió al juicio de garantías por no habérsele reconocido legalmente dicho carácter ni haber sido emplazado a él, procede que, por regla general, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, revoque la resolución recurrida y ordene reponer el procedimiento a efecto de subsanar esa irregularidad, dada la posibilidad de que pudiera emitirse un fallo que le resultara perjudicial sin haberle dado previamente la oportunidad de ser escuchado en el juicio. No obstante, esta regla no puede considerarse absoluta e irrestricta, pues en los casos en los que se advierta notoriamente que la sentencia que dicte el órgano revisor le será favorable, no procede reponer el procedimiento al no beneficiarle y, por el contrario, pudiendo incluso irrogarle perjuicio, al menos en lo relativo al tiempo que transcurre hasta en tanto se dicte una nueva resolución. Finalmente, toda vez que por auto de ocho de noviembre pasado, se reservó la notificación de dicho proveído a la parte quejosa hasta en tanto, la autoridad responsable de cuenta rindiera su informe justificado y toda vez que esto ya aconteció, se ordena notificar al quejoso el presente proveído, así como el diverso de ocho de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión el presente proveído, así como el diverso de ocho de noviembre de dos mil veintidós, corriéndole traslado con los informes justificados; y, por lista a las demás partes. Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No. Autoridades responsables 2 Directora del Centro Penitenciario del Estado de Puebla. Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Reservese la notificación del presente proveído a la parte quejosa hasta en tanto, las restantes autoridades responsables rindan su informe justificado. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********+, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el mismo considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SU AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, A LA DIVERSA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA; Y, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

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