Alejandro Torres Maya
Expediente 1258/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandro Torres Maya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado sin cumplimentar el exhorto con número de orden ********************y número de origen ********************, derivado del presente juicio de amparo. Sin que sea el caso acusar recibo, en atención a la vía en que fue devuelta dicha comunicación oficial. En mérito de lo anterior, dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo, para los fines estadísticos correspondientes. Ahora bien, toda vez que no fue posible la notificación a la parte quejosa del contenido del acuerdo de tres de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del citado proveído; así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, le sean hechas por lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 36795/2023, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite a este Juzgado Federal, las constancias solicitadas por acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda promovida por ******************** y ********************, en contra del acto que reclaman del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente de la Cámara de Senadores, con sede en la Ciudad de México; Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y Presidente del Congreso del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS: La discusión, aprobación, promulgación y publicación del artículo 554 del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como sistema normativo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, publicado el quince de junio de dos mil veintidós. NO SE ACEPTA COMPETENCIA PLANTEADA Ahora bien, de autos se advierte que por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, se declaró incompetente para conocer de dicha demanda, por razón de materia y territorio, en virtud de que los actos reclamados tildados de inconstitucionales tendrán ejecución material tanto en la Ciudad de México, como en este Estado de Yucatán; por reclamar de manera destacada el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y como parte del sistema normativo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia en el Estado de Yucatán. Al respecto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado oficiante, y por tanto, NO SE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: En primer término debe destacarse que de los autos en consulta que se reciben, en específico del auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se advierte que por una parte, el Juez oficiante determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo en que se actúa, en atención a que consideró respecto al acto reclamado consistente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, debía conocer un Juez de Distrito en Materia Civil y Administrativa de la Ciudad de México; y por otra parte, respecto al mismo Código Nacional, pero vinculado a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Yucatán, consideró que el juez que debe conocer de la demanda de que se trata es un Juez de Distrito en Materia Mixta en el Estado de Yucatán. En el caso, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si éste Juzgado Federal tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de no trastocar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto legal transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando, por ende, que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. Por tanto, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte impetrante del amparo reclama de manera destacada la inconstitucionalidad del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y como sistema normativo, entre otras, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Yucatán; las cuales, se insiste las impugna como una unidad normativa que de declararse la inconstitucionalidad de una, afectaría a la otra en su sentido. De ahí que contrario a lo considerado por la autoridad oficiante, se advierta que al tratarse el acto reclamado de manera destacada de un Código Nacional, el cual puede tener ejecución en diversas entidades federativas, es competente para conocerlo el juez ante quien se inste la demanda de amparo; esto es, ante la pluralidad de lugares en los que puede materializarse el acto reclamado, es idóneo que conozca el juzgado de distrito que previno en el conocimiento. Pues se trata del análisis derivado del estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y las demás legislaciones locales, de las que a su parecer, se crea un sistema normativo, por considerar que la materia de debate resulta ser la misma, por lo que su análisis debe ser en conjunto para evitar el dictado de sentencias contradictorias respecto de la misma cosa litigiosa, lo que además hará prevalecer la unidad del litigio propiamente dicho y la continencia de la causa. De ahí que si el acto reclamado sustancial parte del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y como un sistema normativo las demás leyes de los Estados, resulta a consideración del suscrito, competente el juez que previno en el conocimiento de la demanda, sin perjuicio de la materia, ya que ello es una cuestión que está ventilando ante distinto juzgador. Por lo que al no reclamarse de forma aislada la ley emitida por la legislatura de este Estado, sino como un sistema normativo derivado de la impugnación principal de la codificación nacional procesal civil, es que no se acepta la competencia. Por tanto, se insiste, debe conocer del amparo el Juzgado de Distrito ante el cual se presentó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XIX, SEGUNDO, fracción XIX, punto 3, y CUARTO, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el suscrito NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo XXVII, Junio de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 16558, del rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas." Fórmese cuaderno de antecedentes. Con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena devolver los autos del juicio en que se actúa al Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda, solicitándole acuse de recibo. SE GIRA EXHORTO ELECTRÓNICO Ahora bien, toda vez que la parte promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, número ********************, piso ********************, oficina ********************, colonia ********************; código postal ********************, alcaldía ********************. Con apoyo en el artículo 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese respectivo exhorto por la vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a uno de sus actuarios adscritos, se constituya en el predio de referencia y previamente cerciorado de que ahí habitan los quejosos ******************** y ********************, les notifique el contenido del presente proveído. Asimismo, para que les requiera que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones. Apercibiéndoles, que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Y, a fin de no retardar la encomienda ordenada en el presente exhorto, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria la notificación personal que en su caso se ordena. De igual manera, se faculta al Juez exhortado, para realizar las gestiones que estime necesarias para desahogar la diligencia de mérito; y realizado, devuelva el mencionado exhorto a la brevedad posible. En el entendido de que de haber alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado del exhorto por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que previa certificación, y sin ulterior acuerdo, se remita el exhorto por la vía ordinaria, en aras de no paralizar el procedimiento, ni contravenir lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. AUTORIZADOS Téngase como sus autorizados a las personas que relaciona, pero con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del citado numeral, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el apartado tercero, articulo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado en párrafos precedentes, se exhorta a las partes, si no lo han hecho, a que continúen, o en su momento transiten a la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y autorizar se reciban las notificaciones vía electrónica; debiendo obtener para tal efecto su firma electrónica en términos de lo que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado Federal realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Téngase por hecha la manifestación de la parte quejosa de que se opone a que aparezcan sus datos personales en el presente juicio, en cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EQUIVALENCIA DE LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A COPIAS CERTIFICADAS Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (VIGÉNTE A PARTIR DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS) Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese como está ordenado y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número 41607/2023, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que remite con relación a la solicitud efectuada por acuerdo de veintiuno de septiembre pasado, informando que mediante misiva 36795/2023, de fecha veintitrés de agosto del año en curso, remitió vía servicio de mensajería privada (ESTAFETA), las constancias solicitadas por auto de radicación de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Circunstancia de la cual éste Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que hasta la presente fecha no han sido recibidas las constancias solicitadas al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, solicítese al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que a la brevedad posible, informe el estado procesal que guarda la solicitud de mérito, a fin de estar en condiciones de proveer en relación a la competencia planteada. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, secretaria que autoriza y da fe.
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