Alexa Michelle Díaz Hernández

Expediente 457/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
457/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Alexa Michelle Díaz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI La certificación precedente, evidencia que el agraviado no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 457/2019-VI. FIJACIÓN DEL ACTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: ? El acuerdo de admisión dictado en el expediente 417/2019 por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, en el que se reservó el pronunciamiento respecto de la solicitud de medidas provisionales presentada por los quejosos. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, aplicado a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones: El numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cunado se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. [.]". Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Los preceptos trascritos contemplan el principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Dicho principio supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir algún medio ordinario de defensa que la parte quejosa no hubiese interpuesto, el amparo resulta improcedente. Además, este principio, responde a la naturaleza jurídica del juicio biinstancial como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos humanos o fundamentales de los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de impugnación del acto reclamado legalmente establecidos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página: 902, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, como se precisó, en el caso los quejosos combaten el acuerdo de admisión dictado en el expediente 417/2019, del índice del Juzgado Primer Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por el que se reservó pronunciarse respecto a la solicitud de medidas provisionales que hicieron los quejosos. Como se desprende de los antecedentes del acto, ese acuerdo corresponde a la primer determinación de la autoridad responsable (auto de admisión) y fue emitido por escrito, por lo que se concluye que respecto de lo expuesto en éste procede el recurso de revocación en términos de lo dispuesto en el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dispone: "Revocación fuera de audiencia Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales". De la lectura del precepto citado se tiene que el recurso de revocación procede contra aquellos autos dictados en los procedimientos seguidos por controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, que se emitan por escrito, fuera de audiencia, como es el auto de admisión. Con base en lo anterior y tomando en consideración que el acto reclamado es aquel por el que se admite la demanda y se reserva proveer respecto a las medidas provisionales solicitadas por los quejosos en un juicio de controversia familiar sobre el derecho familiar, emitido en forma escrita, fuera de audiencia, es que se concluye que en el caso es procedente el recurso de revocación, como medio ordinario de defensa, cuya finalidad es que el mismo juzgador revise su pronunciamiento y, dependiendo el caso, lo modifique o confirme. Medio de impugnación que es idóneo para modificar o revocar el acto reclamado, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal y, que además, es eficaz para reparar la violación que hace valer. Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual pueda ser modificada o revocada la determinación combatida, es inconcuso que los peticionarios estaban obligados a agotar tal medio ordinario de impugnación, previo a acudir a la instancia constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, registro: 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trate de un acto que afecte la libertad personal de los quejosos, ni los peticionarios tienen el carácter de terceros extraños a juicio, como se establece en el inciso c) del citado numeral. Sin que obste a lo anterior que en el caso se argumenta la defensa de los intereses de una menor, de identidad reservada con siglas *************, pues siguiendo el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, página 350, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Sin que con la aplicación del criterio citado, implique la inobservancia de otros como el diverso 1a./J. 77/2013 (10a.), de la misma Primera Sala, con rubro: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO; toda vez que éste no resulta aplicable al caso en concreto, en atención a que fue emitido a la luz de la Ley de Amparo abrogada; aunado a que el supuesto no es aplicable a recursos en sede jurisdiccional. Además, debe tomarse en consideración que la satisfacción de los requisitos de procedencia no puede soslayarse con lo argumentado por las partes respecto al interés superior del menor, tal como lo expuso el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en la tesis aislada XXVII.3o.130 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2390, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Así las cosas, al resultar improcedente el presente juicio de amparo indirecto, lo conducente es desechar de plano la demanda. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se le tiene como tal las listas de publicación de este juzgado, por así solicitarlo la parte quejosa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberá realizar mediante nueva promoción. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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