Alessia Estephania Gómez Joaquín

Expediente 215/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
215/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Alessia Estephania Gómez Joaquín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de veintiséis de noviembre del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El quince de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia en el presente juicio de garantías, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; y por otra se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: . . ." SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. El Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, con sede en esta localidad, deberá de inmediato: 1) Con plenitud de jurisdicción, dar respuesta al oficio DGRC/JCI/2061/2020, de la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y recibido el treinta de septiembre de dos mil veinte. 2) El acuerdo recaído se informe a la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México y al llevar consigo derechos fundamentales de la parte quejosa relativos a la identidad de ésta, lo notifique en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en la demanda de amparo con la que se formó el presente juicio de garantías." Posteriormente, en auto de diecisiete de noviembre del presente año, se declaró que la sentencia protectora de garantías causó ejecutoria y se procedió a requerir su cumplimiento. Al efecto, el encargado del Despacho de la Dirección del Registro Civil del estado de Zacatecas, con su promoción con folio 17694, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y al efecto adjuntó copias certificadas del oficio 1387, por el que dio contestación al oficio GES/SGA/DRC/2061/2020, del índice del Jefe de la Unidad Departamental Juzgado Central a inserciones en la Ciudad de México (Dirección General de Registro Civil en la CDMX), así como de la notificación practicada a la quejosa en relación a dicha contestación. Como consecuencia, con el proveído antes citado se dio vista a la quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, desahogando dicha vista mediante escrito recepcionado en este juzgado el dos de diciembre actual, con folio 18171. Conforme a lo expuesto, toda vez que en la sentencia de mérito se otorgó la protección de la justicia federal solicitada en los términos y para los efectos antes precisados, esto es, para que el Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, con plenitud de jurisdicción, diera respuesta al oficio DGRC/JCI/2061/2020, de la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y recibido el treinta de septiembre de dos mil veinte; asimismo, informara el acuerdo recaído a la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México; y notificara dicha determinación a la quejosa. Por lo que al existir constancia en autos de que el encargado del Despacho de la Dirección del Registro Civil del estado de Zacatecas, dio contestación al oficio GES/SGA/DRC/2061/2020, del índice del Jefe de la Unidad Departamental Juzgado Central a inserciones en la Ciudad de México (Dirección General de Registro Civil en la CDMX), así como de la notificación practicada a la quejosa en relación a dicha contestación. Por lo tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es depurable, en razón de que se concedió el amparo solicitado. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el encargado del Despacho de la Dirección del Registro Civil del estado de Zacatecas; por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y adjunta las constancias que lo acreditan. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y anexos; para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese. ...

  3. Principal

    El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, Juan García Trejo, secretario de juzgado certifica: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veinte de octubre al cuatro de noviembre, para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita del diecinueve de octubre al tres de noviembre, y para la autoridad responsable del veinticinco de octubre al nueve de noviembre, todos de dos mil veintiuno; sin que hubieran interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa. Que no se tramitó incidente de suspensión en el presente asunto. Que no existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1140/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, el encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el veinte del mes y año aludido, acordó la adscripción del licenciado Rodolfo García Camacho, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiere sido recurrida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa, en la que por una parte se sobreseyó el juicio de amparo, y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia solicitado; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, con sede en esta localidad, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "1. Con plenitud de jurisdicción, dar respuesta al oficio DGRC/JCI/2061/2020, de la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y recibido el treinta de septiembre de dos mil veinte. 2. El acuerdo recaído se informe a la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México y a llevar consigo derechos fundamentales de la parte quejosa relativos a la identidad de ésta, lo notifique en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en la demanda de amparo con la que se formó el presente juicio de garantías.". Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Juan García Trejo secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. gfp

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 215/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describe: Autoridad responsable: -Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: -La omisión de dar respuesta al oficio DGRC/JCI/2061/2020, emitido por la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones que le fue presentado en fecha treinta de septiembre de dos mil vente. Acto que a su parecer resulta violatorio del derecho fundamental contenido en los artículos 1, 4, 8, 16, 17 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo ampliada la demanda de garantías respecto de la autoridad responsable Oficialía del Registro Civil de Juchipila, Zacatecas, a quien se solicitó el informe justificado correspondiente. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el seis de septiembre de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -La falta de respuesta al oficio DGRC/CJI/2061/2020, presentado ante la Dirección de Registro Civil del Estado, el treinta de septiembre de dos mil veinte. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Oficialía del Registro Civil de Juchipila, Zacatecas, rindió informe justificado negando la existencia del acto reclamado (fojas 42 y 43). La parte quejosa no ofreció ni desahogo prueba idónea en la audiencia constitucional con la que desvirtuara la inexistencia del acto reclamado; por lo anterior, procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridad aludidos. Al respecto sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Dirección de Registro Civil del Estado, rindió informe justificado negando la existencia del acto reclamado; negativa que se desvirtúa ante las manifestaciones que realiza de la defensa de la legalidad del acto atribuido, al agregar en el citado informe: "sin embargo a la fecha se encuentra analizándose la solicitud realizada por el Jefe de Unidad de Departamental del Juez Central e Inserciones de la Ciudad de México, realizada mediante el oficio DGRC/JCI/2061/2020". Al respecto tiene aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Tanto más, que el quejoso adjunto a su demanda de amparo el oficio DGRC/JCI/2061/2020 (foja 7), al que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 120 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia y en el cual, obra sello de recibido el treinta de septiembre de dos mil veinte, por la Coordinación General Jurídica de la Dirección de Registro Civil. De ahí que, se tenga acreditado el acto reclamado y atribuido a la autoridad responsable. QUINTO. Improcedencia. En el caso, no se advierte causa de improcedencia de oficio o que hagan valer las partes, de ahí que, se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación ameritan el análisis siguiente. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la falta de respuesta al oficio DGRC/CJI/2061/2020, presentado ante la Dirección de Registro Civil del Estado, el treinta de septiembre de dos mil veinte. Acto en contra del cual, señala que la omisión de emitir la respuesta al citado oficio, trasgrede el derecho fundamental de derecho de petición, contenido en el artículo 8 de la Constitución Federal. El citado argumento resulta fundado y suficiente para otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada. En efecto, en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene el derecho de petición al disponer: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En relación con el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a dar contestación, en breve término y por escrito, a las peticiones de los particulares, aunque sólo sea para comunicarles el trámite que se haya dado a las mismas. Y si al quejoso no se le ha dado a conocer ni siquiera el trámite que a su solicitud se le hubiera dado, es incuestionable que no es en el informe justificado cuando debe indicarse que la misma solicitud de licencias se encuentra en trámite, sino comunicarlo así al quejoso mismo." (Tesis aislada, número de registro 316,110, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 32, CXXIX, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época). "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." (Tesis aislada, número de registro 177,628, Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, página 1897, XXII, Agosto de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). En efecto, los numerales y tesis transcritas, revelan que a toda petición que formulen los gobernados frente a un funcionario, empleado público o cualquier autoridad que forme parte del poder público, siempre que sea por escrito, de manera pacífica y respetuosa debe recaer un acuerdo en el que se dé contestación de manera congruente y completa a cada una de las peticiones que se le formulen, además de hacerle saber en breve término, dicho acuerdo, así, el funcionario público adquiere las obligaciones siguientes: 1. Dar respuesta congruente y por escrito, en breve termino; y, 2. Notificar la respuesta otorgada. Ahora, como se indicó en líneas precedentes, la parte quejosa reclama de la responsable la falta de respuesta al oficio DGRC/JCI/2061/2020, remitido a su potestad por la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y de cuyo contenido en lo de interés se advierte que fue para lo siguiente: "(.) Mediante el presente le informo que la persona usuaria ********************, de género MASCULINO se constituyó en las oficinas del Juzgado Central de este Registro Civil, a efecto de solicitar el trámite de LEVANTAMIENTO DE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIDAD DE GENERO, cuyo atestado de nacimiento contemplaba los siguientes datos registrales: 01-01-144-1998-NA, MUNICIPIO: JUCHIPILA, ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS de fecha 15/15/1998. Por ello, una vez practicada la comparecencia y cubriendo los registros de Ley con fundamento en los artículos 35 fracción IX, 135 bis, 135 ter, 135 quáter, 135 quintus del Código Civil y 2 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos vigentes en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se autorizó el levantamiento de una nueva acta de nacimiento de la persona promovente, quien decidió llamarse ********************, de género FEMENINO correspondiéndole los datos registrales: 09-06-OC-19445-2020-NA de fecha 12/03/2020, misma que se anexa al presente en copia certificada en papel sin valor acompañada del acta primigenia para su referencia. Al respecto, es importante precisar que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de toda persona servidora pública de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos como el derecho a la identidad de género; asimismo, el artículo 121 fracción IV de la carta magna, establece que los actos del estado civil de las personas tendrán validez en otros estados; por lo que en el marco de respeto a los derechos humanos y en apego a la Constitución se le deberá reconocer la nueva identidad de género a la persona en mérito (.)". De cuyo contenido, si bien se advierte que el oficio DGRC/JCI/2061/2020, se encuentra signado por la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México y no por la quejosa; cierto resulta a la vez que el mismo fue derivado de una petición formulada por la parte quejosa ante la referida autoridad. En efecto, al llevar consigo la falta de contestación del oficio reclamado, una cuestión relativa a la petición de la aquí quejosa formulada ante la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y relativa esta al derecho humano de dignidad por tratarse de la identidad misma de la quejosa; es que en una interpretación pro persona de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 dela Constitución Federal, se analiza en cuanto más le beneficie. Al respecto sirve de apoyo en lo conducente la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano." Asimismo, resulta aplicable la diversa tesis de jurisprudencia. "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro". En el caso, la parte quejosa exhibió con la demanda de garantías el oficio DGRC/JCI/2061/2020, recibido ante la autoridad responsable el treinta de septiembre de dos mil veinte, y del cual reclamó omisión para emitir el acuerdo respectivo. Acto respecto del cual, la autoridad responsable al rendir el informe con justificación, admitió no haber dictado el acuerdo a la citada petición, indicando que se encontraba analizando la petición realizada por la autoridad remitente y de la cual, hasta la fecha de celebración de la audiencia constitucional, no acreditó haber dictado el acuerdo respectivo y notificado el mismo. De ahí que, la autoridad responsable a la fecha ha sido omisa en emitir pronunciamiento en torno a la petición formulada a través del oficio DGRC/JCI/2061/2020, no obstante haberlo recibido desde el treinta de septiembre de dos mil veinte, actitud con la cual, trasgrede en perjuicio de la impetrante de amparo el derecho fundamental contenido en el artículo 8 de la Constitución Federal y relacionado con el derecho fundamental de dignidad al ser inherente a la identidad misma de la quejosa. En consecuencia, como se advierte del propio informe justificado rendido por autoridad responsable, se advierte que no ha emitió una respuesta a la petición del gobernado realizada a través de la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México; y ante lo cual, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. El Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, con sede en esta localidad, deberá de inmediato: Con plenitud de jurisdicción, dar respuesta al oficio DGRC/JCI/2061/2020, de la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y recibido el treinta de septiembre de dos mil veinte. El acuerdo recaído se informe a la Jefa de Unidad Departamental de Juzgado Central e inserciones de la Dirección General del Registro Civil de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México y al llevar consigo derechos fundamentales de la parte quejosa relativos a la identidad de ésta, lo notifique en el domicilio señalado para oir y recibir notificaciones en la demanda de amparo con la que se formó el presente juicio de garantías. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó de la Oficialía del Registro Civil de Juchipila, Zacatecas, en los términos indicados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, contra los actos que reclamó del Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, en los términos del considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso séptimo de esta resolución. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hasta hoy quince de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe.

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