Alexis Pérez Montero
Expediente 372/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alexis Pérez Montero
- Alexis Pérez Montero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción II del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; primero de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción, de conformidad con la fracción II del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se concedió la suspensión de plano del acto reclamado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, en alcance al informe justificado rendido por dicha autoridad responsable; mediante el cual informa que en audiencia de control judicial celebrada el veintiocho de abril del año en curso, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se ordenó la devolución del vehículo marca *******, modelo *******, color *******, serie *******, matrícula del Estado de Chihuahua *******, a *******, remitiendo para acreditar lo antes expuesto copia certificada del acuerdo de devolución del automotor en cita, en el cual consta firma del quejoso de mérito; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el once de abril de dos mil diecisiete y turnado a este órgano el mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos de la Fiscal General del Estado de Chihuahua y otras autoridades, a quienes les reclamó el aseguramiento del vehículo citado en el párrafo que antecede, así como la ausencia de respuesta en cuanto a su entrega. Por acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo *******; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se atiende la Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, hace del conocimiento de este Juzgado que en audiencia de control judicial celebrada el veintiocho de abril del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ordenó la devolución del vehículo marca *******, modelo *******, color *******, serie *******, matrícula del Estado de Chihuahua *******, a *******, aquí quejoso, para lo cual remitió copia certificada del acuerdo de devolución del automotor en cita, en el cual consta firma del quejoso de mérito. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada del acuerdo de devolución del automotor en cuestión, revela lo siguiente: [.] y toda vez que el C. *******, acredita debidamente la propiedad legítima de dicho vehículo mediante los documentos exhibidos en dicha audiencia de los cuales exhibe originales y deja copia de los mismos, y una vez que se encuentra acreditada a satisfacción de esta Representación Social en la carpeta a favor de C. *******, por lo que, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 246 y 247 del Código nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 2415 y 2421 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, a lo que en este acto se obliga al C. ******* en su calidad de depositario a realizar la devolución del mismo a favor de C. *******, toda vez que esta Representación Social está dando cabal cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad Judicial, por lo cual procédase a su devolución respectiva y hágase entrega de la tarjeta de circulación original del vehículo ya referido [...]. Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a las autoridades responsables, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la responsable el veintiocho de abril del año en curso, cumplió con la orden de devolución del vehículo marca *******, modelo *******, color *******, serie *******, matrícula del Estado de Chihuahua *******, a *******, cuyo aseguramiento se le atribuyó; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como simple antecedente el informe justificado rendido por la responsable Director de la Policía Estatal Única Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en virtud, de lo resuelto en el presente proveído. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, en alcance al informe justificado rendido por dicha autoridad responsable; mediante el cual informa que en audiencia de control judicial celebrada el veintiocho de abril del año en curso, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se ordenó la devolución del vehículo marca *******, modelo *******, color *******, serie *******, matrícula del Estado de Chihuahua *******, a *******, remitiendo para acreditar lo antes expuesto copia certificada del acuerdo de devolución del automotor en cita, en el cual consta firma del quejoso de mérito; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el once de abril de dos mil diecisiete y turnado a este órgano el mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos de la Fiscal General del Estado de Chihuahua y otras autoridades, a quienes les reclamó el aseguramiento del vehículo citado en el párrafo que antecede, así como la ausencia de respuesta en cuanto a su entrega. Por acuerdo de diecisiete de abril del año en curso, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo *******; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se atiende la Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, hace del conocimiento de este Juzgado que en audiencia de control judicial celebrada el veintiocho de abril del año en curso, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, ordenó la devolución del vehículo marca *******, modelo *******, color *******, serie *******, matrícula del Estado de Chihuahua *******, a *******, aquí quejoso, para lo cual remitió copia certificada del acuerdo de devolución del automotor en cita, en el cual consta firma del quejoso de mérito. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada del acuerdo de devolución del automotor en cuestión, revela lo siguiente: [.] y toda vez que el C. *******, acredita debidamente la propiedad legítima de dicho vehículo mediante los documentos exhibidos en dicha audiencia de los cuales exhibe originales y deja copia de los mismos, y una vez que se encuentra acreditada a satisfacción de esta Representación Social en la carpeta a favor de C. *******, por lo que, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 246 y 247 del Código nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 2415 y 2421 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, a lo que en este acto se obliga al C. ******* en su calidad de depositario a realizar la devolución del mismo a favor de C. *******, toda vez que esta Representación Social está dando cabal cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad Judicial, por lo cual procédase a su devolución respectiva y hágase entrega de la tarjeta de circulación original del vehículo ya referido [...]. Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a las autoridades responsables, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la responsable el veintiocho de abril del año en curso, cumplió con la orden de devolución del vehículo marca *******, modelo *******, color *******, serie *******, matrícula del Estado de Chihuahua *******, a *******, cuyo aseguramiento se le atribuyó; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como simple antecedente el informe justificado rendido por la responsable Director de la Policía Estatal Única Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en virtud, de lo resuelto en el presente proveído. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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