Alfonso Antonio Abreu Guevara
Expediente 694/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alfonso Antonio Abreu Guevara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por ********************, autorizado del tercero interesado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada a que hace referencia en su ocurso de mérito y hágase entrega de la misma, quien deberá comparecer con identificación oficial y vigente, previa razón que de su recibo se otorgue en autos; indicándole que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve de la mañana a doce del día.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil diecisiete, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito del tercero interesado Jorge Alberto Fernández Rodríguez, atento a su contenido, se provee: En primer lugar, téngasele apersonándose al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, téngase por autorizado de la parte tercero interesada con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nefi Gorki Carrera Mejía, para que actúe en el presente juicio con todas las facultades que confiere el citado numeral, toda vez que acredita ser Licenciado en Derecho, al tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y con base en las constancias que obran en este expediente, esta autoridad Federal advierte de oficio que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, por lo que se atiende a la misma y se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional en los siguientes términos. De la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Alfonso Antonio Abreu Guevara, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Señalo con tal carácter el (sic) Agente del Ministerio Público adjunto, adscrito a la dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana sur de la Fiscalía General del Estado, con domicilio para ser emplazada el ubicado en Boulevard Héroes del 5 de Mayo, 31 Oriente s/n, Ladrillera de Benítez, C.P. 72530, de esta ciudad de Puebla, Puebla. IV. ACTO RECLAMADO. Lo es la falta de integración y acuerdo de la averiguación previa A.P 562/2012/DMZS, de los índices de la responsable, respecto de la querella que promoví por el (sic) delitos de Fraude y/o los que resulten en mi agravio, en contra de JORGE ALBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, pues el hecho de retardar en (sic) procedimiento violenta mis garantías individuales de acceso pronto a la justicia, así como los principios de seguridad, certeza jurídica y prontitud en la impartición de la justicia." En ese sentido, la autoridad responsable sustituta Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de determinar el ejercicio o no de la acción penal en la averiguación previa de origen (foja 55). Sin embargo, la omisión reclamada debe tenerse por cierta, ya que de las copias certificadas derivadas de la indagatoria AP-562/2012/DMZS/DAMPMS-M-CUATRO-04/DGIEST/M-CUATRO-AIE (fojas 56 a 67), a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -catorce de junio de dos mil diecisiete-, el agente del Ministerio Público responsable aún no se había pronunciado sobre el ejercicio o no de la acción penal en la mencionada averiguación previa -lo que aconteció hasta el veintiocho de junio del año en curso-; por tanto, al momento de instar esta vía constitucional, la omisión reclamada aún existía. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De igual forma, sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, como ya se adelantó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, de las documentales existentes en el sumario (fojas 56 a 67), ya valoradas en términos de ley, se advierte que: 1. Mediante resolución de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Asuntos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional determinó no ejercer acción penal y el archivo de la averiguación previa, por prescripción de la acción persecutoria del delito de fraude específico denunciado por el aquí quejoso Alfonso Antonio Abreu Guevara; tampoco ejerció acción penal y, en consecuencia, ordenó el archivo de la indagatoria por atipicidad, respecto de los diversos ilícitos de abuso de confianza equiparado, falsificación de documentos, falsedad en declaraciones judiciales y responsabilidad de abogados patronos y litigantes, denunciados por el peticionario de amparo. 2.- La referida determinación fue notificada al aquí quejoso, por conducto de Vibiana Valencia Ramos, el diecisiete de julio de la presente anualidad (foja 66). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de determinar el ejercicio o no de la acción penal en la averiguación previa AP-562/2012/DMZS/DAMPMS-M-CUATRO-04/DGIEST/M-CUATRO-AIE del índice de la responsable sustituta, al haberse dictado la resolución correspondiente y notificado al demandante constitucional. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con diez minutos del diez de agosto de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que no se logró el emplazamiento del indiciado en la averiguación previa de origen, en su carácter de tercero interesado; sin embargo, tomando en consideración el sentido de esta resolución, no resulta necesario que obre en el expediente la mencionada constancia de emplazamiento, por no irrogarle algún perjuicio a la parte tercera interesada; además, de esperar su llamamiento a juicio, en nada cambiaría el sentido de la sentencia, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, cuyos rubro y texto, son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada."
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