Alejandro Velázquez Ocaña
Expediente 719/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 719/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/06/2018
Partes del expediente
- Alejandro Velázquez Ocaña
- Alejandro Velázquez Ocaña y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual comunica que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda remitida por este órgano de control constitucional; asimismo, que la registró con el número de juicio de amparo directo 402/2018; por tanto, archívese como concluido, previas las anotaciones respectivas. Finalmente, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se trata de un asunto que carece de relevancia documental en el que se declaró la incompetencia para conocer del juicio de amparo.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el citatorio de 06/06/2018 a la quejosa y se notifica por lista el auto de 30/05/2018, al tenor siguiente: Agréguese el escrito signado por Alejandro Jesús Velázquez Ocaña, por el cual desahoga las prevenciones que se le formularon en auto de dieciocho del mes y año en curso. En ese tenor, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente acreditada la personalidad que ostenta como apoderado legal de Concepción Anita Ocaña Camarillo, también conocida como Concepción Anita Ocaña Jaramillo, al haberse reconocido la misma ante la autoridad judicial que conoció del expediente del que deriva el acto reclamado. INCOMPETENCIA. Por otro lado, del análisis de las manifestaciones del promovente, así como de la documentación que acompaña, se advierte que reclama: La sentencia definitiva de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 776/2017, del índice del Jugado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Por tanto, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado, en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser resuelto en amparo directo. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. (.)" Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que culminan con el procedimiento), son todas aquellas determinaciones que se dan después de presentada la demanda, momento que para efectos estrictamente del juicio de amparo, se considera da inicio el juicio. Por lo que, si en la especie la quejosa reclama la sentencia emitida de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 776/2017, del índice del Jugado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por la cual se resolvió el fondo de la controversia planteada; de lo que se obtiene que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, ya que lo da por terminado por lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye el hecho de que en contra del acto aquí reclamado procede un medio ordinario de defensa; sin embargo, al tratarse aquel de una sentencia definitiva, este juzgado no puede pronunciarse sobre la procedencia del juicio de amparo directo, en términos de lo establecido por el párrafo 3° del mencionado artículo 170 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación la tesis P./J.6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando el acuse de recibo correspondiente y de no tener inconveniente legal alguno comunique su determinación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, visible a página 87 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Octava Época, aportado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la literalidad establece: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto.". Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento inserto en el citatorio de 06/06/2018 al quejoso y se notifica por lista el auto de 30/05/2018, al tenor siguiente: Agréguese el escrito signado por Alejandro Jesús Velázquez Ocaña, por el cual desahoga las prevenciones que se le formularon en auto de dieciocho del mes y año en curso. En ese tenor, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente acreditada la personalidad que ostenta como apoderado legal de Concepción Anita Ocaña Camarillo, también conocida como Concepción Anita Ocaña Jaramillo, al haberse reconocido la misma ante la autoridad judicial que conoció del expediente del que deriva el acto reclamado. INCOMPETENCIA. Por otro lado, del análisis de las manifestaciones del promovente, así como de la documentación que acompaña, se advierte que reclama: La sentencia definitiva de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 776/2017, del índice del Jugado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Por tanto, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado, en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser resuelto en amparo directo. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. (.)" Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que culminan con el procedimiento), son todas aquellas determinaciones que se dan después de presentada la demanda, momento que para efectos estrictamente del juicio de amparo, se considera da inicio el juicio. Por lo que, si en la especie la quejosa reclama la sentencia emitida de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 776/2017, del índice del Jugado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por la cual se resolvió el fondo de la controversia planteada; de lo que se obtiene que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, ya que lo da por terminado por lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye el hecho de que en contra del acto aquí reclamado procede un medio ordinario de defensa; sin embargo, al tratarse aquel de una sentencia definitiva, este juzgado no puede pronunciarse sobre la procedencia del juicio de amparo directo, en términos de lo establecido por el párrafo 3° del mencionado artículo 170 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación la tesis P./J.6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando el acuse de recibo correspondiente y de no tener inconveniente legal alguno comunique su determinación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, visible a página 87 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Octava Época, aportado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la literalidad establece: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto.". Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Alejandro Jesús Velázquez Ocaña, por el cual desahoga las prevenciones que se le formularon en auto de dieciocho del mes y año en curso. En ese tenor, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente acreditada la personalidad que ostenta como apoderado legal de Concepción Anita Ocaña Camarillo, también conocida como Concepción Anita Ocaña Jaramillo, al haberse reconocido la misma ante la autoridad judicial que conoció del expediente del que deriva el acto reclamado. INCOMPETENCIA. Por otro lado, del análisis de las manifestaciones del promovente, así como de la documentación que acompaña, se advierte que reclama: La sentencia definitiva de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 776/2017, del índice del Jugado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Por tanto, este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por razón de grado, en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe ser resuelto en amparo directo. En efecto, los artículos 34, 47 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)" "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. (.)" Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; (.)". Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que culminan con el procedimiento), son todas aquellas determinaciones que se dan después de presentada la demanda, momento que para efectos estrictamente del juicio de amparo, se considera da inicio el juicio. Por lo que, si en la especie la quejosa reclama la sentencia emitida de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil 776/2017, del índice del Jugado Segundo Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por la cual se resolvió el fondo de la controversia planteada; de lo que se obtiene que el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio, ya que lo da por terminado por lo que procede en su contra es el juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye el hecho de que en contra del acto aquí reclamado procede un medio ordinario de defensa; sin embargo, al tratarse aquel de una sentencia definitiva, este juzgado no puede pronunciarse sobre la procedencia del juicio de amparo directo, en términos de lo establecido por el párrafo 3° del mencionado artículo 170 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación la tesis P./J.6/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, envíese al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando el acuse de recibo correspondiente y de no tener inconveniente legal alguno comunique su determinación. Robustece lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/15, visible a página 87 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Octava Época, aportado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la literalidad establece: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto.". Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.
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