Alexis Ayala Vázquez

Expediente 976/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
976/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Alexis Ayala Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 28/10/2020, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Vista la razón del Auxiliar de Actuario de la Unidad de Notificadores Común a Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con la que informa la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación del oficio 23139/2020, relativo al proveído de veinte de octubre de dos mil veinte; y el escrito en que la quejosa desahoga la prevención ordenada en auto de veinte del mes y año que transcurre; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos tomando conocimiento de sus contenidos y para los efectos legales a que haya lugar. No es el caso de hacer mayor pronunciamiento respecto a la diligenciación de tal oficio, en atención a lo determinado en este acuerdo, pues es innecesario recabar las constancias requeridas al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, así como, al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, en relación al contenido de la demanda de amparo y escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El numeral en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia, aplicada por analogía, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. La jurisprudencia señalada indica que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Ahora, del análisis de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y/O CIUDAD DE MÉXICO 1, dependiente del Sistema de Administración Tributaria. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y/O CIUDAD DE MÉXICO 2. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y/O CIUDAD DE MÉXICO 3. TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y/O CIUDAD DE MÉXICO 4. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "A" DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA. De todas y cada una de las autoridades responsables reclamo el embargo, bloqueo aseguramiento o congelamiento de fondos en las cuentas bancarias LIBRETÓN BÁSICO número 1552352664, asimismo de la Cuenta Express Bancomer número 83174097, ambas a mi nombre y que de igual se encuentra bloqueada, asegurada, congelada o embargada, lo anterior sin haber mediado mandamiento escrito haciéndolo del conocimiento del quejoso, por el que se fundará y motivara la causa legal de dicho acto de autoridad, así como de cualquier actuación procedimental posterior, en caso de haberlas efectuado respecto de las cuentas bancarias que se cita. De los TITULARES DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE LAS AUDITORIAS FISCALES DEL DISTRITO FEDERAL Y/O CIUDAD DE MÉXICO 1,2,3 Y 4 del rubro AUTORIDADES RESPONSABLES, se reclama la Orden de Bloqueo, aseguramiento, congelamiento o embargo de mi cuenta bancaria número 83174097, mediante oficio 214-1-3894828/2020, dentro del expediente A/AS1-2008-037674-MP [.] De las anteriores transcripciones se obtiene que la quejosa se duele del bloqueo de sus cuentas bancarias LIBRETÓN BÁSICO número 1552352664 y de la Cuenta Express Bancomer número 83174097. Cabe destacar que en dicho escrito aclaratorio, el quejoso manifestó expresamente: Bajo protesta de decir verdad, la fecha en que el BBVA Bancomer sólo me informó que mis cuentas se encontraban bloqueadas, es la del 11 once de septiembre del año en curso, pues dicha afirmación se originó con motivo del requerimiento que se atiende con el escrito de cuenta, porque el enjuiciante en la demanda de amparo precisó que el veintitrés de septiembre del año en curso, obtuvo respuesta vía correo electrónico por parte del banco BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de banca múltiple, del bloqueo que prevalecía en sus cuentas bancarias. En ese sentido, se advierte en el presente caso se actualiza las hipótesis de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracciones XIII y XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque la quejosa en contra del acto reclamado referente al congelamiento de las referidas cuentas bancarias, no promovió el juicio de amparo dentro del plazo de quince días que tenía para hacerlo, de conformidad con los artículos 17, párrafo primer, y 18, de la ley de la materia. El artículo 61, fracciones XIII y XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se reproducen a continuación: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En términos generales, se entienden por actos consentidos tácitamente aquéllos que no hubieran sido reclamados a través del juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, según el acto reclamado y sus peculiaridades. Por su parte, los artículos 17, párrafo primero, y 18, de la ley de la materia, son del tenor siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De lo expuesto, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridad que no se impugnen dentro del plazo de quince días establecido para tal efecto, siempre que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado o se ostente sabedor del mismo. No sobra señalar que aunque dichos criterios se refieren al artículo 21 de la abrogada Ley de Amparo, cierto es que dicho numeral está redactado en términos similares a los artículos 17 y 18 de la vigente ley de la materia, situación que toma importancia para determinar que sus lineamientos son aplicables para el presente caso. Es así, que si el quejoso no intenta la vía constitucional de garantías, dentro del lapso de quince días a que alude el invocado artículo 17, el cual será computado en términos del citado artículo 18, de la manera siguiente: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) El quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o c) Al que el agraviado se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De manera que, en términos del invocado artículo 18, puede advertirse que en su texto se hacen tres distinciones para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. Por su importancia para este estudio se destaca el tercer supuesto del numeral transcrito, el cual entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. Por tanto, cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, deberá considerarse idónea para realizar el cómputo de quince días que se tiene para promover la instancia constitucional y así determinar que es extemporánea la demanda de amparo, siempre que sea el motivo y origen del conocimiento del acto reclamado. En consecuencia, el lapso que comprende la fecha cierta en que la parte quejosa se encontró en aptitud de ejercer la vía constitucional hasta el momento en que fenece en su perjuicio el término para hacerla valer, sólo puede interrumpirse con la promoción del juicio de amparo dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo y de no hacerse, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. En el caso, como quedó asentado, la parte quejosa, esencialmente, señala como acto reclamado el bloqueo, aseguramiento, congelamiento o embargo de las cuentas bancarias LIBRETÓN BÁSICO número 1552352664 y de la Cuenta Express Bancomer número 83174097, respecto del cual, como lo señaló en el escrito de desahogo, informó bajo protesta de decir verdad que sus cuentas bancarias se encontraban bloqueadas desde el once de septiembre de dos mi veinte, manifestación que constituye una confesión expresa admisible en el juicio de amparo, que al ser de hechos propios del justiciable, hace prueba plena en su contra, al tener valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en a la ley de la materia. Con lo anterior, se demuestra que a partir del once de septiembre de dos mil veinte, el quejoso se hizo sabedor del acto reclamado y por tanto, debe tomarse en cuenta para realizar el cómputo respectivo, pues a partir de esa fecha resintió en forma directa y objetiva el perjuicio que le causaba no poder disponer del dinero de sus cuentas bancarias, fecha que debe considerarse para efectos de la temporalidad de la demanda de amparo, momento en que la quejosa se hizo sabedora del congelamiento de las cuentas bancarias defendidas por la presente vía. Por tanto, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, resulta claro que el plazo de quince días que tenía la quejosa para combatir el referido acto reclamado, transcurrió, partiendo de la fecha en que, como se dijo, se hizo sabedor del mismo, once de septiembre de dos mil veinte, pues el lapso de tiempo que tenía para presentar la demanda de amparo, era del diecisiete de septiembre al siete de octubre de dos mil veinte, previo descuento de los días doce, trece, catorce, dieciséis, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, así como el tres y cuatro de octubre de la presente anualidad, por haber sido días inhábiles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley citada, así como el quince de septiembre de la presente anualidad, declarado inhábil mediante circular 13/2020 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se demuestra en el siguiente calendario: Por lo que resulta claramente que la demanda no se presentó dentro del plazo de quince días que tenía para combatir el acto reclamado, pues la misma se presentó hasta el quince de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido por razón de turno a este juzgado al día hábil siguiente, según se advierte de los sellos de los relojes fechadores estampados en el escrito inicial, contenido en la boleta de su recepción por parte de tal oficina receptora (foja 1). De ahí que debe resaltarse que si la quejosa omitió promover el juicio de amparo desde el momento en que se hizo sabedora del bloqueo, aseguramiento, congelamiento o embargo, de las cuentas bancarias defendidas, dentro del plazo legal de quince días que tenía para hacerlo, tal situación es en su perjuicio, siendo que al dejar pasar el tiempo desde la fecha en que no pudo disponer del dinero de las referidas cuentas, fue porque lo consintió tácitamente. No sobra señalar que no pasa inadvertido que el quejoso en la demanda de amparo, refirió que el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, personal de dicha institución bancaria le envió vía correo electrónico datos ambiguos e imprecisos del estado de sus cuentas bancarias y que en reiteradas ocasiones, por diferentes vías de comunicación solicitó le enviaran cierta información, por tanto, esa fecha que no se puede considerar para realizar el cómputo respectivo, pues, como quedó evidenciado en el escrito de cuenta, señaló expresamente que el once de septiembre del año en curso, fue cuando tuvo conocimiento pleno de que tales cuentas bancarias se encontraban bloqueadas. En las condiciones apuntadas, en relación al acto reclamado en comento, la presentación de la demanda de amparo en comento, es extemporánea, por lo que se surten las causas de improcedencia establecidas en artículo 61, fracciones XIII y XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por tanto, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de garantías presentada por Alexis Ayala Vázquez, por su propio derecho. Lo anterior con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Finalmente, en atención a la razón del Auxiliar de Actuario de cuenta, relativa a la imposibilidad para llevar a cabo la notificación del oficio 23139/2020, dirigido al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que contiene el requerimiento formulado en auto de veinte de octubre pasado, con el objeto de mejor proveer en el presente asunto; sin embargo, atendiendo a lo ordenado en párrafos que anteceden, la información ahí solicitada resulta innecesaria ante el desechamiento de la presente demanda de amparo, por tanto se agrega sin mayor proveído. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE

  2. Principal

    En la Ciudad de México, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Asuntos Contenciosos, en ausencia de la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y esta a su vez en ausencia de la Titular, todas dependientes de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al auto de dieciséis de octubre del año que transcurre, informa las diversas gestiones que se encuentra realizando como superior jerárquico, para dar cumplimiento al requerimiento ahí decretado, e informa que mediante diverso oficio SEDEMA/DEAJ/SAC/285/2020 de veintidós de octubre de dos mil veinte, ordenó e instruyó a la Dirección General de la Calidad del Aire para que instruya a quien corresponda, para que el Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares número IZ 39, MAC 4, sociedad anónima de capital variable, cumpla con lo requerido por este juzgado en proveído de dieciséis de los corrientes; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de veintiséis de febrero de dos mil veinte, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el capítulo Quinto, punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo en cita. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente juicio de garantías, en virtud de que no se ubica en alguno de los casos de excepción establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero, a saber: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, procédase a su cumplimiento, previo desglose para su conservación, de la demanda y la sentencia respectiva, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo en cita. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por Alexis Ayala Vázquez, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal del Distrito Federal y/o Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 976/2020-III. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Del estudio integral de la demanda de mérito, que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que contiene irregularidades que deben subsanarse por la promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracción V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, desahogue lo siguiente: a) Dado que el promovente señala en su antecedente número dos, haber intentado retirar efectivo durante el mes de septiembre de la presente anualidad, de las cuentas bancarias defendidas por la presente vía, sin haberlo logrado, motivo por el cual, al solicitar información vía telefónica al Banco BBVA Bancomer, sociedad anónima institución de banca múltiple, le fue informado el bloqueo sobre dichas cuentas, circunstancia respecto de la cual, después de varios intentos, según refiere en el antecedente tres, obtuvo respuesta por parte de dicha institución financiera hasta el veintitrés de septiembre del año en curso a través de un correo electrónico; por tanto, deberá señalar con precisión, sin ambigüedades y bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta en que tuvo conocimiento del bloqueo aplicado a tales cuentas, esto es, la primer llamada al banco con motivo de su imposibilidad para disponer del dinero de sus cuentas y se le informó de la existencia de un bloqueo, esto con independencia de que hasta el veintitrés de septiembre del presente año, le fueran dados mayores detalles del oficio por el que se ordenó dicho congelamiento de cuentas. Lo anterior, deberá desahogar con la advertencia de que en caso de que este juzgado encuentre pruebas y elementos suficientes que evidencien la falta de veracidad de sus manifestaciones sobre los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que ello lo realice con mala intención o con el único propósito de entorpecer la administración pronta y expedita de justicia, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, para que, en su caso, proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. b) Dado que en los incisos A) y D) del capítulo de autoridades responsables, se señaló como tal la misma responsable denominada como "TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y/O CIUDAD DE MÉXICO 1", siendo que en el inciso b) del capítulo de antecedentes de la demanda, se aludió a las autoridades "TITULARES DE LAS ADMINISTRACIONES DESCONCENTRADAS DE LAS AUDITORIAS FISCALES DEL DISTRITO FEDERAL Y/O CIUDAD DE MÉXICO 1, 2, 3 Y 4.", deberá señalar con precisión y claridad la denominación actual y correcta de la citada autoridad responsable identificada en dicho inciso D), a efecto de estar en posibilidad de emplazarla a juicio. Es aplicable la siguiente tesis de rubro siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACION DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS. c) Exhiba una copia de su escrito de demanda, toda vez que solo acompañó nueve, siendo que resultan necesarias diez para ser distribuidas de la siguiente manera; siete para las autoridades responsables, una para correr traslado al Fiscal Ejecutivo Titular, dos para la tramitación del incidente de suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud la Jurisprudencia 1a./J. 106/2005, de rubro siguiente: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. d) Exhiba original y diez copias de su escrito aclaratorio para emplazar a las autoridades responsables (siete), correr traslado al Fiscal Ejecutivo Titular (una) y para formar los cuadernos incidentales (dos). Se cita en apoyo por analogía, la jurisprudencia P./J.36/2001, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Importa destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por la promovente, no así por las personas que ésta autorice en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. Con el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones descritas en los incisos a), c) y d), SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo, y de no atender la prevención contenida en el inciso b), se entenderá que no es su deseo señalar como autoridad responsable al "TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORIA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL Y/O CIUDAD DE MÉXICO 4". Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermina Vázquez Rosas y con fundamento en la de la segunda parte del citado numeral se autorizan únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a la persona que señala para tales efectos. Por otra parte, a fin de contar con los elementos necesarios para mejor proveer en el presente asunto, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es coadyuvar la prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento), para que dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informen a este Juzgado de Distrito si existe alguna orden de aseguramiento, inmovilización o congelamiento de las cuentas bancarias, aperturadas en la institución bancaria BBVA Bancomer, a nombre de Alexis Ayala Vázquez. En su caso, informe qué autoridad fue la que giró dicha instrucción, además de remitir las documentales que sustenten su información, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 236, fracción I, y 260, fracción IV de la Ley de Amparo. Se cita por analogía la tesis I.13º.A.18.K de rubro: REQUERIMIENTO. LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 88 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, ESTÁN FACULTADOS PARA REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA Y AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS, AUN ANTES DE ADMITIR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de las subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, esto es, a la parte quejosa, autoridad responsable, Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y en su caso, tercero interesado; para que, en lo conducente: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

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