ALEXA ZAMARA MELO SOTO y Otros.
Expediente 418/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- ALEXA ZAMARA MELO SOTO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese el oficio del Juzgado Segundo Familiar de la Ciudad de México; en atención a su contenido se comunica que el auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, no fue impugnado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Devuélvanse las constancias remitidas por las autoridades responsables, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en los sellos de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del caso, ... se hace la observación de que el sumario ES SUSCEPTIBLE DE depuración pues se negó el amparo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva; ... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, donde se informa la imposibilidad de notificar en forma personal a la tercera interesada la sentencia dictada en autos; en consecuencia, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la resolución aludida, este proveído y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA SENTE NCIA DICTADA EN AUTOS, SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 418/2020 promovido por ..., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El siete de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: "SENTENCIA DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2020." Segundo. Admisión. El nueve de septiembre posterior, se admitió la demanda, se dio intervención a la Fiscal Federal adscrita, se requirieron informes justificados, y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó al tercero interesado; la representación social adscrita no formuló pedimento; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, ... Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La sentencia emitida el trece de agosto de dos mil veinte, por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca 479/2020, que confirmó el auto de trece de enero anterior, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 156/2015, por la Juez Segundo de la propia especialidad y residencia, donde se requirió a la quejosa entregar el inmueble ubicado en ... Tercero. Existencia. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con los informes justificados rendidos en sentido afirmativo, como se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. ... Quinto. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio previo a las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia, y la jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 1 La parte tercera interesada invocó como causales de improcedencia las previstas en las fracciones XII y XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin embargo, resultan infundadas, porque la sola aseveración de que se actualizan es insuficiente para estudiar la improcedencia del juicio, pues al respecto la parte que las hace valer debe aducir los argumentos que justifiquen tal afirmación, lo cual en el particular no ocurrió, porque se limitó a mencionarlas y afirmar que debe declararse el sobreseimiento del juicio, sin el desarrollo de mayores razonamientos para demostrarlo, circunstancia por la cual este Juzgador está impedido para resolver favorable su petición. Tiene apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Al no existir más causales de improcedencia que analizar, y el suscrito no advertir oficiosamente otra, procede entrar al estudio de los actos reclamados. Sexto. Se procede al estudio de los conceptos de violación. Precisado lo anterior, los conceptos de violación resultan inoperantes, dadas las razones que enseguida se exponen. En principio cabe precisar que en los juicios seguidos ante tribunales judiciales, cuando cualquiera de las partes formula alguna petición, obliga al resolutor a realizar un análisis exhaustivo de ella, a fin de dictar sentencia. Posteriormente, si mediante el recurso respectivo se controvierte la resolución que virtud a esa solicitud se emitió en el juicio de origen, el impugnante no se puede concretar o limitar a repetir los argumentos expresados en su escrito primigenio, ni a esgrimir argumentos genéricos, subjetivos o novedosos en la instancia de alzada o en el medio de impugnación procesal, sino que tiene la carga de fijar su posición argumentativa, frente a la asumida por el órgano que tomó la anterior decisión, con razonamientos orientados a evidenciar que las consideraciones fundantes de la resolución recaída a su solicitud, no están ajustadas a derecho. De ese modo, puede continuar sucesivamente esta forma de proceder si se decide acudir al juicio de amparo contra la resolución dictada en el recurso, porque la sentencia recaída en éste constituye un acto nuevo contra el cual se debe enderezar argumentación específica del subsecuente medio de defensa, que es la respuesta del impugnante a la resolución dictada por la autoridad, en cada juicio o recurso promovido. Para que en un juicio de amparo en materia civil, por regla general regido por el principio de estricto derecho, se pueda analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, es necesario que el promovente formule argumentos relativos a las razones que fundaron la resolución impugnada, esto es, que sus conceptos de violación evidencien que las consideraciones tomadas por la autoridad responsable no son legalmente correctas, para que el tribunal de amparo pueda analizar si efectivamente dicho acto es o no violatorio de sus derechos fundamentales. La secuela impugnativa formada por el juicio natural está conformada de tal manera que el recurrente o inconforme plantea los agravios que le causa el acto impugnado, y con esto obliga al órgano revisor a formular las respuestas en la resolución propia del medio de impugnación; pero al existir posteriormente un juicio de amparo indirecto, el quejoso no puede limitarse a repetir en sus conceptos de violación, los argumentos expuestos como agravios, pues estos razonamientos ya fueron objeto de una resolución jurisdiccional. Lo anterior, se justifica porque al promover el juicio de amparo, el quejoso debe establecer los argumentos lógicojurídicos para evidenciar que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable son contrarias a las disposiciones de la Ley Fundamental. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia II.3o.J/42, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 28, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Si el quejoso expresó ciertos agravios ante la autoridad responsable, ésta los estudió y declaró infundados, resultan inoperantes los conceptos de violación en que aquel se limita a repetir tales agravios, sin aducir razonamiento alguno tendiente a desvirtuar las consideraciones que dicha responsable hizo para llegar a la conclusión apuntada." Por el contrario, el quejoso no puede solicitar por medio del juicio de amparo un nuevo análisis de los agravios hechos valer ante la Sala responsable, ignorando el fallo recaído a su inconformidad, sino que debe hacer valer argumentos que evidencien la inconstitucionalidad de éste, para que el Juez de Amparo se pronuncie sobre tal materia. Para evidenciar la inoperancia de los conceptos, se realizará una confronta de los agravios expresados por la quejosa en el recurso de apelación, contra la determinación que ordenó la entrega del inmueble relacionado al proceso, además que se destacará la respuesta a los primeros. En el escrito de apelación, la garante señaló los siguientes agravios: - La determinación apelada causa agravio porque permite la desposesión sin haberse pagado antes. - Si bien la menor involucrada ya es mayor de edad, se le debió notificar el estado procesal del juicio para que manifestara lo que conviniera a sus derechos, aunado a que es copropietaria y se debe pagar la operación, para sufragar los impuestos y comprar otro bien, como se condenó. - Ante el carácter familiar de las diligencias de jurisdicción voluntaria, la autoridad debe protegerla y no a terceros, con independencia de cumplir su propia sentencia. Los argumentos torales de la Sala para confirmar la determinación de primera instancia, y contestar agravios, fueron: - Los agravios son infundados. - Si una persona es representada en un juicio por su calidad de menor y durante el procedimiento adquiere la mayoría de edad, es inconcuso que cesa la representación de sus padres, momento en el cual queda indefenso porque quienes ejercían la patria potestad ya no podrán actuar en su nombre, y si lo hacen toda actividad resultara ineficaz no solo frente al aparente representado sino del mismo procedimiento, en detrimento de la tutela social que durante los primeros años de su vida le procuró salvaguardar todos sus derechos. - Es obligación del juzgador vigilar el momento en que el menor de edad adquiere la mayoría, para notificarle el estado procesal del juicio. - Consta en el expediente que la tutriz interina de la entonces menor de edad ... indicó el momento en que esta última adquiriría la mayoría de edad, por lo cual en auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho se requirió a la representante para señalar un domicilio donde notificar la tramitación del juicio. - En escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho ... se apersonó al proceso, y el veintisiete siguiente se le tuvo compareciendo en ejercicio de sus capacidades de goce y ejercicio a causa de su mayoría de edad, en reconocimiento de sus derechos de audiencia y legalidad. - Si bien está pendiente la resolución del recurso de queja interpuesto por ... contra la inadmisión del incidente de nulidad, respecto de todo lo actuado posteriormente al auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, al estar firme la diversa determinación de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la comparecencia mencionada surte plenos efectos y es apta para darla por enterada del estado procesal del juicio. - No asiste razón al inconforme en el agravio donde sostiene que se le pretende lanzar sin pagarle, porque en auto de cinco de junio de dos mil diecisiete se tuvo a la empresa ..., exhibiendo el billete de depósito con el cual cubrió la cantidad total fijada en la subasta pública. - Con la consignación de los valores fijados, se tuvo a la moral pagando el precio total de remate y por ende de la compraventa, no restante que no se haya entregado el numerario, porque no es el momento procesal oportuno, pues aún no se han determinado los gastos de escrituración, ni los adeudos de impuestos y servicios del inmueble, así como la retención señalada en oficio número 1798 suscrito por el juzgador instructor. - Conforme a la sentencia de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, previamente a la entrega del numerario, se deben pagar los adeudos señalados. - Al perfeccionarse la compraventa con el pago del precio, ... y ... dejaron de ser propietarias del inmueble, que fue adquirido por la citada empresa, por ello, no hay razón para negar al adjudicatario el derecho a disfrutar la posesión útil de su derecho real de propiedad, adquirido en una venta judicial perfecta. - Tiene apoyo la jurisprudencia de rubro: "REMATE JUDICIAL. LA ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN NO CONSTITUYE UN REQUISITO PREVIO PARA QUE SE PONGA AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO JALISCO)." En su orden, los conceptos de violación participan de los siguientes términos: 1. El acto reclamado genera una violación al artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, por apreciar incorrectamente las circunstancias del caso. 2. La Sala responsable dejó de proteger el interés jurídico de quien fuera menor de edad, por no analizar que habita el inmueble que se ordenó entregar y porque tampoco se ha puesto a disposición el numerario producto de la adjudicación. 3. La autoridad debe dar prioridad a la debida división de los billetes consignados, previo a la entrega del inmueble, de lo contrario se contravienen las garantías de legalidad, audiencia y seguridad jurídica. Como se advierte de la confronta de los agravios y los conceptos de violación, los últimos devienen inoperantes, porque la promovente insiste en los planteamientos e inconformidades que fueron materia del recurso ordinario2. En efecto, la quejosa reitera vía concepto de violación los agravios expresados contra la determinación de trece de enero de dos mil veinte, absteniéndose de controvertir la respuesta que le dio la Sala a esas objeciones. Esto es, la peticionaria se abstiene de controvertir lo relativo a la vinculación al proceso de quien fuera menor de edad al inicio del mismo, con los cuales en concepto de la autoridad responsable, se colmaron las garantías de legalidad y audiencia. Además, la inconforme tampoco alegó contra las consideraciones del acto reclamado, relativas al perfeccionamiento de la venta judicial, es decir, los actos que la adquirente debía satisfacer para poder demandar la entrega del inmueble con motivo de la venta judicial. Aunado a que la quejosa tampoco argumentó contra la consideración que declaró el perfeccionamiento de la venta judicial, que a su vez reconoció la posibilidad del adquirente de gozar de la posesión útil del derecho real de propiedad. De igual modo, la impetrante dejó de alegar sobre el orden de los créditos que debían satisfacerse de forma previa a la entrega del numerario a las anteriores propietarias del inmueble, ahora adquirido por la empresa Desarrolladora ..., ni que esa prelación ya había sido establecida en una sentencia de forma previa que también era del conocimiento de las partes. Por el contario, la quejosa únicamente redundó en la naturaleza familiar del proceso de origen, en que hay una persona involucrada que fue menor de edad, y que el numerario pagado por la adquirente tampoco ha sido entregado. Lo anterior evidencia que los planteamientos de la impetrante de modo alguno controvierten las formalidades de la venta judicial en lo aplicable al proceso, particularmente las consideraciones relativas al momento en que se pierde el derecho de propiedad, y el adquirente obtiene la posibilidad de demandar la entrega. Tampoco se objetó por qué la aparente naturaleza jurídica familiar de la causa, puede someter las consideraciones previamente determinadas en sentencias que prepararon la transmisión del derecho real de propiedad, y específicamente fijaron el orden de los pagos a los cuales se debía destinar el numerario, previo a entregar el remanente a la parte quejosa; lo cual implica que se trata de cuestiones repetidas que no controvierten lo resuelto en el fallo impugnado. Al respecto sirve de sustento la jurisprudencia V.2o.J/18, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA.- Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta." También es aplicable, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada." Igualmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama." Consecuentemente, al ser inoperantes los conceptos de violación, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ., por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala y Juez Segundo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese en su momento personalmente a las partes. "
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 418/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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