Alexis Lovera Contreras

Expediente 353/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
353/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/04/2019

Partes del expediente

  • Alexis Lovera Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    vi) Toluca, Estado de México; uno de abril de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecinueve de marzo pasado (fojas 22 a la 26), a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de plano (punto vigésimo primero, Fracción III, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto de referencia). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente se dictó el auto siguiente: "Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta patentiza que el quejoso dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado. Por su parte, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y tercer párrafos de dicho Acuerdo). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. ." Lo que se transcribe para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.¿

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la diligencia y razón practicadas por el actuario de la adscripción, a través de cual con la primera notificó personalmente al quejoso Alexis Lovera Contreras, de la que se advierte que sí ratifico la demanda de amparo promovida en su favor por Jorge de Jesús García Bastida, mismo que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como a las personas mencionadas en el proemio de la demanda; y con la segunda expone la imposibilidad para notificar el oficio 7498/2019 del índice estadístico de este juzgado, dirigido al "Comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México del Centro de Justicia de Atlacomulco, México", por las consideraciones ahí expuestas. A las aseveraciones se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°., porque la fe dada por un funcionario judicial, en ejercicio de su encargo conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. ... Asimismo, de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las constancias enviadas vía correo electrónico por el Agente del Ministerio Público adscrito a Tercer Turno, de Atlacomulco, Estado de México de la Fiscalía General de Justicia de esta entidad federativa. Constancias a las cuales acorde con lo previsto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se les concede valor, porque se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, como medio de transmisión de datos, pues se envía un documento que recibe el destinatario en copia fotostática, y tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel; asimismo, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. ... Así, en el caso este juzgado estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El ....En tales condiciones, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por no contravenir las disposiciones legales aplicables vigentes en la nueva Ley de Amparo, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se tuvo como actos reclamados la tortura y la privación de la libertad; y de las copias certificadas que remitió la responsable se evidencia que el dieciséis de marzo pasado a las veintiún horas con treinta minutos, al quejoso se le decretó su libertad, adjuntando las constancias que así lo acreditan; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando probablemente, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Federal, a la fecha, ésta ha cesado en sus efectos. En efecto, pues en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a la parte inconforme en el goce de sus derechos violados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª./J.59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 del ordenamiento legal antes invocado, procede desechar de plano la demanda al existir una causa manfiesta e indudable de improcedencia. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Por lo tanto, en lo que hace a la razón de imposibilidad suscrita por el actuario judicial adscrito de notificar el oficio 7498/2019 del índice estadístico de este juzgado, dirigido al "Comandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México del Centro de Justicia de Atlacomulco, México", agréguese sin realizar mayor pronunciamiento, por las consideraciones antes expuestas. Domicilio. Toda vez que mediante proveído de dieciséis de marzo del año en curso, se reservó lo conducente respecto al domicilio para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto, el quejoso ratificara o no la demanda promovida en su nombre, lo cual ya aconteció; por ende, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano de control constitucional, dado que el que indicó consistente en los "Estrados" no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. Designación de autorizados. Se tiene como autorizado a Erick Michel Carmona Esquivel, en términos amplios del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo, y a las personas restantes solo para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos por no tener reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Finalmente, por lo que hace a los actos de tortura reclamados, dése vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a fin de que, en su caso, instruya la investigación de acuerdo con sus facultades y con los estándares nacionales e internacionales, para deslindar responsabilidades en el supuesto de que decida proceder conforme a sus atribuciones y establecer como delito los actos de tortura reclamados en este amparo, con fundamento en los 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1, 3 y 11 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Notifíquese y por lista a la parte quejosa al ser su domicilio señalado para tal efecto y al Agente del Ministerio Público adscrito.

  4. Principal

    VI) NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

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