Alexey Gonzalez Ramos

Expediente 2323/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2323/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Alexey Gonzalez Ramos

Actuaciones

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  1. Principal

    NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    MESA VIII-A Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de diciembre de dos mil diecinueve. AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a las doce horas del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por el licenciado Alan Alejandro Orozco Hernández, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 2323/2019, promovido por Rodrigo Prats Cruz, en favor del quejoso Alexey González Ramos, contra actos del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración Federal, con sede en esta ciudad y otras autoridades, sin la asistencia de las partes. De inicio, la Secretaría hace constar que obran agregados a los autos: 1.- Demanda de amparo. 2.- Constancias de emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 3.- Informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, la Secretaría certifica: Que no existe promoción con la cual dar cuenta. Que el Agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento o alegato de amparo de su intención. c) Que en veintiséis de noviembre del año en curso, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como Delegada Estatal del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, suspendiéndose toda comunicación con la misma. Enseguida, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias y certificaciones para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que se tienen por admitidas y desahogadas las documentales allegadas por la autoridad responsable Directora de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, como soporte a su informe justificado, al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se cierra el período probatorio. A continuación se procede a la apertura del diverso de alegatos, en donde se tiene que la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este juzgado, formuló los de su intención; ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia, y al no existir actuaciones pendientes por desahogar, el Juez de Distrito acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 2323/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Rodrigo Prats Cruz, en favor del quejoso Alexey González Ramos, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecinueve, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que encabeza esta resolución, y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33 fracción IV y 37 párrafo primero de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados en esta vía tendrían verificativo en el ámbito espacial en que este tribunal ejerce válidamente sus funciones. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama del Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración Federal, con sede en esta ciudad y otras autoridades, lo siguiente: La privación ilegal de la libertad, e incomunicación desde el dieciocho de octubre del presente año. La orden de detención con fines de deportación. La negativa de dar trámite a visa humanitaria. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Directora de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que del contenido del propio informe se advierte su existencia, lo cual también se acredita con las documentales que acompañó como complemento del mismo, pues se ellos se advierte que efectivamente el aquí quejoso se encontraba alojado en las instalaciones de dicha institución. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. En el presente caso, este juzgado estima de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, se dice en la especie se ha suscitado un cambio de situación jurídica, que lleva a considerar como consumadas de manera irreparable las violaciones que se atribuyen al acto reclamado. Ahora bien, del análisis de la disposición legal en cita, se infiere que la acción constitucional es improcedente cuando se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal suerte que no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio; resultando por tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y acorde con el criterio identificado con el número 2a. CXI/96, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.", por regla general el cambio de situación jurídica se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie o sobrevenga una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo esa tesitura, se puntualiza que en la especie es verídico que ha cambiado la situación jurídica que prevalecía con motivo del acto reclamado, de modo tal que no podría analizarse la constitucionalidad del acto impugnado sin afectar la nueva situación jurídica emanada de un diverso acto posterior. Lo anterior es así, ya que de las constancias que envió la Directora de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, como soporte a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa efectivamente se encontraba alojado dentro de las instalaciones del Instituto de Migración de esta localidad al momento de la promoción del presente juicio de amparo (cuatro de noviembre de dos mil diecinueve), sin embargo, hace notar que a la fecha ya no se encuentra alojado en dichas instalaciones, incluso hace mención que el ocho de noviembre del presente año, emitió pronunciamiento en el cual se le otorgó al quejoso documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas en el territorio mexicano, informando además que la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, se encuentra pendiente de resolver en definitiva la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (fojas 86 y 87). De lo antes expuesto, se desprende con meridiana claridad que la determinación adoptada por la autoridad responsable el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el procedimiento administrativo migratorio E.A./1S.9/DFCHIS/JUR/CUB/6140/2019, sustituyó procesalmente los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, el juicio de amparo es improcedente para combatir los efectos de los actos reclamados en esta vía (la privación ilegal de la libertad, e incomunicación desde el dieciocho de octubre del presente año, orden de detención con fines de deportación y negativa de dar trámite a la visa humanitaria), pues no podría resolverse sin afectar la nueva situación creada a partir de la sentencia dictada en dicho procedimiento. Cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En las relatadas condiciones, es evidente que respecto a los actos aquí reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, ante la notoria, manifiesta e indudable actualización de la causa de improcedencia antes invocada, con apoyo en la fracción V, del numeral 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que es evidente que se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo, en el cual surgió un nuevo acto, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en esta vía, pues la sentencia dictada con posterioridad al acto aquí reclamado, traería consigo nuevas consecuencias jurídicas, las cuales cambian la situación jurídica de la parte quejosa, mismas que de considerarse ilegales, tendrían que ser materia de otro juicio. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, si bien es cierto no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, lo cierto es que existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que no es dable permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse por no formar parte de la misma, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, lo que constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, siendo ésta la razón que justifica plenamente la existencia de la causa que ahora se analiza. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia descrita al inicio de este considerando, lo que se impone es decretar el sobreseimiento del presente juicio en su totalidad, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Rodrigo Prats Cruz, en favor del quejoso Alexey González Ramos, contra los actos y autoridad a que se contrae en el segundo considerando de esta sentencia y por las razones expuestas en el último considerando. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y lístese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, ante el licenciado Alan Alejandro Orozco Hernández, Secretario de este tribunal, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA VIII-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de once de noviembre del año en curso, para que manifestara lo que estimara pertinente, respecto a la inexistencia de la autoridad responsable denominada como Delegada Estatal del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, sin que haya formulado manifestación alguna. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado al quejoso en dicho proveído, y téngase como inexistente a la autoridad responsables de mérito, debiéndose suspender toda comunicación oficial con la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Alan Alejandro Orozco Hernández, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    MESA VIII-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Directora de la Estación Migratoria Siglo XXI adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio y delegados a las personas propuestas por la autoridad responsable. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales públicas que remite la autoridad en comento, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 del ordenamiento legal invocado. Con fundamento en el artículo 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a éste órgano jurisdiccional. En relación a su contenido, con apoyo en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formulados las manifestaciones que vierte a guisa de alegatos, para los efectos legales procedentes, los cuales se tomaran en cuenta en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de su relación en el acto de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas encargado del despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Alan Alejandro Orozco Hernández, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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