Alejandro Silverio Montoya

Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
767/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Silverio Montoya
  • Alejandro Silverio Montoya y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 781/2020-VI, formado con motivo de la demanda promovida por *****, por derecho propio, contra un acto del Subdirector de Pensiones, Titular del Área de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73 a 75, 124, 217, 225 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco Javier García Hernández, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy veinticuatro de junio de dos mil veintidós, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 07/ABR/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio de las autoridades dependientes de la Secretaría de Salud, por el que informan las gestiones que deben realizar para llevar a cabo la vacunación del menor quejoso M.T.G., contra el virus COVID-19 y al efecto, solicitan se vincule a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el ámbito de su respectiva competencia, logren la inoculación del menor. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Al respecto, cabe precisarse que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A. 199/2021 determinó lo siguiente: "(.) 111. En ese contexto, en el caso, la omisión de incluir a las personas menores de edad, aquí quejosas, en la estrategia nacional de vacunación, supone una infracción al núcleo esencial de su derecho a la salud, en la medida de que la falta de inoculación les hace más susceptibles a la infección de Covid-19, particularmente en lo referente a la variante Delta del virus primordial SARS-CoV2, dado su alta transmisibilidad y que afecta también de forma grave a menores de edad. 112. Sobre todo, porque la vacunación reduce ampliamente el riesgo de que con motivo del contagio con el virus Sars-CoV2 se cause un cuadro grave de síntomas y consecuencias sumamente adversas para la salud de la parte quejosa, además, porque los objetivos de la vacunación contra el señalado virus están orientados a prevenir la muerte, evitar la hospitalización, recibir terapia de urgencia, intensiva o crítica y reducir la transmisión del virus. 113. Aunado a lo anterior, la vacunación infantil toma relevancia si se considera el aumento en las muertes de menores de edad con motivo del contagio originado por la variante Delta, de ahí que si la vacunación tiene como propósito principal evitar la posibilidad de contraer la enfermedad y reducir al mínimo los riesgos de hospitalización y tener que recibir terapia de urgencia, intensiva o crítica y la muerte con motivo de dicho padecimiento, es incuestionable que la omisión de incluir a dicho grupo, afecta grave e inminentemente el derecho a la salud. 114. Cabe destacar que la aplicación de la vacuna resulta apremiante, pues como se señaló, la infección de la Covid-19 en la variante Delta, tiene una alta transmisibilidad, que ha demostrado afectar de forma grave a menores de edad y ya se ha establecido científicamente que la vacunación reduce ampliamente el riesgo de que el virus cause consecuencias desfavorables para la salud, como son la hospitalización en terapia crítica y la muerte. Lo anterior, sumado a que la Secretaría de Educación Pública determinó el reinicio de la impartición de clase en forma presencial a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno. 115. Sin que pase inadvertido para que este órgano, que la edad de uno de los menores de edad quejosos, es de diez años; sin embargo, a efecto de garantizar el núcleo esencial de su derecho a la salud, también debe ser comprendido dentro de los estudios y consideraciones médicas y científicas a efecto de determinar si cuanto antes puede recibir la vacuna, ya que, como se destacó, la variante Delta ha infectado y producido más muertes para personas en situación de niñez y adolescencia en relación con las variantes iniciales del virus, por lo que existe un peligro inminente de contagio con el regreso a clases presenciales, de ahí que el hecho de que por inacción estatal y con base en el factor etario, no se considere en el esquema nacional de vacunación a la niñez en minoría de edad que no alcanza los doce años, redunda en un trato desigual y discriminatorio injustificado, que les afecta en su derecho a la dignidad humana y transgrede directamente su derecho a la salud, a la par les coloca en grave riesgo de contraer la enfermedad y/o contagiar a otras personas, lo que se contrapone con y entorpece los objetivos generales de la vacunación, orientados a prevenir la muerte, evitar la hospitalización y reducir la transmisión del virus no solamente en este segmento poblacional, sino a nivel general. (.) 139. En conclusión, si el virus en cuestión es también agente de infección en la niñez y adolescencia, y la investigación médica y científica ha arrojado resultados convincentes de que la vacuna en contra de ese agente patógeno puede ser recibida en dosis menores, cuidadosamente calculadas, sin mayores consecuencias desfavorables o negativas para la salud del individuo receptor, por personas en edades que van de los tres a los dieciocho años de edad, además de la población adulta, no existe razón jurídica para excluir de ese beneficio en México a los grupos poblacionales etarios que van de los tres a los dieciocho años. (.) 143. Por los razonamientos expuestos, este tribunal determina que, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido, y en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, se reasume jurisdicción y, con fundamento en los artículos 125, 126, 127, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, a fin de detener y prevenir la transgresión a los derechos humanos a la salud y a la vida de la parte quejosa, y PARA EL EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA QUE SE APLIQUE EN FAVOR DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD, AQUÍ QUEJOSAS, LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN MÉXICO, Y DE SER EL CASO, SE APLIQUE LA VACUNA RESPECTIVA A LAS PERSONAS MENORES QUEJOSAS; en el entendido de que, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables y de los padres, madres y/o tutores de personas menores de edad, queda lo concerniente a la valoración física, integral y médica, en el sentido de determinar si físicamente y de acuerdo con su estado de salud, son sujetos candidatos a la aplicación de la vacuna, en las modalidades (tipo o marca), así como las dosis que corresponden; y de no ser así, deberán manifestarlo ante el juzgado de distrito. (.)" (Énfasis añadido) De la transcripción que antecede, se advierte que el Órgano Colegiado fue el que decidió conceder la suspensión de plano al menor quejoso M.T.G., para que le fuera aplicada la vacuna de mérito aun cuando cuente con diez años de edad, por lo que el cumplimiento de esa medida otorgada es de orden público y debe ser acatada sin excusas ni pretextos por parte de las autoridades; en consecuencia, deberán aplicar la vacuna PFIZER-BIONTECH contra el virus SARS-CoV2 (enfermedad COVID-19) y no otro compuesto biológico, con el cual deberá ser inoculado el menor quejoso M.T.G., quien deberá ser asistido en todo momento por sus padres, quienes tendrán y estarán a cargo de todos los riesgos que produzca la aplicación de tal compuesto a su hijo, quien promueve la presente instancia constitucional de amparo. Ahora, en relación con sus manifestaciones en el sentido de vincular a diversas autoridades al cumplimiento de la medida cautelar decretada en autos, debe destacarse que del análisis de la política Nacional de Vacunación visible en la página https://coronavirus.gob.mx/wpcontent/uploads/2021/05/11 May2021_PNVx_COVID.pdf, se advierte que la emisión y, en su caso, modificación de esta, le corresponde al Titular y al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ambos de la Secretaría de Salud Federal, así como al Secretario de Salud de la Ciudad de México. Además de que su aplicación compete al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Coordinador de las Brigadas Especiales de la Ciudad de México, información que representa un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del código en cita. En consecuencia, REQUIÉRASE a las citadas autoridades responsables para que dentro del plazo improrrogable de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la notificación del presente proveído informen sobre el cumplimiento dado a la presente determinación, debiendo indicar con debida anticipación el día, la hora, y el lugar en donde deberá presentarse el menor quejoso M.T.G. para la aplicación de su primera dosis; apercibidas que de ser omisas en el cumplimiento de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado, se les impondrá a cada autoridad una multa equivalente a cien unidades de cuenta vigente en la Ciudad de México, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo y se procederá en términos de lo previsto por el artículo 262, fracciones III y V, del mismo ordenamiento. A fin de robustecer lo anterior, en estricta observancia a los principios que rigió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 51/2022, en el que, en esencia, determinó que privilegiando el interés superior del menor y el derecho a la salud contenido en el artículo 4º Constitucional, es procedente conceder la suspensión de oficio y de plano en los juicios de amparo promovidos contra la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19, a los menores que conforman el grupo etario de cinco a once años de edad, toda vez que se encuentra comprometida su vida, su salud e integridad personal. Determinación que dio origen a la jurisprudencia I.4o.A. J/1 K (11a), de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE APLICAR LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 A LOS MENORES QUE CONFORMAN EL GRUPO ETARIO DE CINCO A ONCE AÑOS, AL ADVERTIRSE QUE COMPROMETE SU VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, PRIVILEGIANDO EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD Y EL DERECHO A LA SALUD CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. Hechos: Los menores quejosos, pertenecientes al grupo etario de cinco a once años de edad, reclamaron en amparo la omisión de las autoridades de salud del Estado Mexicano de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, por no estar comprendido en la política pública de prevención de la enfermedad, mediante la aplicación de alguna de las vacunas disponibles, lo que les mantiene en riesgo de contagio y de afectación, que por su gravedad puede afectar no sólo su salud, sino su vida e integridad física, por las severas secuelas que pueden ocasionarse. Las autoridades sanitarias se han negado a aplicar a los menores de ese grupo de edad las vacunas, señalando que no les resulta necesario, en tanto que el virus indicado no les afecta, ni se trata de un producto aprobado por ellas para ese rango de edad. La experiencia ha mostrado que es ascendente la tendencia de incremento de afección a los integrantes de ese sector de la población, y se han registrado numerosos casos de deceso. El estudio realizado por uno de los laboratorios productores de la vacuna para prevenir la COVID-19 ha demostrado que se trata de una medida segura y eficaz para los menores de edad del grupo de cinco a doce años en una dosificación diferenciada de la prevista para el resto de la población. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión de oficio y de plano contra la omisión de vacunar contra el virus SARS-CoV- 2 para prevenir la COVID-19 a los quejosos, pues la decisión de no hacerlo compromete gravemente su vida, salud e integridad personal, siendo que, en observancia del mandato constitucional de proteger y concretar los derechos fundamentales de los menores de edad en el más alto grado posible, la autoridad sanitaria está obligada a su aplicación. Justificación: En términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, interpretado en forma extensiva, en aplicación del principio pro persona, la suspensión debe concederse de oficio y de plano, entre otros casos, contra actos que importen peligro de privación de la vida, dentro de los que se consideran los actos reclamados que niegan a los menores quejosos el acceso a la vacuna contra la COVID-19. Es un hecho notorio que esa enfermedad, causante de la epidemia mundial que actualmente acontece, puede tener efectos notables en la salud de los menores quejosos y provocarles daños irreparables o, incluso, la muerte. Entre las vacunas hasta ahora producidas, autorizadas para uso de emergencia, la desarrollada por los laboratorios Pfizer-BioNTech se ha considerado segura y eficaz para ser utilizada en el grupo de menores de cinco a doce años, y ese reconocimiento motivó que las autoridades sanitarias de otros países, destacadamente la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América y la Agencia Europea del Medicamento -Food and Drug Administration y European Medicines Agency, respectivamente- y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ordenaran la inoculación de la población que se encuentra en ese rango etario. En México, las autoridades sanitarias no se han pronunciado al respecto, por lo cual, habiendo solicitado este órgano judicial a expertos de instituciones médicas enfocadas a la atención de pacientes con esa afección en los ámbitos público y privado, opinión sobre la viabilidad del empleo de esa vacuna en nuestro país, éstos coincidieron en que se trata de una medida de protección utilizable a nivel global. Se considera que es un deber de las autoridades de salud velar por la mayor protección disponible en favor de los menores quejosos, lo que implica aplicarles la vacuna que se encuentra disponible en la dosificación y bajo las condiciones que se han identificado como favorables al fin perseguido. En esta decisión convergen tanto el interés superior del menor de edad como el derecho a la salud reconocidos en el artículo 4o. constitucional, cuyo contenido ordena a las autoridades garantizar el más alto nivel de salud, por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga, garantizando la práctica de todas las medidas necesarias para ello. Las diversas opiniones científicas emitidas por autoridades expertas en materia de salud, tanto a nivel nacional como internacional, evidencian los serios riesgos y peligros de no administrar el biológico Pfizer-BioNTech a menores que conforman el grupo etario de cinco a once años y, en contrapartida, los riesgos y contraindicaciones son de mucho menor entidad, lo que permite ponderar la razonabilidad y conveniencia de aplicarles la vacuna a los menores quejosos. Es decir, la evaluación ponderada de ventajas, desventajas, daños previsibles y riesgos conduce a considerar preferible aplicar la vacuna y no negarla, acorde con lo solicitado por los padres en pleno ejercicio de su autonomía, como responsables de la salud e integridad de sus menores hijos. De ahí que se considere oportuna la medida cautelar de oficio y de plano pues, de lo contrario, indebidamente se preservaría una situación de riesgo para la vida e integridad personal de los menores quejosos, dado que su petición se funda en la condición de peligro grave que implica no recibir el esquema de vacunación anti COVID-19, con lo cual se surte uno de los supuestos previstos en el artículo 126, en armonía con los diversos preceptos 15 y 147, párrafo último, de la Ley de Amparo, al indicar que el órgano jurisdiccional tomará las medidas necesarias para evitar que se defraude el derecho de los menores, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. (Registro digital: 2024193. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materias(s): Común. Tesis: 1.4o.A. J/1 K (11a). Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Jurisprudencia). Lo que implica que dicho criterio jurisprudencial, es obligatorio para este órgano jurisdiccional y por ende para todas las autoridades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias; de ahí que resulta evidente que dicho criterio debe ser aplicado a los menores de doce a dieciocho años, como el quejoso que cuenta con diez años cumplidos; por ende, es inconcuso que es sujeto a la aplicación de la vacuna, en atención al interés superior del menor y al derecho a la salud reconocidos en el artículo 4o. constitucional, cuyo contenido ordena a las autoridades garantizar el más alto nivel de salud, por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos que disponga, garantizando la práctica de todas las medidas necesarias para ello. Máxime que la negativa de acceso a la vacuna contra la COVID-19 al menor quejoso, puede tener efectos notables en su salud y provocarle daños irreparables, o incluso, la muerte. Además, la vacunación infantil toma relevancia si se considera el aumento en las muertes de menores de edad con motivo del contagio originado por las variantes Delta y Omicron, por lo que si la vacunación tiene como propósito principal evitar la posibilidad de contraer la enfermedad y reducir al mínimo los riesgos de hospitalización y tener que recibir terapia de urgencia, intensiva o crítica y la muerte con motivo de dicho padecimiento, es incuestionable que la omisión de incluir a dicho grupo, afecta grave e inminentemente el derecho a la salud Cabe destacar que entre las vacunas que hasta ahora se han producido, autorizadas para su uso de emergencia, la desarrollada por los laboratorios Pfizer- BioNTech, se ha considerado segura y eficaz para ser utilizada en menores de edad, y si bien, en México las autoridades sanitarias no se han pronunciado al respecto, una vez realizada una consulta a expertos de instituciones médicas enfocadas a la atención de pacientes con esa afección en los ámbitos público y privado, estos coincidieron en la viabilidad del empleo de dicho biológico en nuestro país, como una medida de protección utilizable a nivel global. Por tanto, en razón de que la vacunación reduce ampliamente el riesgo de que con motivo del contagio derivado del virus Sars-CoV2 se cause un cuadro grave de síntomas y consecuencias sumamente adversas para la salud del menor quejoso, además, porque los objetivos de la vacunación contra el señalado virus están orientados a prevenir la muerte, evitar la hospitalización, recibir terapia de urgencia, intensiva o crítica y reducir la transmisión, es ampliamente recomendable la aplicación del citado compuesto, pues, se reitera, constituye una medida susceptible de favorecer el cuidado y la prevención para los menores respecto de la enfermedad generada por la COVID-19, destacando que con la concesión de la suspensión de plano se estimula el combate a la epidemia causada por el virus SARS-CoV- 2, para la prevención de la COVID-19, máxime que corresponde al Estado Mexicano la obligación constitucional de satisfacer esas necesidades, gestionando la forma más eficaz al allegarse de las vacunas y proveer su aplicación a la población. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el escrito de cuenta por el cual Rafael Alejandro Jorge Tapia Corredor, quejoso en el presente juicio de amparo, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguense a los autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Ahora bien, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, remítase el recurso de manera digital a través del sistema de interconexión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Asimismo, tal como lo establece el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud de relacionar y consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

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