Alejandro Ruiz Carrillo
Expediente 516/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 516/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Ruiz Carrillo
- Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que por auto de veintiséis de enero del año en curso se ordenó el archivo definitivo del presente asunto; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos como constancia; de conformidad con el último párrafo del artículo 21 del ludido Acuerdo General. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. Supervisión de registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de cuatro de octubre del dos mil veintitrés, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que por auto de veintiséis de enero del año en curso se ordenó el archivo definitivo del presente asunto; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos como constancia; de conformidad con el último párrafo del artículo 21 del ludido Acuerdo General. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. Supervisión de registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 516/2021-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el siete de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. PROMOCIÓN FOLIO 1231 Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito del quejoso Alejandro Ruiz Carrillo, mediante el cual solicita fecha para la devolución del billete de depósito N-918235 por la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), así como el documento original, consistente en el acta de infracción 24911. En atención a su contenido, se procede acordar lo siguiente: Como lo solicita el promovente, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2- hágase devolución de la documental que refiere, dejando en su lugar constancia debidamente cotejada y autorizada, previa razón de recibo que quede asentada en el expediente para constancia legal. En relación a la devolución del billete de depósito, dígase al promovente que por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del incidente de suspensión, se autorizó la devolución material del billete de depósito número N-918235 por la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), debiéndose asentar razón de su entrega y recibo en el expediente, previo endoso a favor de la quejosa, quien deberá presentarse debidamente identificado al local que ocupa este Juzgado de Distrito. En el entendido que la entrega de la documental y del referido billete de depósito se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, micrositios "Servicios jurisdiccionales", además, una vez que obtenga ésta deberá hacerla saber con la anticipación oportuna a este órgano jurisdiccional a fin de que pueda realizarse la preparación necesaria, tomando en consideración el limitado personal en términos del citado acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 516/2021-IV, promovido por Alejandro Ruiz Carrillo. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado el diecisiete de mayo siguiente a este Juzgado de Distrito, Alejandro Ruiz Carrillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Xochitepec, Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se radicó la demanda y se previno al quejoso para que precisara los actos reclamados a la totalidad de las responsables. Al hacerlo, el quejoso amplió la demanda por cuanto a la expedición del artículo 70 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos; por ello, el tres de junio de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables los informes justificados, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, que se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a autoridades residentes en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo que prevé el numeral 74 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lo siguiente: La expedición del artículo 70 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos. La imposición de la multa contenida en el acta de infracción folio 24911, así como su cobro. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir los informes justificados las autoridades Encargado de la Dirección de la Policía Estatal Morelos en el Municipio de Xochitepec; Encargado de la Dirección de Tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Xochitepec y Tesorero Municipal, todos de Xochitepec, Morelos; aceptaron el acto reclamado, sin embargo, posteriormente refirieron que se localizó un acta de infracción folio 24911 elaborada por la diversa autoridad responsable Olivia Fuentes González. Por ello, la circunstancia de que dichas responsables hayan manifestado la certeza del acto reclamado, si de las constancias que acompañaron como complemento se desprende lo contrario -que no participaron en la emisión ni ejecución del acto- de ahí que se desvirtúe la aseveración expuesta en los informes. Sirve de sustento a lo anterior la tesis VII.1o.C.4 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito visible en la página 33 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Julio de 1997, correspondiente a la Novena Época, registro digital 198320 de rubro: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En mérito de lo anterior, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el presente considerando, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Ayuntamiento Constitucional y Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos así como la Oficial de vialidad Olivia Fuentes González adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Xochitepec, Morelos en el ámbito de sus atribuciones, puesto que así lo refirieron al rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se obtiene de la propia naturaleza del ordenamiento reclamado, lo cual no se encuentra sujeto a prueba en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos y, la tesis localizable en la página 15, tomo 65, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J.65/2000, consultable en la página 260, tomo XII, agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Asimismo, se corrobora la certeza de la emisión de la boleta de infracción reclamada con las constancias que obran agregadas en autos en original (exhibida por el quejoso) y en copia certificada exhibidas por las responsables como complemento al informe justificado; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no combate por vicios propios los actos de expedición del ordenamiento del artículo 70 del Reglamento de Vialidad del Municipio de Xochitepec, Morelos. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios..". De los artículos citados se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso impugna la promulgación y la publicación de una norma, pero no por vicios propios. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito de ampliación, se advierte que la parte quejosa no impugnó por vicios propios los actos que atribuyó al Ayuntamiento y Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, consistentes en la expedición del artículo 70 del Reglamento de Vialidad del Municipio de Xochitepec, Morelos, esto es, no formuló conceptos de violación para controvertir la constitucionalidad de ese acto reclamado, pues solo combatió la infracción impuesta. En ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio con relación al acto reclamado a las autoridades antes destacadas. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, página 2248, del siguiente rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." Así como la tesis XXVII.3o.86 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Véase en la página 2128 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, registro: 2009694, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS." En mérito de lo anterior, respecto del acto que se reclama al Ayuntamiento y Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, consistentes en la expedición del artículo 70 del Reglamento de Vialidad del Municipio de Xochitepec, Morelos, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al precepto 108 fracción III de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V de la propia Ley. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir diversas causas de improcedencia que las partes hayan invocado o que se adviertan de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del acta de infracción folio 24911. La parte quejosa en el capítulo de conceptos de violación, aduce esencialmente que la boleta de infracción de doce de mayo de dos mil veintiuno carece de fundamentación y motivación, dado que la autoridad responsable omitió realizar lo siguiente: 1. La Agente de Tránsito no se identificó con su número de placa. 2. La infracción carece de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción. 3. La infracción carece de la debida fundamentación y motivación. 4. En la infracción no se determinó el monto de la sanción. 5. No se siguió un procedimiento en el que se hayan respetado las formalidades esenciales del procedimiento. Dichos motivos de disenso se califican de infundados lo que es motivo para negar el amparo y protección de la justicia federal, como se explicará a continuación: Una vez establecido lo anterior, es necesario precisar que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse. Ahora bien, con relación al concepto de violación consistente en la omisión de la autoridad responsable a identificarse al momento de realizar la infracción, debe señalarse que deviene infundado el concepto de violación. Al respecto, es necesario tomar en cuenta lo establecido por los artículos 9 y 182 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos, establecen: "Artículo 9.- Son Autoridades de Vialidad Municipal: [.] IV.- Los Policías Viales, a quienes el Reglamento Estatal, este Reglamento y otras disposiciones aplicables o la Autoridad competente les otorguen atribuciones." "Artículo 182.- Los Policías Viales, cuando los conductores de vehículos, contravengan alguna de las disposiciones de este Reglamento, procederán en la forma siguiente: I. En su caso, indicar al conductor que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en un lugar que no obstaculice la circulación; II. Se identificarán con nombre y número de placa; III. Señalarán al conductor, con la cortesía y respeto debidos, la infracción que ha cometido, relacionándola con la disposición reglamentaria correspondiente y la sanción respectiva; IV. Solicitará al conductor que muestre su licencia de manejo y la tarjeta de circulación del vehículo; y V. Una vez mostrados los documentos, procederán a levantar el acta de infracción, de la que entregarán un tanto al infractor." El precepto citado en primer lugar establece que los policías viales son autoridad de vialidad municipal; por su parte el diverso 182 establece el procedimiento que debe observar todo agente vial al momento de detectar que algún conductor contravenga disposiciones del reglamento. Entre las conductas que debe advertir el agente es identificarse ante el conductor, con el objeto de que la persona sobre la que recae la acción del agente, se encuentre enterada de la conducta que desplegará y su facultad para ello, que son actos de vigilancia o inspección de movilidad. La citada obligación, es un suceso de facto que se realiza en el momento en que el agente se presenta ante un conductor; luego, al tratarse de una situación con la que inicia el proceso de inspección o vigilancia, basta con que la identificación plena del agente se haga constar en la infracción que al efecto levante, lo cual así consta en la boleta folio 24911. Debe advertirse que el propio precepto legal establece que al levantarse una infracción, dentro de los requisitos que deben contenerse es el nombre, número de placa y firma del Agente; en el caso, de la documental que acompañó la propia parte quejosa, se conoce que esos datos fueron puestos, que son los siguientes: "NOMBRE DEL POLICÍA DE TRÁNSITO: OLIVIA FUENTES GONZÁLEZ. NÚMERO DE PATRULLA: 07155 FIRMAL DEL POLICÍA DE TRÁNSITO: firma ilegible" Con lo anterior, se cumple con la obligación de asentar los datos de identificación. Sobre ese mismo tópico, se precisa que no pasa inadvertido que la responsable no refirió el número de su placa, sino que únicamente hizo constar su nombre, la patrulla en que la cual se transportaba y su firma autógrafa; sin embargo, se estima que la finalidad de precisar tales aspectos se centra en otorgar seguridad jurídica al particular respecto de la autoridad que levanta la boleta de infracción. Extremo que en el caso se estima colmado con los diversos datos de identificación que asentó la agente responsable en el acta de infracción, los cuales se consideran suficientes para que el quejoso supiera la autoridad ante quien estaba y que levantó la boleta de infracción reclamada. En cuanto al segundo argumento relativo a la falta de señalamiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción, resulta infundado el concepto de violación. Al respecto, se tiene que la motivación tiene como objeto establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permita identificar la conducta a efecto de determinar si ella se subsume en la sancionada por una norma. El documento cuestionado contiene lo siguiente: Circunstancia de modo: ".teléfono celular en mano derecha, no sujetando el volante con ambas manos.". Circunstancia de tiempo: ".DÍA 2 MES Mayo AÑO 2021. HORA 15:55." Circunstancia de lugar: ".Carretera Zapata Zacatepec crucero de Chiconcuac." De lo que se tiene que la boleta de infracción folio 24911 sí contiene las circunstancias de modo, tiempo y lugar puesto que se su lectura se advierte que al momento de ser llenada, la agente de vialidad detalló la hora y fecha, así como el lugar de la infracción; por cuanto al modo, refirió que el quejoso conducía con un teléfono en la mano (derecha) por lo que no sujetaba el volante con ambas manos, por tanto se concluye que la boleta de infracción se llenó de manera correcta. Para advertir lo infundado del concepto de violación, es necesario tomar en cuenta que en los datos trascritos que se contienen en la infracción, con los cuales se conoce la conducta del quejoso que se busca sancionar, a saber, conducir con un teléfono en la mano derecha sin llevar ambas manos sobre el volante. En ese sentido, se tiene que la motivación se encuentra realizada a lo largo de la infracción, la cual es clara y específica para advertir que tal conducta es prohibida por el artículo 70 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos; de ahí lo infundado del concepto de violación. El tercer argumento relativo a la indebida fundamentación y motivación se califica de infundado, como se explica a continuación. Como se adelantó, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De dicho precepto se obtienen los requisitos mínimos que todo acto de autoridad debe contener, y que son: I.- Constar por escrito; II.- Provenir de autoridad competente, y III.- Estar fundado y motivado. El primero de los requisitos en cuestión, exige que la conducta de la autoridad conste por escrito, a fin de tener la certeza sobre su existencia y que el afectado conoce con precisión qué autoridad lo emitió, su contenido y sus consecuencias, y de esa manera sea factible su análisis y confrontación con las normas en que debe fundarse, para determinar su legalidad y, por ende, su constitucionalidad. Requisito que se cumplió en la especie, pues de las documentales remitidas por la autoridad responsable y quejoso, se observa la infracción número de folio 24911, la cual consta por escrito y se hizo saber al interesado; además, se advierte quién fue la autoridad que lo emitió (Policía Vial Olivia Fuentes González), su contenido (acta de infracción) y sus consecuencias jurídicas, consistentes en el pago de una multa. Sobre el segundo requisito, relativo a que el acto reclamado provenga de autoridad competente, es menester precisar que la competencia atañe a la facultad para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que precisamente a dicha figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite; es decir, únicamente pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Por tal motivo, la facultad para poder emitir un acto, la otorga la Constitución o a la ley reglamentaria que regule las atribuciones de las autoridades de que se traten. Ahora, de la infracción reclamada, en la parte inferior, se aprecia el nombre y firma del oficial de vialidad, quien fundó la facultad para elaborar el acta de infracción en el artículo 9, fracción IV, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos. De dicho precepto reglamentario, se desprende que las corporaciones de vialidad estarán integradas por policías viales y que bajo ese cargo, tendrán como facultades, las de vigilar el cumplimiento de la ley, sea previniendo, o bien, conociendo de las infracciones a la misma. De ahí que no le asiste razón al quejoso, en virtud que como se apuntó, el agente responsable citó de manera puntual la norma que le otorga facultades para imponer las sanciones a que había lugar, por infracciones a la normatividad correspondiente, como el artículo 9, fracción IV del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos. Por otra parte, es infundado el argumento en el que refiere que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación. De la lectura del acta de infracción, se desprende que la autoridad responsable precisó que el doce de mayo de dos mil veintiuno, a las 15:55 horas, en la Carretera Zapata Zacatepec, a la altura del crucero de Chiconcuac advirtió que el aquí quejoso cometió la infracción por conducir con un teléfono en la mano derecha sin llevar ambas manos al volante, trasgrediendo el artículo 180, fracción II, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Xochitepec, Morelos, por lo que en uso de las facultades establecidas por el artículo 9 de dicho ordenamiento, efectuó el acta de infracción y, para garantizar el pago retuvo la licencia del quejoso en términos de los artículos 183 y 184 de la legislación municipal en consulta, los cuales se trascriben a continuación: "ARTÍCULO 183.- Las infracciones se harán constar en formas impresas y foliadas, las cuales contendrán: I. Datos del infractor; II. Número y especificación de la licencia del infractor y los datos de la placa del vehículo; III. Características del vehículo; IV. La infracción cometida; V. Precepto jurídico transgredido; VI. Lugar, fecha y hora en que se hubiere cometido la infracción; VII. Nombre y firma de quien formula el acta de la infracción; VIII. Firma del infractor, a menos que éste se niegue a hacerlo; y, IX. Documento o placa que garantice el pago de la multa en términos del artículo 189 del presente ordenamiento. Artículo 184.- Para garantizar el pago de la multa correspondiente a la infracción, los Policías Viales podrán retener la tarjeta de circulación del vehículo, y a falta de ésta, licencia o permiso de manejo; en el caso de que el conductor no exhiba alguno de los documentos anteriores procederán a retirar el vehículo de la circulación. En caso de que el infractor no se encontrare presente al momento de elaborar la infracción, los Policías Viales procederán a retirar la placa de circulación, lo cual se hará constar en el acta de infracción." Así, se advierte que los argumentos del quejoso en el sentido de que la boleta de infracción carece de la debida motivación y fundamentación, sin señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que su conducta encuadró en un supuesto previsto por la norma legal como fundamento, así como que los fundamentos se encuentren en el reverso de la boleta de infracción, carecen de sustento. Lo anterior, ya que la citada autoridad refirió en el acta de infracción las razones, motivos o circunstancias especiales que la llevaron a concluir que su conducta encuadró en un supuesto previsto por la norma legal lo cual da motivo a que se le imponga una multa de conformidad con el artículo 180, fracción II, del reglamento municipal de vialidad aludido. Dicho numeral es del tenor siguiente: "Artículo 180.- A los infractores de este Reglamento, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran, se impondrán las siguientes sanciones: [.] II. Multa, la cual se fijará con base en días de salario mínimo general vigente en el Estado, en el momento en que se cometa la infracción;." Dicho artículo establece que a la persona que cometa una infracción al reglamento se le impondrá una multa. Ahora si bien es cierto que en el acta de infracción 24911 no se cuantificó la multa que debía pagar el quejoso, no menos cierto es que al reverso de dicha boleta se tiene que para la calificación y pago de las infracciones el quejoso deberá acudir a la Tesorería Municipal ubicada en la Presidencia Municipal de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas y sábado de 08:30 a 13:00 horas, para posteriormente acudir a la oficina del corralón municipal ubicada en carretera Cuernavaca - Acapulco kilómetro 20 colonia Centro de Xochitepec para la devolución del documento retenido. Lo cual lleva a calificar de infundado el concepto de violación relativo a la falta de cuantificación de la sanción pecuniaria en el acta de infracción reclamada. Ello es así, puesto que no obra constancia en el expediente con la que se acredite que el quejoso a la fecha de presentación de la demanda haya acudido a la oficina de la Tesorería Municipal para la calificación de la multa con motivo de la infracción de tránsito. Finalmente, deviene infundado el argumento en cuanto a que no la conducta que se atribuyó al quejoso en un procedimiento donde se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento En la contradicción de tesis 327/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como premisas, en lo que interesa lo siguiente: El acto administrativo s e define como aquella declaración de voluntad unilateral y concreta, dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos son directos e inmediatos. El procedimiento administrativo debe ser entendido como el conjunto de actos que concurren directa o indirectamente en la producción del acto administrativo. Sobre este último aspecto, el más Alto Tribunal ha establecido que dichos procedimientos se distinguen generalmente de la siguiente manera: A) Los instaurados en forma unilateral por la autoridad administrativa para verificar el cumplimento de los particulares a disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar. B) Los que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos y concesiones; C) Los que buscan tutelar derechos e intereses particulares que se ven afectados por los actos administrativos; los cuales, siguiendo las formalidades de un juicio exigidas por el artículo 14 constitucional -oportunidad de conocimiento y oportunidad probatoria- han de concluir con una resolución que confirme, modifique o revoque el actuar administrativo objetado; y, D) Aquellos en los que intervienen particulares con intereses opuestos y que definen una situación jurídica en concreto. Según se advierte, este tipo de procedimientos se caracterizan por la intervención del gobernado, cuyo resultado no es discrecional de la autoridad, sino que debe ser acorde con el derecho ejercido y con las formalidades establecidas para tal efecto. Lo anterior es así, ya que al formular alguna petición, o bien, al emprender el ejercicio de un derecho (como por ejemplo, el hecho de comparecer en sede administrativa a ofrecer pruebas para desvirtuar el incumplimiento a disposiciones de tal naturaleza o la posibilidad de dirimir algún conflicto por vía de control o, incluso, entre particulares), necesariamente debe existir una contestación o una resolución que dirima la situación jurídica en particular, so pena de contrariar lo establecido en los artículos 6º, 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, el acto reclamado se trata de una multa de transito que se impuso al gobernado por no conducir con ambas manos al volante, puesto que en la mano derecha llevaba un teléfono, sin que se haya dado alguna de las hipótesis señaladas con antelación para que ofreciera pruebas, o en su caso haya concluido con una resolución, sino que se trató de la declaración de voluntad unilateral y concreta de la oficial de vialidad Olivia Fuentes González adscrita a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Xochitepec, Morelos, esto es, parte de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos fueron directos e inmediatos. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), con número de registro 2008753, que derivo de la citada contradicción, de rubro siguiente: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación porque la boleta de infracción no viola el derecho humano de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Alejandro Ruiz Carrillo. SÉPTIMO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Alejandro Ruiz Carrillo respecto a los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Ruiz Carrillo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy siete de diciembre de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe.
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