Alejandro Sánchez Benito

Expediente 896/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
896/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Sánchez Benito
  • ALEJANDRO SÁNCHEZ BENITO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veintinueve de agosto del año en curso, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: ? Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ? ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a)2 del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años3 y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ? ? Con relación al cuaderno original del incidente de suspensión, ? El cuaderno original es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a)4, pues las medidas cautelares -provisional como y definitiva-, fueron concedidas; por ende, se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, concluido, dentro de los noventa días siguientes será depurado: se conservarán las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la suspensión, para después transferirlo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese al expediente principal sin alterar el folio. ? El duplicado es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a)5, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Archívese por separado. CARATULAS Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 356 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, remítase a la autoridad responsable ordenadora, las constancias y dvd que remitió como justificante de su informe (ANEXO I), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario solicitar el acuse respectivo, en virtud que el sello receptor de la notificación correspondiente hace la función de éste.

  2. Principal

    Glósese el oficio y anexo, de la autoridad responsable ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintiséis de agosto del año en curso, informa que en relación a la audiencia pública y oral desahogada en veinticinco del mismo mes y año, se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva por diez meses, misma que le fue impuesta en audiencia inicial, por lo que ordenó su inmediata libertad, únicamente por lo que se refiere a la causa penal que nos ocupa, remitiendo al efecto copia autorizada del audio y video en un DVD anexo; precisándose qué al existir imposibilidad material para digitalizar el disco compacto, se integra únicamente como anexo al expediente impreso, en términos del artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. ANTECEDENTES Ahora bien y visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa promovió amparo en contra de los actos y autoridades siguientes: Del Juez de Control de Oralidad y Ejecución de la región Centro Puebla LIC. ENRIQUE LOPEZ CRIOLLO y otra autoridad. Medida cautelar de prisión preventiva justificada de diecinueve de julio de dos mil veintidós. Dentro de la causa penal 2380/2022/PUEBLA. Al rendir su informe justificado el Director del Centro Penitenciario responsable aceptó los actos reclamados. Mediante oficio número 33748/2022/JC, el Juez responsable informa el desahogo de la audiencia pública y oral de veinticinco de agosto del mismo año, misma que entre otras cosas, suspendió la medida cautelar de prisión preventiva por diez meses, la cual le fue impuesta en audiencia inicial y ordenó su inmediata libertad, únicamente por lo que se refiere a la causa penal que nos ocupa. En mérito de lo anterior, se advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte, en lo que interesa, que la parte quejosa reclama, la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada emitida en la audiencia inicial de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 2380/2022/PUEBLA. Que en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintidós el Juez de Control de oralidad y Ejecución del Sistema acusatorio Adversarial, región Centro celebró audiencia de suspensión condicional solicitada y concedió la suspensión de condena condicional del proceso a favor del quejoso Alejandro Sánchez Benito, por el plazo de diez meses, suspendiéndose la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la que encontraba sujeto, ordenándose su inmediata libertad únicamente respecto de la causa penal 2380/2022/PUEBLA. Esta causa de improcedencia está orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, conforme a tal supuesto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no puede alcanzar su objetivo protector dada la desaparición de los efectos del acto controvertido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo cual acontece respecto a la prisión preventiva que se impuso al quejoso en el proceso de origen, cuya legalidad reclamó en esta vía, pues tomando en consideración lo expuesto al inicio de este considerando, se conoce que a virtud de su sometimiento voluntario a un mecanismo de solución alterna al conflicto penal en el que tiene la calidad de imputado, obtuvo el pleno goce de su libertad personal, aun cuando para ello se obligó a cumplir las condiciones que le impuso la juez responsable, pues tal sometimiento es en su beneficio y de acatar en su totalidad las condiciones que se le fijaron, ninguna merma resentirá en su libertad personal. Por tanto, es evidente que durante el trámite del juicio de amparo cesaron los efectos de la prisión preventiva reclamada en esta vía, en tanto que actualmente el impetrante de amparo goza cabalmente del derecho humano que aquélla le restringía; de manera que tal medida ya no le genera alguna afectación en su esfera jurídica que amerite ser analizada en esta vía. En esas condiciones, se sobresee en el juicio respecto a la medida cautelar con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que la actuación de la autoridad responsable, produjo una situación idéntica a la que se obtendría si se hubiera concedido el amparo al quejoso. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con ocho minutos del dos de septiembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. SIN MAYOR ACUERDO Finalmente, respecto del segundo oficio intégrese sin mayor acuerdo en virtud de que por auto de veintiséis de agosto del año dos mil veintidós, se proveyó lo relativo al mismo.

  3. Principal

    Glósese el oficio y anexo, de la autoridad responsable ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintiséis de agosto del año en curso, informa que en relación a la audiencia pública y oral desahogada en veinticinco del mismo mes y año, se suspendió la medida cautelar de prisión preventiva por diez meses, misma que le fue impuesta en audiencia inicial, por lo que ordenó su inmediata libertad, únicamente por lo que se refiere a la causa penal que nos ocupa, remitiendo al efecto copia autorizada del audio y video en un DVD anexo; precisándose qué al existir imposibilidad material para digitalizar el disco compacto, se integra únicamente como anexo al expediente impreso, en términos del artículo 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. ANTECEDENTES Ahora bien y visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa promovió amparo en contra de los actos y autoridades siguientes: Del Juez de Control de Oralidad y Ejecución de la región Centro Puebla LIC. ENRIQUE LOPEZ CRIOLLO y otra autoridad. Medida cautelar de prisión preventiva justificada de diecinueve de julio de dos mil veintidós. Dentro de la causa penal 2380/2022/PUEBLA. Al rendir su informe justificado el Director del Centro Penitenciario responsable aceptó los actos reclamados. Mediante oficio número 33748/2022/JC, el Juez responsable informa el desahogo de la audiencia pública y oral de veinticinco de agosto del mismo año, misma que entre otras cosas, suspendió la medida cautelar de prisión preventiva por diez meses, la cual le fue impuesta en audiencia inicial y ordenó su inmediata libertad, únicamente por lo que se refiere a la causa penal que nos ocupa. En mérito de lo anterior, se advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte, en lo que interesa, que la parte quejosa reclama, la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada emitida en la audiencia inicial de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 2380/2022/PUEBLA. Que en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintidós el Juez de Control de oralidad y Ejecución del Sistema acusatorio Adversarial, región Centro celebró audiencia de suspensión condicional solicitada y concedió la suspensión de condena condicional del proceso a favor del quejoso Alejandro Sánchez Benito, por el plazo de diez meses, suspendiéndose la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la que encontraba sujeto, ordenándose su inmediata libertad únicamente respecto de la causa penal 2380/2022/PUEBLA. Esta causa de improcedencia está orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, conforme a tal supuesto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no puede alcanzar su objetivo protector dada la desaparición de los efectos del acto controvertido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo cual acontece respecto a la prisión preventiva que se impuso al quejoso en el proceso de origen, cuya legalidad reclamó en esta vía, pues tomando en consideración lo expuesto al inicio de este considerando, se conoce que a virtud de su sometimiento voluntario a un mecanismo de solución alterna al conflicto penal en el que tiene la calidad de imputado, obtuvo el pleno goce de su libertad personal, aun cuando para ello se obligó a cumplir las condiciones que le impuso la juez responsable, pues tal sometimiento es en su beneficio y de acatar en su totalidad las condiciones que se le fijaron, ninguna merma resentirá en su libertad personal. Por tanto, es evidente que durante el trámite del juicio de amparo cesaron los efectos de la prisión preventiva reclamada en esta vía, en tanto que actualmente el impetrante de amparo goza cabalmente del derecho humano que aquélla le restringía; de manera que tal medida ya no le genera alguna afectación en su esfera jurídica que amerite ser analizada en esta vía. En esas condiciones, se sobresee en el juicio respecto a la medida cautelar con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que la actuación de la autoridad responsable, produjo una situación idéntica a la que se obtendría si se hubiera concedido el amparo al quejoso. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con ocho minutos del dos de septiembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. SIN MAYOR ACUERDO Finalmente, respecto del segundo oficio intégrese sin mayor acuerdo en virtud de que por auto de veintiséis de agosto del año dos mil veintidós, se proveyó lo relativo al mismo.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO, JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, visto su contenido, téngasele informado a esta autoridad federal que por auto de veinticinco de agosto de año en curso, a petición del abogado Alejandro Bernal Torres, defensor particular del imputado ***se señalaron las 13.30 HORAS DEL 25 DE AGOSTO DE 2022, para el verificativo de la audiencia de suspensión condicional del proceso en términos de lo que dispone el artículo 17 Constitucional y 184 fracción ll del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo que este juzgado toma conocimiento. Dado lo anterior, mediante oficio electrónico que al efecto se gire, requiérase a la autoridad oficiante para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta sus efectos la presente notificación, informe el resultado de la audiencia que refiere, para que este juzgado esté en aptitud de acordar lo que a derecho corresponda.

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