Alejandro Villegas Vieya
Expediente 1021/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Villegas Vieya
- Marcelino González Garcia en cuanto Notario número 163 con sede en Maravatío, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del quince al diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se tiene a la vista el juicio de amparo 1037/2021, de la estadistica de este órgano jurisdiccional, de los que se advierte que la apoderada del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, señaló como actos reclamados los siguientes: ".Lo constituyen los avalúos del 29 de septiembre de 2021, emitidos por el instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con números genéricos G-20438-A-ZNC y G-20437-A-ZNC y números secuenciales 03-21-658 y 03-21-659.". Los cuales fueron atribuidos al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; ahora, cabe precisar que en el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se determinó que el acto ahí reclamado fue emitido en estricto cumplimiento a las consideraciones y lineamientos que rigen la sentencia emitida en el juicio en que se actúa. Lo cual es un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, y la jurisprudencia número XXII. J/12, consultable en la página 295, Tomo V, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En mérito de lo anterior, se obtiene que a la data en que se actúa los avalúos de las superficies expropiadas, ya fueron emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sin que la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXVI, de esta ciudad, hubiere informado al respecto, ya que se reitera que los efectos del fallo protector en el presente asunto son: "I. Reponga el procedimiento de ejecución de sentencia. II. Deje insubsistente el auto de fecha once de octubre de dos mil nueve, en donde consideró que bastaba la actualización de los antiguos avalúos para que se cumpliera con el fallo, no así la realización de nuevos avalúos. III. En su lugar emita otro, en el que precise los alcances del fallo agrario, de acuerdo a los lineamientos trazados en esta sentencia. IV. Hecho lo anterior, requiera a la demandada Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para que por su conducto solicite al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la práctica de un nuevo avalúo sobre las superficies expropiadas. V. Con las cantidades que arrojen tales valuaciones -cuya antigüedad no debe ser mayor a un año a la época de pago- realice la liquidación correspondiente al ejido; y, VI. En términos de lo previsto por el artículo 191 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, provea sobre el eficaz cumplimiento de la sentencia. Restituyendo de esta manera al núcleo ejidal en el goce de sus garantías violadas, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo." [lo subrayado es propio]. Por tanto, con fundamento en los artículos 80 y 104, de la abrogada Ley de Amparo, requiérase al aludido Tribunal Agrario e Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), está última en su calidad de autoridad vinculada al cumplimiento, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación que de este auto se le realice, informen los trámites dados a la ejecutoria de amparo, sobre todo lo referente a los avalúos emitidos el veintinueve de septiembre de esta anualidad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo o bien, manifiesten el impedimento legal o material que tuviera para ello. Bajo apercibimiento que en caso de ser omisos a dicho requerimiento, se procederá conforme al numeral citado en el párrafo que antecede; sin que obste a lo anterior, el hecho de que Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) no haya sido señalada como autoridad responsable en este juicio de garantías, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución, en términos de la tesis de jurisprudencia número 235, que aparece publicada en la compilación de 1995, Tomo VI, página 159, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLAS ESTAN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir con la sentencia de amparo, sino cualquier otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo". Notifíquese.
- Principal
...Vista la demanda de amparo promovida por... contra actos del Notario Público Número 163, con ejercicio y residencia en Maravatío, Michoacán, Licenciado..., se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, con el número 1021/2021-I. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I y 5, fracción II todos de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Cabe destacar que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados en: "DE LA AUTORIDADES, SEÑALADA DE RESPONSABLE, LE RECLAMO.- Al Licenciado MARCELINO GONZALEZ GARCIA, Notario Público número 163 ciento sesenta y tres, SUS ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, consistente en: a).- Extender la Escritura Privada numero 551 quinientos cincuenta y uno, a las 12:00 doce horas, del 28 veintiocho de junio del año 2010 dos mil diez, del Contrato de Compra-Venta, que realizo el vendedor CARLOS VIEYRA MONDRAGON, y de compradora, HUMBERTA CONCEPCION LUGO LUGO, del Resto del Predio Rustico denominado..., de la Manzana de Juan Pérez, Municipio de Aporo Michoacán, con la extensión superficial de 00-29-70 CERO HECTAREAS, VEINTINUEVE AREAS, CON SETENTA CENTIAREAS.; con las colindancias: POR EL NORTE.- Con JOAQUINA VIEYRA MONDRAGON, AL SUR.- Con carretera Aporo-Ojo de Agua, barranca de por medio, AL ORIENTE.- Con... , y por EL PONIENTE.- Con..., Registrada en la Receptoria de Rentas del Municipio de Aporo Michoacán, con la Clave Catastral número... Cuenta Predial número 01-0402-2-000205, y de inscribirla en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán, con el Tomo número 000007831 Registro número... del Libro de Propiedad, correspondiente al Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, a nombre de HUMBERTA CONCEPCION LUGO LUGO, acreditándolo con las copias certificadas de este Título de Propiedad, emitidas por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán, de fecha 04 cuatro de octubre del año 2021 dos mil veintiuno.". Ahora bien, del último artículo transcrito con antelación se desprende que no define el concepto de autoridad, sino únicamente establece qué actos pueden considerarse como reclamables a las autoridades, en la medida que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Desde un punto de vista estrictamente formal, las autoridades son los órganos del Estado, lo cual implica un relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número XXVII.3o.36 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1852, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del rubro siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES. Conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y ahora atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, la protocolización de una escritura pública por un notario público, al ejercer esa función en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen". Así como la diversa tesis número P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 118, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora bien, las funciones de los notarios, se encuentran establecidas en el artículo 3° de la Ley del Notariado, CAPITULO I "DE LAS FUNCIONES DEL NOTARIO", en el que textualmente se establece: "ARTICULO 3o.- El notario es el profesional del Derecho investido de fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes, revistiéndolos de solemnidad y formas legales". De lo que se advierte que los notarios públicos únicamente se encuentran facultados para hacer constar actos, hechos o bien expedir escrituras públicas, como sucedió en la especie, no así para emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Por lo cual se concluye que el amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado al Notario Público Número 163, con ejercicio y residencia en Maravatío, Michoacán, Licenciado..., consistente en haber elaborado, protocolizado e inscrito la escritura pública privada que así se reclama, no puede considerarse autoridad para los efectos del juicio de amparo, lo que se hace extensivo por lo que ve a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, toda vez que sus actos derivan de una autoridad inexistente para los efectos del amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la diversa tesis aislada VI.1o.A.32 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2881, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO REGULADO POR LA LEY VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con el artículo 14 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 2 de febrero de 2004, la función del notariado esencialmente consiste en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que deba o quiera darse autenticidad y seguridad jurídica conforme a las leyes, y son los propios particulares quienes acuden a solicitar la prestación de los servicios notariales y pagan por éstos; por tanto, la actuación del notario, como cuando expide una escritura pública, no puede ser considerada como un acto de autoridad, dado que una de las notas esenciales de éste la constituye el hecho de que a través de los actos unilaterales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, por lo que es dable advertir que los actos del notario público, de acuerdo con la normativa que los rige, no tienen tales efectos. Así, el hecho de que en ocasiones, por determinación de la ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha establecido, dicha intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de esos actos o hechos. En este sentido, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se realizó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, sin que lo anterior signifique que, a través de la función notarial, se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los particulares. Por ello, los actos del notario no pueden ser considerados de autoridad para los efectos del juicio de amparo". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle..., en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a..., toda vez que en esos términos fue designado. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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