Alejandro Sayavedra Zapata
Expediente 1292/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1292/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Sayavedra Zapata
- Agente del Ministerio Público Adscrito Al Juzgado Segundo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, mediante el cual, en atención a lo ordenado por auto de nueve de agosto del año en curso, remite copia certificada de las actuaciones tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de las que se advierte que el Notario Público 145 de la Ciudad de México, realizó la cancelación de la escritura pública de adjudicación, así como el acuerdo dictado el nueve de agosto del año en curso, en el expediente 1944/09; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En tales condiciones, se advierte que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de las actuaciones que obran en autos de advierte que la Juez responsable giró oficio 2269 de fecha cuatro de agosto del año en curso, dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a efecto de que por su conducto remita el exhorto al juez competente en Cuernavaca, Morelos; en esas condiciones, se requiere a la JUEZ DÉCIMO SÉPTIMO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe si tiene conocimiento qué Juzgado competente de Cuernavaca, dará trámite a lo solicitado por oficio 2269 de fecha cuatro de agosto del año en curso, ordenado en los autos del expediente 1944/09. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal a la parte quejosa el auto y/o resolución del cinco de agosto del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: [. . . ] Cuernavaca, Morelos, cinco de agosto de dos mil dieciséis. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de garantías que promueve ALEJANDRO SAYAVEDRA ZAPATA, su propio derecho contra actos de JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1292/2016-I que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta : Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Cabe precisar que la parte quejosa reclama del JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS la resolución de once de marzo de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 87/2001-1. Asimismo, el quejoso exhibió copia certificada de la resolución en mención, la cual en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: ".PRIMERO.- Se declara improcedente el INCIDENTE NO ESPECIFICADO, mediante el cual solicita el BENEFICIO DE LA LIBERTAD PREPARATORIA Y LA REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA a favor de ALEJANDRO SAYAVEDRA ZAPATA, en la comisión del delito de SECUESTRO, en agravio de RENÉ BAHENA OCAMPO." En dicha resolución se aprecia que el once de marzo de dos mil dieciséis se notificó al quejoso y a su defensa en la cual obra la firma autógrafa del quejoso. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2°. En el caso, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la ley en consulta, que dispone la improcedencia del juicio de garantías contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 17 y 18 de la invocada ley. Sin embargo, antes de analizar la causal de improcedencia que se advierte, es pertinente señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes citado, establece que para la presentación de las demandas de amparo, será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años: y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. Asimismo, cabe hacer mención lo expuesto en el segundo párrafo del quinto transitorio de la Ley de Amparo vigente, refiere que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a su entrada en vigor y no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el viernes diez de enero de mil novecientos treinta y seis, que se abrogó en virtud del decretó de dos de abril de dos mil trece, les serán aplicables los plazos de la Ley de Amparo en vigor, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que aquellos contra los autos que sean restrictivos de la libertad personal dictados dentro de un procesal penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, acorde al principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38 de la décima época, la que se transcribe a continuación. Tesis: P./J. 12/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2009174 1 de 1 Pleno Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Pag. 38 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Sentado lo anterior, nos avocamos a estudiar la causal de improcedencia que nos ocupa. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, así como su quinto transitorio segundo párrafo los cuales disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "TRANSITORIOS (.) QUINTO. (.) Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución." En el caso concreto se advierte que la resolución de once de marzo de dos mil dieciséis se notificó al quejoso en la misma fecha; por tanto, para efectos de la temporalidad de la presentación de la demanda de garantías, conforme al artículo 17 de la vigente Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta se cuenta a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos de acuerdo a la ley que rige el acto reclamado; luego, la notificación surtió sus efectos al día siguiente, esto es, el catorce de marzo de dos mil dieciséis y el plazo de quince días comenzó el quince de marzo de ese mes y año de la siguiente manera: RESOLUCIÓN RECLAMADA PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO once de marzo de dos mil dieciséis Inició: el quince de marzo de dos mil dieciséis. Feneció: el cinco de abril de dos mil dieciséis. Descontando los días inhábiles: doce, trece, del diecinueve al veintiuno, veintiséis y veintisiete de marzo, dos y tres de abril de dos mil dieciséis. Luego, si la demanda de amparo fue recibida hasta el día cuatro de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad (tal y como se advierte del sello de recepción de la citada oficina), la misma resulta notoriamente extemporánea, y por ende el acto reclamado debe tenerse por tácitamente consentido para los efectos de este juicio de amparo. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, procede desechar la demanda de garantías promovida por ALEJANDRO SAYAVEDRA ZAPATA, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La anterior determinación, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues como se advierte de la resolución de once de marzo de dos mil dieciséis, es en relación a un incidente no especificado de beneficio de la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena y en el caso, el quejoso se encuentra expedito para que en caso de considerar que tiene derecho a dicho beneficio, puede solicitarlo nuevamente ante la autoridad responsable y esta a su vez, emitir una resolución en la que con las facultades con las que cuenta estime si es procedente o no, su solicitud. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1.- Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2.- Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo de su interés, la consulta del expediente electrónico proporcionándole el nombre de usuario, y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3.- Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4.- Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito en el que se tramite el asunto correspondiente, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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