Alexis Ortega Alonso

Expediente 1078/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1078/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Alexis Ortega Alonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien le pudiera causar perjuicio la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se decretó el sobreseimiento, la recurriera sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************-VII, promovido por ********************, por conducto de ******************** y ********************, contra actos del Instituto Nacional de Migración. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, el secretario de guardia de este juzgado recibió la demanda promovida por ********************, por conducto de ******************** y ********************, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y por los actos ahí destacados. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo ********************-VII, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación del quejoso a su país de origen o diversa estación migratoria dentro o fuera del Estado de Chihuahua, para que se le dejara en inmediata libertad y cesara la incomunicación; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda ********************, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama al Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, y Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La privación de la libertad en calidad de alojado, aseguramiento, incomunicación, restricción del libre tránsito y orden de deportación, así como la prolongación de la detención por más de treinta y seis horas o en su caso quince días más, en términos de los artículos 68 y 111 de la Ley de Migración. Sin que, se tengan como actos reclamados los señalados en los incisos d), e) y f), pues en todo caso se tomaran como parte de los conceptos de violación para analizar los actos reclamados; en relación con el protocolo señalado en la parte final del último inciso, es una mecanismo o herramienta que servirá al juzgador para resolver la Litis planteada. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. La autoridad responsable, Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, y Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, refiriéndose a la ilegal e inconstitucional privación de la libertad; sin embargo, atendiendo a las constancias que remitió en su informe justificado, se logra apreciar la inexistencia de la incomunicación que dijo ser objeto, alojamiento con fines de deportación a su país de origen; pues se insiste del informe justificado que rindió dicha autoridad, se reitera su inexistencia. Se dice lo anterior, toda vez que remitió certificado médico de ingreso de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se concluyó que el directo quejoso se encontraba sano y la prueba rápida de covid-19, que arrojó resultado negativo; además, la constancia de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, donde se aprecia que le hicieron saber al quejoso los derechos de los alojados en las estancias provisionales de migración; también obra la constancia de la misma fecha, en la cual el quejoso autorizó que se notificara a los funcionarios consulares de su país, respecto a que había sido alojado en la estancia provisional de migración en esta ciudad; así como la solicitud de retorno asistido bajo el expediente ********************, de la referida data, en el que consta su manifestación expresa de no ser su deseo de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, ni regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración. Además, se toma en consideración la constancia practicada el veinte de noviembre de dos mil veintidós, por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que asentó, que una vez que se entrevistó con ********************, a simple vista observó que se encontraba en buen estado físico, además de comunicarle no haber recibido tortura física o moral, ni malos tratos; aunado a que obra en autos un certificado médico de egreso en el cual se asentó a la exploración física en buen estado de salud. Incluso, la autoridad responsable el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, emitió acuerdo de salida del migrante con fines de regularización, si es que era su deseo, considerada con razón humanitaria para su regularización, y se otorgó la salida, salvaguardando el libre tránsito, para que acudiera a las oficinas de migración; también se remitió copia certificada de la notificación practicada al migrante respecto de su salida con fines de regularización. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, respecto de la autoridad y dichos actos reclamados que quedaron precisados en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado fue omiso en manifestarse respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen, que se traduce en la restricción del libre tránsito, así como la prolongación de la detención por más de treinta y seis horas o en su caso quince días más, en términos de los artículos 68 y 111 de la Ley de Migración Por tanto, se tienen por ciertos los actos que se endilgan a la autoridad responsable, siendo aplicable al caso la tesis con registro digital 21100, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Octava Época, Materias Común, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de julio de 1994, página 391, que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Así, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causa de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por ******************** y ********************, a favor de ********************, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 2. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, remitiendo el "acuerdo de salida de estancia provisional" realizado a las ocho horas del veintiuno de noviembre del citado año, del cual se advierte que el quejoso ******************** fue puesto en inmediata libertad, dejando sin efectos el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido anteriormente respecto a la presentación del migrante, donde se determinó el alojamiento (aseguramiento) del quejoso en las instalaciones de la estancia provisional B, Juárez, al solicitar el beneficio de retorno asistido, hasta que se resolviera su situación jurídica. De lo que se tiene, si el acto reclamado constituye la privación de la libertad en calidad de alojado en esa estancia provisional, con motivo de su solicitud de retorno asistido a su país de origen, que se traduce en la restricción del libre tránsito, así como la prolongación de la detención por más de treinta y seis horas o en su caso quince días más, en términos de los artículos 68 y 111 de la Ley de Migración, y si como se evidencio anteriormente que el quejoso se encuentra gozando de su libertad, porque se dejó sin efectos el citado acuerdo de presentación, y toda vez que para la actualización de la causa de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos materia de estudio en este considerando. Así, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, promovido por ********************. Notifíquese por lista electrónica, y mediante oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que no obra la papeleta de turno de este asunto, en consecuencia, remítasele al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, en esta ciudad, la información necesaria para realizar el registro de este juicio de amparo y la compensación correspondiente, en los siguientes términos: Fecha y hora de recepciónVeinte de noviembre de dos mil veintidós a las dieciocho horas. Nombre del quejoso, inculpado, actor, recurrente o promovente Quejoso: **********. Promovente: Lic. ********** y/o **********a. Nombre del defensor, persona de confianza, autorizado o representante Autorizado: Lic. ********** y/o **********. Nombre del demandado y tercero interesado No existe. Tipo de juicio, recurso que se interpone o procedimiento que se promueve Juicio de Amparo Acto reclamado Detención, aseguramiento, alojamiento y/o incomunicación. Juicio de origen No aplica. Materia Administrativa Autoridades responsables Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad Juárez Chihuahua. Neun 31236381 Calificativa de urgente Si Vía por la que se recibe y número de boleta Demanda, sin boleta Número de expediente 1078/2022 Nombre de Secretario que recibió ********** La anterior información se hace de su conocimiento, como se indicó, a fin de que se realice la compensación correspondiente de la carga de trabajo y a la brevedad posible remita la boleta de turno del presente juicio de amparo 1078/2022-VII; para lo anterior, además, se le remite copia simple de la demanda, promoción de este asunto y del auto de veinte de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se provee. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los informes justificados remitidos por la autoridad responsable Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración y actual Encargado de la Estancia Provisional Juárez, con sede en esta ciudad; en su denominación correcta, lo cual habrá de tomar en consideración el Analista Jurídico encargado de la captura y actualización de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención a lo anterior, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Además, en cuanto a la persona que refiere designar como delegada de su parte, dígasele que una vez proporcione su nombre se acordará lo que en derecho proceda. Por otro lado, en atención a la solicitud de dicha potestad, relativa a su acceso al expediente electrónico a través de la consulta del portal en línea del Poder Judicial de la Federación, quien cuenta con el nombre de usuario "*******", así como que le san practicadas las notificaciones por la misma vía. Por tanto, en atención a que el nombre de usuario aparece registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como que fue solicitud expresa y cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la potestad para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicarle las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Asimismo, hágase del conocimiento que, cuando la parte autorizada para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia que en términos de lo previsto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones I y II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le ordenen practicar en el presente asunto, se tendrán por realizadas una vez que haya accesado al expediente electrónico respectivo en el Sistema Electrónico, por sí o por conducto de cualquiera de las personas que hubiere autorizado para consultar ese expediente, al visualizar el texto del acuerdo correspondiente, lo que dará lugar a la generación de la constancia prevista en la citada fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que este tipo de notificaciones surtirá sus efectos cuando se genere aquella constancia de consulta realizada, o bien, transcurrido el plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber ingresado al sistema. En atención a lo anterior, agréguese a los presentes autos únicamente como constancia legal, el diverso oficio de cuenta signado por la misma responsable de mérito. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano