Alejo Rentería Pesina

Expediente 340/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
340/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
11/07/2018

Partes del expediente

  • Alejo Rentería Pesina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    I. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 40 a 44), a través del cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes, toda vez que no les produce agravio el sentido de la resolución. Sirve de apoyo lo anterior la tesis XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro, Tomo IV, Libro 34, del mes de septiembre de dos mil dieciséis, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2012455, cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. II. Se ordena el archivo correspondiente. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el presente juicio, como asunto concluido. III. Devolución de tomo de prueba. Así entonces, resulta innecesaria la permanencia en este juzgado, de las constancias que integran la carpeta de investigación 00589/ACU/UIACU/2018, remitidas en su momento por la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación Mesa Uno, Región Norte II, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, que motivó la apertura del tomo I de pruebas (foja 36); por ende, devuélvase a dicha autoridad. IV. Valoración del expediente principal. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso (foja 36), se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación Mesa Uno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexos (fojas 34 y 35), en el que informó la situación jurídica del quejoso ***. II. Presentación de la demanda de amparo indirecto. El catorce de mayo del año en curso, se recibió la demanda presentada por el licenciado Benito Márquez Martínez en favor de Alejo Rentería Pesina, contra actos de las autoridades responsables siguientes: Autoridad responsable: Agente del Ministerio Público del Fuero Común Unidad de Investigación Mesa I. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Comandante de la Policía de Aproximación de Fuerza Coahuila. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Comandante de la Policía de Investigación Criminal. Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad efectuada en su contra por las autoridades señaladas como responsables. Acto que estimó violatorio de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 20 apartado b y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; precisó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda del quejoso directo, ordenándose suspender de plano el acto reclamado, quedando registrado el presente juicio de amparo bajo el número estadístico 340/2018. En esa tesitura, de la constancia de notificación de esa misma data (foja 11), se advierte que el quejoso directo Alejo Rentería Pesina, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, y ante la interrogante del Actuario adscrito, si había sido objeto de maltrato, golpes, intimidación, tortura, incomunicación, manifestó que: ".solamente fui maltratado por elementos de Fuerza Coahuila al momento de su detención." Además, el fedatario de la adscripción, hizo constar que no apreció huellas de violencia en su persona; por lo que se tiene únicamente como acto reclamado la privación de la libertad de que fue objeto. III. Admisión. Luego, por auto de quince de mayo del año en curso (fojas 14 a 17), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y se le dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Asimismo, se libró el oficio 9853/2018-SJM, de quince de ese mes y año (fojas 18 y 19), al Agente del Ministerio Público de la adscripción, a fin de que, conforme a los artículos 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y 52 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, procediera a investigar si existió o no tortura o tratos crueles e inhumanos en contra el quejoso Alejo Rentería Pesina, y de ser así, la responsabilidad administrativa o penal que le resulte a los responsables. IV. Informe. En su informe justificado la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación Mesa Uno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, manifestó que el quejoso Alejo Rentería Pesina, fue puesto a disposición del Juez de Control en esta ciudad, el quince de mayo del año en curso, a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, lo que se corrobora de las constancias que acompañó a su informe, en específico del oficio de solicitud de audiencia inicial, dirigido al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y que al efecto se digitaliza: Documental que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." V. Causal de sobreseimiento. Conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de la citada Ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". La parte quejosa reclamó la privación ilegal de la libertad; sin embargo, el suscrito Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sobre el tema, cobra aplicación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." En el caso concreto, es evidente que se actualizan los supuestos que integran la causal de improcedencia invocada. En efecto, el quejoso Alejo Rentería Pesina, promovió el presente juicio de amparo el catorce de mayo del año en curso; posteriormente el quince de mayo de dos mil dieciocho, fue puesto a disposición del Juez de Control de esta ciudad. Entonces, ha operado el cambio de situación jurídica, y por lo mismo, resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación, la cual constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Sirve de apoyo para lo anterior, la Jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el número de registro 169410, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Asimismo, la tesis II.2o.P.20 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, registro 2002240, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". VI. Se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del catorce de junio de dos mil dieciocho (foja 16).

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos la copia del oficio 37/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado en Materia de Amparos; mediante el cual remitió al Agente del Ministerio Público de la Federación Encargado de la Unidad de Atención y Determinación de la Procuraduría General de la República, copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo, a efecto de que proceda conforme a sus facultades legales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 102 inciso "A", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción I y II, 113 y 116 del Código Federal de Procedimientos Penales; de lo que este Juzgado de Distrito queda enterado para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público Unidad de Investigación Mesa Uno, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza; en consecuencia, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. A su vez, téngase como prueba de la autoridad responsable, la documental que acompañó a su informe de cuenta; probanza que se admite y se tiene por desahogada en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ella en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia . En relación con dicha documental, ábrase el tomo I de pruebas relativo al presente juicio de amparo, a efecto de facilitar el manejo de este expediente, de conformidad con el artículo 65, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

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