Alejandro Romero Madrid

Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
186/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Romero Madrid

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, promovida por *, a favor de *, contra actos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Materia del juicio. Del contenido integral de la demanda de amparo, se advierten como actos reclamados los siguientes: ".indebida orden de aislamiento, incomunicación, tortura, malos tratos inhumanos y degradantes.". Se descarta urgencia. Con motivo de que la demanda de amparo fue recibida durante la guardia a cargo del respectivo secretario de este juzgado, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin embargo, pese a dicha circunstancia debe descartarse la urgencia del caso de que se trata. Ahora, de la lectura armónica de la demanda de amparo promovida por * se obtiene que los actos reclamados se hacen consistir en la orden de aislamiento, incomunicación, tortura, malos tratos inhumanos y degradantes cometidos contra *. Sin embargo, en el caso, se advierte que los actos reclamados derivan de los hechos (manifestados bajo protesta de decir verdad en la demanda, como antecedentes de los actos en mención) que ya acontecieron, desde el catorce de mayo, hasta el quince de mayo, ambos de dos mil veinte. Asimismo, del contenido integral de dicho escrito inicial no se desprende en modo alguno que esos actos reclamados, consistentes en la orden de aislamiento, incomunicación, tortura, malos tratos inhumanos y degradantes contra el quejoso *, se estén ejecutando actualmente o al momento de la presentación de la demanda. Por el contrario, de la integridad de ese libelo inicial queda patente que se trata de actos que se reclaman a las autoridades señaladas como responsables y son derivados de hechos acaecidos en el pasado; esto es, no son actuales ni tampoco futuros e inminentes, sino que constituyen acontecimientos ya suscitados, particularmente entre el catorce de mayo, hasta el quince de mayo, ambos de dos mil veinte, con motivo de la detención del directo quejoso, a la que se alude en esa demanda de cuenta. De ahí que sea evidente que, en el caso, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la constitución federal y 15 de la ley de la materia, que dé lugar a la tramitación urgente e inmediata de esta demanda de amparo, habida cuenta que -como se dijo- la orden de aislamiento, incomunicación, tortura, malos tratos inhumanos y degradantes no se están cometiendo de manera actual o al momento de la presentación de la demanda en contra del directo quejoso *, sino que -en su caso- tuvieron lugar desde su detención en las datas ya referidas y que con expresadas bajo protesta de decir verdad por el promovente en el citado ocurso inicial. En consecuencia, como se dijo, se descarta la urgente del presente asunto. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente. Mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: *. Sin embargo, tales actos encuentran la causal de improcedencia que descansa en la ausencia de interés jurídico y de legitimación, prevista en el artículo 61, fracción XII, relacionada con los numerales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, que recogen algunos postulados del precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los preceptos legales y el constitucional transcritos, se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en la premisa siguiente: Si las leyes o actos reclamados, no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación tendrá para instaurar el juicio de amparo. Esa consideración se apoya en la tesis jurisprudencial VI. 2o. J/87, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo contenido es: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona."1 De modo que la acción constitucional de amparo, únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación a un derecho legítimamente tutelado, por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente, a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o exigir que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia, y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Entonces, la legitimación para iniciar y seguir el juicio de amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetiva. De ahí que ese agravio deba recaer en algún derecho jurídicamente tutelado, a favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados, y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite un interés cualquiera o simple, es decir, sin tener un respaldo legal, pues resulta indispensable que la manifestación del gobernado encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley, y que estos resientan un perjuicio con los actos reclamados. De modo que si la precondición para la procedencia del juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, la falta de un derecho afectado tutelado, implicará que no existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. Empero, la demanda de amparo es presentada electrónicamente por quien se ostenta como * a favor de *, contra actos que involucran el aislamiento, incomunicación, tortura, así como malos tratos inhumanos y degradantes de este último; sin embargo, tal como se adelantó, del capítulo de hechos o abstenciones que constituyen los actos reclamados vertidos bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, se advierte su manifestación en el sentido de que los hechos que reclama acontecieron el catorce y quince, ambos de mayo de dos mil veinte. Por tanto, es inconcuso que * carece de legitimación para promover este amparo a nombre de un tercero, en la vía electrónica y sin firmar la demanda, contra los actos reclamados. Es así, pues tal como se explicó con antelación los actos reclamados no tienen el carácter de urgentes, en términos de los artículos 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, porque no se encuentran desarrollándose en forma actual contra el directo quejoso, ni tampoco se verificaban al momento en que se presentó tal demanda, sino que en tuvieron lugar con motivo de la detención de dicho directo impetrante el catorce y quince, ambos de mayo de dos mil veinte. Además, tales actos no afectan la esfera jurídica de derechos de manera directa del promovente. En dado caso, los actos reclamados incidirían en el directo quejoso * y, por tanto, es únicamente a él a quien le asistiría el interés jurídico previsto en los artículos 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, que recogen algunos postulados del precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que era necesario que la presente demanda se firmara (de manera física) autógrafamente por el directo quejoso *, o bien, si se insistía en presentarla de manera electrónica, tal escrito inicial tendría que contener la firma electrónica (evidencia criptográfica) correspondiente a ese directo impetrante. No se soslaya que el promovente * se ostente como defensor del directo quejoso *; sin embargo y al margen de que no cumple con lo previsto en el artículo 14 de la ley de la materia (en el sentido de manifestar tal carácter bajo protesta de decir verdad), lo cierto es que el promovente que refiere tener el carácter de defensor del quejoso, no incluyó en modo alguno la firma de la demanda. En efecto, el promovente * ostentándose como defensor del directo quejoso * no firmó autógrafamente la demanda, pues no fue presentado ese escrito inicial en forma física, sino electrónicamente. Dado que la presentó en vía electrónica, no firmó electrónicamente (con la respectiva evidencia criptográfica) dicho ocurso inicial. Debe destacarse al respecto que, como se ha visto, los actos reclamados no se ubican en el caso de excepción que autorice que se promueva electrónicamente la demanda de amparo a nombre de diversa persona, sin firma electrónica. En efecto, como ya se explicó, a pesar de ser aquellos que se encuentran en algunas de las hipótesis de carácter urgente, previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales) éstos actos sucedieron en el año dos mil veinte, es decir, hace aproximadamente tres años, sin que del contenido de la demanda se desprenda que actualmente estén siendo perpetrados en contra del directo quejoso. En consecuencia, es evidente que el promovente * ostentándose como defensor del directo quejoso * no firmó autógrafamente la demanda y, dado que la presentó en vía electrónica, tampoco firmó electrónicamente (con la respectiva evidencia criptográfica) dicho ocurso inicial. Por todo ello, se concluye que *, quien promovió la demanda no tiene interés jurídico para reclamar los mencionados actos a favor de * y carece de la legitimación jurídica para hacerlo en nombre de este último, inclusive como su defensor, habida cuenta que la demanda de amparo presentada vía electrónica no tiene su firma electrónica (falta la evidencia criptográfica que demuestre el envío apropiado de la demanda). Así pues, el artículo 3º de la Ley de Amparo, dispone que la actuación frente a los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. Y, de conformidad con los artículos 3º, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica, únicamente cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. No obstante, en el caso, se advierte que los actos reclamados sucedieron el catorce de mayo de dos mil veinte, sin que a la fecha estén suscitando, por ende, no encuadran en modo alguno en la hipótesis de excepción en alusión, pues los actos reclamados no se están llevando a cabo contra el ahora quejoso de manera actual o, al menos, al momento de la presentación de la demanda, sino que sucedieron a raíz de su detención en el año dos mil veinte. Por consiguiente, de ninguna forma encuadran en las hipótesis de carácter urgente, previstas por el artículo 15 de la ley de la materia o el numeral 22 de la constitución federal. Entonces, ninguna circunstancia extraordinaria se tiene para considerar el supuesto de excepción sobre la ausencia de firma electrónica, que se actualiza cuando un quejoso reclama actos urgentes, como se dijo, de los prohibidos en el artículo 22 de la constitución federal, y previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Luego, se estima que la demanda de amparo presentada vía electrónica a nombre (por quien se ostenta como su defensor) del directo quejoso en mención, no cumple el principio de "instancia de parte agraviada", lo cual obliga a desechar la solicitud recibida. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, cuando no tenga la firma electrónica del quejoso. Lo anterior, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio de tutela constitucional, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención regulada en el artículo 114 de la Ley de Amparo, porque se trata del incumplimiento a uno de los principios rectores del juicio de amparo, que no amerita prevención. Ello quedó plasmado en la tesis jurisprudencial de rubro: * Así es, debe estimarse que los actos combatidos por el promovente, encuentran la causal de improcedencia que descansa en la falta de interés jurídico y de legitimación jurídica. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por la parte quejosa, dado que sus actos encontraron una causa de improcedencia manifiesta e indudable (conforme a las razones puntualizadas). Autorizados y domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio de la promovente las listas que se fijan en este juzgado de distrito, pues el usuario * al que se alude se solicita para tener el acceso al expediente electrónico que se forme, a efecto de enviar notificaciones oficiales y/o electrónicas, entre otras cuestiones, pero dicho usuario no se autorizó expresamente para recibir tales notificaciones electrónicas. Luego, resulta improcedente considerar al promovente como autorizado y al usuario proporcionado, pues fue presentada la demanda sólo en representación del directo quejoso, pero como se ha visto, el promovente carece de legitimación para hacerlo, al no haberse firmado el ocurso inicial. Sin embargo, por excepción y a fin de no dejar en estado de indefensión al promovente, se le autoriza sólo el acceso y consulta al expediente electrónico al mencionado usuario: *; por lo que se instruye que se habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el mismo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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