Alexeis Villarreal Castañeda

Expediente 960/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
960/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Alexeis Villarreal Castañeda
  • Secretaria de Gobernacion, Ciudad de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra el auto dictado en el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa, sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 2 Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto causó estado para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, que queda sin efectos las providencias decretadas en el auto inicial de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. JUICIO DE AMPARO DESTRUÍBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 3 Amparo indirecto 960/2023 destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CONSERVABLE Respecto del cuaderno incidental, se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, pues se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación, terminado el proceso de depuración, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 4 TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente al Secretario de Gobernación, con sede en Ciudad de México, a través de la autoridad que corresponda. Únicamente, se tienen por hechas sus manifestaciones, ya que el asunto en que se actúa se encuentra fallado, al haberse sobreseído fuera de audiencia. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN INCIDENTAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las doce horas con quince minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José de Jesús Soto Ríos, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia incidental en el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 960/2023, promovido por Alexeis Villarreal Castañeda, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México y otra autoridad. Acto seguido el secretario del Juzgado, da cuenta con la relación de constancias. Entre las que destacan las siguientes: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 COPIA DE LA DEMANDA DE AMPARO 1-13 2 SUSPENSIÓN PROVISIONAL 16-24 3 EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 28 4 INFORME PREVIO DE LAS RESPONSABLES 29-31, 54 y 55 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN TAPACHULA, CHIAPAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD NEGÓ 2 CSECRETARIO DE GOBERNACIÓN, EN CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO NEGÓ La Jueza, acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos a que haya lugar. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 2 Por otro lado, se abre el período de pruebas, en el que se hace constar que ninguna de las partes las aportó. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que únicamente los formuló: No. PARTE Manifestaciones FOJA 1 Agente del Ministerio Público de la Federación Alegatos 39 y 40 Al respecto, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos del representante social adscrito, y ante ese escenario, se declara cerrada dicha fase, y se orden dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 960/2023. RESULTANDO ÚNICO. Actos reclamados y efectos para los que se solicita la suspensión. En el presente caso, en su demanda de amparo el incidentista señala como acto reclamado lo siguiente: _La falta de expedición o entrega de la constancia de trámite de refugio a nombre del quejoso. _La falta de expedición o entrega de la CUR a nombre del quejoso; y _La violación de debido proceso en el procedimiento administrativo de solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 3 Así, se solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de que se ordene a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Chiapas, la expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de condición de refugiado [CUR], así como la inscripción del quejoso al Registro Nacional de Población, para la emisión de su Clave Única de Registro de Población [CURP], para que no se deje en estado de indefensión al impetrante y en estado de vulnerabilidad, a fin de tener acceso a la salud, educación, empleo, entre otros. En ese sentido, cabe aclarar que se ajustarán los efectos de la medida suspensiva de trato, en aras de fijar la situación en que deberá de quedar el estado de las cosas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio principal. Máxime porque, como se precisará a continuación, los alcances de la suspensión tratándose del acto reclamado, se encuentran expresamente previstos en la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. CONSIDERANDO Primero. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 4 INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Secretario de Gobernación, en Ciudad de México, a través del servidos público autorizado, al rendir su respectivo informe previo negó categóricamente la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, dado que la negativa apuntada no fue desvirtuada por la parte quejosa con prueba alguna en contrario, razón por la cual se impone negar la suspensión definitiva solicitada, por no existir materia a qué aplicarla. Cobra aplicación al respecto, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5983, del Tomo LXXIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza". Segundo. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Po otra parte, la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 5 a Refugiados, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa a expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado [CUR] y la negativa para expedir la Clave Única de Registro de Población [CURP], al rendir su respectivo informe previo, sin embargo, fue omiso en acreditar que se haya expedido en favor de la parte quejosa la constancia de trámite de reconocimiento de la condición de refugiados [CUR], así como la Clave Únca de Registro de Población [CURP], o en su caso, que se haya admitido a trámite la solicitud de refugiado de los impetrantes. Por consiguiente, se estima que lo procedente es desvirtuar la negativa de la autoridad responsable y tener por cierta la existencia del acto reclamado citado, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. Máxime que en la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable es de naturaleza omisiva, de tal manera que si la potestad aduce su inexistencia, se encuentra obligada a acreditar la actuación que en concreto haya realizado. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 6 carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza del acto mismo no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir el acto reclamado, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentra o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la negativa a expedirle la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado [CUR], y la Clave Única de Registro de Población [CURP] para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado por parte de las autoridades responsables, por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 7 Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tienen la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 8 inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado, si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 9 dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 10 indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente caso, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla, toda vez que exhiben documento nacional de identificación de la República de Cuba y la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado con número de cita 209015. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 11 que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 12 generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 13 migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados. DECISIÓN Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable Titular de Oficina de Representación en esta ciudad de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, expida a los quejosos de forma provisional, la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP),, hasta en tanto se 18/04/24 18:30:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 José de Jesús Soto Rios 14 comunique la determinación que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el entendido de que la presente determinación no vincula a la autoridad responsable en comento, para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a la autoridad responsable que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. CUMPLIMIENTO La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto, Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO.- SE NIEGA a Alexeis Villarreal Castañeda, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclamó de la autoridad precisada en el considerando primero de este fallo y en los términos ahí indicados. SEGUNDO.- SE CONCEDE a Alexeis Villarreal Castañeda, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclamó de la autoridad precisada en el considerando segundo de este fallo y en los términos ahí indicados. Notifíquese personalmente.

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe previo correspondiente al Secretario de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, a través del servidor público autorizado signante. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia incidental. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Notifíquese.

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