Alexis Horacio Ramirez Huitron

Expediente 1902/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 14 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1902/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
14/12/2017

Partes del expediente

  • Alexis Horacio Ramirez Huitron

Actuaciones

  1. Principal

    II Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Alexis Horacio Ramírez Huitrón, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1902/2017-II. Precisión del acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama en esta instancia constitucional la privación de la libertad decretada en la causa penal 1176/2016 con motivo de la audiencia inicial para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión de diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Desechamiento. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de la misma legislación los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Asimismo, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Atento a lo anterior, los preceptos transcritos coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la materia (cuando se reclame una norma general autoaplicativa) en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, el quejoso refiere "bajo protesta de decir verdad", que el acto que tilda de inconstitucional fue dictado el diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis en la causa penal 1176/2016, y dada la naturaleza de ésta, así como del procedimiento de donde emana, tal determinación le fue notificada en la propia fecha, pues es de explorado derecho que las audiencias en las que los juzgados de control resuelven los términos constitucionales, son audiencias públicas que requieren la presencia del directamente inculpado. Además, resulta lógico que la confesión expresa de la fecha en que se emitió la determinación que ahora reclama, se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 294, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, Quinta Época, cuyo contenido es: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por tanto, desde la fecha en que se llevó a cabo la audiencia inicial para formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión emitida en la causa penal 1176/2016, esto es, diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el quejoso se encontraba en aptitud de combatir el acto reclamado. Por ende, la notificación de la resolución reclamada fue verificada en la misma fecha en la cual fue dictada; esto es, diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por tal motivo, surtió sus efectos el mismo día, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del veintidós de noviembre al doce de diciembre de dos mil dieciséis, previo descuento del veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre, todos de dos mil dieciséis, en razón de que fueron inhábiles acorde con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el trece de diciembre de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impreso en la parte superior de la demanda de amparo. En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el trece de diciembre de dos mil diecisiete, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4, localizable en la página 8 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Así como la jurisprudencia 1a ./J.30/2007 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Instancia Primera Sala, tomo XXV, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Cabe precisar que la presente determinación no se emite en contravención con las hipótesis prevista en el artículo 17, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las cuales en la primera de ellas dispone que cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; situación que en el caso no acontece, toda vez que la determinación de diecinueve de noviembre de dos mil dieciséis que reclama el agraviado no tiene el carácter de sentencia definitiva. Asimismo, en la segunda de las fracciones mencionadas se sostiene que la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal "fuera de procedimiento", incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Se afirma lo anterior porque en el caso particular, no se trata de ataque a la libertad fuera de procedimiento, sino por el contrario, el acto reclamado, el cual afecta la libertad del quejoso, fue emitido en un procedimiento penal, no fuera de él. Por tanto, el quejoso no se encuentra en alguna de las causas de excepción descritas en la Ley de Amparo, para no haber promovido el juicio dentro los quince días establecidos para ello. En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo, 18 y 113 de la misma legislación; por lo tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alexis Horacio Ramírez Huitrón. Domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena practicar a la parte quejosa las notificaciones derivadas del presente asunto por medio de la lista que se publique en lugar visible de este juzgado, lo anterior, en atención a que la parte quejosa cuenta con autorizados. Autorizados. En relación con la autorización de José Arturo Rodríguez Ávila, César Alejandro Villamil Ramírez, Humberto Barrón González, Carlos Alberto Figueroa Mata, Rafael García Pastrana, Carlos Arturo Colín Valencia, ni de Roberto Manuel Montero Aragón, toda vez que éstos no cuentan con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se aprecia de la certificación de cuenta, se les tiene por autorizados en términos de la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la parte quejosa para que exprese su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorga su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.

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