Alexis Robles Aguilera

Expediente 1308/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1308/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Alexis Robles Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 638/2020-VIII-B, promovido por Claudia Varinia Pérez Pérez, contra actos que atribuye al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veinte, ante el Secretario de este órgano jurisdiccional que en ese momento se encontraba de guardia, Claudia Varinia Pérez Pérez, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Director General Adjunto de Procesos Legales, del Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales y del Director de Verificación y Cumplimiento, todos de la mencionada Unidad; del Presidente, Titular de la Junta de Gobierno, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente de Supervisión de Procedimientos Preventivos, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "A" y Director General de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "B", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más y Banco Nacional de México, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, que serán precisados en el considerando respectivo. La impetrante de derechos fundamentales estima vulnerado en su perjuicio, el derecho fundamental consagrado en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veinte, se formó el expediente, se registró bajo el número 638/2020-VIII-B, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló el pedimento que a su representación corresponde. Asimismo, previa prevención, por medio de acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo contra actos de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Directora General Adjunta adscrita por oficio de Encomienda a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, Director General de Atención a Autoridades y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por tanto, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. De igual forma, mediante proveído de seis de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la Directora General de la Unidad de Inteligencia Financiera, haciendo la aclaración de que la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como: "Director General Adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera", es Directora General Adjunta adscrita por oficio de Encomienda a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera; mientras que, por otro lado, mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo como inexistentes a las autoridades señaladas como responsables denominadas como: "Titular de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores" y "Director de Verificación y Cumplimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera." Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. TERCERO. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el licenciado Javier Delgadillo Quijas, fue adscrito a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEPLE./ADS./2418/2021, de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEPLE./CEN./002/2826/2021, de fecha once de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 44, párrafo tercero y 86, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en virtud de la licencia otorgada al referido Titular, a partir del día dieciséis de agosto al once de noviembre de dos mil veintiuno, fue designada la licenciada Aida Elizabeth Alferez Flores, como Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los reformados y actuales artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 37 y 107, fracción I, inciso b), y II, de la Ley de Amparo; así como el numeral 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten disposiciones legales de naturaleza fiscal, cuya aplicación tuvo verificativo en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo y anexos, así como de su ampliación que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, consisten en: De las autoridades responsables Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales, ambos de la mencionada Unidad: El Acuerdo 74/2020, y oficio 110/F/B/3200/2020, mediante los cuales, con el primero, se incluyó al quejoso en la lista de personas bloqueadas, misma que se materializó con el referido oficio. La orden de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias de las que la quejosa es titular. Del Presidente, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente de Supervisión de Procedimientos Preventivos, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A, Director General de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B, Director General de Atención a Autoridades y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como a la Directora General Adjunta adscrita por oficio de Encomienda a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera: La ejecución de la orden de bloqueo contenida en el oficio 110/F/B/3200/2020. Del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: La orden de incorporar a la quejosa a la lista de personas bloqueadas a que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus consecuencias. De Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más: e) La inmovilización, bloqueo o aseguramiento de las cuentas bancarias 00000467830 y 00000467829. De Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex: f) La inmovilización, bloqueo o aseguramiento de las cuentas bancarias 70086454546, 70037209625 y 7962235010. De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: g) La discusión, aprobación, expedición promulgación y publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico, el artículo 115, párrafo noveno. Lo anterior, sin que haya lugar a tener como actos reclamados destacados los oficios 214-4/9835256/2020 y 214-4/9835272/2020, de tres de junio de dos mil veinte, atribuidos al Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues del contenido de la demanda de amparo y ampliación de la misma, se advierte que los mismos se señalan únicamente como ejecución de la orden de bloqueo contenida en el oficio 110/F/B/3200/2020. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. NO SON CIERTOS, los actos reclamados al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Presidente, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente de Supervisión de Procedimientos Preventivos, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "A", Director General de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "B", Director General de Atención a Autoridades y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como al Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales y a la Directora General Adjunta adscrita por oficio de Encomienda a la Dirección General de Procesos Legales, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues así lo manifestaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados. Lo anterior, sin que la parte quejosa aportara las pruebas que estimara necesarias para desvirtuar la negativa de las mencionadas autoridades responsables, o bien que de las constancias que integran el presente juicio de amparo se coligiera lo contrario. Por su parte el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que medularmente establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". De la transcripción anterior se advierte, que el sobreseimiento del juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos no quede mostrada la existencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable en la demanda, o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En esa tesitura y toda vez que no fue demostrado en el cuaderno de amparo, la existencia de los actos reclamados antes precisados, se procede SOBRESEER en el juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, respecto de las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Presidente, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente de Supervisión de Procedimientos Preventivos, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "A", Director General de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "B", Director General de Atención a Autoridades y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como del Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales y de la Directora General Adjunta adscrita por oficio de Encomienda a la Dirección General de Procesos Legales, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera. En otro orden de ideas, debe tenerse por cierto el acto reclamado a Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, pues al momento de rendir su informe con justificación, no fue contundente en aceptar o negar la existencia de tal acto, pues se limitó a referir que dio respuesta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y ante tal ambigüedad, lo procedente es presumir la certeza de dicho acto, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2099, del Tomo XLVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: Por su parte, las autoridades responsables Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, fueron omisas en rendir sus respectivos informes justificados, no obstante de haber sido notificadas oportunamente para dicho fin, al así advertirse del rastreo del oficio 10263/2021, mediante el cual se reexpidió el diverso oficio 14049/2020, así como del acuse de recibo del oficio número 14051/2020, que obra en el sumario; por tanto, de conformidad al numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume la existencia de los actos que se les atribuyen, precisados en el considerando que antecede. Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que fueron remitidas tanto por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistentes en copias digitalizadas con supresión de datos del Acuerdo 74/2020, y oficio 110/F/B/3200/2020; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo. Asimismo, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos atinentes a la inconstitucionalidad de la Ley Instituciones de Crédito, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se advierte la participación de las autoridades legislativas. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sentado lo anterior, debe decirse que por lo que ve a la autoridad responsable Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, al no reclamarse por vicios propios los actos que se les atribuyen. En relación con lo anterior, los citados numerales establecen que el juicio de amparo es improcedente, cuando no se reclame por vicios propios el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o su publicación; ahora bien, los actos atribuidos al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, se hacen consistir, precisamente, en la publicación de la Ley de Instituciones de Crédito que se impugna en el presente; actos que no son impugnados por vicios propios, por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 multicitado, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; y por tanto, procede decretar el sobreseimiento, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que se atribuyen al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación. En otro orden de ideas, el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, refiere que en la especie, se surte la causa de improcedencia establecida 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al señalar que la presentación de la demanda de amparo fue extemporánea. La causa de improcedencia de que se trata, regula una presunción, que deriva del hecho de que cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esa conducta revela una conformidad tácita con el acto. Conforme a lo anterior, no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, aquellos actos que se consideran consentidos tácitamente porque no se reclamaron en la vía constitucional dentro de los plazos que la propia ley señala, esto es, dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos y, excepcionalmente, en los plazos previstos en los supuestos establecidos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. En relación con lo anterior, la autoridad responsable afirma que el primer acto de aplicación de la legislación reclamada, tuvo lugar con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el veinte de abril de dos mil nueve; no obstante lo anterior, resulta evidente que con la sola publicación de dichas reglas no se afectó la esfera jurídica de la solicitante del amparo, sino que ello aconteció hasta el momento en que ésta tuvo conocimiento del congelamiento de parte de su patrimonio, en específico, de las cuentas bancarias de las que es titular, lo cual aconteció hasta el dieciocho de junio de dos mil veinte, según se advierte del contenido de la demanda de amparo. En ese sentido, si dicho ocurso fue presentado el veintiséis de junio siguiente, resulta evidente que dicha presentación tuvo lugar dentro del término contenido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, la misma autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó que debe sobreseerse en el presente juicio, porque la quejosa antes de acudir al juicio de amparo, debió hacer valer su garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera, en atención a lo dispuesto en la Disposición de Carácter General 73. Es infundada dicha causal, ya que el quejoso hace valer una violación directa al artículo 16 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de legalidad, lo cual actualiza el supuesto de excepción a que hace referencia el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que indica que no es necesario acudir a los medios ordinarios de defensa en el caso de que se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. Consecuentemente, contrario a lo que manifiesta la autoridad responsable, en este caso no era necesario que el quejoso observara el principio de definitividad, dado que se actualiza la excepción que prevé el artículo en análisis. Lo dicho encuentra soporte en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: Por otro lado, el propio Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, toda vez que no acreditó el acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues dicha norma no tiene aplicación al gobernado; en ese sentido, se considera que la causa de improcedencia que hace valer es la contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Del artículo citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional que el gobernado cuente con un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo que haya sido trastocado por el acto que reclama. En esa tesitura, es necesario precisar que la quejosa, promovió juicio de amparo indirecto a impugnar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es el acuerdo 74/2020, a través del cual se incorporó en una "Lista de personas bloqueadas". En ese contexto, para acreditar la afectación al interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo indirecto una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del quejoso. Ahora, es necesario realizar las siguientes precisiones para verificar si se acredita la afectación a la esfera jurídica de la sucesión quejosa, a través de la norma reclamada. En principio, al rendir informe justificado, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, admitió la emisión del Acuerdo 74/2020, POR EL QUE SE DESIGNAN PERSONAS PARA SER INCORPORADAS A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN", entre las que se encuentra en forma expresa Claudia Varinia Pérez Pérez, y, del oficio 110/F/B/3200/2020, de dos de junio de dos mil veinte, por el que se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la identificación de las cuentas bancarias a nombre de Claudia Varinia Pérez Pérez, así como la suspensión inmediata de cualquier actividad, operación o servicio relacionada con ellas, incluyendo la imposibilidad de abrir cuentas nuevas o la cancelación de las vigentes, e impedir la disposición de los recursos que contengan, incluyendo los casos en que la referida persona aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado, además de las que se identifique como beneficiario y/o beneficiario. Por otra parte, el Acuerdo 74/2020, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, instruye lo siguiente: PRIMERO. Se incluye en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a lo motivado en el cuerpo del presente, por el tiempo estrictamente necesario para el ejercicio de las facultades de esta Unidad de Inteligencia Financiera, a las siguientes personas SEGUNDO. Se pone a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas introducidas en la Lista de Personas Bloqueadas a que se refiere el artículo primero de este acuerdo.- -- Lo anterior, a efecto de que las entidades financieras procedan a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios citados, imposibilitar tanto de abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas en la presente lista aparezcan como titulares, cotitulares, firmantes y/o autorizados, fideicomitentes, representantes legales y/o apoderados; demás de los casos en los que aparezcan como beneficiarios De lo transcrito se observa que la orden de suspender la realización de todo tipo de actos u operaciones o servicios financieros en instituciones de crédito de Claudia Varinia Pérez Pérez, lo que incluye la imposibilidad de abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos contenidos en las existentes, incluyendo los casos en que aparezca como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado. Además, se obtiene que el referido acuerdo fue emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con apoyo en la facultad prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que las entidades financieras suspendieran la realización de actos operaciones o servicios con los clientes o usuarios que formen parte de ese listado. Entonces, se estima que el acuerdo 74/2020 de veintinueve de mayo de dos mil veinte constituye el primer acto de aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual, como se evidenció, irroga un perjuicio de manera directa a Claudia Varinia Pérez Pérez, debido a que se ordenó suspender la realización de todo tipo de actos u operaciones o servicios financieros en instituciones de crédito de la referida quejosa. Es decir, la sola inclusión de la quejosa por sí mismo causa un perjuicio en la esfera jurídica de derechos de la sucesión, al ordenar la suspensión de todo servicio que pudieran tener como clientes del sistema financiero, que la legitima para instar el juicio constitucional, como primer acto de aplicación de la norma reclamada, por existir un perjuicio en los bienes de la masa hereditaria. Por consiguiente, se desestima la causa de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa sí acredita su interés jurídico, al demostrarse que a través de la emisión del acuerdo 74/2020 se materializó la hipótesis normativa del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en perjuicio de la quejosa. En otro orden de ideas, la misma responsable, expuso que en el caso opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso a), a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que considera que el acto de aplicación de las porciones normativas reclamadas en el presente juicio de amparo, no constituye una resolución definitiva. A efecto de dar respuesta al citado argumento, es necesario el estudio de los numerales invocados por la citada responsable: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte El primero de los dispositivos transcritos hace referencia a la improcedencia del juicio de amparo cuando se esté en presencia de algún dispositivo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, que impida al Juez de Distrito entrar al estudio de fondo de la demanda por razones que el legislador estimó conveniente para una mejor impartición de justicia, o bien, para preservar el carácter del juicio de amparo como un medio de control extraordinario de la legalidad de las actuaciones de las autoridades. Por su parte, la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, en sus dos incisos, si bien, se refiere a la procedencia del juicio, aplicado en sentido contrario, contiene un supuesto de improcedencia que opera cuando se reclamen actos que provienen de procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no constituyan la resolución definitiva o que dictados en ese procedimiento no constituyan actos de imposible reparación. Destacado lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que sean de imposible reparación, motivo por el cual se impone destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha partido de dos criterios complementarios que son orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia de la sede constitucional, contra de actos dentro de juicio, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes concernientes, en grado predominante o superior, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario de éste. Las características de excepcionalidad citadas requieren que se satisfagan íntegramente, criterio que se encuentra en la tesis P. LVIII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 10, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, cuyo rubro dispone: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." En síntesis, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del procedimiento para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos que prevén los derechos humanos y las garantías contenidas en la Constitución General de la República; luego, en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, pues de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante sería improcedente el amparo indirecto. En el caso concreto, se reitera, la promovente reclama la orden de bloqueo de sus cuentas bancarias, emanada del Acuerdo 74/2020, de veintinueve de mayo de dos mil veinte. En ese contexto, se impone destacar que la inmovilización de cuentas bancarias constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones; de ahí que sea procedente el juicio de amparo indirecto en su contra y por ende, se califica de infundada la causa de improcedencia en estudio. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, si bien no se transcriben, se tienen por reproducidos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción; no obstante, lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. Por lo que ve a los actos reclamados a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, aprobación, expedición promulgación y publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico, el artículo 115, párrafo noveno, se estima que los conceptos de violación son inoperantes. Se dice lo anterior, pues al respecto ya existe jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual estableció que el contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de las diversas disposiciones de carácter general que de él emanan, es constitucional y tiene válida aplicación únicamente en tratándose de solicitudes derivadas de procedimientos internacionales; no así, cuando la actividad del Estado surge por una circunstancia exclusivamente nacional, en cuyos supuestos la autoridad responsable no puede válidamente solicitar un bloqueo de cuentas bancarias con base en esas normas. En las ejecutorias de los amparos en revisión 806/2017, 1150/2017, 1181/2017, 1231/2017 y 124/2018, de los que derivó esa jurisprudencia, la Segunda Sala resolvió que el contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de las diversas disposiciones de carácter general que de él emanan, es constitucional y tiene válida aplicación únicamente en tratándose de solicitudes derivadas de procedimientos internacionales; no así, cuando la actividad del Estado surge por una circunstancia exclusivamente nacional, en cuyos supuestos la autoridad responsable no puede válidamente solicitar un bloqueo de cuentas bancarias con base en esas normas, y determinó que dicha medida tiene una naturaleza cautelar o precautoria; de ahí que sobre la misma, debe hacerse una interpretación conforme. En efecto, en la parte que interesa de dichas ejecutorias, se consideró lo siguiente: Ahora bien, la porción reclamada por la empresa quejosa en relación con el bloqueo de cuentas, establece lo siguiente: "Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo". Así las cosas, en primer término es necesario precisar que la citada facultad de inclusión en la lista de personas bloqueadas, no consiste en una sanción, sino que únicamente se trata de una medida cautelar. Sobre la naturaleza de las medidas cautelares, el Tribunal Pleno ha establecido que constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias (en tanto la restricción no constituye un fin en sí misma) y sumarias (su tramitación se realiza en plazos breves), y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. Tales medidas se encuentran dirigidas a garantizar la existencia de un derecho que se estima puede sufrir algún menoscabo, por lo que constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo de manera provisional una situación que se reputa antijurídica, ante lo cual, se trata de actos de molestia, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, al resultado del procedimiento administrativo o jurisdiccional que llegue a dictarse. Medida cautelar que, adicionalmente cabe precisar, resulta de índole administrativa. En efecto, el despliegue de tal atribución no deriva de alguna resolución ministerial o judicial en materia penal, sino de una orden emitida por una autoridad administrativa que, en ejercicio de sus funciones, emite para la protección del sistema financiero. Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Segunda Sala, el hecho de que a partir de la información recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio Público podrá ejercer sus atribuciones. Sin embargo, ello no implica que la emisión de la lista de personas bloqueadas sea de carácter penal, pues se reitera, el acto emana de una autoridad administrativa para la protección del sistema financiero, con independencia de que, eventualmente, los datos en cuestión puedan ser empleados en la formulación de una denuncia, supuesto en el que el Ministerio Público sí ejercerá atribuciones de índole penal. En efecto, el artículo 15, fracción I, inciso a), del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene competencia para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante lo cual, de conformidad con la fracción X del citado artículo, podría recibir y recopilar pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre tales conductas, integrando los expedientes respectivos. En tal sentido, la diversa fracción XIII del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá denunciar ante el Ministerio Público de la Federación, las conductas precisadas en el párrafo anterior, aunado a que la fracción XXXII del mismo numeral, señala que dicha Unidad podrá integrar la lista de personas bloqueadas prevista en las leyes financieras, incluida la introducción y eliminación de personas de la misma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad consistente en el bloqueo de cuentas bancarias, tiene como origen la actualización de las atribuciones propias de dicha autoridad administrativa, situación que puede, si se dan los supuestos jurídicos necesarios, dar inicio a la actividad del Ministerio Público que retomará la información originalmente obtenida, y será utilizada en el propio ejercicio de sus funciones, de carácter penal solamente hasta ese momento. Ahora bien, es cierto que dicha porción no contiene un listado de supuestos en los cuales se procederá al bloqueo de cuentas; sin embargo, la propia disposición contiene una remisión a otra porción del propio artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en tanto señala que el objeto del bloqueo es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que se ubiquen en los supuestos que a su vez prevén los artículos a que refiere la fracción I de dicho numeral. La disposición en comento establece lo siguiente: "Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a: I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código". No pasa desapercibido que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito realiza una remisión a disposiciones contenidas en el Código Penal Federal; sin embargo, ello no implica que la naturaleza de tal atribución sea penal, con independencia de que las conductas, a su vez, puedan tener una consecuencia de tal índole una vez que las autoridades competentes desplieguen en su momento las facultades que les corresponden. Adicionalmente, no debe pasarse por alto que en las "Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito", en específico en la regla 71ª, el Secretario de Hacienda y Crédito Público estableció los supuestos específicos en los que procedería el bloqueo de cuentas: "71ª. La Secretaría podrá introducir en la Lista de Personas Bloqueadas a las personas, bajo los siguientes parámetros: I. Aquéllas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sucesivas, y 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales; II. Aquéllas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la Secretaría en términos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano con dichas autoridades, organismos o agrupaciones, o en términos de los convenios celebrados por la propia Secretaría; III. Aquéllas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos señalados, previstos en el Código Penal Federal; IV. Aquéllas que se encuentren en proceso o estén compurgando sentencia por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal; V. Aquéllas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado, realicen o pretendan realizar actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal, y VI. Aquéllas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal o los relacionados con éstos". Así las cosas, a consideración de esta Segunda Sala, la porción normativa sí representa una problemática de validez constitucional, en tanto si bien contiene una medida de naturaleza cautelar, lo cierto es que no precisa a qué procedimiento responde el bloqueo en cuestión. En efecto, las medidas cautelares deben encontrarse referidas o vinculadas a determinados procedimientos jurisdiccionales o administrativos, justamente debido a su carácter provisional y accesorio, cuyo objeto consiste en suplir interinamente la ausencia de una resolución definitiva de tales procedimientos. Así las cosas, para que una medida cautelar resulte válida en términos constitucionales, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento se implementa. Es por lo anterior, que esta Segunda Sala estima oportuno realizar una distinción a partir del motivo que genera el bloqueo de cuentas, esto es, el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en favor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En efecto, existen algunos tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, que establecen la obligación de asegurar determinados bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias. A manera de ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establece en su artículo 12.2 que los Estados Parte: "Adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso". Entre las conductas a que se refiere la anterior obligación, se encuentra el "blanqueo de dinero", tal y como se desprende de los artículos 6 y 7 de la propia Convención, aunado a que, en términos del numeral 13 de la misma, existe una obligación de cooperación internacional para fines de decomiso cuando exista una solicitud proveniente de otro Estado Parte. De igual forma, a manera de ejemplo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo, establece en su artículo 8.1 que: "Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2, así como el producto de esos delitos, a los efectos de su posible decomiso". El ejercicio de lo anterior, de conformidad con el propio Convenio, se realiza en un contexto de cooperación recíproca entre los Estados Parte, tal y como se desprende de su numeral 12.1, que indica a la letra que: "Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto de la obtención de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder". Ahora bien, por otra parte es necesario señalar que México es parte del "Grupo de Acción Financiera Internacional" (GAFI por sus siglas), el cual es un ente intergubernamental que fue creado en mil novecientos ochenta y nueve por el "Grupo de los Siete" (G-7), y su mandato consiste en fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En efecto, el mandato (2012-2020) del Grupo de Acción Financiera Internacional, emitido el veinte de abril de dos mil doce en Washington, D.C., señala a la letra lo siguiente: "Los objetivos del GAFI son fijar estándares y promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas Miembros 5. Los Miembros del GAFI son las jurisdicciones y organizaciones que han acordado trabajar conjuntamente bajo la forma de un grupo de trabajo hacia los objetivos comunes establecidos en este mandato (.). 6. Las jurisdicciones Miembro se comprometen a: a) Respaldar e implementar las Recomendaciones del GAFI para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación, utilizando en su caso guías y otras políticas respaldadas por el GAFI". Así las cosas, México como miembro de "GAFI" debe cumplir con la implementación de los estándares internacionales en materia de prevención y combate a los delitos de: (i) lavado de dinero; (ii) financiamiento al terrorismo; y (iii) proliferación de armas de destrucción masiva; para lo cual, deberá prever acciones tales como la identificación, detección y aseguramiento de los fondos utilizados o asignados para la comisión de tales conductas. A partir de lo anterior, nuestro país por una parte debe coadyuvar en la implementación de un régimen efectivo para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de actos realizados dentro del sistema financiero mexicano y, por otra, debe cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido, destacando en esta temática las recomendaciones emitidas por "GAFI". El citado grupo emitió en febrero de dos mil doce los "Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación", en los cuales se emitió un pronunciamiento en relación con el tema a que se refiere el presente asunto. En específico, destaca la Nota Interpretativa de la Recomendación 6 ("sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo"). Al respecto, la citada recomendación exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante el congelamiento, sin demora, de los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición o sea para el beneficio de quienes realizan actos terroristas. De igual manera, la nota interpretativa señala que los países deben establecer la autoridad legal necesaria e identificar autoridades competentes internas responsables de la implementación y cumplimiento de sanciones financieras dirigidas, para que éstas exijan a todas las personas naturales y jurídicas dentro del país, que congelen, sin demora y sin previa notificación, los fondos u otros activos de personas y entidades designadas. La nota interpretativa indica a la letra lo siguiente: "1. La Recomendación 6 exige a los países que implementen sanciones financieras dirigidas para cumplir con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que demandan a los países que congelen, sin demora, los fondos u otros activos, y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición de o sea para el beneficio de: alguna persona o entidad designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el Consejo de Seguridad) dentro del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como exige la Resolución 1267 del Consejo de Seguridad (1999) y sus resoluciones sucesoras; o alguna persona o entidad designada por ese país en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad (2001). 6. Los países deben establecer la autoridad legal necesaria e identificar autoridades competentes internas responsables de la implementación y cumplimiento de sanciones financieras dirigidas, de conformidad con los siguientes estándares y procedimientos: a) Los países deben exigir a todas las personas naturales y jurídicas dentro del país, que congelen, sin demora y sin previa notificación, los fondos u otros activos de personas y entidades designadas. Esta obligación debe extenderse a: todos los fondos u otros activos que son propiedad o están controlados por la persona o entidad designada, y no sólo aquellos que se pueden enlazar a un acto terrorista particular, complot o amenaza; los fondos u otros activos que son propiedad o están controlados, en su totalidad o conjuntamente, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas; y los fondos u otros activos derivados o generados a partir de fondos u otros activos que pertenecen o están controlados, directa o indirectamente, por personas o entidades designadas, así como los fondos u otros activos de personas y entidades que actúan en nombre de, o bajo la dirección de, personas o entidades designadas". Tal y como se advierte de la citada nota interpretativa, y en la misma línea de cumplimiento de compromisos internacionales, cabe señalar que México como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el siete de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete, y de acuerdo con el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, está obligado a cumplir las Resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En tal sentido, las Resoluciones emitidas por el citado Consejo obligan a los Estados miembros a aplicar las medidas para restablecer la paz y seguridad internacionales. Así las cosas, el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas establece la facultad del Consejo de Seguridad para imponer sanciones, a fin de evitar una amenaza mayor a la paz y la seguridad internacionales. Debido a que tanto el terrorismo y su financiamiento, así como la proliferación de armas de destrucción en masa son consideradas como serias amenazas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad ha emitido diversas resoluciones a fin de que los Estados miembros adopten medidas para prevenir y contrarrestar tales escenarios, entre las que destacan las denominadas "sanciones financieras dirigidas". A manera de ejemplo, se destaca que en la resolución S/RES/1267 (1999) del citado Consejo de Seguridad, relativa a los grupos denominados como "talibanes", se indicó que: ". todos los Estados: (.) b) Congelarán los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos o generados por bienes de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control, que designe el Comité establecido (.) y velarán porque ni dichos fondos ni ningún otro fondo o recurso financiero así designado sea facilitado por sus nacionales o cualquier otra persona dentro de su territorio a los talibanes o en beneficio de ellos o cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, excepto los que pueda autorizar el Comité en cada caso, por razones de necesidad humanitaria". Asimismo, en la resolución S/RES/1373 (2001), dicho Consejo de Seguridad, en relación con la comisión de ataques terroristas, indicó lo siguiente: "1. Decide que todos los Estado: (.) c) Congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control, directos o indirectos de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes, incluidos los fondos obtenidos o derivados de los bienes de propiedad o bajo el control directo indirecto de esas personas y de otras personas y entidades asociadas con ellos". En el mismo sentido, el Consejo de Seguridad en la resolución S/RES/1989 (2011), concerniente al grupo "AlQaida", señaló lo siguiente: "Medidas a) Congelar sin demora los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de esas personas, grupos, empresas y entidades, incluidos los fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o a personas que actúen en su nombre o siguiendo sus indicaciones o que estén bajo su control, y cerciorarse de que sus nacionales u otras personas que se hallen en su territorio no pongan esos u otros fondos, activos financieros o recursos financieros, directa o indirectamente, a disposición de esas personas; (.) Aplicación de medidas 41. Reitera la importancia de que todos los Estados determinen, y en caso necesario adopten, procedimientos adecuados para aplicar plenamente todos los aspectos de las medidas descritas en el párrafo 1 supra; y recordando el párrafo 7 de la resolución 1617 (2005), insta encarecidamente a todos los Estados Miembros a que pongan en práctica las normas internacionales completas incorporadas en las cuarenta recomendaciones sobre el blanqueo de dinero del Grupo de Acción Financiera y sus nueve recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo, y alienta a los Estados Miembros a que sigan las orientaciones de la recomendación especial III para aplicar eficazmente las sanciones selectivas contra el terrorismo". En suma, nuestro país ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente, ante solicitudes extranjeras para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. A partir de los anteriores elementos, es posible arribar a la conclusión de que, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional (tal y como lo es el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas), o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existiría una transgresión al principio de seguridad jurídica. Ello se debe a que en tal contexto, la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, efectivamente opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico: el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país -cuyos ejemplos han sido indicados con anterioridad-. Situación que además es armónica con el contenido del artículo 133 constitucional, en el sentido de que los tratados internacionales celebrados por nuestro país y que estén de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán la Ley Suprema de la Unión, ante lo cual, la citada atribución de bloqueo de cuentas justamente se enmarca como una medida implementada por nuestro país para el cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos asumido. No obstante, la citada conclusión, consistente en que el artículo reclamado es acorde con el principio de seguridad jurídica, no se satisface cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto en estos supuestos, efectivamente la medida cautelar no se impondría en relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastoca su validez constitucional. En efecto, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por nuestro texto constitucional. Sin embargo, lo anterior no implica que el marco normativo reclamado sea inconstitucional, pues a consideración de esta Segunda Sala, es posible realizar una interpretación conforme del mismo. Al respecto, si bien los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, implican la posibilidad de llevar a cabo un análisis de regularidad normativa, lo cierto es que ello no debe conducir en todo momento a una declaración de invalidez de la disposición sometida a dicho estudio, pues es factible llevar a cabo una interpretación que haga compatible el artículo con el texto constitucional y con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Esto es, nuestro texto constitucional y los derechos contenidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, son un parámetro interpretativo para el resto de componentes del sistema jurídico nacional, lo cual permite, previo a una declaración de invalidez de una disposición, llevar a cabo una interpretación que permita resolver la antinomia normativa alegada, permitiendo así la subsistencia de la norma combatida dentro de nuestro ordenamiento; a lo cual se le ha denominado "interpretación conforme". Es decir, ante la posibilidad de llevar a cabo diversas interpretaciones de una determinada disposición, deberá preferirse aquélla que resuelva la contradicción alegada, y solamente en caso de que ello no se pueda efectuar, entonces procederá la declaración de invalidez acorde a los efectos que se permitan en el mecanismo de control de constitucionalidad de que se trate. En las relatadas condiciones, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito -en las porciones que fueron reclamadas-, a efecto de ser acorde con el principio constitucional de seguridad jurídica, debe interpretarse de la siguiente manera: a) La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: I) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. II) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional (a manera de ejemplo, para el cumplimiento de las resoluciones que en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva emite el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas). b) La citada atribución, no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, pues en tales supuestos el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resultaría contrario al principio de seguridad jurídica [.]". Como puede advertirse de lo antes transcrito, se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que la facultad de inclusión en la lista de personas bloqueadas no consiste en una sanción, sino que se trata de una medida cautelar de naturaleza administrativa, la que, de ordinario, está dirigida a garantizar la existencia de un derecho que se estima puede sufrir algún menoscabo, por lo cual constituye un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues busca restablecer el ordenamiento jurídico violado, mediante la desaparición provisional de una situación que se reputa antijurídica; así, implica un acto de molestia, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, al resultado del procedimiento administrativo o jurisdiccional que llegue a dictarse. Además, apuntó que el despliegue de la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito no deriva de alguna resolución ministerial o judicial en materia penal, sino de una orden emitida por una autoridad administrativa que, en ejercicio de sus funciones, emite para la protección del sistema financiero. A partir de los anteriores elementos, arribó a la conclusión de que en el supuesto de que el bloqueo de cuentas realizado con base en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional (como, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas), o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existe transgresión al principio de seguridad jurídica. Ello se debe, explicó, a que en tal contexto, la atribución contenida en el numeral aludido efectivamente opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico: el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país. Situación que además es armónica con el contenido del artículo 133 constitucional, en el sentido de que los tratados internacionales suscritos por México y que estén de acuerdo con la Constitución Federal, son la Ley Suprema de la Unión, ante lo cual, la citada atribución de bloqueo de cuentas se enmarca como una medida implementada por nuestro país para el cumplimiento de los compromisos internacionales que se han asumido. Ahora bien, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por nuestro texto constitucional. Sin embargo, lo anterior no implica que el marco normativo reclamado sea inconstitucional, pues a consideración de la Segunda Sala, es posible realizar una interpretación conforme del mismo. Por tanto, es evidente que respecto a dicho tema ya existe un pronunciamiento por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la cuestión de fondo planteada por la quejosa, de ahí que los conceptos de violación hechos valer en contra de la norma reclamada, resultan ser inoperantes. Por tanto, ante la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que ve a los actos reclamados a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, aprobación, expedición promulgación y publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico, el artículo 115, párrafo noveno. OCTAVO. Por lo que ve a los actos reclamados al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a la causa de pedir, es fundado el concepto de violación en que se aduce vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, tal como a continuación se explica. Al respecto, cabe precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que a efecto de proceder al estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo cual tiene como propósito establecer que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental. Lo anterior, en razón que, por una parte, los artículos 108 y 175 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la referida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo. En esa tesitura, atendiendo a la causa de pedir, resulta fundado el concepto de violación en el cual se señala que la autoridad responsable Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera violó en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que llevó a cabo el congelamiento de las cuentas bancarias 00000467830 y 00000467829, de Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, y 70086454546, 70037209625 y 7962235010, de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex; sin fundar ni motivar la causa legal de tal proceder, ni ajustándose a las formalidades esenciales de procedimiento alguno, menos el previsto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sentado lo anterior, cabe precisar que, de las pruebas aportadas al juicio, se desprende que mediante oficio 110/F/B/3200/2020 signado por la Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dirigido al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dio a conocer la lista de personas bloqueadas derivado del Acuerdo 74/2020, emitido por el mencionado Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; asimismo, le solicitó se identificara a los clientes o usuarios que se encontraran en dicha lista y se suspendiera de inmediato la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con éstos, entre otros requerimientos. A su vez, del comunicado 110/F/B/3200/2020 se advierte que de conformidad con el Acuerdo 74/2020 en la lista de personas bloqueadas se encuentra el quejoso Claudia Varinia Pérez Pérez. Sobre el tema a dilucidar, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la jurisprudencia 2a./J. 46/2018 (10a.), estableció que en el supuesto de que el bloqueo de cuentas bancarias, realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución, pronunciamiento o solicitud de un organismo internacional, o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existirá transgresión al principio de seguridad jurídica Ello, al considerar que las medidas cautelares deben encontrarse referidas o vinculadas a determinados procedimientos jurisdiccionales o administrativos, justamente, debido a su carácter provisional y accesorio, cuyo objeto consiste en suplir interinamente la ausencia de una resolución definitiva en tales procedimientos. Así las cosas, estableció que para que una medida cautelar resulte válida en términos constitucionales, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento se implementa. Concluyó que la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico, esto es, el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país. Además, el Alto Tribunal precisó que dicha situación es armónica con el contenido del artículo 133 Constitucional, en el sentido de que los tratados internacionales celebrados por nuestro país y que estén de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán la Ley Suprema de la Unión, ante lo cual, la citada atribución de bloqueo de cuentas, justamente se enmarca como una medida implementada por nuestro país para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos. No obstante, en la ejecutoria en cuestión se determinó que la citada conclusión, consistente en que el citado artículo 115 es acorde con el principio de seguridad Jurídica, no se satisface cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto que, en estos supuestos, la medida cautelar no se impondría en relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastoca su validez constitucional. Por ello, la referida Sala del Máximo Tribunal, estimó que en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional y mediante una solicitud extranjera, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por el texto Constitucional. Lo anterior, estableció, no implica que el marco normativo reclamado sea inconstitucional, pues es posible realizar una interpretación conforme del mismo, ya que si bien, los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales nuestro País es parte implican la posibilidad de llevar a cabo un análisis de regularidad normativa, lo cierto es, que ello no debe conducir en todo momento a una declaración de invalidez de la disposición sometida a ese estudio, pues es factible llevar a cabo una interpretación que haga compatible el artículo con el texto Constitucional y con los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. Corolario a lo expuesto, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de ser acorde con el principio constitucional de seguridad jurídica, debe interpretarse de la siguiente manera: La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro País, a la luz de algún tratado internacional (verbigracia, para el cumplimiento de las resoluciones que en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva emite el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas). La citada atribución no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, pues en tales supuestos, el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resultaría contrario al principio de seguridad jurídica. Así quedó establecido por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, por cuanto que determinó que nuestro País ha asumido el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras, para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Las anteriores consideraciones, encuentran apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1270, de rubro y texto siguientes: "ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica.". Es preciso tener presente el contenido de los artículos 2, 14 y 15, fracción I, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 115, párrafos noveno y décimo primero, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como las disposiciones 1, 70, 71, 72 y 73 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigentes en la fecha de emisión del acuerdo reclamado, que establecen: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. "Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. "Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta Sección." "Artículo 15. Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en las que participan, tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que especialmente las regulan, las siguientes obligaciones: I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; Ley de Instituciones de Crédito. "Artículo 115. En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico. Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas. Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. "1ª.- Las presentes Disposiciones tienen por objeto establecer, conforme a lo previsto por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por una parte, las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de crédito están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código y, por la otra parte, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas instituciones deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis citados, así como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de estas Disposiciones. Las instituciones de crédito estarán obligadas a cumplir con las presentes Disposiciones únicamente respecto de aquellos productos o servicios que ofrezcan a sus clientes o usuarios, salvo que se establezca lo contrario. Los requisitos previstos en estas Disposiciones serán aplicables a todo tipo de cuentas abiertas por las Entidades y contratos celebrados por ellas para la realización de las Operaciones, independientemente de que abran dichas cuentas o celebren dichos contratos directamente o a través de comisionistas facultados para celebrar Operaciones a nombre y por cuenta de las propias Entidades, incluyendo los numerados y cifrados." "70ª.- La Secretaría pondrá a disposición de las Entidades, a través de la Comisión, la Lista de Personas Bloqueadas y sus actualizaciones. Las Entidades deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los Clientes o Usuarios que se encuentren dentro de la Lista de las Personas Bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas Operaciones que hayan realizado, realicen o que pretendan realizar. Dichos mecanismos deberán estar previstos en el Manual de Cumplimiento de la propia Entidad. Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, no se considerarán como Usuarios a las personas que realicen o pretendan realizar los actos u Operaciones siguientes: Cobro de cheques emitidos con cargo a cuenta corriente en sucursales de la Entidad librada, cuando el beneficiario o tenedor sea distinto al titular de dicha cuenta, y Recepción de recursos provenientes de la dispersión de fondos derivados de la aplicación de programas gubernamentales de apoyo. "71ª.- La Secretaría podrá introducir en la Lista de Personas Bloqueadas a las personas, bajo los siguientes parámetros: Aquellas que se encuentren dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sucesivas, y 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las organizaciones internacionales; Aquellas que den a conocer autoridades extranjeras, organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales y que sean determinadas por la Secretaría en términos de los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano con dichas autoridades, organismos o agrupaciones, o en términos de los convenios celebrados por la propia Secretaría; Aquellas que den a conocer las autoridades nacionales competentes por tener indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos señalados, previstos en el Código Penal Federal; Aquellas que estén compurgando sentencia por los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal; Aquellas que las autoridades nacionales competentes determinen que hayan realizado o realicen actividades que formen parte, auxilien, o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal, y Aquellas que omitan proporcionar información o datos, la encubran o impidan conocer el origen, localización, destino o propiedad de recursos, derechos o bienes que provengan de delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el Código Penal Federal o los relacionados con éstos." "72ª.- En caso de que la Entidad identifique que dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, se encuentra el nombre de alguno de sus Clientes o Usuarios, deberá tomar las siguientes medidas: I. Suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, Operación o servicio relacionado con el Cliente o Usuario identificado en la Lista de Personas Bloqueadas, y II. Remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de que conozca dicha información, un reporte de Operación Inusual, en términos de la 41ª de las presentes Disposiciones en el que, en la columna de descripción de la Operación se deberá insertar la leyenda "Lista de Personas Bloqueadas". Las Entidades que en términos de la presente Disposición hayan suspendido los actos, Operaciones o servicios con sus Clientes o Usuarios, de manera inmediata deberán hacer de su conocimiento dicha situación por escrito o a través de medios digitales, en el que se deberá informar a dichos Clientes y Usuarios los fundamentos y la causa o causas de dicha inclusión, así como que, dentro de los diez días hábiles siguientes al día de la recepción del citado escrito, podrán acudir ante la autoridad competente para efectos de la 73ª de las presentes Disposiciones." "73ª.- Las personas que hayan sido incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría conforme a lo siguiente: Se otorgará audiencia al interesado para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de que tenga conocimiento de la suspensión a que se refiere la Disposición 72ª anterior, manifieste por escrito lo que a su interés convenga, aporte elementos de prueba y formule alegatos. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se presente el interesado en términos de la fracción I anterior, emitirá resolución por la cual funde y motive su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma, debiendo notificarla por oficio al interesado dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes al de su emisión." De las disposiciones transcritas se obtiene lo siguiente: La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su funcionamiento. Los actos y operaciones de las instituciones financieras se consideran actividades vulnerables; por ende, esas instituciones están obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos del capítulo II del título vigésimo tercero del Código Penal Federal, así como identificar a sus clientes y usuarios de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito prevé que las instituciones de crédito deberán suspender en forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos u omisiones que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 115, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, es decir, establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en las hipótesis del diverso 400 de dicho código. Las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de crédito están obligadas a observar para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos del Código Penal Federal señalados en el párrafo que antecede. Asimismo, su objeto es definir los términos y modalidades conforme a los cuales las instituciones de crédito deben presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a las hipótesis establecidas en los mencionados artículos del Código Penal Federal, así como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados, apoderados, que pudiesen ubicarse en esas hipótesis o contravenir o vulnerar la aplicación de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pondrá a disposición de las instituciones de crédito, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la lista de personas bloqueadas y sus actualizaciones. Las instituciones de crédito deberán adoptar e implementar mecanismos que permitan identificar a los clientes o usuarios que se encuentren dentro de la lista de las personas bloqueadas, así como cualquier tercero que actúe en nombre o por cuenta de los mismos, y aquellas operaciones que hayan realizado, realicen o pretendan realizar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá introducir en la lista de personas bloqueadas a las personas en los supuestos que expresamente se prevén. En caso de que la institución de crédito identifique dentro de esa lista el nombre de alguno de sus clientes o usuarios, deberá tomar las siguientes medidas: - Suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con el cliente o usuario identificado en la lista de personas bloqueadas; y - Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un reporte de operación inusual. Las instituciones de crédito que hayan suspendido los actos, operaciones o servicios con sus clientes o usuarios deberán informar la situación por escrito, haciendo saber a los clientes o usuarios los fundamentos y las causas de la inclusión y avisarles que dentro del plazo de diez días pueden acudir ante la autoridad competente. Finalmente, las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas podrán hacer valer sus derechos ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en los términos siguientes: Se otorgará audiencia al interesado para que, dentro del plazo de diez días contados a partir de que tenga conocimiento de la suspensión, exponga por escrito lo que a su interés convenga y aporte medios de prueba. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera podrá ampliar por una sola ocasión el citado plazo; y El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro del plazo de diez días hábiles, emitirá resolución en la que funde y motive su inclusión en la lista de personas bloqueadas y si procede o no su eliminación. Conforme a este marco normativo, se tiene que en el caso, en el acuerdo 74/2020 del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyó en la lista de personas bloqueadas (en lo relevante al asunto) a Claudia Varinia Pérez Pérez, lo cual, sostuvo, constituye una medida de tipo cautelar dictada como un mecanismo de prevención a la probable comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero; ilícito previsto y sancionado en los artículos 139 quárter y 400 bis del Código Penal Federal. Con base en ello, instruyó poner a disposición de las entidades financieras, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nombre de las personas que fueron incluidas en la referida lista de personas bloqueadas, a efecto de que procedieran a suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios, imposibilitando tanto el abrir nuevas cuentas, como la cancelación de las vigentes, e impidiéndoles la disposición de los recursos que estas últimas contuvieran, incluyendo los casos en que las personas designadas aparecieran como titular, cotitular, firmante y/o autorizado, fideicomitente, representante legal y/o apoderado. Además, la citada autoridad responsable agregó que el acuerdo 74/2020, constituye una medida producto del trabajo conjunto de acotación y cooperación internacional, que busca la detección y prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Código Penal Federal, que sea probable su actualización dentro del sistema financiero nacional. También sostuvo que la medida encuentra su fundamento en los artículos 70ª, 71ª, 72ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; así como en los numerales 2 y 6 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; y que constituye la única posibilidad jurídica de evitar que las cuentas bancarias de la parte quejosa siguieran utilizándose presumiblemente para concretar conductas ilícitas. Todo lo cual, fue justificado con el propio acuerdo que la autoridad responsable ofreció como prueba, misma que es merecedora de plena eficacia probatoria, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo el anotado contexto, se colige que el motivo que generó el bloqueo de las cuentas bancarias de la parte quejosa, tiene un origen estrictamente nacional, ya que, no se advierte ningún elemento del cual se pueda desprender que el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se haya realizado para el cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por el Estado Mexicano, esto es, a petición de alguna autoridad extranjera, pues si bien es cierto, la responsable aludió que existe un acuerdo de cooperación con diversa agencia de investigación de Estados Unidos de América, también es verdad, que en el mismo no se contiene solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas y, por ende, no se advierte alguna petición en ese sentido, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole, acorde a un tratado bilateral o multilateral. Ahora bien, de las pruebas aportadas al juicio, se advierte copia certificada del oficio de veintiuno de mayo de dos mil veinte, mismo que al margen superior cuenta con la leyenda "Embassy of the United States of America", signado por el Gerente Regional Adjunto Suplente de la DEA. Dicho documento es del tenor literal siguiente: "Embassy of the United States of America Ciudad de México a 21 de Mayo de 2020 MX-20-0120 De lo anterior, se advierte que el Director Regional Adjunto Suplente de la DEA, solicitó a Santiago Nieto Castillo, en su carácter de Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asistencia internacional para obtener siguiente información en apoyo a una investigación conjunta sobre lavado de activos, la cual se encuentra presumiblemente relacionada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y, que dicha investigación estaría relacionada con el operativo del Gobierno de México "Operación Agave Azul" y "Operración Python" llevada a cabo por las oficinas de la DEA, sin que ello se traduzca en una solicitud expresa de bloquear cuentas del aquí quejoso, ya que lo deja a criterio del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por tanto, se concluye que el bloqueo de cuentas bancarias reclamado no tiene sustento constitucional, pues tal medida cautelar determinada por la autoridad responsable, no fue impuesta al quejoso en relación o con base procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, lo cual vulnera el principio de seguridad jurídica; máxime que el procedimiento que motivó la medida cautelar en cuestión fue genérico, pues derivó de la revisión oficiosa de los contenido de sus propias bases de datos, esto es, con la información con la que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, sin que estuviera precedida de un procedimiento en que se respetara dicha especificidad y cuya investigación motivara dicha medida. No representa obstáculo jurídico para la conclusión anotada, la mención relativa a que en el acuerdo 74/2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera, su creación es con la finalidad de dar cumplimiento a los diferentes tratados internacionales en los que México es parte, como es el caso de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [o Convención de Palermo] y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción [conocida como Convención de Mérida]; tampoco el que haya hecho referencia a que desde el año dos mil, México es miembro del Grupo de Acción Financiera, organismo intergubernamental que dicta los estándares internacionales relacionados con la prevención y el combate al Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción en Masa, y que por ello nuestro País se encuentra comprometido a implementar de manera efectiva las Recomendaciones de dicho Organismo, a través de los medios legales que se dispongan para tal efecto, como son las atribuciones de esa Unidad Administrativa, a fin de prevenir y combatir a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de donde se desprende tanto el lavado de dinero, como el financiamiento al terrorismo y, por ende, la forma en que este puede ser operado. Puesto que, no se demostró que, acorde a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria a que se hizo alusión, los actos impugnados deriven de una solicitud extranjera con motivo de la observancia de dichas normatividades, para identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, de ahí que sea evidente la trasgresión al principio de seguridad jurídica en los términos puntualizados. En consecuencia, al resultar fundado el planteamiento sobre seguridad jurídica hecho valer, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a CLAUDIA VARINIA PÉREZ PÉREZ. El efecto, la protección constitucional otorgada será para que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera deje de vincular a CLAUDIA VARINIA PÉREZ PÉREZ, y, por ende, se liberen las cuentas bancarias -, de Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más, así como las diversas 70086454546, 70037209625 y 7962235010, de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, a fin de que pueda disponer de sus fondos, siempre que no exista alguna otra causa, procedimiento o instancia diversa a las aquí examinadas, que impida hacer uso de los fondos contenidos en las mencionadas cuentas. Sin que las autoridades responsables tengan la obligación de dejar sin efectos el acuerdo 74/2020, y oficio 110/F/B/3200/2020, pues no sería factible, ya que abarcan a otras personas distintas de la quejosa, que, por lo mismo, no pueden verse beneficiadas, atendiendo al principio de relatividad de las sentencias de amparo. Del mismo modo, se aclara que este fallo no impide a la autoridad que corresponda ejercer sus facultades investigadoras de conductas ilícitas, por lo que el amparo concedido no constituye un impedimento para que el fiscal respectivo persiga los delitos que considere pertinentes. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más y Banco Nacional de México, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. En consecuencia, resulta innecesario ocuparse del resto de los conceptos de violación, toda vez que en nada variaría el sentido del fallo constitucional, en tanto que la parte quejosa, no puede obtener mayores beneficios que los ya obtenidos. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Claudia Varinia Pérez Pérez, contra actos del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Presidente, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente de Supervisión de Procedimientos Preventivos, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "A", Director General de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita "B", Director General de Atención a Autoridades y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como del Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales y de la Directora General Adjunta adscrita por oficio de Encomienda a la Dirección General de Procesos Legales, ambos de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Claudia Varinia Pérez Pérez, contra de los actos atribuidos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Claudia Varinia Pérez Pérez, contra de los actos atribuidos al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve Por Más y Banco Nacional de México, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, por las razones, fundamentos y para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  2. Principal

    se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Ahora bien, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Finalmente, con las documentales remitidas por la responsable, y para el mejor manejo de las mismas se ordena formar un cuaderno de pruebas.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Presidente de la Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco , mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada del auto de quince de julio de dos mil veintiuno, por el cual se certificó que no existen pruebas pendiente por desahogar en el juicio laboral 75/2016 y se otorgó un plazo de dos días a las partes para que formulen alegatos; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y

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