Alejandro Sotelo Gamez

Expediente 1930/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1930/2013
Año
2013
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Sotelo Gamez

Actuaciones

  1. Incidental

    Se ordena la valoración de los cuadernos de suspensión relativos al juicio de amparo, en virtud de quedarse sin materia, al haber quedado firme la sentencia de amparo.

  2. Incidental

    En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cuarenta y tres minutos del doce de noviembre de dos mil veinte, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario con quien actúa, declaró abierta la declaró abierta la presente audiencia incidental con relación al incidente de violación a la suspensión provisional, sin la presencia de las partes. Abierta la audiencia incidental, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito de denuncia de violación a la suspensión provisional e informes rendidos por las responsables respecto de dicha denuncia. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por las autoridades responsables y parte quejosa. El juez acuerda: se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar los formulados por la parte quejosa. El juez acuerda: ténganse por formulados los alegatos de la parte quejosa y perdido el derecho de las demás partes para formularlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, el incidente de violación a la suspensión provisional otorgada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1930/2013. Resultandos: Por escrito presentado el uno ce abril de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, y remitida en esa fecha a este juzgado, Alejandro Sotelo Gámez, promovió demanda de amparo contra actos del director general de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades, en la que solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados. Por auto dictado en la misma fecha, este juzgado admitió la demanda planteada, además, ordenó abrir el incidente de suspensión solicitado, concedió la suspensión provisional para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente guardaban, y sin perjuicio de la continuación del procedimiento instruido al quejoso -motivo del presente asunto- se le permitiera manejara libremente su cuenta bancaria -11006098053 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima- hasta por la cantidad que exceda el importe del crédito fiscal, hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva. Por escrito recibido el veintitrés de abril de dos mil trece, la parte quejosa, promovió incidente de violación a la suspensión provisional, al considerar que las autoridades responsables no la habían acatado; por lo que mediante auto emitido el mismo día se abrió tal incidente, se solicitó a las responsables el informe sobre los hechos de denuncia y el diecisiete de mayo de dos mil trece se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos correspondiente, la que se llevó al tenor del acta que antecede. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver la denuncia de violación a la suspensión planteada, atento a lo dispuesto por los artículos 143, en relación con los numerales 104 y 105, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como previsto por los artículos 358 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por ser éste mismo órgano jurisdiccional quien por una parte decretó la suspensión provisional cuya violación se denunció. Procedencia. La suspensión provisional se concedió respecto de las autoridades responsable, para el efecto de que la parte quejosa pudiera disponer libremente del excedente de la cuenta bancaria 11006098053 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, dejando intocado el monto del crédito fiscal determinado en su contra, hasta en tanto se resolviera en definitiva el presente incidente. En el escrito de denuncia de violación a la suspensión provisional sustancialmente el amparista refiere que las autoridades responsables no le han permitido disponer libremente de su numerario que se encuentra en la citada cuenta bancaria, pues al acudir a la citada institución bancaria los días diecisiete y veintitrés de abril de dos mil trece, le fue informado que la cuenta bancaria 11006098053 aún se encontraba congelada, y al efecto exhibió la constancia que según el acredita su dicho, violando de esta manera la suspensión otorgada. Previo a la citada denuncia, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el diez de abril de dos mil trece, el director general de Auditoria Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, informó las gestiones que realizó a fin de llevar a cabo el levantamiento del aseguramiento de cuenta bancaria, lo anterior, en cumplimiento a la suspensión provisional otorgada a la parte quejosa el uno de abril de dos mil trece. Las autoridades responsables, rindieron el informe solicitado en relación a la denuncia de violación a la suspensión planteada por la parte quejosa, en esencia, negando los actos atribuidos. Estudio y calificación de la denuncia. Del análisis de las constancias inherentes al incidente de violación a la suspensión provisional decretada en autos mediante proveído de uno de abril de dos mil trece, procede declararlo infundado, por las razones que a continuación se exponen: En principio, tomando en consideración que la resolución que concede la suspensión puede ser de máxima importancia para la vigencia del juicio de derechos, puesto que mantiene viva la materia del litigio y le da sentido y eficacia a la sentencia, pues en ciertos casos ésta puede tomarse como algo no real o posible si ha desaparecido la materia de la controversia o incluso, puede operar el sobreseimiento del juicio. De ahí que la ley le conceda un valor importante al incidente de violación de la suspensión, regulándolo de manera tal que tenga una gran eficacia y su trámite sea sencillo y expedito. El incidente de violación a la suspensión encuentra su fundamento principal en los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143 y 206 de la Ley de Amparo, los cuales señalan que la responsable será consignada a la autoridad correspondiente cuando "no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad", y que "Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de esta ley". De los preceptos antes mencionados se deriva que el incidente de violación a la suspensión tiene por objeto dos cuestiones: I. Lograr la ejecución y el cumplimiento del auto en que se concedió la suspensión, y II. Sancionar el desacato a la suspensión otorgada, mediante la vista de los hechos al Ministerio Público competente. Precisado lo anterior y a fin de estar en aptitud de resolver sobre la cuestión relativa a la violación de la suspensión, debemos atender a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos y, como consecuencia de ello, la paralización de dichos actos, siempre con el fin de preservar la materia del juicio. La consecuencia para las autoridades, es la exigencia de obligaciones de no hacer o de hacer, que en caso de desatenderse, conducirán irremediablemente a la violación del acuerdo o resolución de suspensión. En la mayoría de los casos la obligación que surge para las autoridades responsables es de abstención, esto es, de no hacer, de no persistir en llevar a cabo las consecuencias del acto reclamado. Por tanto, esa paralización de la conducta de la autoridad, implica que no se altere o menoscabe la situación jurídica y fáctica contemplada en la suspensión, manteniendo así las cosas, al grado tal que sus subordinados o incluso los particulares no la contraríen. Pero también la obligación de la autoridad responsable puede derivar en un hacer (supuesto de excepción) cuando ello sea necesario para preservar la materia del juicio y consiste en impedir por todos los medios a su alcance la situación jurídica y fáctica materia del juicio se altere o deteriore, preservando las cosas en el estado original. En resumen, se considera que lo que se persigue con el incidente de referencia, es mantener la operatividad y eficacia del proveído cautelar que ordena la suspensión; y en caso de que fuere violada por las autoridades, conminarlas a acatar la decisión decretada por este juzgado federal en sus términos en lo subsecuente y restituir las cosas al estado que tenían al momento en que se decretó la suspensión, preservando con ello la materia del juicio hasta en tanto se decida la controversia en lo principal. Sin embargo, otro aspecto importante es dejar perfectamente definida y, en su caso, fincada la responsabilidad de las autoridades. En otro orden de ideas, en relación con el tema del cumplimiento al auto de suspensión, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito está obligado a vigilar el cumplimiento de sus sentencias, pues no puede archivar un juicio de amparo sin que se cumpla la ejecutoria que concedió la protección solicitada. En el caso concreto, por identidad de razón, el juzgador está constreñido a vigilar el cumplimiento de las resoluciones en que haya concedido la suspensión provisional como lo es en el caso, lo que se confirma si se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la ejecución de los autos de suspensión es de orden público, como se desprende de la siguiente tesis: "SUSPENSIÓN, AUTOS DE. SON DE ORDEN PÚBLICO. La ejecución de los autos de suspensión es de orden público y todas las autoridades del país están obligadas a velar por su eficaz e inmediato cumplimiento. Asimismo, el artículo 206 de la Ley de Amparo, no es sino reglamentación del precepto contenido en la fracción XVII del artículo 107 constitucional, al disponer que "La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será castigada con la sanción que señala el artículo 213 del Código Penal, por cuanto a la desobediencia cometida". Esto es, prisión de seis meses a seis años, multa de veinticinco a mil pesos y destitución de empleo." Por tanto, atendiendo a que la ejecución de los autos de suspensión es de orden público, que los juzgadores están obligados a vigilar que se acaten sus resoluciones y que la posible comisión de un delito que se persigue de oficio debe denunciarse, se estima que el incidente de violación a la suspensión que se plantea es procedente y que debe abordarse el estudio de los puntos de inobservancia que hace valer la parte quejosa por parte de las autoridades responsables que están obligadas a acatar la media cautelar que nos ocupa en el caso concreto. En esa tesitura, para que se considere procedente y actualizada la trasgresión de la medida cautelar, se requieren los siguientes requisitos: a) La existencia previa de un acuerdo en el que se haya concedido la suspensión y se encuentre surtiendo sus efectos. b) Que esa determinación se haya notificado oportunamente a la responsable, o bien éstas, por cualquier medio se hayan enterado de su existencia. c) La constancia en autos de que después de la notificación a la autoridad responsable, desatendió la medida cautelar decretada. d) Una conducta de las autoridades responsables, violatoria de la suspensión decretada. Precisado lo anterior, se procede al estudio de los presupuestos de procedencia en base a los medios de prueba que obran en el incidente en que se actúa, para determinar si por parte de las autoridades responsables obligadas al cumplimiento de la medida cautelar de que se trata, se ha producido una violación a la suspensión provisional otorgada a favor de la parte quejosa, mediante auto de uno de abril de dos mil trece. El primero de los requisitos señalados para la procedencia del incidente relativo a "a) La existencia previa de un acuerdo en el que se haya concedido la suspensión", requiere no solo que se haya decretado la medida cautelar, además, es necesario que el auto no haya dejado de tener efectos por la emisión de otra resolución a la fecha en que se atribuye la violación (en el caso de la suspensión a petición de parte, lo sería la suspensión definitiva). Al respecto, atendiendo a las constancias que obran en autos se acredita plenamente la existencia del proveído que decretó la suspensión provisional, esto es, el auto de uno de abril de dos mil trece, en el que se concedió la suspensión provisional sobre la medida cautelar solicitada por el quejoso Alejandro Sotelo Gámez, para el efecto de que pudiera disponer libremente del excedente de la cuenta bancaria 11006098053 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, dejando intocado el monto del crédito fiscal determinado en su contra, hasta en tanto se resolviera en definitiva el presente incidente. Por consiguiente, el primer requisito consistente en "a) La existencia previa en el que se haya concedido la suspensión y se encuentre surtiendo sus efectos", se encuentra actualizado, pues el uno de abril de dos mil trece, se decretó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados que quedó precisado en el párrafo que precede y que fueron atribuidos a las autoridades a quienes se les imputa la violación a la suspensión. Al efecto, cabe aclarar que en la fecha en que la parte quejosa promovió el incidente de violación a la suspensión (veintitrés de abril de dos mil trece), la medida provisional concedida se encontraba vigente. De lo anterior, se obtiene que la existencia del proveído en el que se concedió la suspensión provisional al peticionario del amparo, la cual se encontraba surtiendo sus efectos al momento de la interposición de la denuncia que nos ocupa, no se advierte la existencia de una determinación posterior que haya modificado sus efectos. Por lo que hace al segundo requisito consistente en que: "b) La determinación se haya notificado oportunamente a las responsables, o bien éstas, por cualquier medio se hayan enterado de su existencia", el mismo se encuentra satisfecho. Lo anterior es así, toda vez que el proveído de uno de abril de dos mil trece, en el que se proveyó sobre la suspensión provisional, fue notificado a las autoridades de la siguiente forma, al director general de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad el cuatro de abril de ese mismo año, luego por lo que respecta a los directores generales adjuntos de atención a autoridades "A" y "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, si bien no se cuenta con su acuse de recibo, se aprecia que los informes previos fueron elaborados el diecinueve de abril de dos mil trece y recibidos en la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales en su área de correspondencia y archivo de dicha comisión el veintidós de abril siguiente. De ahí, que se estime que las autoridades a las que se les atribuye la violación, si fueron notificadas y tenían conocimiento de los términos y alcances de la medida decretada a favor del denunciante. Por lo que hace al tercer requisito consistente en "c) La constancia en autos de que después de la notificación a la autoridad responsable desatendió la medida cautelar decretada"; en el caso concreto tal requisito no se actualiza en el presente asunto, en razón de los motivos que se exponen a continuación. A fin de precisar lo anterior, es pertinente establecer los hechos en los que se sustentó el quejoso al momento de interponer la denuncia de violación a la suspensión, los cuales esencialmente consisten en: Que las autoridades responsables hasta la fecha de la interposición de la denuncia (veintitrés de abril de dos mil trece), no han cumplido con la suspensión provisional, en virtud de que no le permitió el acceso y disposición del saldo contenido en la cuenta bancaria 11006098053 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima. Al tenor de la exposición, es necesario retomar los efectos para los cuales se concedió la medida cautelar definitiva, mismos que se hicieron consistir en que las autoridades responsables descongelaran la cuenta bancaria 11006098053 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, abierta a nombre del quejoso y éste pudiera disponer libremente del excedente de la cuenta bancaria dejando intocado el monto del crédito fiscal determinado en su contra, hasta en tanto se resolviera en definitiva el presente incidente. No obstante, que de los informes rendidos por las autoridades a quienes se les imputa la violación y de las constancias que se adjuntaron a ellos, recibidos en este juzgado el veinticinco de abril y quince de mayo, ambos de dos mil trece, esencialmente se desprende: Por lo que hace a la autoridad responsable director general de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en cumplimiento a la suspensión provisional que le fue comunicada, refirió que a través del oficio DGAF-DP-FED-2012-2217-04 de nueve de abril de dos mil trece, le hizo del conocimiento al vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, que en cumplimiento al auto de uno de abril de dos mil trece emitido en el presente incidente dejó sin efectos el aseguramiento precautorio de la cuenta bancaria 11006098053 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, además, que el dieciocho de abril de ese mismo año, el quejoso fue notificado de la referida determinación. Por lo que hace a la autoridad responsable director general adjunto de atención a autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a la suspensión provisional, el diecinueve de abril de dos mil trece mediante oficio 214-1-2405709/2019 le comunicó a la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, la determinación referida en el párrafo que antecede, acompañándole para tal efecto el oficio 7191-AT-III. Por su parte, el director general adjunto de atención a autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, refirió de igual forma lo señalado con antelación. De ahí que se advierta que las autoridades responsables, negaron que existiera violación a la suspensión, aduciendo que dieron estricto cumplimiento a la misma. Informes a los cuales adjuntaron copia certificada de las constancias que así lo acreditaban, consistentes en: Copia simple del oficio DGAF-DP-FED-2012-2217-04 de nueve de abril de dos mil trece; y, Copia certificada del oficio 214-1-2405709/2019 de diecinueve de abril de dos mil trece. De dichas documentales se desprende que ambas autoridades solicitaron dentro del ámbito de sus facultades, que la institución financiera Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, descongelara la cuenta 11006098053, a nombre del quejoso. Aunado a lo anterior, dichos directores generales mediante oficios recibidos en este juzgado el quince de mayo de dos mil trece, informaron que el diecinueve de abril de dos mil trece retransmitieron íntegramente la suspensión concedida en fecha uno de abril de dos mil trece, lo que en respuesta a ello mediante oficio recibido en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la ciudad de México el veintitrés de la abril de ese mismo año le informó que era necesario que le hiciera del conocimiento a cuánto asciende el monto fiscal que se le congeló a la parte quejosa. En razón de lo anterior, las responsables directores generales adjuntos de atención a autoridades "A" y "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México refirieron que sólo fungen como intermediarios entre las ordenadoras y los bancos y solo se limitan a solicitar a las instituciones bancarias den atención a sus oficios, por lo que es la autoridad ordenadora quien puede solicitar el cumplimiento material de la suspensión concedida. En ese sentido, de los informes rendidos por las autoridades y documentos que se acompañaron, a los cuales se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que la cuenta 11006098053 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, a nombre del quejoso, al presentar la demanda y concederse la medida cautelar provisional y definitiva, se encontraba congelada y que no desatendieron la medida, pues dentro del ámbito de sus atribuciones legales solicitaron a la institución financiera desinmovilizaran la cuenta 11006098053. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron a sus informes y diversos oficios las autoridades responsables de los cuales se desprende que se hicieron las gestiones conducentes para descongelar la cuenta bancaria del aquí quejoso en la institución financiera correspondiente, a efecto de dar cumplimiento a la suspensión concedida y que el quejoso pudiera disponer de su haber. Por lo que se considera que las autoridades responsables no desatendieron la medida cautelar provisional concedida a la parte quejosa en relación al descongelamiento de la cuenta que en esta vía defiende. En ese sentido, no se puede estimar que en el caso, se haya violado la suspensión provisional concedida al quejoso el uno de abril de dos mil trece, en relación al descongelamiento de la cuenta bancaria que defiende y no pueda disponer de su haber; con lo que no se actualiza el elemento "c)" consistente en que: "La constancia en autos de que después de la notificación a la autoridad responsable, se desatendió la medida cautelar decretada". Motivos por los cuales se estima que el actuar de las autoridades responsables consistente en la solicitud del descongelamiento de la cuenta bancaria del quejoso, no es violatoria de la medida cautelar otorgada. Por lo que en el caso se estima infundado que las autoridades responsables hayan desatendido la medida cautelar decretada a su favor, pues de las pruebas ofrecidas por éstas en el presente incidente de denuncia relativo, no se demuestra esa circunstancia, máxime que por el contrario se acredita que solicitaron el descongelamiento de la cuenta 11006098053 de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, sociedad anónima, a fin de que pudiera disponer de ella. Bajo tales consideraciones, debe estimarse que por cuanto ve al último requisito consistente en que "d) Una conducta de las autoridades responsables, violatoria de la suspensión decretada" tampoco se encuentra acreditado. Se sostiene lo anterior porque de las constancias de autos no se demuestra lo contrario y si la parte quejosa no acreditó que efectivamente las autoridades responsables, después de haber sido legalmente notificadas de la suspensión provisional decretada en autos, se encontraban realizando "actos" que violaron la medida cautelar; es ineludible el hecho de que correspondía al quejoso la carga de la prueba de sus aseveraciones, así como, en su caso ejercitar aquellas acciones tendentes a evidenciarlo. Decisión Motivos por los cuales el incidente de violación a la suspensión provisional planteado es infundado, puesto que como ya se refirió, no existen probanzas fehacientes que acrediten que las autoridades responsables hayan infringido la medida cautelar, al no colmarse el tercer y cuarto requisitos de actualización de los elementos necesarios para que se configure la violación denunciada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 107 fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 143, 206 y demás relativos de la Ley de Amparo abrogada y 358 a 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley citada en primer término; se, R e s u e l v e Único. Es procedente pero infundado el incidente de violación a la suspensión provisional denunciado por la parte quejosa, por los motivos expuestos en los capítulos IV y V de la presente interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veinte. Regularización de procedimiento. Del estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que se señalaron las diez horas con treinta y seis minutos del dos de marzo de dos mil quince, para la celebración de la audiencia de alegatos dentro del presente incidente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, y para el solo efecto de regularizar el procedimiento, se fijan nuevamente para su celebración las doce horas con cuarenta y tres minutos del doce de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Efrén Ibarra Othón, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Jesús

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