Alexandra Hernández Martínez

Expediente 325/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
325/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Alexandra Hernández Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se impugnara; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE CAUSÓ EJECUTORIA. Devuélvanse a la Sala responsable las constancias que allegó, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, es destruible, pues se negó la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 325/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo 325/2023, promovido por ., por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala y Juez Quinto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 4, 14 y 17 constitucionales. Segundo. Trámite. El veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se designó asesor jurídico para representar a la infanta involucrada, se señaló hora y fecha de la audiencia constitucional. La representante social de la Federación adscrita no intervino, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la parte tercera interesada, la asesora jurídica designada aceptó y protestó el cargo; y, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. litis. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: 1) La sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés dictada en el toca ., por la Segunda Sala Familiar de esta Ciudad, que modificó los acuerdos tomados en la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veintidós en el juicio familiar ., por el Juez Quinto de la propia especialidad y residencia y confirmó la asignación de la custodia a la demandada. Los aspectos modificados consisten en la orden de realizar estudios psicológicos a las partes y la pareja actual de la actora, previo a fijar un régimen de convivencias; la solicitud de girar oficios al Centro de Convivencias familiares supervisadas para realizar una entrevista diagnóstica; la orden de elaborar un estudio de trabajo social; y requerir a las partes rendir información patrimonial para fijar una pensión alimenticia provisional. 2) La ejecución. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Sala responsable aceptó la existencia del acto reclamado en su informe justificado, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, acorde al segundo párrafo de su artículo 2. Por su parte el Juez responsable manifestó adherirse al informe rendido por el tribunal de alzada, por lo que se tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones relevantes: 1. El uno de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda promovida por., contra., donde solicitó la entrega, guarda y custodia de la infanta de iniciales., gastos y costas. 2. El cuatro de noviembre de dos mil veintidós tuvo lugar una plática con la niña .,que derivó en la asignación de su custodia provisional a su abuela materna ., la cual se desahogó en lo relativo, como se transcribe: "(.) en este acto se procede a celebrar la plática ordenada en autos con la menor de edad (.) quien se encuentra Asistido (sic) de la Representante de menores designada por el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, así como de la Agente del Ministerio Público de la Adscripción, manifestando: Que tengo 8 años, voy en cuarto de primaria en la tarde, tengo 9 y 10 de calificación, mi escuela se llama., casi todo mi salón son mis amigos, ahorita vivo con mi tía., sin recordar desde cuando vivo con ella, también vivo con mi tío, que es esposo de mi tía, vivo con ellos porque de la fiscalía y del DIF me dijeron que me quedara con ellos a vivir en lo que se resolvía, mi tía es quien me da de comer, me lleva y recoge de la escuela, mi tía es quien me ayuda a hacer la tarea cuando está difícil, y cuando está fácil, yo la hago sola, mi papá., él se separó de mi mamá y ya tiene mucho tiempo que no lo veo, no me busca para vernos, y a mi mamá no la he visto desde hace más o menos dos años. A mi mamá no la quiero ver, porque me hacía cosas, me maltrataba, me pegaba, mi mamá tiene una pareja que se llama., ellos compraron un perrito que rompía cosas en la casa, rompía el papel, hacía muchas travesuras., vio que había muchas cosas rotas en la casa y él le dijo a mi mamá que era yo quien rompía las cosas pero no había sido yo, sino el perro, el perro me mordió el pie. Cuando vivía con mi mamá, mi abuelita pasaba por mí al trabajo de mi mamá los viernes, y me iba a quedar con mi abuelita. A mi abuelita si me gustaba verla, pero la fiscalía me dijo que no podía verla, solo le mando mensajes, antes me llevaba bien con ella, me gustaría vivir con mi abuelita, siempre había estado con ella, a ella no la he visto desde septiembre de ese año, ella se hacía cargo de mí, con mi abuelita vive un tío y mi prima, también a ella le pasó algo más feo, a mi tío casi no lo veo, ya que sale fuera a trabajar, me llevo bien con mi prima, ella tiene 13 años, pero es mi deseo vivir con mi abuelita, porque siempre he estado con ella, es quien me lleva a la escuela, me da de comer y me lava la ropa, me siento muy bien estando con mi abuelita y quiero regresar con ella, no quiero ver a mi mamá porque me trata muy mal cuando estaba con ella me pegaba, le hacía caso a su pareja.., y por culpa de él me pegaba y castigaba, por eso no quiero regresa con ella, siento que mi mamá no me quiere, y yo la quiero poquito."; (.) EL C. JUEZ ACUERDA: Ténganse por hechas las manifestaciones de la Ministerio Público de la adscripción, así como por celebrada la plática con la niña (.) para todos los efectos conducentes; por tales circunstancias, vistas las constancias de autos, las que gozan de valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 327 fracción VIII, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles, el Suscrito Juzgador atendiendo al interés superior de la niña (.) quien en esta diligencia de manera libre y espontánea, en presencia de su asistente de menores y de la representación social, expresó su deseo e inquietudes respecto a la situación que actualmente se encuentra viviendo, es por lo que, se determina que la GUARDA Y CUSTODIA provisional de (.) quede a favor de su abuela materna., para todos los efectos legales a que haya lugar." 3. La progenitora., interpuso recurso de apelación, fallado por la sala responsable bajo el toca., el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que lo modificó para añadir, en lo relativo, el siguiente contenido, seguido de la parte transcrita previamente: ". Por otra parte, atendiendo al interés superior de la niñez, el cual obliga a que en las Controversias del Orden Familiar, el Juzgador deba observar, por sobre todas las cosas el bienestar de los infantes, anteponiendo al interés de cualquier adulto involucrado en la contienda, incluso, supliendo en su provecho la queja deficiente y dadas las amplias facultades con las que cuenta el Juzgador de allegarse de medios de prueba; así como, que en el caso concreto existen imputaciones de violencia en contra de la actora y de la pareja de la misma en agravio de la menor de edad, de lo que se infiere que podría estar en peligro la integridad física, psíquica y emocional de la niña involucrada y dadas las amplias facultades con las que cuenta el suscrito Juzgador de allegarse de medios de prueba, gírese atento oficio a la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA APOYO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a fin de que designe perito en psicología y señale día y hora para que se proceda a practicar estudios psicológicos tanto a las partes, como a la menor de edad, así como a la pareja sentimental de la actora de nombre ., de tal modo que a través de la aplicación de las baterías evaluativas que resulten específicamente aplicables o necesarias al caso, se determine en cuanto a la infante el estado psicológico de la misma, si ha sido receptora de violencia familiar física y emocional por parte de su progenitora, de la pareja sentimental de la misma, de su abuela materna o de cualquier otra persona con la que se relacione, el grado de vinculación afectiva hacia su madre y hacia su abuela materna y para el caso de que se detecte que existe alguna conflictiva, señale el grado de afectación; asimismo, si existe o no algún tipo de impedimento para llevar a cabo un régimen de visitas y convivencias con su progenitoras, así como el impacto que le causaría la fijación de dicho régimen; en relación a., y ., si éstos ejercen algún tipo de violencia en agravio de la menor, si representan un peligro para la misma, si presentan algún signo de ser personas violentas y el estado psicológico de los mismos; respecto de., si la misma ejerce algún tipo de violencia en agravio de la niña o en su caso algún tipo de manipulación; precisándose que, una vez que se cuente con los resultados de dichos estudios, se proveerá lo conducente en relación a establecer un régimen de visitas y convivencias, pues será hasta entonces que se tendrá la certeza jurídica de las circunstancias particulares del caso y se podrá establecer de manera objetiva si existe o no un tipo de impedimento para llevar a cabo dicha convivencia o si en su caso se puede realizar en el Centro de Convivencias Familiar Supervisadas de este H. Tribunal, dado que se desconoce si la menor requiere de preparación psicológica previa o si debe desarrollarse algún tipo de terapia específica a la par de éstas. Al igual que su progenitora y su abuela materna, pues no obstante el régimen de visitas y convivencias es un derecho humano de los menores que se debe de respetar, se debe ser prudente y tener cuidado para determinar cuál es el régimen más conveniente para la menor; de igual forma, se estima necesario también ordenar la práctica de una pericial en trabajo social a ambas partes, a efecto de obtener información del ambiente en el que se desarrollan y si es adecuado para el desarrollo de la infante; en ese sentido, gírese atento oficio a la SUBDIRECCIÓN DE TRABAJO SOCIAL DE ESTE H. TRIBUNAL, para que designe trabajador social, a efecto de que se practiquen estudios en trabajo social a ambas partes en los domicilios que señalen para tal efecto; en consecuencia, SE REQUIERE PERSONALMENTE a., e ., para que en el término de CINCO DÍAS señalen sus respectivos domicilios en los que habitan, a efecto de llevar a cabo los estudios ordenados, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad de $..., M.N.), por desacato a un mandato judicial, con fundamento en los ordinales 62 y 73 del Código de Procedimientos Civiles. Asimismo, atendiendo a que las autoridades deben privilegiar el derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes de convivir con sus progenitores no custodios, con el objeto de lograr su estabilidad personal y emocional, lo que es una cuestión de orden público e interés social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 941 y 941 Bis del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, en relación con el 17 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada de este H. Tribunal, gírese atento oficio al Centro de Convivencia Familiar Supervisada de este H. Tribunal, a fin de que señale día y hora en la que se deberá realizar una entrevista diagnóstica a las partes y a la niña involucrada, a fin de que determine la viabilidad de que se fije un régimen de convivencia supervisado entre Ia infante de iniciales., y su progenitora en sus instalaciones o en su caso sugiera un programa de revinculación familiar o si los integrantes de la familia deben recibir previamente atención, evaluación o terapias psicológicas o cualquier otra que pueda ser benéfica para el interés superior de la menor de edad, en razón de que obran en autos manifestaciones por parte de la demandada en contra de., de violencia en agravio de la infante y por otra parte están agregadas a los autos copias de la indagatoria interpuesta por la actora en contra de., por el delito de retención de menor, desprendiéndose de las mismas diversa denuncia interpuesta por la enjuiciada en contra de la actora, por el delito de violencia familiar, además de que, de autos se desprende que ambas partes fueron coincidentes al referir que desde el once de febrero del dos mil veintiuno, ., no ha visto a su hija; mientras que, la propia niña, en la presente diligencia manifestó que desde hace más o menos dos años no ha visto a su ascendiente de primer grado, de lo que se infiere que en efecto, no se ha llevado a cabo un régimen de convivencias; por lo que en caso de proponer al Operador de Justicia, el programa al que deba someterse las contendientes, como la niña involucrada deberá remitir a este H. Juzgado los avances del proceso terapéutico al que sean sometidos las partes y la infante, así como los informes que en su caso pongan de relieve los avances de la vinculación maternofilial y una vez que determine que existe viabilidad para desarrollar un régimen en sus instalaciones, lo informe de manera inmediata con la finalidad de que se decrete un régimen supervisado y en tal caso, se aperciba a las partes con una medida de apremio para que se conduzcan con respeto y cordialidad con relación a los derechos de la persona menor de edad. Finalmente, atendiendo a que los alimentos provisionales, son una medida cautelar de carácter especialísimo, por no estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable y atendiendo a que en el caso concreto, se decretó la guarda y custodia provisional de la niña a favor de su abuela materna; SE REQUIERE PERSONALMENTE A LA DEMANDADA, a efecto de que en el término de CINCO DÍAS manifieste bajo protesta de decir verdad cuál es la fuente y monto de sus ingresos; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad de (.); asimismo, SE REQUIERE PERSONALMENTE a ., e ., para que en el término de CINCO DÍAS exhiban planilla de gastos, acompañada de documentos fehacientes que acrediten los montos declarados; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa."; Hecho que sea lo anterior, se fijara de manera inmediata una pensión alimenticia provisional (.)" Esta última resolución y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene los derechos de la infanta relacionada, por condicionar la revinculación materna a las pruebas periciales ordenadas y a la aprobación del centro de convivencias. El fallo reclamado es una limitación injustificada, porque la autoridad no valoró la posibilidad de convivencias supervisadas, para mantener relaciones personales y de trato directo con los progenitores, paralelo a la custodia, que son necesarias porque la última reunión fue hace dos años y que la plática desahogada revela aleccionamiento en la infanta. La violencia atribuida no ha sido acreditada con pruebas fehacientes, como tampoco excesos u omisiones en el cuidado, por ello es injustificado restringir la custodia y la convivencia incluso de forma supervisada, porque es evidente el alejamiento y la autoridad debe adoptar medidas para reparar la relación filial, porque los niños y niñas tienen derecho a la revinculación. Aludir al interés superior del menor por sí solo no justifica la medida ni acredita el riesgo, por el contrario, para demostrarlo se requiere un estándar de prueba concreto, claro y convincente para derrotar el principio de mantenimiento de las relaciones familiares. Los conceptos de violación son infundados y para demostrarlo serán analizados de forma conjunta como fueron agrupados, por integrar temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda al orden planteados en la demanda de amparo. En el caso está relacionada una niña de aproximadamente nueve años de edad, lo cual implica por sí solo que el análisis de la queja debe considerarla de forma preponderante, sin que para ello obste la naturaleza de los derechos en controversia o el carácter de quién promovió el juicio de amparo, aunque con ello se lleguen a modificar planteamientos que no figuran en los agravios de las partes, ofreciendo así una ventana procesal para garantizar los intereses de la infanta, pues el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en lo concerniente a ésta, no corresponde en exclusiva a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar su protección sustancial . 1 Tiene aplicación la Jurisprudencia 191/2005, de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en el Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 167, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, Además, de considerar la Observación General número 17 (derechos del niño artículo 24), del Comité de Derechos Humanos, que en lo relativo sostuvo: "La obligación de garantizar a los niños la protección necesaria corresponde a la familia, a la sociedad y al Estado. Aunque el Pacto no indique cómo se ha de asignar esa responsabilidad, incumbe ante todo a la familia, interpretada en sentido amplio, de manera que incluya a todas las personas que la integran en la sociedad del Estado Parte interesado, y especialmente a los padres, la tarea de crear las condiciones favorables a un desarrollo armonioso de la personalidad del niño y al disfrute por su parte de los derechos reconocidos en el Pacto. No obstante, puesto que es frecuente que el padre y la madre ejerzan un empleo remunerado fuera del hogar, los informes de los Estados Partes deben precisar la forma en que la sociedad, las instituciones sociales y el Estado cumplen su responsabilidad de ayudar a la familia en el sentido de garantizar la protección del niño. Por otra parte, en los casos en que los padres falten gravemente a sus derechos o maltraten o descuiden al niño, el Estado debe intervenir para restringir la patria potestad y el niño puede ser separado de su familia cuando las circunstancias lo exijan. En caso de disolución del matrimonio, deben adoptarse medidas, teniendo en cuenta el interés superior de los niños, para asegurarles la protección necesaria y garantizar, en la medida de lo posible, relaciones personales con ambos padres." Precedente que orienta el derecho a la convivencia del infante en la familia de origen, y su separación de forma excepcional al amparo del derecho del primero a vivir y permanecer con su familia ampliada o referentes afectivos, y los deberes de todas las personas vinculadas por un parentesco cercano, y únicamente de manera excepcional fuera del núcleo social de pertenencia o habitual, con el fin de tutelar el derecho humano especifico a vivir en familia. Por ello, como principio orientador del fallo y el tema toral que es la guarda, custodia y revinculación materna, debe prevalecer el interés superior de la infanta2 , que es un principio cuyo incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz". fundamento está en la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales y es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en "todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." El Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el "principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño". 3 Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado la importancia del interés superior del menor en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño4 , ha definido que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 2 Tiene aplicación la tesis aislada P. XXV/2015 (10a.), del Tribunal Pleno, de la décima época, de registro 2009999, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.". 3 Observación General Nº 7 (2005), párrafo 13. 4 Al respecto, tiene aplicación la tesis P. XLV/2008, del Tribunal Pleno, de la Novena Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 712, de rubro: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA.". Ahora, la controversia que atañe al acto reclamado fue generada por la demanda de la quejosa, de tener la custodia de su hija, o bien, un régimen de revinculación, porque la abuela materna mantiene la titularidad del primer derecho y el segundo se condicionó al resultado de los estudios ordenados. La posición de la quejosa es que su contraparte sustrajo a la infanta relacionada, y la demandada opone que esa acción fue la única defensa que tuvo disponible para proteger a la niña, de su mamá y su actual pareja. El acto reclamado fijó mecanismos de protección provisionales, cuya necesidad fue demostrada en el desarrollo de la prueba indiciaria, su pertinencia justificada en la seguridad de la infanta y su idoneidad, en los beneficios de la red familiar de apoyo que la niña inmersa identifica como un único respaldo, sobre el vínculo materno que la ha violentado. El régimen transitorio se concreta en ordenar evaluación psicológica a los involucrados, asignar la custodia provisional a la abuela materna, retrasar la determinación del régimen de visitas y preparar la base de los alimentos a imponer, que incluye para todos los derechos, recabar pruebas ordenadas de manera oficiosa. Esas conclusiones se alcanzaron con base en el principio de mayor beneficio dentro de la familia para la infanta, bajo el entendimiento (doctrinal) de: la suplencia de la queja; el interés superior de la infancia; y, la guarda y custodia, conforme a las siguientes pruebas: Debe asignarse la custodia a la abuela materna aunque en diverso proceso se otorgó a la progenitora, porque en la plática desahogada la niña dijo que no quiere ver a su mamá porque le pegaba, maltrataba, relegaba y menospreciaba frente a su actual pareja, y su abuela siempre ha estado con ella, la acompaña en su rutina escolar, de aseo y alimentaria. - Indicios corroborados con la declaración de la abuela materna en cuanto a que la niña se niega a vivir con su mamá, que la actual pareja se llevó a la infanta a rituales de santería y a presenciar maltrato animal, que le infunde miedo y al parecer se droga colectivamente, que ambos la maltratan, que su mamá la deja encerrada o con personas que también le daban miedo para salirse en la noche y que la actora no inscribió a su hija a la escuela, pues la demandada aparece como responsable en las hojas de inscripción. - Las declaraciones se respaldan en lo depuesto por la abuela materna e infanta, en la carpeta de investigación ..., porque son acordes. - La plática con la infanta se desarrolló de forma espontánea, sin intervención de los progenitores, que afectara la libre expresión de la voluntad. Con esos indicios se alcanzaron las siguientes conclusiones: - Los hechos depuestos por la niña y su abuela materna han sido congruentemente expresados en diversos procesos, y son indicios de violencia intrafamiliar atribuidos a la progenitora y su actual pareja contra la infanta que aunque no son prueba plena, permiten tomar medidas para beneficiar a la niña, siguiendo el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niños, niñas y adolescentes, pues ante la duda razonable de riesgo, se deben dictar de inmediato medidas de protección infantil. - La edad de la infanta le permite expresar con madurez sus sentimientos y deseos de permanecer con su abuela materna porque ahí se siente a gusto, y aptos para determinar su custodia. - No se advierten indicios de manipulación, porque el rechazo y repudio expresado a la mamá, deriva de acciones realizadas solo por esta última, su explicación no involucra a la abuela, y recalca la utilidad para tomar una decisión provisional. - La abuela materna es la idónea para tener la custodia, no hay riesgo al optar por ella, aunque fue denunciada por su propia hija de sustracción, no se ha perfeccionado la acción penal, y el órgano acusador acordó dejarla con sus tíos hasta resolver. - No puede optarse por la progenitora porque hay desapego y rechazo de su hija, ni deseo por permanecer a su lado. - Para volver a revisar la posibilidad de modificar la custodia, fijar un régimen de revinculación y descartar riesgos en la integridad, ante la noticia de posible violencia cometida en agravio de la infanta, de oficio se ordenan estudios psicológicos para constatar la veracidad de las acusaciones a la mamá y su pareja, pues la autoridad debe llegar a la verdad de los hechos para otorgar la mejor protección a los niños. Las pruebas ordenadas tienen el fin de establecer objetivamente si existe o no impedimento para la convivencia materna, incluso supervisada, porque se desconoce la necesidad de terapias preparatorias, lo cual obliga a tomar medidas prudentes y cuidadosas, y evitar daños o mayor rechazo causadas por decisiones precipitadas. - Es necesaria una pericial en trabajo social, para obtener una perspectiva apropiada y benéfica para la infanta, que conjuntamente revelen el estado psicológico, apegos, grado de vinculación, afectos, signos de violencia, impedimentos para la revinculación, aleccionamientos, peligros y origen de la conflictiva. - El centro de convivencias supervisadas debe entrevistar a las partes para diagnosticar la viabilidad de convivencias supervisadas, sugerir el programa de revinculación, si antes deben recibirse terapias, atención o evaluación, porque desde el once de febrero de dos mil veintiuno, la infanta no ha visto a su mamá y se corrobora con la plática. - Para fijar una pensión alimentaria, la actora debe informar la fuente y monto de sus ingresos, las partes deben exhibir planilla de gastos, conforme a la naturaleza de los alimentos. Como se advierte de lo sustentado por la sala responsable, la niña involucrada expresó en diversos procesos de forma congruente, negativas tanto a permanecer bajo los cuidados de su mamá, como a convivir con ella y su círculo inmediato donde está su actual pareja, porque fue violentada de diversas formas. De igual modo, la infanta explicó que la convivencia con su mamá ha tenido como nota común un clima hostil, ha sido marcado por el miedo a las conductas de su progenitora y las acciones violentas que ha sufrido, que acorde a la narrativa han dejado una herida de menosprecio y minusvalía frente a la propia progenitora. Asimismo, la niña inmersa estableció la forma, acciones, rutinas y sentimientos que ha tenido y tiene al estar con su abuela materna, así como las razones por las cuales desea mantener vínculos directos con ella, lo cual en su conjunto permiten identificar el clima afectivo del cual emanan las manifestaciones y dan sentido a las conductas expresadas con palabras, para ejemplificar los diferentes ámbitos donde se siente apoyada, apreciada, valorada, amada y respaldada. Al contrastar ambas posiciones de la infanta, permite apreciar tanto conductas como secuelas, distantes entre sí pero narradas bajo una misma lógica vivencial complementaria, porque relata una línea de tiempo constante y secuencial, bajo una regla de causa efecto. Por su parte, las personas adultas involucradas, asumen posturas contradictorias como se explicó al inicio de la presente, porque la mamá únicamente se victimizó utilizando la maternidad y la calidad procesal de acusadora en una carpeta de investigación, para descargar acusaciones en su propia progenitora y antagonista procesal y obtener merced de la fuerza del Estado, los cuidados de su hija. En esa narrativa no se advierten exculpaciones, explicaciones o disculpas en los efectos relatados por la infante, sino una negativa, explicada, en su concepto, bajo el aleccionamiento y/o alienación por la abuela materna, ni desarrolla los escenarios que tiene disponibles o está dispuesta a construir en beneficio de su hija. Dicho contenido no se encuentra en las deposiciones de la enjuiciada que si bien parte de un entendimiento de aquella situación o contexto familiar, que en su concepto es apto o idóneo para su nieta, lo cierto y relevante es que asume las consecuencias de acciones, tomadas conforme se fueron presentando, explicadas en la protección de la infanta. Lo cual se recalca en que la abuela materna no cuestiona el ejercicio de la maternidad, sino los daños directos y colaterales de la relación personal de su contraparte, descargados y/o resentidos por la niña involucrada, lo cual implica asumir una responsabilidad de cuidado, sin desconocer el orden bajo el cual esas obligaciones deben cumplirse. Sobre esa base, se contesta en primer lugar que los indicios obtenidos por la sala responsable son aptos y suficientes para demostrar las conclusiones del caso, que es el riesgo bajo el cual se encuentra la infanta y por ende la necesidad de las medidas provisionales de protección. En efecto, es correcta la valoración realizada en el acto reclamado porque los testimonios rendidos contienen la narración de lo vivido, observado, sentido y escuchado, que a su vez permitió cumplir con el objetivo de la prueba que es clarificar y ordenar detalles de los acontecimientos a partir de la vivencia subjetiva, porque consta la expresión sobre los temas que desearon hacerlo, que giró sobre la dinámica familiar y las constantes de violencia, su origen y causas, así como el único respaldo disponible que moderó las consecuencias. Además, entre sí las pruebas son aptas porque se corroboran mutuamente de forma congruente en cuanto a los hechos descritos, las circunstancias asimiladas y la opinión personal de los involucrados y sujetos activos, esto es, las acciones de la progenitora, su actual pareja y la forma en que intervino la abuela materna, la rutina convivencial, las agresiones sufridas, las secuelas resentidas, de las cuales se dieron detalles en cuanto a su efecto físico, el incremento del nivel de agresión como constante en la narrativa común y los medios comisivos. Además, mutuamente se corroboran los eventos y lugares en las cuales específicamente ocurrieron los hechos rememorados, causados directamente por la progenitora y su actual pareja, que hacen verosímil creer que por esas razones se pudieron tener presentes detalles específicos. Eventos que acorde a su narrativa se complementan porque en lo sustancial reiteran de forma diferente la mecánica en que ocurrieron, los medios empleados y aproximadamente los días o fechas en que sucedieron porque no se remiten directamente a las agresiones calificadas como actos o conductas de violencia familiar, sino que son abordados por referencia en primer lugar a una causa externa que detona su recuerdo y el contexto que ayudó a reforzar su narrativa. Esto es, por la reiteración de las actitudes parentales que los causaron y las personas que siempre intervinieron, es el único recuerdo que dejaron en las memorias de la infanta a causa de reiterar un trato constantemente violento. Frente a ese contexto vivencial, como se reitera en el acto reclamado, las deposiciones valoradas bajo el rigor de la prueba indiciaria, entre sí permiten inferir por ahora que la progenitora/actora y su actual pareja, sí han sido generadores de la violencia familiar sufrida por la infanta, que derivó en intervención de la abuela materna/demandada, y hacen necesarias las medidas de protección implementadas por la sala responsable, pues basta corroborar la alegación de agresión y la existencia de indicios leves sobre dicha situación. En tal sentido, contrario a lo alegado, los indicios descritos son suficientes y razonables para sustentar la medida, porque no es necesario acreditar de forma fehaciente la implementación de las medidas provisionales desarrolladas en el acto reclamado5 , sino apreciar de forma probable y posible, bajo indicios leves o tenues. 5 Siguiendo la tesis aislada 1a. CXI/2016 (10a.), de registro digital: 2011439, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, que dice: "VIOLENCIA FAMILIAR. ELEMENTOS QUE DEBEN VERIFICARSE PARA DICTAR UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN. Para dictar una medida de prevención basta que exista una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de los integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se verifique un daño. Así, basta que el juzgador advierta, además del dicho de la persona que alega la agresión, la existencia de indicios leves sobre dicha situación. Tal estándar se desprende tanto del deber de protección de los derechos a la salud e integridad física y mental de las víctimas, como de las medidas de protección reforzadas que merecen los menores de edad y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, conforme a la cual, para otorgar las órdenes emergentes y preventivas, deberán considerarse el riesgo o peligro existente y la seguridad de la víctima." Lo cual implica también restringir la presencia de los agresores en beneficio de la infanta y del desarrollo que proceso para permitir obtener conclusiones objetivas que reflejen las necesidades fidedignas de las partes, la forma de reestablecer los lazos familiares rotos, o bien, la forma de evitar conflictos mayores en todo el círculo familiar, como sostuvo en lo relativo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Angulo Losada Vs. Bolivia, en los términos siguientes: "106. Conforme la Corte ha establecido, los Estados deben garantizar que (i)el proceso se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a la edad de la niña, niño o adolescente; (ii)el personal encargado de recibir el relato, incluyendo autoridades fiscales, judiciales, administrativas, personal de salud, entre otras, esté debidamente capacitado en la materia, de modo que la niña, niño o adolescente se sienta respetado y seguro al momento de relatar lo que le sucedió y expresar su opinión y en un entorno físico, psíquico y emocional adecuado, que permita que relate los hechos ocurridos o sus vivencias de la manera que elija, sin la utilización de un lenguaje ofensivo, discriminatorio o estigmatizante por parte del personal192; (iii)las niñas, niños y adolescentes sean tratados a lo largo del proceso penal con tacto y sensibilidad, explicándoles la razón y utilidad de las diligencias a llevarse a cabo o la naturaleza de los peritajes a los cuales se le someterá, siempre con base en su edad, grado de madurez y desarrollo, y conforme a su derecho a la información; (iv)las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual tengan respectada su intimidad y la confidencialidad de la información, de ser el caso, evitando en todo momento la participación de estos en una cantidad excesiva de intervenciones o su exposición al público, adoptando las medidas que sean necesarias para evitar su sufrimiento durante el proceso y causarle ulteriores daños193; (v)la entrevista con la niña, niño o adolescente víctima de la violencia sexual, la cual debe ser videograbada194, se lleve a cabo por un psicólogo especializado o un profesional de disciplinas afines debidamente capacitado en la toma de este tipo de declaraciones, no pudiendo ser interrogada en forma directa por el tribunal o las partes; (vi)las salas de entrevistas otorguen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, que les brinde privacidad y confianza a las víctimas, y (vii)que las niñas, niños y adolescentes no sean interrogados en más ocasiones que las estrictamente necesarias, atendiendo a su interés superior, para evitar la revictimización o un impacto traumático195." 6 Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 18 de noviembre de 2022. Serie C No. 475., Párrafo 106. Por otra parte, tampoco asiste razón a la quejosa al calificar como injustificada la restricción temporal de las convivencias maternas. Como se advierte, en cuanto a los hechos el acto reclamado justificó las medidas de protección impuestas, como preámbulo a tomar una decisión sobre las visitas y convivencias, al tener acreditado que la progenitora y su círculo inmediato conformado por su actual pareja, han generado daños y colocado en peligro a la infanta. La decisión tiene implícitas dos situaciones, la posibilidad de establecer una modalidad en la vinculación materna, o bien, la restricción de la presencia materna en la vida de la infanta, y como nota común, la adquisición individual de herramientas emocionales y psicológicas, que acorde a lo resuelto son necesarias para superar las heridas de menosprecio dejados en la infanta. Esa finalidad como se avizora en el acto reclamado sí tiene una justificación conforme al interés superior de la infancia, porque los antecedentes de la controversia son evidencia de un conflicto entre las instituciones de la guarda y custodia, a cargo de la abuela materna, y el régimen de convivencia materno, que afecta la convivencia familiar directa (entre ellos), e indirecta (con los círculos familiares ampliados por las nuevas realidades familiares), que autoriza al Estado a establecer mecanismos que permitan salvaguardar el derecho a la familia, preponderantemente a la niña inmersa con la posibilidad incluso de someter los derechos de su progenitora. Cierto, es correcto limitar el derecho a las convivencias materno-filiales y posponer el señalamiento de un régimen de convivencias, porque los indicios recientes de riesgo, y de impulsar tal circunstancia avivaría la percepción que tiene la niña de su mamá y el lugar que ocupa en su vida, así como en margen de prioridad en sus afectos y emociones. Además, la infanta percibe a su mamá como su agresora y que actúa violentamente sobre ella para dar gusto o para beneplácito de su actual pareja, y por ello rechaza la convivencia con ellos, es decir, se siente menospreciada y violentada, lo cual a su vez justifica prepararla mediante la obtención de herramientas emocionales, para hacer viable una relación y/o un mecanismo de interactuar con su mamá. En ese sentido, las terapias ordenadas como mecanismo de protección, tienen la finalidad de otorgar tanto a la niña como a su mamá y sujetos involucrados las herramientas necesarias para superar la problemática familiar donde están involucrados, así como el rechazo que tiene por su mamá, porque el psicólogo tratante deberá precisar si puede sostener convivencias sin afectar su desarrollo psicológico, debiendo señalar en qué momento las convivencias materno-filiales pueden darse, ya sea de manera supervisada o abiertas, o bien, si se requieren más terapias. Ese propósito al cual apela el acto reclamado se considera justificado, conforme a los derechos del niño reconocidos a nivel nacional e internacional, pues los hijos tienen derecho a convivir con sus progenitores, mientras no haya una causa grave para suspender esa convivencia. Lo cual tiene lugar en el caso al considerar que hay una separación evidente de la niña con su mamá al menos por dos años, y que ésta ha sido un factor importante como autora y cómplice, para debilitar los lazos afectivos con su hija, porque acorde a la infanta ha generado y/o se le atribuye en gran medida la problemática familiar actual. Además, que la progenitora ha ejercido el derecho a convivir de manera intimidatoria, violenta y despectiva, que ha tenido el resultado de inducir sentimientos negativos y de rechazo, no a la figura materna, sino a la presencia en la vida de su hija y relegarla de sus ámbitos personales completamente. Ante ese panorama, es claro que la infanta presenta una afectación psicoemocional, causada por hechos o conductas vinculadas a la convivencia familiar, imputable y/o atribuida a su mamá, por implementar prácticas correctivas poco asertivas, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, insultos, actitudes devaluatorias, desdén e indiferencia a las necesidades emocionales de su hija, con el único objetivo de reforzar el afecto de su pareja. Sin embargo, aun ante ese panorama la propia infanta dejó abierta la posibilidad de un acercamiento a su mamá, pues expresó cariño, aunque poco, lo cual denota un margen de reconocimiento a las labores maternas, y la posibilidad de tenerla presente en su vida, empero, de forma importante y valiosa, sin ser relegada por órdenes o para obtener la aprobación de su actual pareja. Lo anterior evidencia que la medida idónea es que tanto la progenitora como su hija, acudan a la terapia ordenada a fin de que cese la afectación y corregir esa percepción a la mamá y las relaciones interpersonales, la apreciación devaluatoria y percibirse como víctima, demostrada por los hechos descritos en el acto reclamado, y esa decisión satisface el interés superior de la niñez. Lo anterior, pues con independencia del proceso revinculatorio, las terapias otorgarían a la infanta las herramientas necesarias para tener un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, y al acudir a ellas se determinará si puede sostener convivencias con su mamá y/o el círculo materno, bajo la condición de no trastocar su esfera psicoemocional, o bien, si es necesario implementar otro mecanismo. Dado que se pretende otorgar herramientas para superar la problemática familiar donde está inmersa, que no permite la comunicación asertiva entre las partes y la imposibilidad para educar a la niña involucrada, lo cual demuestra un beneficio individual y otro colectivo, y que no es un requisito para acceder en automático a las convivencias, porque esa posibilidad todavía depende de que las partes tengan la capacidad de acceder a esa realidad, y que el contexto de circunstancias lo permita. En tal orden de ideas, es infundado alegar que la autoridad responsable restringió injustificadamente las convivencias, pues en los hechos sí fue considerada esa posibilidad; en tal sentido, son infundados los conceptos de violación. Tiene aplicación, la tesis aislada I.7o.C.107 C, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 169680, de la Novena Época, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES. CUANDO EN UNA CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, ALGUNO O AMBOS PROGENITORES MANIFIESTEN ACTITUDES QUE PUEDAN AFECTAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA O SEXUAL DE SUS MENORES HIJOS, EL JUZGADOR DEBE ACTUAR, INCLUSO DE OFICIO, SOMETIÉNDOLOS A TERAPIA PSICOLÓGICA, A FIN DE CUMPLIR CON DICHO PRINCIPIO. Los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 2, fracción I y 4, fracción I de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, en concordancia con los diversos preceptos 3 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno), establecen el interés superior de los menores como principio rector en las decisiones de carácter judicial que repercutan en la vida de aquéllos. Dicho principio obliga a que en las controversias del orden familiar, el juzgador observe, por sobre todas las cosas, el bienestar de los infantes, anteponiéndolo al interés de cualquier adulto involucrado en la contienda, incluso, supliendo en su provecho la queja deficiente. Así pues, cuando en un juicio de esa naturaleza, alguno o ambos progenitores manifiesten actitudes o comportamientos que puedan dañar la integridad física, psíquica o sexual de sus menores hijos, el Juez, en aras de cumplir con el mandato constitucional, debe, aun de oficio, tomar las medidas necesarias para someter a los padres a terapia psicológica, a fin de que cese la afectación, pues esa decisión tiende a lograr el bienestar de los niños y en consecuencia, a satisfacer el principio de su interés superior." Así como el criterio 1a. CCXXV/2015 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro digital: 2009458, de la Décima Época, que señala: "DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO FAMILIAR LIBRE DE VIOLENCIA. DEBERES DEL JUZGADOR EN MATERIA PROBATORIA. Si bien la carga de la prueba recae en la presunta víctima de violencia familiar, no en todos los casos ésta debe acreditar la situación de violencia familiar, sin que signifique que se invierte la carga de la prueba al demandado. En determinadas circunstancias el juez debe allegarse de oficio de mayores elementos probatorios con la finalidad de esclarecer la posible vulneración a la integridad física de la persona agredida, lo que es congruente con la doctrina desarrollada por esta Suprema Corte, en el sentido de que el juzgador debe allegarse de oficio de material probatorio cuando se involucren los derechos de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable de la sociedad. Lo anterior se justifica en la medida que una de las partes de la contienda de violencia intrafamiliar está en una situación de debilidad frente a su presunto agresor." Ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo; negativa extensiva al acto de ejecución, pues no se combate por vicios propios sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo anterior, la jurisprudencia 91, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía."7 Finalmente, no se analizaran los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis constitucional, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala y Juez Quinto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ...., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe con justificación de la Sala responsable, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmense los cuadernos auxiliares I al III, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

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