Alexandra Alcaráz Alcazar
Expediente 627/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alexandra Alcaráz Alcazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el once de octubre del año en curso, fueron devueltas las constancias remitidas en copia simple por el Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a efecto de que las devolviera debidamente certificadas, sin a la fecha hayan sido remitidas a este órgano jurisdiccional las constancias relativas a los escritos que le fueron presentados a manera de petición con diversas fechas, entre ellos los de doce y trece de enero de dos mil veintidós, nueve de marzo de dos mil veintidós, ocho de diciembre de dos mil veintidós, catorce de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, requiérase a la responsable en cita, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias en que se basó para emitir el acto reclamado en copias debidamente certificadas, o bien, manifieste su impedimento para hacerlo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Por tanto, para dar oportunidad a que las constancias sean remitidas, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones que anteceden de las que se advierte que mediante circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, de igual forma, de manera retroactiva, se declararon como inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre del año en curso, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistiría su validez; y, por aviso de declaración de días inhábiles pero laborables y esquema de atención para asuntos urgentes, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito en Morelia, Michoacán, se declararon como días inhábiles pero laborables del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por las razones ahí expuestas. Ahora, de autos se advierte que la audiencia Constitucional del presente asunto se encontraba señalada dentro de dichos días declarados inhábiles, razón por la cual no tuvo verificativo; por tanto, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otra partes, visto el escrito firmado electrónicamente por..., autorizada de la parte quejosa con amplias facultades para promover por parte de la moral quejosa Estancias Unidas y de Calidad, Asociación Civil, mediante la implementación de la Firma Electrónica Certificada (FIREL); atento a su contenido, dígasele que se esté a lo determinado por auto de once de octubre del presente año, en el cual se acordó lo conducente a las constancias solicitadas en copia certificada, dado el yerro en que incurrió la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número CJDG/DACL/3461/2023, signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en autos, pretende cumplir con el mismo y remite copias simples de las constancias relacionadas con la omisión reclamada en esta instancia constitucional. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable de mérito, adjuntó a su ocurso de cuenta copias simples de las constancias en que se basó para emitir el acto reclamado; por tanto devuélvansele las mismas y con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, requiérase a la responsable en cita, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita las constancias en que se basó para emitir el acto reclamado en copias debidamente certificadas, o bien, manifieste su impedimento para hacerlo, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el veinticinco de septiembre del año en curso, se difirió anticipadamente la audiencia constitucional, a efecto de requerir diversas constancias relacionadas con la omisión reclamada en la presente instancia constitucional al Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y se señalaron para tal efecto las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo; determinación que fue notificada las partes mediante lista de acuerdos, para lo cual se hace el pronunciamiento respectivo, para los efectos legales y procesales a que haya lugar. Finalmente, agréguese el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por ********************, autorizada de la parte quejosa con amplias facultades para promover por parte de la moral quejosa ********************, mediante la implementación de la Firma Electrónica Certificada (FIREL); atento a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Aparo, por formulando los alegatos que realiza en su ocurso de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese.
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