Alejandro Salinas Saenz

Expediente 305/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
305/2015
Año
2015
Actuaciones
22
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Salinas Saenz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del aludido acuerdo de veintiséis de marzo del presente año, se hizo el veintisiete de marzo siguiente, sin que a la fecha hubiese realizado manifestación alguna. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el veinticuatro de diciembre de dos mil quince, en su único punto resolutivo se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconformes con dicha determinación, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y por ********, autorizado del aquí quejoso **********, interpusieron recursos de revisión, de los que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, formándose al efecto los tocas 179/2016 y 180/2016. Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, se recepcionaron los testimonios de las resoluciones dictadas en los tocas 179/2016 y 180/2016, relativos a los aludidos recursos de revisión. En el amparo en revisión 179/2016, dicho Tribunal modificó la sentencia recurrida, concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, para el efecto de que la autoridad ministerial responsable dejara insubsistente el aseguramiento de los inmuebles materia del reclamo emitido en la averiguación previa A.P/PGR/SIEDO/UEITMPO/119/2014, así como el aseguramiento de las pinturas, artesanías, piezas de cerámica, esculturas, y de los diversos objetos descritos, encontrados en el interior de los mismos, debiendo ponerse en posesión de ellos al quejoso ALEJANDRO SALINAS SÁENZ; protección que se hizo extensiva en cuanto a los actos de ejecución atribuidos al Titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) (foja 258 a 289 del tomo I). Asimismo, en el toca 180/2016, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia impugnada, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ******, en contra de los actos que reclamó del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas, y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y Comisionado General de la Policía Federal Ministerial, todos con sede en la Ciudad de México, para los efectos precisados en la sentencia recurrida y en la ejecutoria pronunciada por en el amparo en revisión A.R. 179/2016. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Coordinadora Fiscal y de Amparo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en representación del mismo, en representación del Titular del mismo, con sede en la Ciudad de México, remitió el oficio DCJF/DEJC/CFA/2395/2017, de seis de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 338 a 389 del tomo I), anexando copia certificada de las Actas de Devolución DEV/A/PGR/DRP/DRP/00026/16/12 y DEV/A/PGR/DRP/DRP/00025/16/12, de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, mediante las cuales hizo entrega de los vehículos y bienes muebles (menaje), afectos a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITMPO/119/2014, de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. Asimismo, mediante oficio número PGR/SEIDO/UEITMPO/171/2018, de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (fojas 507 a 575 del tomo I), informó que en pleno acatamiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 908/2014-I-B, del índice de este juzgado, el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se dejaron insubsistentes los acuerdos de aseguramiento que recaían sobre los bienes afectados en la averiguación previa número PGR/SIEDO/UEITMPO/119/2014, y, consecuentemente, se restituyó al quejoso en el goce de cada uno de dichos bienes, según se aprecia del acta administrativa que acompañó como anexo. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables se encontraban obligadas a dejar insubsistente el aseguramiento de los inmuebles materia del reclamo emitido en la averiguación previa A.P/PGR/SIEDO/UEITMPO/119/2014, así como de los bienes muebles, numerario, joyas y enseres encontrados en el interior de los mismos, poniendo en posesión de ellos al quejoso ALEJANDRO SALINAS SÁENZ; lo que así realizaron y acreditaron con las constancias conducentes, de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de las constancias derivadas de la averiguación previa PRG/SEIDO/UEITMPO/119/2014, remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas, y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en México, y las pruebas exhibidas por la parte quejosa, consistentes en un legajo de copias certificadas que integran el expediente 908/2014-I-B del índice de este Juzgado, devuélvanse respectivamente los anexos de referencia al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas, y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en México, y al quejoso. Sin que sea el caso solicitar acuse de recibo. Notifíquese, haciéndolo personalmente al quejoso y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio rendido vía telegráfica signado por el Encargado de la Dirección de Asistencia Jurídica de la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos, promoviendo en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de México, en el que, con relación al requerimiento que se le hizo por auto de trece de marzo de los corrientes, manifiesta que se encuentra impedida para dar cumplimiento a la sentencia constitucional, en virtud de que no fue emplazada como autoridad responsable, sino lo fue el Comisionado General de la Policía Federal Ministerial, quien no existe en el organigrama de dicha dependencia, agregando que la autoridad que compareció a juicio pertenece a la Policía Federal, de la entonces Comisión Nacional de Seguridad. En consecuencia, y con la finalidad de evitar mayor dilación procesal, visto el estado que guardan estos autos, de los que se advierte que la autoridad ordenadora Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, y la ejecutora Titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE, ambas residentes en la Ciudad de México, han rendido sus informes respecto del cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, con relación a los oficios remitidos por las autoridades responsables en cita. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio PF/DGAJ/DGA/DA/3422/2019, signado por el Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Comisionado General, por suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos, todos de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México, y anexo que acompaña. Con el cual, en relación al requerimiento efectuado el veintiséis de febrero del año en curso, informa que mediante oficio PF/DGAJ/DGAA/DA/17502/2018 de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, notificó al Titular de la Policía Federal Ministerial, los oficios 26486/2018 y 25689/2018 de cinco de octubre y veintisiete de septiembre, ambos del año que antecede; así como que dicha autoridad es la responsable del cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al Titular de la Policía Federal Ministerial, con sede en la Ciudad de México, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, para lo cual se le remite copia certificada de la sentencia dictada y demás constancias conducentes, a fin de que esté en posibilidad de dar cumplimiento a la misma, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado por la vía telegráfica, dentro del plazo de tres días. Comuníquese lo anterior a dicha autoridad por la vía postal y estafeta a fin de que por alguna de las vías, lo comunique a este Juzgado. Se le apercibe que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que hasta la presente data el Director General Adjunto de Amparos y de lo Contencioso en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, con sede en la ciudad de México, en representación del Comisionado General de la Policía Federal, Dependiente de la Procuraduría General de la República, no ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192, de la Ley de Amparo, prevéngase nuevamente a dicha autoridad para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo. Para lo cual deberá adjuntar el documento o los documentos que así lo acrediten, o bien, en su caso informe a este Juzgado las gestiones que haya realizado para dar cumplimiento a la misma, o en su caso, el impedimento que tiene para hacerlo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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