Alejandro Torres Mendoza

Expediente 80/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
80/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Torres Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó y negó el amparo solicitado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas treinta y ocho minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en audiencia pública María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, quien actúa en unión de Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta a la secretaria encargada del despacho por vacaciones del juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por las autoridades responsables. La encargada del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Respecto de la inspección y fe judicial, con fundamento en el primero de los citados preceptos, se desecha al no resultar el medio idóneo para acreditar la existencia de los actos reclamados; aunado a que resultaría ocioso el desahogo de ésta, toda vez que de las documentales exhibidas por las autoridades responsables se advierte resultan suficientes para resolver la cuestión planteada. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. La encargada del despacho acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 80/2020; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado, Alejandro Torres Mendoza solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y otras autoridades. En veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Después, el diecisiete de marzo de la presente anualidad, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Luego, atendiendo a las directrices marcadas por el Acuerdo General 21/2020, que emitió el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la reactivación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La falta de celebración de la audiencia de ley, en el juicio laboral 626/2019. La falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral citado por medio de exhorto. Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables presidente de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad de México, por así haberlo manifestado al rendir sus respectivos informes justificados: Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Presunción de certeza de los actos Por su parte, la autoridad responsable actuario notificador adscrito a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la Federal, con sede en Ciudad de México, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante habérsele solicitado oportunamente, como se advierte del acuse de recibo del oficio correspondiente; por tanto, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Estudio Toda vez que las partes no manifestaron causa de improcedencia, ni se advierte que en el caso se configure alguna, procede analizar el fondo de la cuestión planteada. En el caso, el quejoso reclama a la responsable que nos ocupa la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral 626/2019 por medio de exhorto, transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional. Dichos motivos devienen infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, no obstante la presunción de la posible omisión, debe decirse que la parte promovente de amparo no probó que ésta vulnere alguno de esos derechos fundamentales, toda vez que no es en sí misma violatoria de la máxima ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente existan elementos que así lo demuestren. Esto es, a través de la propia naturaleza intrínseca del acto y que el mismo contravenga la ley fundamental, es decir, su inconstitucionalidad depende de que realmente exista dicha omisión. En consecuencia, el acto reclamado no puede estimarse violatorio de derechos en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tienen la responsables para emitirlo; máxime que del informe justificado rendido por la presidenta de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, revela que el domicilio para emplazar a la parte demandada Planeación de Recursos Humanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra ubicado en esta ciudad. En ese sentido, como el acto reclamado aludido no es inconstitucional en sí mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde a la parte quejosa conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia. En esa intelección, si la parte quejosa no allegó al juicio medio de convicción idóneo para demostrar la violación de derechos que aduce, este órgano judicial se encuentra impedido para determinar si dicho acto presenta los vicios por los que se alega su inconstitucionalidad; y es por esa omisión que se reitera que resultan infundados los motivos de disenso que se plantean en la demanda, lo que da pauta para negar la protección constitucional solicitada en contra del acto reclamado. No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que deben recabarse de oficio las pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, ya que en ese supuesto, es necesario que las responsables reconozcan en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, para que se pudieran recabar y determinar las pruebas en que se apoyaron para emitir la determinación impugnada y, en todo caso, de faltar alguna constancia estar en aptitud de recabarla de oficio. Sin embargo, dicha situación es diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, pues como ya se dijo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundado. Atento a las consideraciones anteriores, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace a las autoridades responsables señaladas en el apartado IV de esta sentencia, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado al actuario notificador adscrito a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de la Federal, con sede en Ciudad de México y ante lo infundado del concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, lo conducente es negar la protección constitucional solicitada. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Torres Mendoza, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV de la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Torres Mendoza, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, precisadas en el considerando V, por las razones señaladas en el apartado VI de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3278/2020, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). Visto lo de cuenta, se advierte, que no fue posible celebrar la audiencia señalada para hoy, toda vez que no obra constancia de emplazamiento a la totalidad de las autoridades responsables con sede en la Ciudad de México En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las nueve horas treinta y ocho minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos de los cuales se desprende, que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, toda vez que aún no obran en el sumario las constancias de emplazamientos o bien los informes justificados de las autoridades foráneas señaladas como responsables con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la referida audiencia y se señalan nuevamente para su celebración las diez horas con ocho minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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