Alejandro Rodríguez Muñoz

Expediente 546/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
546/2016
Año
2016
Actuaciones
23
Última actuación
03/08/2016

Partes del expediente

  • Alejandro Rodríguez Muñoz
  • Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, -----SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de ****, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, por el cual solicita se requiera al agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla, a efecto de que remita copias certificadas de la carpeta de investigación 443/2015/Chignahuapan; en ese sentido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición por lo siguiente. En primero lugar, resulta pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010 analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en los términos siguientes: a. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: 1. La publicidad es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; ésta sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 2. La contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la "CONTIENDA", es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. 3. La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. 4. La continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso. 5. La inmediación implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. b. Los objetivos del sistema penal acusatorio son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune, lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. c. Se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución, para quedar en los términos siguientes: 1. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. 2. Se impide al juzgador del PROCESO oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte, el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y, por otra, el imputado y, la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. d. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. e. Por ende, cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De una interpretación sistemática a lo reseñado con antelación, se tiene que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, aunado a que se impide al juzgador del PROCESO oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; en tales condiciones, quien aquí provee, considera que no resulta idónea la petición del quejoso en el sentido de que se alleguen al presente sumario, copias certificadas de la carpeta de investigación que dio origen a los datos que por esta vía de amparo se reclaman, pues los medios de convicción que obran en el presente juicio, son los suficientes para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto reclamado, aunado a que el mismo debe de ser analizado en esta instancia constitucional tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, de modo que no es admisible tomarlas en consideración dado que no fueron tomadas en cuenta para la emisión del acto que se reclama por ésta vía. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 363 del Tomo CXXVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "AMPARO, PRUEBAS EN EL. No es posible tomar en consideración las pruebas aportadas por el quejoso con posterioridad a su demanda de amparo, en virtud de que el artículo 78 de la Ley de la materia establece que el acto reclamado deberá estudiarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que sean de admitirse, ni tomarse en consideración, pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad. Además, estudiar la constitucionalidad del acto reclamado tomando en cuenta dichas pruebas y el cambio operado en la situación jurídica del negocio, equivaldría a estudiar el juicio de garantías a través de cuestiones ajenas a la demanda, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que dispone que el amparo en materia civil es de estricto derecho, y que, por tanto, la sentencia que en él se dicte se sujetará a los términos de la demanda, sin que esté permitido al juzgador suplir ni ampliar nada en ella; e infringiendo igualmente el artículo 190 de la propia ley, que dispone que las sentencias de la Suprema Corte no comprenderán más cuestiones legales que las propuestas en la demanda de amparo." Finalmente, por lo que hace a su petición de que los testigos JOSÉ *****, sean presentados por conducto de este órgnao jurisdiccional, dígasele que se deberá de estar a lo acordado en auto de nueve de junio del año en curso.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de ****, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por la parte quejosa, por el cual solicita se requiera al agente del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla, a efecto de que remita copias certificadas de la carpeta de investigación 443/2015/Chignahuapan; en ese sentido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición por lo siguiente. En primero lugar, resulta pertinente señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010 analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el sistema procesal penal acusatorio y oral, el cual se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en los términos siguientes: a. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: 1. La publicidad es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; ésta sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. 2. La contradicción consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la "CONTIENDA", es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. 3. La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. 4. La continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso. 5. La inmediación implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. b. Los objetivos del sistema penal acusatorio son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, lograr el esclarecimiento de los hechos, resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune, lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. c. Se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución, para quedar en los términos siguientes: 1. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. 2. Se impide al juzgador del PROCESO oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte, el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y, por otra, el imputado y, la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. d. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. e. Por ende, cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De una interpretación sistemática a lo reseñado con antelación, se tiene que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, aunado a que se impide al juzgador del PROCESO oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; en tales condiciones, quien aquí provee, considera que no resulta idónea la petición del quejoso en el sentido de que se alleguen al presente sumario, copias certificadas de la carpeta de investigación que dio origen a los datos que por esta vía de amparo se reclaman, pues los medios de convicción que obran en el presente juicio, son los suficientes para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto reclamado, aunado a que el mismo debe de ser analizado en esta instancia constitucional tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, de modo que no es admisible tomarlas en consideración dado que no fueron tomadas en cuenta para la emisión del acto que se reclama por ésta vía. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página 363 del Tomo CXXVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "AMPARO, PRUEBAS EN EL. No es posible tomar en consideración las pruebas aportadas por el quejoso con posterioridad a su demanda de amparo, en virtud de que el artículo 78 de la Ley de la materia establece que el acto reclamado deberá estudiarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que sean de admitirse, ni tomarse en consideración, pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad. Además, estudiar la constitucionalidad del acto reclamado tomando en cuenta dichas pruebas y el cambio operado en la situación jurídica del negocio, equivaldría a estudiar el juicio de garantías a través de cuestiones ajenas a la demanda, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que dispone que el amparo en materia civil es de estricto derecho, y que, por tanto, la sentencia que en él se dicte se sujetará a los términos de la demanda, sin que esté permitido al juzgador suplir ni ampliar nada en ella; e infringiendo igualmente el artículo 190 de la propia ley, que dispone que las sentencias de la Suprema Corte no comprenderán más cuestiones legales que las propuestas en la demanda de amparo." Finalmente, por lo que hace a su petición de que los testigos JOSÉ *****, sean presentados por conducto de este órgnao jurisdiccional, dígasele que se deberá de estar a lo acordado en auto de nueve de junio del año en curso.

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