Alexia Margarita Vargas Orozco

Expediente 549/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2020.

Datos del expediente

Expediente
549/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
15/06/2020

Partes del expediente

  • Alexia Margarita Vargas Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de junio de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de uno de junio de dos mil veinte, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, uno de junio de dos mil veinte. Se tienen por recibidas las promociones de cuenta signadas por el Secretario de Acuerdos del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio de las cuales con la primera se informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y este Juzgado Federal, quedando registrado bajo el número de toca ********************con la segunda, remitió el expediente original 549/2020 del índice de este juzgado y copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el mencionado conflicto competencial y con la tercera, devuelve el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto en contra del acto en el que determinó no proveer sobre la suspensión de plano solicitada y remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en dicha queja Q.A********************144/2020. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar y se hace del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió lo siguiente: Conflicto competencial C.C.A********************56/2020: "PRIMERO********************El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, debe seguir conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente conflicto competencial. SEGUNDO********************Con testimonio de esta ejecutoria, remítase el expediente formado con motivo de la demanda promovida por ********************por conducto de ********************a la Oficialía de Partes del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que se avoque al conocimiento del asunto. TERCERO********************Con testimonio de la presente resolución, comuníquese al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México." Recurso de Queja Q.A********************144/2020******************** "ÚNICO********************Es INFUNDADO el presente recurso de queja." Se acusa el recibo de los autos originales y del cuaderno de antecedentes, ambos del juicio de amparo 549/2020 y de los referidos testimonios, para los efectos legales conducentes y se ordena glosar el cuaderno de antecedentes que obra por cuerda separada. En principio, se impone destacar que el suscrito no comparte el criterio del Tribunal Colegiado oficiante, ya que, como se indicó en los autos de veintidós y veintisiete, ambos de mayo de dos mil veinte, en el presente asunto no se reclaman los Acuerdos Generales (normas administrativas), relacionados con las medidas preventivas ante la pandemia generada por el Covid-19; sino, únicamente la omisión de la empresa privada en la que labora, de aplicar dichas medidas, e incluso, la única autoridad que señala como responsable es esa persona moral privada; lo que hace patente que el conflicto de derechos es entre un patrón y un trabajador del sector privado, por obligar a la quejosa a laborar durante la contingencia sanitaria. No obstante, en estricto cumplimiento a lo resuelto en el mencionado conflicto competencias, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente juicio. En ese contexto, también resulta oportuno destacar que en el auto de ********************, se determinó que los actos reclamados en este juicio no se ubicaban en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ni del artículo 22 constitucional y por ende, no se proveyó sobre la suspensión de plano solicitada; determinación que fue confirmada en el recurso de queja Q.A********************144/2020, motivo por el cual, toda vez que ya se declaró competente a este Juzgado para conocer de la demanda; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, aplicada por analogía, la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS********************CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE******************** En el caso concreto, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Articulo 61********************El juicio de amparo es improcedente: XXIII********************En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."; "Articulo 6********************El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley********************El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis señaladas en el propio artículo 61; en esas condiciones para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. En este supuesto, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se aplica porque se relaciona con el diverso artículo 6, en sentido contrario, de la propia ley, lo que encuentra apoyo en la tesis aislada número 2a********************LXXXVI/99, aplicable por analogía, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, publicada en la página 373 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "IMPROCEDENCIA********************INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Así, el artículo 6 de la Ley de Amparo, consagra el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, lo que implica que una persona está legitimada a promover el amparo cuando tenga un derecho que fue vulnerado por el acto autoritario******************** En ese contexto se impone precisar que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que se encuentra, el de instancia de parte agraviada, consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo********************Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Al respecto, resulta oportuno destacar que el artículo 3, de la Ley de Amparo, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa, disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia o falsedad de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Asimismo, éste último artículo, junto con el diverso 89, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, remitiendo éste último al diverso Acuerdo General conjunto 1/2013, artículos 5 y 6, regulan lo relativo a la firma electrónica, para lo cual resulta conveniente imponerse de su contenido: "Artículo 3o********************En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Acuerdo General Conjunto 1/2015. Artículo 89********************Los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito integrarán los expedientes electrónicos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sus titulares serán los responsables de vigilar que el personal a su cargo digitalice oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios de amparo que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo, de la Ley de Amparo. En la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se atenderá a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico. Acuerdo General Conjunto 1/2013. CAPITULO SEGUNDO De la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) Artículo 5********************Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados correspondientes, sin que las fallas en el sistema del órgano emisor del certificado respectivo puedan encuadrar en las referidas en el artículo 30, fracción III, de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados. Los acuerdos, determinaciones, proveídos, resoluciones, sentencias, oficios y comunicaciones oficiales deberán ingresarse al Sistema Electrónico mediante el uso de la FIREL y deberán estar firmados electrónicamente por el servidor público que corresponda en términos de la normativa aplicable. Artículo 6********************Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto********************En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo." De los artículos transcritos se desprende que la demanda, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo, deberán ir firmados mediante el uso de la firma electrónica (FIREL), la cual es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y que hace las veces de firma autógrafa y por tanto surte los mismos efectos jurídicos. No obstante, se impone destacar que el artículo 3 citado, prevé como excepción que en los casos en que la demanda se promueva en los términos del artículo 15 del mismo ordenamiento, no se requiere Firma electrónica; precepto que en lo conducente, establece: "Artículo 15********************Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De dicho precepto se obtiene que cuando la parte quejosa se encuentra imposibilitada para promover el juicio de amparo, puede hacerlo en su nombre cualquier persona, incluso un menor de edad, y por ende no se requiera de firma electrónica, siempre que se trate de los siguientes supuestos: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida; Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro; Extradición; Desaparición forzada de personas; Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y La incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, tal como se determinó en el auto de ********************, los actos reclamados en este juicio, no se ubicaban en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, e incluso, por eso, no se proveyó sobre la suspensión de plano solicitada; determinación que, se reitera, fue confirmada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A********************144/2020. Esto es, en el caso particular, la demanda de amparo presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, fue promovida por ********************en contra de los diversos Acuerdos Generales emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, actos que, se insiste, no se ubican en ningún supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo, sin embargo, dicha demanda fue firmada de manera electrónica por ********************quien adujó ser licenciado en derecho y, manifestó que promovía dicha demanda en términos del citado artículo 15, porque la quejosa estaba imposibilitada para firmarla, debido al resguardo domiciliario por causa de la contingencia sanitaria. Corolario de lo anterior, se determina que al no ubicarse el presente juicio de amparo, en ninguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, la demanda tenía que contener la firma electrónica de la propia quejosa ********************o en su caso, de su representante legal o apoderado, en términos del artículo 6°, de la misma ley De ahí que ante la falta de la firma electrónica de ********************no es procedente admitir la demanda de amparo******************** En esas condiciones, es indudable que un escrito así presentado no obliga al órgano jurisdiccional a proveer formalmente sobre su contenido ante la falta de firma que quien supuestamente lo formula, en la medida que, al no encontrarse firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Esto, tiene una concepción de índole constitucional, si se parte del hecho que la fracción I, del artículo 107 constitucional vigente, rige el principio de instancia de parte agraviada, es decir si el agraviado del acto de autoridad es quien por derecho presenta una solicitud de amparo tiene la ineludible obligación en dicho escrito donde expresa su voluntad de promover el juicio constitucional de asentar la firma como vínculo que lo compromete a la prosecución del juicio que insta. De lo que se sigue, que ante la ausencia material de dicho requisito de forma en el documento que expresa la voluntad de quien insta el juicio de amparo en su calidad de parte agraviada, implica por sí sólo la falta de interés o libertad de que así sea. No resulta inadvertido para este juzgado que la demanda de amparo de mérito fue recibida vía electrónica en este órgano jurisdiccional con la evidencia criptográfica de la firma electrónica del abogado ********************; sin embargo, procede analizar la legitimación del autorizado de la quejosa para promover la demanda de mérito; esto es, si cuenta o no, con el reconocimiento legal para hacerlo. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, presupuesto procesal indispensable para la procedencia de la acción constitucional, esto es, el acreditamiento pleno de la legitimatio ad procesum del agraviado, que puede efectuar por cualquier medio de prueba, por lo que se determina que en el caso concreto, no es suficiente que ********************se ostente como autorizado en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo sólo puede promoverlo la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su persona, en sus derechos, en su familia, en su domicilio o en su patrimonio y dicha promoción la puede hacer por derecho propio o por medio de su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la Ley de Amparo lo permita expresamente, cumpliendo con los requisitos que amerite cada supuesto, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su apoderado. En mérito de lo anterior, se advierte que ********************quien en realidad es quien promovió electrónicamente la demanda recibida en este órgano jurisdiccional el ********************, únicamente se ostenta con el carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa y, en todo caso, es a la peticionaria de garantías a quien le afecta el acto reclamado, y quien, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, podrá promover, en este caso, la citada demanda; o bien, en términos de los artículo 6 y 15, por conducto de cualquier otra persona en su nombre, pero, como se dijo cumpliendo con el requisito de la firma electrónica de quien resulte ser esa persona. Al caso es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN********************PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO********************El artículo 3o********************de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o********************de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL********************En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria********************Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida********************(Registro No********************2019715, Localización: Décima Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79, Jurisprudencia P./J********************8/2019 (10a.), Materia(s): Común) Así como la tesis que establece lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA********************CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA.- No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el Juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza********************Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia********************(Registro No********************231247, Localización: Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Página: 241, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa) En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, 3 y 6 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA promovida por quien se ostenta como ********************POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Sin que lo anterior constituya o pueda representar denegación de justicia pues, como se dijo, no cumple con los requisitos referidos de la Ley de Amparo y Acuerdos Generales citados; y, la quejosa, o bien, la persona que desee promover en su favor (que cuente con firma electrónica) podrán hacerlo en la misma vía intentada. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que en el auto de ********************, este Juzgado se haya pronunciado respecto de la demanda de amparo; ya que, en ese acuerdo se resolvió respecto de la competencia legal para conocer de la demanda, lo cual es un presupuesto procesal de estudio preferente, por lo que, sí ya resolvió sobre esa cuestión y se determinó que este Juzgado de Distrito es el competente para conocer del juicio, entonces, ahora procedía el estudio de la procedencia de la demanda******************** Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe********************Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil veinte. Vista la promoción electrónica de cuenta recibida en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por la cual, el Secretario del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, acusa recibo del diverso oficio 10900/2020 de veintiséis de mayo de dos mil veinte, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que se admite a trámite el recurso de queja interpuesto por Fernando Iván Orozco Valencia, en representación de Alexia Margarita Vargas Orozco, en contra del auto de veintidós de mayo de dos mil veinte, quedando registrado con el toca número Q.A. 144/2020. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agregan a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veinte. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al que anexa los autos del juicio de amparo 719/2020, de su índice, derivado del expediente 549/2020, del índice de este juzgado, promovido por Alexia Margarita Vargas Orozco. Acúsese recibo. Téngase al juzgado oficiante comunicando que no acepta la competencia declinada a su favor, al considerar que los actos reclamados no tienen origen en ninguna relación de trabajo ni ordenamiento laboral. Al respecto, este órgano jurisdiccional insiste en carecer de competencia, por cuestión materia, para conocer del juicio de amparo referido. Para sustentar esa conclusión, es necesario imponerse de los antecedentes más relevantes del caso que se obtienen de la demanda de amparo y que son: a) La quejosa es empleada de la empresa Servicios Metropolitanos de Personal, sociedad anónima de capital variable. b) La promovente afirma ser analista de crédito y cobranza de dicha empresa: c) Derivado de lo anterior, las pretensiones de la parte quejosa son, entre otras, que la Servicios Metropolitanos de Personal, sociedad anónima de capital variable, misma que señala como autoridad responsable, no la obligue a asistir a su centro de trabajo y no le sean descontadas cantidades de su salario debido a las inasistencias que presente, en donde labora como analista de crédito y cobranza, ya que no es una empresa que realice actividades esenciales. En ese contexto, se impone destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la competencia de los órganos jurisdiccionales de amparo especializados por materia, se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad responsable. Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS".; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX. Marzo de dos mil nueve, Materia Común, página 412. Registro: 167761. A partir de lo anterior, este Juzgador considera que para dilucidar la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad señalada como responsable, es necesario atender a la relación existente entre esta última y la parte quejosa, ya que sólo teniendo en cuenta cuál es el tipo de relación que las une, se puede entender la naturaleza del acto señalado como reclamado. En mérito de lo anterior, si el acto señalado como reclamado se ubica en el ámbito del derecho laboral, no cabe duda que debe considerarse como de naturaleza laboral, sin que ello implique que el juicio de amparo sea procedente, pues el análisis de su naturaleza únicamente sirve para determinar qué Juez de Distrito especializado por materia debe conocer del asunto. Lo anterior, toda vez que la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, lo cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. Al respecto, se impone destacar que toda controversia que implique derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y; en consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. Así, los anteriores aspectos, calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y naturaleza jurídica del acto reclamado, son los que determinan la existencia de un juicio de amparo en materia laboral, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, pues basta que se afecte algún interés fundamental tutelado por las disposiciones constitucionales y legales antes citadas y que en el amparo intervenga un trabajador en defensa de aquél para que se esté en presencia de un conflicto en materia de trabajo. Precisado lo anterior, se concluye, que los actos reclamados inciden en el ámbito de la materia laboral, pues repercuten de manera directa en los derechos laborales de la quejosa, pues como se señaló en líneas precedentes, el acto reclamado deriva de una relación obrero patronal. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. (Séptima Época, 232057, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Primera Parte, Materia Administrativa, Laboral, página 9. Lo anterior cobra relevancia en la medida que denota que los actos señalados como reclamados por la promovente del amparo son de índole laboral, esto, con independencia de los Acuerdos vinculados con las medidas preventivas que se deban implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este órgano jurisdiccional sostiene su incompetencia por razón de materia para conocer de este asunto, razón por la cual, con fundamento en el artículo 48, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que resuelva a qué órgano jurisdiccional le corresponde conocer este juicio de amparo. Agréguese copia del oficio de cuenta para que obre en el cuaderno de antecedentes e informe la presente determinación al Juzgado oficiante. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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