Alejandro Villegas Granados
Expediente 388/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/05/2021
Partes del expediente
- Alejandro Villegas Granados
Actuaciones
- Principal
MESA VI. TESTIMONIO COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión de diecisiete de mayo del año en curso, emitida en el recurso de queja 94/2021, en la cual se determinó: "PRIMERO. A las dieciséis horas con cinco minutos del día de la fecha, en la materia del recurso se declara infundado. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido en el que se declaró improcedente la suspensión de plano y de oficio." Acúsese el recibo correspondiente; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN. Por otra parte, visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la constancia de notificación personal realizada al quejoso *****, respecto del proveído de doce de mayo del año en curso, por la que solicita copia y realiza manifestaciones. COPIAS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del código adjetivo en consulta expídase al promovente la copia certificada de las actuaciones de este sumario, previa razón de recibo que sea asentada en autos para debida constancia legal. Toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se comisiona al actuario adscrito para que realice la entrega en dicho centro de reclusión. Por lo que atiende a las manifestaciones del quejoso en cuanto a que se expidan copias para su concubina, no ha lugar a acordar de conformidad la expedición de copias toda vez que éstas las deberá solicitar por escrito la propia quejosa. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente al quejoso en el centro de reclusión donde se encuentra.
- Principal
MESA VI COLEGIADO ADMITE QUEJA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el auto de catorce de mayo del año en curso, por el que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, el cual radicó bajo el número de recurso de queja 94/2021; de lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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MESA VI INTERPONE QUEJA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguense al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, la constancia de notificación personal realizada al quejoso ******, respecto del proveído de once de mayo del año en curso, en la cual, el quejoso interpuso recurso de queja y realizó diversas manifestaciones. Por tanto, se tiene por hecha la manifestación en comento para los efectos legales procedentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues dicha diligencia tiene valor probatorio, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito publicada en la página 265, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 1995, Tomo IV, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Con apoyo, con apoyo en los artículos 97, fracción I, incisos a) y b), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, para los efectos de la tramitación del mencionado recurso, remítase inmediatamente los originales y copia de la aludida constancia de interposición del recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para su substanciación, con copia certificada del juicio de amparo. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que, como se anticipó en el primer párrafo de este proveído, el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda, motivo por el que el suscrito considera pertinente enviar copia certificada del juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA VI RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 388/2021-VI. ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral del escrito de demanda se obtiene que el único acto reclamado consiste en la resolución emitida en la controversia jurisdiccional 223/2020, por el Juez responsable, por la cual se restringen las comunicaciones intercarcelarias de la parte quejosa. Si bien la parte quejosa mencionó que las consecuencias de la resolución reclamada, en su consideración, se traducen en tratos crueles e inhumanos, degradantes y discriminatorios, lo cierto es que éstas son apreciaciones subjetivas causadas por el mismo acto que se combate y, por ende, no pueden considerarse como actos reclamados destacados en el presente juicio. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. No ha lugar a conceder la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos que en su consideración tradujo la parte quejosa como tratos crueles e inhumanos, degradantes y discriminatorios, pues como se hizo mención en el apartado anterior, éstos no se tuvieron como actos destacados dentro del presente, por lo que no es procedente conceder la medida cautelar en términos de lo dispuesto por los artículos 126 y 15 de la Ley de Amparo, así como 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Hecha tal precisión quien resuelve, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Ahora bien, en principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca; (.)". De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución emitida en la controversia jurisdiccional 223/2020, por el Juez responsable, por la cual se restringen las comunicaciones intercarcelarias de la parte quejosa, acto que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción a agotar el principio de definitividad; por ende, el promovente no está exento de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. En ese contexto y, tomando en consideración que La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135 regula un procedimiento de impugnación, mediante peticiones administrativas a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; la que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución, quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al referido principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional. En consecuencia, al actualizarse, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, con relación al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por no haberse agotado en su contra el principio de definitividad, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alejandro Villegas Granados y Ericka Miriam Villavicencio Serna, por propio derecho, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por el quejoso Alejandro Villegas Granados. EXHORTO. Por otra parte, toda vez que la quejosa ******, señaló como domicilio procesal el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Morelos y, al encontrarse fuera de jurisdicción de este juzgado de distrito; con fundamento en los artículo 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica Poder Judicial de la Federación, líbrese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en el centro penitenciario antes indicado y con copia de la presente determinación lo notifique a la citada quejosa. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se hace la indicación que la comunicación oficial de mérito, así como sus anexos, deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes, así como la circular SECNO/12/2021, en la que se comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal para adoptar medidas especiales del veintitrés de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al quejoso *******, en el lugar de su reclusión y por exhorto a la quejosa Ericka Miriam Villavicencio Serna.
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