Alexander Castañeda López
Expediente 28/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Alexander Castañeda López
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO La secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de queja ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, tras una revisión del expediente en que se actúa, no se advierte que se haya exhibido documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. La secretaria Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. En la misma fecha, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el estado de los autos, en específico con el acuerdo dictado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete a través del cual se desechó la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la debida aclaración que la parte quejosa no anexó a su demanda de amparo documentos originales ni alguno otro que amerite su devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretario que autoriza. Doy fe. DEY____ SISE_______
- Principal
CUENTA. En dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con un escrito con número de registro 705, tres copias de traslado y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE ESCRITO Y ESTADO DE AUTOS. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio, que suscribe el quejoso Alexander Castañeda López, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en proveído de once de enero de la anualidad actual; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata y copias de traslado, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se extraen los siguientes actos reclamados al Juez Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad de Zacatecas: a) La resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio de divorcio voluntario 734/2014, a través de la cual ordena la liquidación de la sociedad conyugal en contravención al convenio celebrado entre el ahora quejoso y Gloria Aparicio Zamarrón. b) El proveído de cinco de enero de dos mil diecisiete, dictado por la autoridad responsable, en el que declara improcedente el recurso de apelación hecho valer por el justiciable, en contra de la resolución interlocutoria dictada el treinta de noviembre del año pasado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. Bajo ese contexto, se estima que en relación a los actos reclamados por el justiciable, en su demanda de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, como se explica enseguida. Para así hacerlo es necesario traer a glosa el contenido de la referida porción normativa que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". La reproducción que antecede pone de manifiesto que para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitorio, esto es, que sea la última y final determinación ordinaria que provenga de la autoridad de la que emana el acto que agravia al particular; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter de recurso de defensa extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deben analizar aquellos actos respecto de los que ya no hay posibilidad jurídica procesal de que puedan cambiar, en otras palabras, que el acto materia de la violación de garantías sea el pronunciamiento y decisión final de la autoridad responsable. Para satisfacer lo anterior, el gobernado tiene -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa ordinarios que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. La obligación de mérito la exige esencialmente la fracción reproducida en relación a los actos provenientes de autoridades encargadas de la administración de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia, civil, mercantil, administrativo, familiar, agrario, fiscal, entre otras; así, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes que integren el elenco procesal del juicio o procedimiento que estén instruyendo bajo su jurisdicción, el particular habrá de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria que al efecto estén dispuestos a su favor para lograr la anulación, revocación o modificación de la determinación que le causa el agravio de que se duela. Ilustra lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 1835, tomo CIII quinta época, del Semanario Judicial de la Federación. "ACTO RECLAMADO, DEFINITIVIDAD DEL. Para los efectos de la procedencia del amparo, el carácter de definitividad del acto reclamado, debe basarse en la posibilidad o imposibilidad de su impugnación, por medio de un recurso ordinario, pues de no existir ese recurso el acto reclamado es ya una molestia y también una afectación de los derechos de particulares, quienes no pueden dejar transcurrir el término señalado por la ley, ya que el acto queda firme e inatacable por medio del juicio de amparo. Ahora bien, la orden de cancelación de un permiso o autorización, dado que cancelar significa una acción definitiva, es un acto que contiene las características de definitividad, a que se refiere la fracción IX del artículo 107 constitucional, por no existir recurso alguno ordinario en contra de ella". Asimismo, debe decirse que en torno al principio de definitividad sólo algunos casos y bajo condiciones específicas se surte su excepción, mismas que contempla la Ley de Amparo, en el ya transcrito numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c); aunado a diversas hipótesis jurisprudenciales, tal y como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis número 2a. LVI/2000, publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Con la finalidad de demostrar cómo es que se actualiza la causa de improcedencia explicada en párrafos anteriores, se hace indispensable tomar en cuenta algunos de los hechos que el justiciable, por propio derecho manifestó, tanto en su demanda de amparo como escrito aclaratorio; que consisten en lo siguiente: La parte aquí quejosa promovió demanda de divorcio voluntario; misma que quedó radicada ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, bajo el progresivo 734/2014. Seguido el juicio por su cauce legal, el trece de febrero de dos mil quince, el Juez natural dictó sentencia definitiva, constituyendo la verdad legal el diecinueve del referido mes y año. Luego, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó resolución interlocutoria, en la que, a decir del justiciable, el Juez de origen ordenó la liquidación de la sociedad conyugal en contravención al convenio celebrado entre el ahora quejoso y Gloria Aparicio Zamarrón. Resolución que alude no se le notificó de manera personal, enterándose hasta el cinco de diciembre del año pasado de su contenido. Inconforme con dicha determinación, el hoy quejoso, interpuso recurso de apelación. Por auto de cinco de enero del presente año, el Juez de origen determinó que no había lugar a admitir tal medio de impugnación. Incisos c) y f) que constituyen los actos reclamados. Pues bien, en el caso que nos ocupa se determina que el justiciable incumplió el principio de definitividad explicado en párrafos precedentes porque dejó de hacer uso del medio de defensa ordinario consistente en el recurso de queja previsto en el artículo 392 fracciones II y III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, precepto que contempla la posibilidad de que los actos reclamados pudieran ser revocados o modificados, y así desaparecer el agravio que dice sufrió el quejoso, ello, antes de acudir a esta sede constitucional; el precepto citado con antelación dispone, en sus respectivas fracciones lo siguiente: "Artículo 392 El recurso de queja contra el juez es procedente: (.) II. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia; III. Contra la denegación de la apelación; (.)". La reproducción que antecede pone de manifiesto, por un lado, que por lo que hace al acto reclamado señalado en el inciso c), esto es, la resolución interlocutoria dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la que, a decir del justiciable, el Juez de origen ordenó la liquidación de la sociedad conyugal, en el juicio ordinario de divorcio voluntario 734/2014, en contravención al convenio celebrado entre el ahora quejoso y Gloria Aparicio Zamarrón, procede el recurso de queja, previsto en la ley adjetiva que rige el juicio natural, en su fracción II, en razón que dicha determinación fue dictada por un Juez, que el expediente de origen se encuentra en fase de ejecución, y por último que precisamente la determinación de la que se duele el amparista es una resolución interlocutoria, dictada en ésta última etapa. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que contra dicha resolución el ahora quejoso promovió recurso de apelación, puesto que como ya quedó precisado, el medio idóneo, era el de queja, no así aquél, de tal manera que el desconocimiento de la ley, no le exime de ninguna manera, de haber agotado el recurso de queja; entonces, al no interponer el recurso idóneo, el acto reclamado de referencia debe reputarse como consentido, al no impugnarse por el medio establecido por la ley. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI.3º.C.J/60, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta, tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2365, materia común, con número de registro 176608, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDONEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. En ese sentido, se precisa que en contra del acto precisado en el inciso f), también se actualiza la causal de improcedencia referida, pues contra dicho proveído cabe el recurso de queja, previsto en el artículo 392, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, pues se trata de un auto en el que no admitió a trámite el medio de defensa ordinario planteado por la parte aquí quejosa (apelación). Con lo dicho, esta juzgadora federal determina que el justiciable tenía la carga de ejercer el recurso ordinario de queja contra los autos aquí reclamados, lo que no hizo, por ello, dejó de observar el principio de definitividad que debe cumplirse ineludiblemente a fin de establecer la debida procedencia del juicio de amparo; de ahí que se deba tener por actualizado el motivo de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis III.2°.C.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 2113 del libro XVI, enero de dos mil trece, tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia". Sin que en el caso concreto se actualice alguna hipótesis legal o jurisprudencia que signifique excepción a la observancia del principio de definitividad, porque como ya se vio, el auto emanado de una contienda civil, en la que el quejoso fue parte actora, por lo que no encuadra en alguna de las hipótesis mencionadas. Por tanto, se desecha la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados de los que se duele el quejoso, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En mérito de expuesto, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda interpuesta por Alexander Castañeda López, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte quejosa con motivo de su notificación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. En el entendido que subsiste la designación de domicilio para oír y recibir notificaciones en los términos que se indicaron en el auto preventivo. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. SISE___ DEY____ RESA
- Principal
El once de enero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con: a) La demanda de amparo promovida por Alexander Castañeda López; registrada con el número 369; con tres copias que se adjuntan. b) La circunstancia de que los licenciados Jorge Rada Rojas y Edgar Israel Contreras Elías tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Félix U. Gómez número 501, Zona Centro en esta ciudad. c) El hecho de que el diez del mes y año en curso, fue turnada a este juzgado una demanda promovida por el mismo quejoso y contra la misma autoridad responsable, registrada con el expediente 27/2017-6. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Alexander Castañeda López, contra el acto del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, que estima violatorio de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 28/2017-7; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que, en el plazo de cinco días, con las copias suficientes de su escrito aclaratorio, precise los datos siguientes respecto de los actos que reclama: I. El número de expediente del juicio natural, ya que señala el 734/2014, pero resulta un hecho notorio para este juzgado que en la misma fecha el quejoso en referencia promovió diversa demanda de amparo ante este órgano jurisdiccional, registrada con el expediente 27/2017-6, cuyo contenido corresponde casi literalmente al de esta demanda, con la salvedad de que el expediente materia de los actos reclamados se precisó como 743/2014 en el juicio referido. Por lo que al ser iguales los actos reclamados, las autoridades responsables, la parte tercera interesada, conceptos de violación y los antecedentes narrados, existe incertidumbre respecto de si se trata del mismo expediente y, en caso afirmativo, del número correcto del juicio del que se trata. II. La fecha del auto que reclama, pues, en el apartado de actos reclamados de la demanda, refiere que es el proveído de cinco de enero de dos mil diecisiete; mientras que en los conceptos de violación combate únicamente el acuerdo de cinco de diciembre del año pasado. III. En caso de que se precisara que se controvierte el auto de cinco de diciembre citado, señale la fecha de notificación de éste, ya que de ambos proveídos mencionó el seis de enero de dos mil diecisiete, fecha que no resulta verosímil en relación con la fecha del acuerdo en comento. III. La materia de los actos reclamados que precise, porque es necesario que sea patente las determinaciones que fueron emitidas en éstos, al existir la posibilidad de que, en virtud de las irregularidades destacadas, se especifique un acuerdo respecto del que no se hubiera mencionado tal circunstancia. Lo expuesto a efecto de que se pueda proveer de manera integral sobre la litis constitucional planteada. Se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, como lo solicita el promovente, se tiene como autorizados para recibir notificaciones, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia, a los licenciados Jorge Rada Rojas y Edgar Israel Contreras Elías, ya que tienen registrada sus cédulas profesionales 1892201 y 7120374, respectivamente, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Félix U. Gómez 501, Zona Centro, en esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza licenciada María Concepción García Jacobo.- DOY FE. Ángeles
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