Alexis de Jesús Reza López
Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/05/2023
Partes del expediente
- Alexis de Jesús Reza López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo el veintiocho de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a la autoridad responsable el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscriben el Presidente y la Secretaria de Acuerdos, ambos adscritos a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Atento a su contenido, de conformidad con el artículos 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido.
- Principal
V I S T O S, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1040/2019, promovido por, contra actos del Juez Cuarto de lo Mercantil en el Estado de Jalisco y otra autoridad, a fin de resolver respecto del incidente de reclamación de daños y perjuicios promovido por, por su propio derecho yo, en su carácter de **, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario, en su carácter de terceros interesados; y R E S U L T A N D O PRIMERO. por propio derecho, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovió juicio de amparo indirecto contra el Juez Cuarto de lo Mercantil en el Estado de Jalisco y otra autoridad, por los actos que a continuación se precisan: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la autoridad responsable el auto de fecha 17 de Abril del año en curso, donde desecha el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación de la sentencia dictada el 9 de noviembre del 2018 y publicada el 12 de noviembre del mismo año, ya que la misma sentencia debió notificarse en forma personal conforme a los criterios Jurisprudenciales y lo establecido por los artículos 1068, 1245, 1349 del Código de Comercio en vigor y su correlativo del Código de Procedimientos Civiles del Estado el 109, fracción VI.". SEGUNDO. Admitida la demanda de amparo de que se trata, en proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se inició el incidente de suspensión en que se actúa; se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe previo respectivo; se citó a las partes a la audiencia incidental; en la que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados; seguido el trámite legal del presente incidente, el veinticuatro de mayo siguiente, se celebró la audiencia incidental conforme al artículo 144 de la Ley de Amparo, donde al pronunciarse la resolución respectiva, se concedió la suspensión definitiva a la parte agraviada, exhibiendo ésta la garantía que le fue exigida, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar al tercero interesado. TERCERO. Una vez que causó ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio principal, en la que se sobreseyó en el juicio, se ordenó dar cuenta en los cuadernos incidentales que nos ocupa y, en consecuencia, se ordenó el archivo de los mismos; en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo a los terceros interesados, por su propio derecho y , en su carácter de Delegado Fiduciario de , Sociedad Anónima de Capital Variable, , Departamento Fiduciario, interponiendo incidente de daños y perjuicios; se dio vista a la quejosa para que alegara lo que a su derecho conviniera; además, en auto de veintiuno de septiembre de dos mi veinte, donde se ordenó emplazar y notificar a la Afianzadora Dorama, Institución de Garantías, Sociedad Anónima, al presente incidente de suspensión en que se actúa para que alegara y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes, en términos de lo establecidos en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo; y, finalmente, seguido el trámite legal de este incidente, se celebró la audiencia incidental a que se refiere el numeral 67, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para resolver el presente incidente en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67 y 156 de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Asimismo, el incidente se presentó dentro de los seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el toca de revisión principal, que confirmó la sentencia dictada en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia y sobreseyó en el juicio; auto que fue notificado a la tercera interesada, hoy actora incidentista, el diecinueve de febrero de dos mil veinte, por lista y dicha notificación surtió efectos el veinte de ese mes y año, y la citada tercera interesada, presentó su incidente el diez de agosto de dos mil veinte, como se observa del sello que presenta de la Oficialía de Partes de este Juzgado, en el registrado 8102. TERCERO. , por su propio derecho y, en su carácter de Delegado Fiduciario de , Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario, tienen legitimación para promover el presente incidente de daños y perjuicios, en virtud de que comparecieron en su carácter de terceros interesados en el juicio de amparo del cual deriva la incidencia que se resuelve, en términos del acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, así como en el presente incidente, trece de septiembre siguiente. CUARTO. La parte tercera interesada, por su propio derecho y , en su carácter de Delegado Fiduciario de , Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario, reclaman en esta incidencia el pago de daños y perjuicios derivados del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en la substanciación de este juicio de garantías. Funda el actor, la procedencia de su incidente, en los hechos que a continuación se transcriben: "PRIMERO.- CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA.- En esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco el día 22 veintidós de agosto del año 2013 dos mil trece, mediante la Escritura Pública Número 39,174 treinta y nueve mil ciento treinta y cuatro, pasada ante la fe del Lic. Felipe Torres Pacheco, Notario Público número 11 once de Guadalajara, Jalisco, el señor en su carácter de FIDEICOMITENTE y el señor en su carácter de FIDEICOMISARIO celebraron con mi Representada la Sociedad denominada , S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., DEPARTAMENTO FIDUCIARIO en su carácter de FIDUCIARIA un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía, en virtud del cual el FIDEICOMITENTE transmitió en propiedad fiduciaria el bien inmueble materia del fideicomiso a efecto de garantizar el pago del pagare suscrito par el propio FIDEICOMITENTE a favor del FIDEICOMISARIO, el cual es valioso por la cantidad de $ y demás consecuencias derivadas de dicho documento y de las que se desprenden del propio Contrato de Fideicomiso. SEGUNDO.- PARTES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.- En las cláusulas primera y segunda del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía que se indica en el punto de hechos anterior se establecida que eran partes del Fideicomiso las siguientes: a) FIDUCIARIA: La Institución Financiera denominada , S.A. DE C.V. SOFOM actualmente E S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. b) FIDEICOMITENTE: EL señor que a su vez es la parte deudora del pagaré. c) FIDEICOMISARIO: El señor quien es el titular del pagaré. TERCERO.- FINES DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.- En la cláusula tercera del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía fundatorio de la acción se establecieron los fines del Fideicomiso. CUARTO.- BIEN INMUEBLE OTORGADO EN GARANTÍA FIDUCIARIA.- En virtud del Contrato de Fideicomiso fundatorio de la acción el FIDEICOMITENTE señor transmitió en propiedad fiduciaria a , S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. para los fines establecidos en el propio Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía fundatorio de la acción, el bien inmueble que se describió en la Declaración I del propio contrato, siendo este el siguiente: "--- INMUEBLE OBJETO DE LA OPERACION.- Declara "EL FIDEICOMITENTE" el señor que es legítimo propietario del siguiente inmueble en lo sucesivo denominado como el inmuebl: QUINTO.- CONVENIO DE ENAJENACIÓN EXTRAJUDICIAL.- De igual manera, en la Cláusula Cuarta y en la Sección Especial del Contrato las partes establecieron un Convenio de Enajenación Extrajudicial del bien inmueble fideicomitido, para el caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el FIDEICOMITENTE. SEXTO.- DEPOSITARIO Y POSESIÓN.- En la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía fundatorio de la acción se estableció que el Fideicomitente quedaba coma depositario del bien inmueble materia del fideicomiso. SEPTIMO.- SOLICITUD DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.- El día 25 veinticinco de abril del año 2016 dos mil dieciséis el FIDEICOMISARIO señor presentó a la Institución Fiduciaria S.A. DE CV. SOFOM, E.N.R. formal solicitud de ejecución del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía de fecha 22 veintidós de agosto del año 2013 dos mil trece, formalizado bajo la Escritura Pública Número OCTAVO.- SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL FIDEICOMITENTE DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO, SE LE REQUIRIÓ DE PAGO Y SE LE SOLICITÓ LA ENTREGA DE LA POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE MATERIA DEL FIDEICOMISO CON LOS APERCIBIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROPIO CONTRATO DE FIDEICOMISO.- El día 11 once de mayo del año 2016 dos mil dieciséis la Institución Fiduciaria S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. por conducto del Delegado Fiduciario entregó, en el domicilio del FIDEICOMITENTE, que es el del bien objeto de la garantía fiduciaria, la carta de fecha 27 veintisiete de abril del año 2016 dos mil dieciséis, mediante la cual, se le hace saber PERSONALMENTE al Fideicomitente señor del inicio de la ejecución del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía fundatorio de la acción, así mismo, se le requirió de pago y por la entrega de la posesión del bien inmueble fideicomitido y se le apercibió, haciéndole saber que tenía el termino de 5 cinco días a partir de que recibió la referida comunicación para que entregue la posesión material del patrimonio fideicomitido, y pudiendo oponerse a la enajenación exhibiendo como requisito indispensable el importe del adeudo o acredite fehacientemente con documento el cumplimiento de las obligaciones a su cargo precisadas en la solicitud del FIDEICOMISARIO o presente el documento que compruebe en forma indubitable la prórroga del plazo o la novación de la o las obligaciones en su caso, apercibiéndole que de no hacerlo se Elevaría a cabo la enajenación extrajudicial del patrimonio fideicomitido en los términos y condiciones que en el propio Contrato de Fideicomiso se establecieron, lo anterior con los apercibimientos establecidos en el propio Contrato de Fideicomiso fundatorio de la acción. NOVENO.- AVALÚO.- Dado que el FIDEICOMITENTE fue omiso en cumplir con las obligaciones a su cargo en el término de los 5 cinco días que se indican en el propio Contrato de Fideicomiso y al no haber acreditado en dicho plazo haber dado cabal cumplimiento con las obligaciones a su cargo ni haber acreditado la novación o prórroga del plazo, se inició la enajenación extrajudicial del patrimonio fideicomitido, por lo que fue necesario valuar el bien inmueble materia del Fideicomiso, lo anterior en términos de lo establecido en la cláusula cuarta inciso 4.- del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía fundatorio de la acción. DÉCIMO.- AUDIENCIA REMATE.- De conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta incisos 5.-, 6. 7.-, 8.-, 12.- y 14.- del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía fundatorio de la acción se procedió al remate en primera almoneda del bien inmueble fideicomitido, para lo cual el día 09 nueve de junio del año 2016 dos mil dieciséis se publicó el Edicto respectivo en el periódico Mural, estableciéndose como hora y fecha de remate las 11:00 once horas del día 05 cinco de julio del año 2016 dos mil dieciséis. En este mismo orden de ideas, se obtuvo certificado de gravámenes del bien inmueble fideicomitido, del cual se desprende que dicho bien se encuentra libre de todo gravamen y que el mismo se encontraba registrado en propiedad fiduciaria a favor de S.A. DE CV. SOFOM, E.N.R. El día del remate el primero de los comparecientes presente formal postura para adquirir el bien inmueble fideicomitido. A las 11:00 once horas del día 05 cinco de julio del año 2016 dos mil dieciséis tuvo verificativo el desahogo de la audiencia de remate en primera almoneda del bien inmueble fideicomitido, habiéndose adjudicado el bien inmueble materia del fideicomiso el señor en la cantidad de $, lo cual consta en la certificación de hechos del Acta Número 1166 mil ciento sesenta y seis levantada por el Lic. Digo Torres Soule, Corredor Público Número 70 setenta de la Plaza de Jalisco, mediante la cual se dio fe del remate respectivo. DECIMO PRIMERO.- ESCRITURACIÓN.- En virtud del remate del bien inmueble fideicomitido el día 29 veintinueve de agosto del año 2016 dos mil dieciséis, la Institución Fiduciaria, S.A. DE CV. SOFOM, E.N.R., escritura el bien inmueble materia del fideicomiso fundatorio de la acción a favor del Fideicomisario y adjudicatario en este caso, a favor del primero de los comparecientes habiéndose formalizado dicho acto jurídico en la Escritura Pública Número DECIMO SEGUNDO.- SE PRESENTO FORMAL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE ENTREGA DE POSESION DEL BIEN INMUEBLE OTORGADO EN GARANTIA FIDUCIARIA EN CONTRA DEL SENOR O DE CUALQUIER POSEEDOR DEL BIEN INMUEBLE FIDEICOMITIDO.- Es el caso, que el primero de los comparecientes señor por mi propio derecho y el siguiente compareciente en mi carácter de Delegado Fiduciario de la Tercero Interesada denominada S.A. DE C.V., SOFOM ENR, DEPARTAMENTO FIDUCIARIO presentamos formal procedimiento judicial de entrega de posesión del bien inmueble fideicomitido en contra del señor o de cualquier otro poseedor del mismo, siendo que de dicho procedimiento le correspondió conocer al C. Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, bajo Expediente Número DECIMO TERCERO.- SE DICTA SENTENCIA, CAUSA ESTADO Y SE ORDENA ENTREGA DEL INMUEBLE, LA QUEJOSA OBTIENE SUSPENSION.- Seguido que fue todo el procedimiento indicado en el punto anterior, el día 09 de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho, el C. Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco dictó sentencia declarando procedente la acción ejercitada por los suscritos comparecientes y ordenando el lanzamiento del bien inmueble a la parte Fideicomitente, dicha resolución cause estado el día 07 siete de febrero del año 2019 dos mil diecinueve y se concedió a la otra parte Quejosa el termino de Ley para que diera cumplimiento a la sentencia en forma voluntaria, caso contrario se procedería al lanzamiento del inmueble, siendo el caso, que la parte Quejosa promovió un incidente de nulidad de actuaciones, el cual le fue desechado por auto de fecha 17 diecisiete de abril del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que mi Representada solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento que le fue formulado a la contraparte, y se ordenara el lanzamiento del inmueble respectivo, pero dicha solicitud fue negada en virtud de que la parte Quejosa promovió su demanda de garantías y le fue otorgada la suspensión del acto reclamado. DÉCIMO CUARTO.- La parte Quejosa en contra del auto de fecha 17 diecisiete de abril del año 2019 dos mil diecinueve promovió el juicio que nos trata, del cual correspondió conocer a este H. Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo, bajo el número 1040/2019. DÉCIMO QUINTO.- El día 24 veinticuatro de mayo del año 2019 dos mil diecinueve este H. Juzgado de Distrito dicta sentencia incidental en la que concedió la suspensión definitiva solicitada por el Quejoso DÉCIMO SEXTO.- Seguido que fue el Juicio de Amparo en todas sus etapas se sobreseyó el juicio de Amparo peticionado por la parte Quejosa. DÉCIMO SÉPTIMO.- No conforme el Quejoso con la sentencia que resolvió el juicio de garantías respectivo interpuso Recurso de Revisión del cual correspondió conocer al H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito bajo la Revisión Número 338/2019. DÉCIMO OCTAVO.- El H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el día 23 veintitrés de enero del año 2020 dos mil veinte, dictó sentencia confirmando el sobreseimiento del juicio de garantías promovido por la parte Quejosa, sentencia la cual fue publicada el día 10 diez de febrero del presente año. DÉCIMO NOVENO.- DAÑOS.- Es el caso, que a partir del 24 veinticuatro de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, cuando este H. Juzgado de Distrito dictó la sentencia de la suspensión definitiva y hasta el día 10 diez de febrero del año 2020 dos mil veinte, cuando se publicó por el H. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la Revisión Principal número, la sentencia mediante la cual resolvió en definitiva el presente amparo sobreseyendo el mismo, los suscritos comparecientes y este último en mi carácter de Delegado Fiduciario de la Tercero Interesada denominada S.A. DE C.V., SOFOM ENR, DEPARTAMENTO FIDUCIARIO no estuvimos en aptitud de ejecutar el Acto Reclamado, dada la suspensión definitiva otorgada por este H. Juzgado de Distrito, por lo que se nos ocasionaron daños valiosos al menos por la cantidad de $63,393.33 (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) al no poder obtener la posesión del bien inmueble otorgado en garantía fiduciaria en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía formalizado bajo la Escritura Pública Número ** Sección en el municipio de Zapopan, Jalisco, esto, por todo el tiempo que surtió efectos la suspensión, pues de no haberse otorgado la suspensión, los suscritos pudimos haber obtenido la posesión del inmueble materia del fideicomiso y disponer del uso y, goce de dicho bien, siendo que dicho uso y goce del bien, puede cuantificarse legalmente en el monto de la renta que dicho bien puede rentarse, esto es en al menos la cantidad de $7 mensuales, incluidas deducciones, que es el señalado por el perito en el avalúo que sirvió para rematar el bien inmueble materia de la litis, que obra en autos al haber sido acompañado por la Autoridad señalada como Responsable y que además se acreditara en la etapa oportuna con el dictamen pericial correspondiente". Además, con la finalidad de acreditar los extremos de sus pretensiones, ofreció la prueba instrumental de actuaciones, las documentales públicas consistentes en todo lo actuado tanto en el presente juicio como en el diverso de origen; la documental privada consistente en la copia certificada de un avalúo; así como la prueba pericial en valorativa de rentas de bienes inmuebles, mismas que se desahogó por el perito designado por su parte, Ingeniero Noe Sánchez Gómez, así como el perito oficial Octavio Castañeda Ramírez. Ahora bien, los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, textualmente dicen: "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos". "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." De los preceptos legales, se advierte como requisitos de procedibilidad del incidente de daños y perjuicios ocasionados por suspensión del acto reclamado, los siguientes: 1. Que se haya otorgado la suspensión del acto reclamado; 2. Que se haya exhibido garantía para garantizar los daños y perjuicios al tercero interesado; 3. Que en el juicio de garantías se haya sobreseído o negado el amparo; 4. Que se haya presentado la reclamación dentro de los seis meses al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo. 5. Acreditar los daños y perjuicios que reclame. El primero de los requisitos se encuentra colmado con las constancias que obran en autos, de las que se advierte que el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa, la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encontraban, esto es, para el efecto de que no se ejecutara la resolución dictada en el procedimiento especial judicial de ejecución de fideicomiso en garantía número 2536/2016, del índice de la responsable, hasta en tanto se resolviera sobre el fondo del juicio en lo principal. El segundo, aparece acreditado con la póliza de fianza con número de folio expedido por Dorama, Institución de Garantías, Sociedad Anónima, que fue exhibida por el quejoso, mediante escrito registrado con el folio el once de octubre de dos mil diecinueve, que se encuentra resguardado en la caja de valores de este juzgado de Distrito. Por cuanto hace al tercero de los requisitos, existe en el sumario del que deriva el presente incidente, la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo Además, dicho fallo fue confirmado por resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Tercer Circuito, en el toca de revisión principal El cuarto de los requisitos, se encuentra cumplido, toda vez que como se advierte de lo expuesto con antelación, la reclamación fue presentada dentro de los seis meses siguientes al día en que surtió efectos la notificación del auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, por el que se hizo del conocimiento de las partes la resolución que en definitiva puso fin al juicio. En relación con el último de los requisitos, debe precisarse que los daños y perjuicios deben ser una consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en un juicio de garantías, atenta la interpretación del artículo 156 de la Ley de Amparo; pueden ser reclamados por la parte tercera interesada cuando se ha negado el amparo o se ha decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, de los antecedentes relativos al juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de daños y perjuicios, destaca lo siguiente: I. Tramitado que fue el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asentó en el acta respectiva. II. Por sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se resolvió en definitiva el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, en la que, en lo conducente, se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por, contra los actos del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial y Secretario Ejecutor del mismo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia." III. En contra de tal determinación, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y se registró bajo el toca de revisión principal de su índice, fallo que fue confirmado por resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte. QUINTO. Los terceros interesados, en su carácter de Delegado Fiduciario de Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario, hoy actores incidentistas, señalan que con motivo de la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, causo daños valiosos por la cantidad de $ al no haber podido obtener la posesión del bien inmueble materia de la litis por todo el tiempo que estuvo vigente la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa. Explica, que la parte fideicomitente (hoy quejoso) estaba obligado a devolver el bien inmueble conforme al contrato de fideicomiso pero no lo devolvió (con lo cual se demuestra el incumplimiento en el plazo de entrega del inmueble), por lo que fue necesario exigir esa entrega judicialmente, por lo que en el procedimiento respectivo la autoridad señalada como responsable el día nueve de noviembre del dos mil dieciocho, dictó sentencia en donde ordenó la devolución del inmueble, la cual, por auto de siete de febrero del dos mil diecinueve, causó estado y se previno a la parte quejosa en el juicio de origen, para que entregara voluntariamente dicho inmueble o se procedería a la ejecución forzosa respectiva (lo cual vuelve a demostrar el incumplimiento en el plazo de entrega del bien inmueble), sin embargo, de nueva cuenta la parte quejosa fue omisa en realizar dicha entrega, sino por el contrario en vez de entregar el inmueble promovió un incidente de nulidad de actuaciones que le fue negado y posteriormente promovió el amparo indirecto que nos trata, en donde solicitó la suspensión de los actos reclamados, por lo que seguido que fue el juicio de garantías por todas sus etapas procesales y al haber resultado improcedente el mismo, es indudable que se generaron daños a los terceros por no haber podido disponer del bien inmueble fideicomitido por todo el tiempo que surtió efectos la suspensión otorgada a la parte quejosa, lo cual se refiere a un menoscabo patrimonial por haberlos privados del uso y goce de dicho bien, siendo que el menoscabo sufrido, es no poder usar y gozar el bien inmueble respectivo, habida cuenta que, sostienen los terceros, puede evaluarse de acuerdo al monto de la renta en que pudo haberse rentado dicho bien inmueble, pues la renta del inmueble, es un parámetro perfecto y exacto en cuanto al menoscabo sufrido por no poderse usar y gozar el inmueble respectivo, esto, en virtud, de que el contrato de arrendamiento es el contrato en virtud del cual, una persona llamada arrendador permite a otra llamada arrendatario el uso y goce de un bien, por un precio cierto, entonces, es claro e indudable, que la figura del arrendamiento, es un parámetro justo y exacto, para determinar precisamente el menoscabo sufrido por no poder usar y gozar del bien inmueble de la litis, por el tiempo que surtió efectos la suspensión. Asimismo, en cuanto a los perjuicios sufridos refieren a la privación de cualquier ganancia licita que debieron de haberse obtenido por el cumplimiento de la obligación, entonces, acorde al punto anterior, se ocasionaron a los actores incidentistas daños al menos por la cantidad de $ por no haber podido usar y gozar el bien inmueble respectivo, ahora bien, dicho monto debe de servir también como base para cuantificar los perjuicios ocasionados por la quejosa, dada la privación de las ganancia licita que el monto de los daños pudo haber generado, es decir, los perjuicios equivalen al rendimiento que durante el tiempo que surtió efectos la suspensión otorgada a la parte quejosa, produciría al monto de los daños, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, lo cual, se satisface con la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación, por lo que, en la especie, para cuantificar el monto de los perjuicios ocasionados se debe de aplicar la referida tasa al monto de los daños, concluyendo que respecto a este tópico el monto al que concluyó según las operaciones aritméticas que formuló en su escrito de interposición del presente incidente, lo es la cantidad de $ Así, para demostrar la existencia de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la concesión de la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa, ofreció entre otras, la prueba instrumental de actuaciones, las documentales públicas consistentes en todo lo actuado tanto en el presente juicio, como en el diverso de origen; la documental privada consistente en la copia certificada de un avalúo que obra en autos; así como la prueba pericial en valorativa de rentas de bienes inmuebles, misma que se desahogó por el perito designado por su parte, Ingeniero Noe Sánchez Gómez, así como el perito oficial Octavio Castañeda Ramírez. Documentos que al no haber sido objetados, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así también, para resolver el presente incidente deberá tomarse en consideración los dictámenes periciales emitidos por el perito ofrecido por los terceros interesados y el oficial, en los términos que a continuación se exponen. En ese orden de ideas, procede a valorar los dictámenes periciales exhibidos en autos por los expertos Ingeniero Noe Sánchez Gómez, así como el perito oficial Octavio Castañeda Ramírez. Para ello, se debe atender lo que establece el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 del último ordenamiento, que establece: "Artículo 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del Tribunal." Del precepto transcrito, se evidencia que la prueba pericial debe ser valorada por este órgano jurisdiccional conforme al libre arbitrio. En ese orden de ideas, debe destacarse que los dictámenes periciales deben ser valorados atendiendo a los criterios siguientes: La idoneidad de la prueba; 2. La lógica de los razonamientos expuestos en sus dictámenes; 3. Que los razonamientos vertidos estén apoyados en documentos que corroboren sus asertos y tengan eficacia acreditativa; y, 4. Que las opiniones contenidas en los dictámenes, se refieran a cuestiones propias de su especialidad, en el entendido de que la falta de alguno de ellos, es suficiente para restarle valor probatorio, pues los dictámenes periciales no son verdades irrefutables, sino que su objetivo, es ilustrar al juzgador en aspectos del debate respecto de los cuales no se tienen los conocimientos técnicos o científicos suficientes para resolverlos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 254, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Tomo II, Sexta Época del Apéndice de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: Cabe precisar, que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada por persona o personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual, se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento, respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o comprensión escapa a las aptitudes del común de la gente. Luego, el peritaje cumple con una doble función, que es por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar convicción en el Juez sobre tales hechos, e ilustrarlo, con el fin de que comprenda su complejidad y pueda apreciarlos objetivamente. Por ello, su valor probatorio radica en que el perito sea veraz y acertado, además que se advierta, que haya estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, haya realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso, con eficacia y haya emitido su conclusión sobre tales percepciones, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada y fundada. Esto es, el valor probatorio del dictamen profesional, depende de si está debidamente fundado y motivado así como la claridad en las conclusiones, su firmeza o la ausencia de vacilaciones, son imperantes para que sean convincentes. Asimismo, la lógica relación entre ellas y los fundamentos establecidos en la ley que las respaldan, deben existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Por ello, si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones, o si no existe armonía entre aquéllos y éstos; o si el perito no parece seguro de sus resultados, el dictamen no puede tener eficacia probatoria. Por lo que, corresponde a este juzgado apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba y con fundamento en las disposiciones transcritas, ordenar la repetición o ampliación de los dictámenes. Además, no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas, y si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento de su decisión. Por tanto, la prueba por peritos o peritación, es una actividad procesal desarrollada por personas calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción escapa a las aptitudes del común de la gente, y cuya función tiene indispensablemente un doble aspecto: Verificar hechos que requieren conocimientos específicos, ya sean técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y, Suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los comprenda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Asimismo, le corresponde a este órgano jurisdiccional apreciar la argumentación del o de los dictámenes periciales, esto es, si aparecen los fundamentos para llegar a sus conclusiones, y de esa forma generar la convicción al juzgador, valorando la prueba a su prudente apreciación, de conformidad con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero, esa prudente apreciación que tiene el juzgador al calificar la prueba pericial, debe ser según su ecuánime estimación, acorde a las reglas de la lógica y con fundamento en la legislación aplicable, además de expresar los argumentos por los cuales no le otorgó valor probatorio, esto es, al través del respectivo razonamiento lógico jurídico. En ese contexto, se conoce que la prueba pericial resulta imperativa, cuando surgen cuestiones que por su carácter eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular, que el órgano jurisdiccional está impedido para dar, por carecer de los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona tal dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta; por esto, es entonces evidente, que para que un dictamen pericial pueda ser estimado por la autoridad, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en él se indique ha de ser accesible o entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano resolutor. A la luz de las anteriores consideraciones, se examinarán los dictámenes de los peritos nombrados por las partes en el presente sumario constitucional. Es importante resaltar, que el perito designado por los terceros interesados y el nombrado por este juzgado, acreditaron cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 144 del Código Federal de Procedimientos Civiles para emitir sus dictamen, pues, declararon contar con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública que los certifica como Ingenieros Civiles y el último con especialidad en valuación, respectivamente, con ello, demuestran su idoneidad para desahogar la pericial en cuestión, que requiere conocimientos en la materia solicitada. Ahora bien, para el análisis de los dictámenes rendidos por los expertos, se hace necesario traer a colación parte del contenido de los mismos, como en seguida se verá: Por lo que ve al perito de la tercera interesada, ingeniero Noe Sánchez Gómez, mediante oficio registrado con el número 3396, exhibió su dictamen y en lo que aquí interesa determinó: 13.- Que diga el perito el valor en que se pudo rentar el viene inmueble materia del peritaje por el mes de mayo del año 2019 dos mil diecinueve. Respuesta: "Una analizado todas y cada una de las características del inmueble y considerando su estado de conservación, uso, deseabilidad y todos y cada uno de los factores que afectan su valor, se realizó una investigación de mercado histórica de renta de inmuebles similares en la zona, estudio que se adjunta la presente el cual arrojó una renta neta mensual correspondiente al mes de mayo del año 2019, igual a: $ Asimismo, el estudio de mercado realizado por el perito del tercero interesado, se ve reflejada en la siguiente imagen: Por su parte, el perito oficial Ingeniero Octavio Castañeda Ramírez, mediante promoción registrada con el número 437 de cinco de enero de dos mil veintitrés, exhibió su peritaje, del cual se destaca lo siguiente: "13.- Que diga el perito el valor en que se pudo rentar el viene inmueble materia del peritaje por el mes de mayo del año 2019 dos mil diecinueve. Respuesta: Una analizado todas y cada una de las características del inmueble y considerando su estado de conservación, uso, deseabilidad y todos y cada uno de los factores que afectan su valor, se realizó una investigación de mercado histórica de renta de inmuebles similares en la zona, estudio que se adjunta la presente el cual arrojó una renta neta mensual correspondiente al mes de mayo del año 2019, igual a: $ Ahora bien, analizados que fueron de forma minuciosa los dictámenes periciales en estudio, se llega a la conclusión, que ambos son aptos para demostrar que efectivamente es valorable en cantidad líquida, el monto que como renta mensual, los terceros interesados, pudieron recibir de haber tenido la posesión del bien inmueble ubicado en la finca marcada con el número 3660 tres mil seiscientos sesenta de la Avenida Galileo Galilei, fraccionamiento Las Arboledas, Tercera Sección, Municipio de Zapopan, Jalisco y, del cual no tuvieron acceso, debido a la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa. Asimismo, con relación a los dictámenes emitidos por dichos diestros, cuentan con los elementos necesarios y objetivos, para generar convicción respecto de sus conclusiones, dado que expresaron los métodos utilizados, aportaron la información técnica requerida, realizaron el estudio de campo y de mercado respecto de fincas con similares características a aquél que debía evaluar, para determinar el valor por metro cuadrado; por lo que sus conclusiones resultan congruentes y objetivas. En ese orden de ideas, este juzgado determina, que la demostración por parte del incidentista de haber resentido daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada, se ha acreditado, ya que con la promoción de un juicio de amparo y la obtención de una sentencia que lo sobreseyera que causó ejecutoria, se origina una afectación al tercero interesado, en tanto que, se vio privado del disfrute de un derecho que le corresponde, esto es, el monto líquido que podía percibir por concepto de rentas, de haber tenido en posesión el bien inmueble materia de la litis. No obstante, en el particular no debe soslayarse que la cuantificación a que ascienden los citados daños y perjuicios ocasionados al tercero interesado y que de acuerdo a la planilla de liquidación y periciales, pudiera corresponder a un monto mayor al fijado en la resolución incidental de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, como garantía para que surtiera efectos la suspensión definitiva ahí concedida, esto es: Cantidad que se determinó de manera discrecional al no contar con el monto de lo reclamado en el juicio principal. En efecto, mediante resolución incidental de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión definitiva solicitada y se estableció la referida cuantía, a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios ocasionados con motivo de dicha medida cautelar, que de autos se advierte, adquirió firmeza procesal al no haber sido impugnada por alguna de las partes, a través del recurso de revisión que procede en su contra, de conformidad con el artículo 81, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. De ahí que se concluya, en que al haber adquirido la aludida resolución incidental, la naturaleza de "cosa juzgada", en cuanto al monto que se fijó para garantizar los posibles daños y perjuicios ocasionados al tercero interesado, con motivo de la suspensión del acto reclamado, correspondiente a la cantidad de $ Entonces, debe concluirse, que aun cuando el monto de los daños y perjuicios sufridos por dicho tercero, por motivo de la concesión de la medida cautelar, asciende a una cantidad mayor a la garantizada por la parte quejosa, a través de la póliza de referencia; lo cierto es que, en el momento procesal que ahora nos ocupa, esto es, al establecer la condena en el incidente en estudio, por cuanto al monto que por dichos conceptos debe pagar la quejosa al recurrente, no puede volver a establecerse en diversa cuantía, en virtud de que en aquella resolución incidental que concedió la suspensión definitiva, como ya se indicó, quedó determinado el monto a que ascendía la garantía que el quejoso debía pagar, a fin de garantizar esos posibles daños y perjuicios, el cual, incluso se garantizó con la póliza de referencia e, incluso, se reitera, adquirió firmeza procesal, al no haber sido impugnado por alguna de las partes en el juicio constitucional. De actuar en sentido contrario al referido, esto es, de fijar la condena que por dichos conceptos debe pagar la quejosa al tercero interesado recurrente, a razón de la cuantía a que se concluyó en párrafos precedentes; implicaría trastocar el principio de "cosa juzgada", al mutarse la cantidad líquida que originalmente se estableció para cubrir los posibles daños y perjuicios y que, se insiste, adquirió firmeza procesal, al no haber sido impugnada por alguna de las partes y que, además, quedó garantizada mediante la póliza número póliza número de folio 1174460 expedido por Dorama, Institución de Garantías, Sociedad Anónima. Ello, pues como es de explorado derecho, la "cosa juzgada" es la institución resultante de una determinación obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La naturaleza trascendental de esa institución, radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus determinaciones. Por lo anterior, la "cosa juzgada" es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia a su cargo. De ahí que, al haber resultado fundado el incidente de daños y perjuicios promovido por los terceros interesados, para hacer efectiva la garantía exhibida por la parte quejosa, con motivo de la suspensión definitiva del acto reclamado; lo procedente es CONDENAR al agraviado, en su carácter de fiado, a pagar a los terceros interesados , este último, en su carácter de Delegado Fiduciario de Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario, la cantidad de $ por concepto de daños y perjuicios que sufrieron con motivo de la concesión de la medida cautelar otorgada en el incidente de suspensión que nos ocupa, la cual estuvo vigente durante la tramitación del juicio de amparo del índice de este juzgado. Ahora bien, toda vez que dicho importe se encuentra garantizado con la póliza número de folio, por la cantidad de $, expedida por la afianzadora Dorama, Institución de Garantías, Sociedad Anónima, que exhibió el quejoso a fin de que surtiera efectos la citada suspensión, se vincula a la citada afianzadora a lo resuelto; y por ende, se le condena a hacer efectiva la póliza y realizar la entrega de la citada cantidad de $, a los terceros interesados , este último, en su carácter de Delegado Fiduciario de , Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario. Para lo cual se atiende a que el monto de los perjuicios quedó fijado previamente en la resolución firme que se ocupó de la concesión de la suspensión definitiva, en el amparo cuyo acto reclamado fue la orden de lanzamiento de un inmueble, el cual fue rematado y sobre esas bases se cuantificó la garantía, tomando en cuenta el tiempo probable para la resolución del amparo y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. El asunto es un caso de excepción, toda vez que dicho criterio se basa en cargas probatorias, en el cual se hace referencia a los distintos estándares probatorios que deben observarse para la acreditación de los daños y los perjuicios. Sin embargo, cuando en ese supuesto la garantía se fijó con base en esa tasa, es innecesario atender a esas reglas, porque presupone que existirán perjuicios, cuyo monto ya fue definido en resolución firme, de modo que el Juez de Distrito no tenía la obligación de ajustar su actuación al criterio contenido en la citada jurisprudencia, sino que una vez realizada la solicitud en tiempo y por parte legítima, deberá declarar procedente el incidente de daños y perjuicios. Finalmente, respecto de los alegatos formulados por el quejoso, al contestar el incidente que nos ocupa, indíquesele que no forman parte de la litis, por lo que no se exige su análisis. En similares términos resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la queja, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintinueve. Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en el artículo 132 y 156 de la Ley de Amparo, en relación con el 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Ha sido procedente la vía intentada. SEGUNDO. Es fundado el incidente de daños y perjuicios promovido por los terceros interesados, por su propio derecho y, en su carácter de Delegado Fiduciario de Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario, para hacer efectiva la garantía exhibida por el quejoso, con motivo de la concesión de la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el considerando tercero de esta resolución. TERCERO. Se condena al quejoso, a pagar a los terceros interesados, por su propio derecho y, en su carácter de Delegado Fiduciario de Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario, la cantidad de $, por concepto de los daños y perjuicios que sufrió con motivo de la concesión de la suspensión del acto reclamado, la cual estuvo vigente durante la tramitación del juicio de amparo del índice de este juzgado. CUARTO. Toda vez que dicho importe se encuentra garantizado con la póliza número de folio 1174460, por la cantidad de $, expedida por la afianzadora Dorama, Institución de Garantías, Sociedad Anónima, que exhibió el quejoso a fin de que surtiera efectos la citada suspensión, se vincula a la citada afianzadora a lo resuelto; y por ende, se le condena a hacer efectiva la póliza y realizar la entrega de la citada cantidad de a los terceros interesado, este último, en su carácter de Delegado Fiduciario de Sociedad Anónima de Capital Variable, Sofom ENR, Departamento Fiduciario. QUINTO. Remítase la póliza de folio 1 a la afianzadora Dorama, Institución de Garantías, Sociedad Anónima, a fin de que, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, pague a los citados terceros interesados.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada de diversas actuaciones; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a las autoridades oficiantes en vías de cumplimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las que se advierta el cumplimiento dado al fallo protector De igual manera, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita las documentales solicitadas.
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