Alejandro Sánchez Juárez
Expediente 35/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande. Ciudad
- Alejandro Sánchez Juárez
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito aclaratorio signado por el promovente Alejandro Sánchez Juárez, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintidós de enero del año en curso; en su atención, se provee: En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: A su vez, en el apartado de "HECHOS", bajo protesta de decir verdad la parte quejosa, refiere que el veintidós de mayo de dos mil nueve, se hizo sabedor de la demanda interpuesta en su contra, toda vez que fue notificada en esta ciudad, del juicio ejecutivo mercantil 532/2009, promovido por Raúl Ramos Torres, en su carácter de apoderado de Hari Masa, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandándole el pago de la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más el pago de los intereses moratorios vencidos; por ello, en fecha veintinueve de mayo de dos mil nueve, dio contestación a la demanda que se instauró en su contra, proporcionando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Río Balsas cinco mil nueve, en el Fraccionamiento Simón Bolivar en Monterrey, Nuevo León; asimismo, refiere que jamás volvió a tener conocimiento alguno en relación con algún tipo de acuerdo, determinación, decreto en relación con la contestación a la demanda en su contra. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del diverso numeral 107, esta última interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor. Para corroborar la causa de sobreseimiento, es oportuno partir del marco jurídico previsto en los preceptos legales citados, que son del texto siguiente La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso numeral 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Ahora bien, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción en análisis, en tratándose del procedimiento de remate, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame el citado otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior lo realizó a través de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 190035, que señala:
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda, el pedimento de amparo número 28/2015, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor, sin perjuicio de hacer referencia de él en la audiencia constitucional. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del citado ordenamiento adjetivo, expídasele copia simple de este acuerdo y entréguesele previa razón de recibo que se deje en el expediente. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por Alejandro Sánchez Juárez, contra actos de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 35/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. Ahora bien, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior dispone previo a acordar sobre la admisión de la demanda, estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia número I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página sesenta y tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". Así, del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte la falta de un requisito formal, el cual es necesario para el análisis de la viabilidad de la admisión de la demanda. Por lo tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, en relación con la fracción IV, del diverso numeral 108, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último que a continuación se trascribe: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". Requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo precise bajo protesta de decir verdad el acto que reclama de cada una de las autoridades que señaló como responsables. Toda vez que del contenido integral de la demanda de garantías no se advierte de manera precisa los actos que le imputa a las autoridades denominadas Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, y al Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo, León, con residencia en Monterrey. Lo anterior es así, toda vez que, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo solo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los término en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicio de garantías. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochocientos setenta y uno, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 202853, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Por tal razón, es necesario que el solicitante del amparo dé cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, deberá acompañar las copias necesarias del escrito con el que desahogue dicha prevención, para correr traslado a las partes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, autorizando para ello a la licenciada Julia Wendoline Juárez Reyes en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento que tiene registrada su cédula profesional respectiva, en el "sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, y por lo que hace David Alberto Juárez Huerta, se le tiene únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acredite que se encuentra registrado, para ejercer la profesión de abogado. Asimismo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta al funcionario adscrito al Juzgado de Distrito al que por razón de turno corresponda el exhorto, y a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, lo anterior, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, en términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo citada. Notifíquese; y personalmente al promovente.
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