Alejandro Vazquez Santiago

Expediente 674/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Vazquez Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los escritos signados por el quejoso, ******, por medio de los cuales solicita copia de todo lo actuado e insta se acumulen los diversos juicios de amparo 458/2021 y 459/2021. Ahora, en atención a la acumulación solicitada este juzgado se encuentra legalmente impedido para pronunciarse al respecto, toda vez que a la fecha, el presente asunto se encuentra archivado definitivamente; ello es así ya que por auto de tres de mayo del año en curso, se declinó competencia, la cual fue aceptada por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mismo que lo registró con el número de amparo 515/2022-III, máxime que, el promovente no es parte en los juicios de amparo 458/2021 y 459/2021. Por tanto, en su caso dicha petición deberá dirigirse en su caso a los amparos citados anteriormente y no a éste, a fin de que se provea lo conducente, o bien, ante el homologo federal con sede en Nezahualcoyotl. Copias Respecto a las reproducciones fotográficas que alude, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, expídanse en un tanto, previa razón de recibo obre en autos por persona autorizada para tal efecto.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se evidencia que por auto de veintiséis de mayo de la presente anualidad, se tuvo al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, acusando recibo del cuaderno original del juicio de amparo 674/2022-V-A; asimismo, informó que acepto la competencia declinada; en consecuencia, archívese el expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso 8.1.2, numeral 10 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia que carece de relevancia documental.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio procedente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a través del cual, acusa recibo del juicio de amparo 674/2020-V-A, de este índice, y comunica que aceptó la competencia declinada en el presente sumario. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual devuelve sin diligenciar por los motivos que expone, el exhorto 191/2022 (consecutivo 253/2022-V) de su índice, formado con motivo del diverso 93/2022 (orden 109/2022) del sumario de este órgano jurisdiccional, mismo que se envió para notificar al quejoso el proveído de tres de mayo del año en curso, por el que se declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en turno; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial referida y háganse a las anotaciones respectivas. Sin necesidad de acusar recibo, pues el mismo lo genera el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al momento de su envío. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese al referido quejoso la aludida determinación y las subsecuentes que le resulten de carácter personal, por lista que se publique en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto, no señale domicilio procesal dentro de la residencia de este órgano Jurisdiccional (Municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada (municipios de Metepec, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Lerma). EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE ESTA FECHA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO AUTO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS POR MEDIO DE LISTA: "Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintidós. REGISTRO Y ANOTACIONES. Visto el escrito de demanda promovida por ****; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 674/2022-V-A. Por otra parte, del ocurso inicial de cuenta se advierte que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó, que su domicilio se encuentra ubicado en ***. Atento a lo anterior, se acuerda lo siguiente: Acto reclamado. De un análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente del amparo señalan como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS RECLAMO: LA ORDEN DE DETENCIÓN QUE HAN DECRETADO EN MI CONTRA Y QUE PRETENDEN EJECUTAR LAS RESTANTES RESPONSABLES POR MEDIO DE AGENTES POLICÍACOS BAJO SU MANDO, CON EL TEMOR FUNDADO DE QUE AL DETERNÉRSEME SE ME APLIQUEN GOLPES, TORMENTOS Y HASTA PRIVARME DE LA VIDA CON TAL DE HACERME CONFESAR DELITOS QUE NO HE COMETIDO, ASÍ COMO CUALQUIER ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, SIN HABER SIDO CORRECTAMENTE NOTIFICADO Y SIN QUE LAS SEÑALADAS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES HAYAN CUMPLIDO CON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO." INCOMPETENCIA. Luego, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". De lo anterior, se obtiene que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Asimismo, la exégesis del numeral en cita estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Así, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En ese tenor, el acto reclamado descrito cabalmente en el proemio del presente acuerdo, consistente en esencia de la orden de detención; acto que conlleva ejecución material, ya que implica el despliegue de una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico (detener al quejoso); motivo por el cual, las consecuencias de dicho acto se reflejarán en el lugar en el que se encuentra ubicado, por ser ahí en donde se estará ejecutando el acto reclamado. Por tanto, tomando en cuenta que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó en el capítulo correspondiente que su domicilio se encuentra ubicado en Chalco, Estado de México; es evidente que la ejecución del acto de que se duele se lleva a cabo en ese lugar; por tanto, el juez competente es aquel que tiene jurisdicción donde se ejecutarán las consecuencias del acto reclamado. Lo anterior se afirma así, pues precisamente lo que pretende la amparista al promover el amparo que nos ocupa es que se analice la orden de detención en dicho lugar, como ya se mencionó en Chalco, Estado de México. En ese sentido, resulta evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo. Además, resulta un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 59/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el diverso 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ejercen jurisdicción en municipio de esta entidad federativa. Máxime que no se actualiza alguna de las excepciones del artículo 37 de la Ley de Amparo en cita ya que las autoridades responsables tienen su domicilio en Chalco, Estado de México, es decir, en la jurisdicción del homólogo Federal, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional y corresponde a la que conoce el Juez de Distrito al que se declina competencia. ... En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo propuesta. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los aludidos artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el presente sumario al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, solicitándole de la manera más atenta, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, y acuse el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado fuera de la residencia de este Juzgado, esto es, en Ecatepec de Morelos; con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio procesal las listas que se publican en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia (Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez). Por otro lado, por cuanto hace a su solicitud de tenerle como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico ***, no ha lugar de proveer favorable, ya que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo. EXHORTO En tal sentido, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en ****, debiendo correr traslado con copia del mismo. La comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo. Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de la misma vía. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL. No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene el correo electrónico que señala como "medio de comunicación alterno" (no procesal) a fin de lograr un contacto más eficaz. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el cinco de junio de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 7/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles."

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