Alejandro Torres Maya

Expediente 1035/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1035/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
07/12/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Torres Maya
  • Comision Nacional de Derechos Humanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el que remite el diverso oficio signado por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual se hace del conocimiento el contenido del acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, dictado en el C.C.A. 60/2023 de su índice, dictado por el Magistrado Presidente del citado Tribunal, en el que admitió a trámite el conflicto competencial interpuesto en autos. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual, en relación a la incompetencia planteada por este juzgado el quince de noviembre de dos mil veintitrés, resolvió no aceptar la competencia planteada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, cabe precisar que mediante los acuerdos de treinta de octubre y nueve de noviembre de este año, se tuvieron por recibidos los oficios de los Juzgados Segundos de Distrito en los Estados de Yucatán, con residencia en Mérida y Tlaxcala, con residencia en Apizaco, en los que informaron que resolvieron no aceptar la competencia planteada en razón de lo siguiente: Lo anterior es así, porque si bien el artículo 554 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es una norma procesal federal, lo cierto es que la misma es eminentemente de carácter civil, y en ese sentido, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no puede ser analizado por un juzgado especializado en materia administrativa y, en todo caso, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Civil, en términos del artículo 60, fracción II, de esa Ley Orgánica, que dispone que debe de conocer de los juicios de amparo que se promueva contra "leyes de observancia general en materia civil". Además, si dichas normas se reclaman como un sistema normativo relacionado con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de los Estados antes citados, respecto del concepto de "violencia vicaria", lo cierto es que su estudio debe hacerse conjuntamente con la norma procesal que, como ya se vio, es de carácter civil y no administrativa, de manera que su reclamo debe ser analizado por un Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Aún más, respecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en relación con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Tlaxcala y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán", se considera que deben conocer de la demanda los Juzgados de Distrito en esas entidades, pues, como ya se dijo, se surte en favor de ellos la competencia por materia (civil) por las razones antes expuestas y atendiendo a que son mixtos, y por territorio, porque dichas Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fueron creadas por las legislaturas locales y están dirigidas a los gobernados que radican en esas entidades y no en la Ciudad de México. Por tanto, aun cuando todos los ordenamientos reclamados se hayan impugnado como un sistema normativo, lo cierto es que, una de ellas se trata de una norma de carácter civil, cuyo estudio, por materia, no corresponde a este juzgado, que está especializado en materia administrativa, además, porque las diversas leyes fueron expedidas por las legislaturas de otros Estados, de manera que sus destinatarios deben acatarlas en otras entidades y no en la Ciudad de México, independiente mente que se hayan reclamado a partir de su vigencia, incluso, si fuera mediante un acto de aplicación, este se vería generado en estos Estados. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pro analogía y por los principios que la rigen, de rubro y texto siguiente: LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Lo anterior se corrobora porque los juzgados de los Estados de Campeche, Hidalgo y Zacatecas, así como el esta ciudad especializado en materia civil, quienes si entendieron el sistema normativo que de las normas que se reclama, aceptaron la competencia planteada. Por lo anterior, este juzgador insiste que en el presente caso se actualiza la hipótesis de competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual establece que es competente para conocer de un juicio de amparo, el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado, situación que en este asunto acontece en los Estados de México, Tlaxcala y Yucatán, en razón de que es en esas entidades federativas en las cuales tiene vigencia las normas reclamadas en relación con el artículo 554 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en atención al concepto que establece de una de las formas de violencia contra las mujeres, conocida como "violencia vicaria"; por tanto, el juicio de amparo contra dichos actos deben ser del conocimiento de los Jueces de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde son vigentes las normas reclamadas. En ese tenor, es inconcuso que los actos reclamados acontecen en la circunscripción del Juzgado declinante, pues de la lectura de la demanda y particularmente de los hechos narrados por los promoventes, al ser las autoridades legislativas en Toluca, Estado de México, en Apizaco, Estado de Tlaxcala y en Mérida, Estado de Yucatán, en donde tiene vigencia y aplicación las normas reclamadas, ponen en evidencia que las autoridades directamente responsables de emitir las normas reclamadas, son las legislaturas locales de los Estados de cada uno de esas entidades federativas. En tal virtud este juzgado no comparte el criterio sostenido por los jueces exhortados; en consecuencia, se insiste en declinar la competencia y, se ordena remitir los presentes autos al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, con el objeto de determinar el órgano jurisdiccional al que le corresponde conocer el presente juicio de amparo. Se forma cuaderno de antecedentes, únicamente con la impresión del presente proveído, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Secretario del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Se tienen por recibido el oficio remitido electrónicamente por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y juicios Federales en el estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual, solicita se le informe si la incompetencia planteada por este juzgado de distrito, es respecto de ciertos quejosos, o bien, es por la totalidad de los mismos y se sustente dicha competencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el ocurso de mérito para que obre como corresponda. Ahora bien, en atención a lo solicitado por el juzgado oficiante, mediante oficio que para tal efecto se expida, dígasele que la incompetencia propuesta por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, como se dijo en acuerdo de cinco de octubre de este año, fue planteada en términos de lo dispuesto por los artículos 49, 50, 56, 57 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, los cuales establecen la competencia en razón de la materia que han de conocer los Jueces de Distrito, pues dichos artículos fijan la competencia de los juzgados de distrito atendiendo a las materias Administrativa, de Amparo en Materia Penal (siendo está la aplicable en razón a la naturaleza de las disposiciones reclamadas) y de Amparo en Materia Civil; es decir, este juzgado federal se declaró incompetente para conocer el presente juicio de amparo en atención a la naturaleza de los actos reclamados por la totalidad de los quejosos, sin que se escindiera la demanda promovida respecto de alguno o algunos de los noventa quejosos, pues se reitera, la competencia en comento se planteó por cuanto hace a las disposiciones normativas reclamadas consistentes, en el caso particular, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, específicamente el artículo 554, vinculado con el Artículo 8 ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, tal como se desprende el auto de referencia y la demanda de amparo, documentos en los que se encuentra el sustento de la competencia del presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se agregan a los autos los oficios signado electrónicamente por los Secretarios de los Juzgados Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio de los cuales informan el contenido de los autos de seis de noviembre de dos mil veintitrés, por el que determinaron, el primero, no aceptar la competencia declinada por este juzgado de distrito por las razones que expone, y el segundo, que se avocó al conocimiento del asunto, por lo que aceptó la competencia planteada por este juzgado federal; por tanto, visto el estado procesal de los presentes autos, de los cuales se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México no ha informado si acepta o no la incompetencia dictada en los presentes autos, y con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar y resérvese acordar lo conducente hasta en tanto el juzgados de distrito de dicho Estado informe el pronunciamiento correspondiente. Notifíquese.

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