Alejandro Rafael Zepeda Espinoza
Expediente 927/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Rafael Zepeda Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Del estado procesal del incidente y la copia certificada de cuenta, se advierte que con esta fecha causó estado el acuerdo por el cual se declaró cumplida la sentencia en el juicio principal, del cual deriva el incidente en que se actúa. Lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por lo que también es procedente el archivo de este incidente. Sobre todo porque no existe billete de depósito ni garantía exhibida por el quejoso cuya devolución resulte necesaria. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el original del incidente de suspensión es destruible, pues se negó suspensión provisional, así como la definitiva. Mientras que el duplicado es susceptible de destrucción, lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivada de este juicio. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y del estado procesal que guarda el expediente, se advierte el proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho (fojas 301 a 303) por el que se declaró cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio; lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidos en caso de omitir hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a lo anterior, el plazo otorgado para tal efecto transcurrió hasta su conclusión, y tanto el quejoso como las demás partes omitieron interponer el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió dentro del periodo en mención. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 201, fracción I y 202, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME) y se tiene por consentido por las partes. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto concluido en forma total y definitiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 214 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, por tanto, debe conservarse la demanda y sentencia respectiva. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en dichos cuadernos, a los cuales se deberá glosar copia autorizada de esta proveído. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por último, de autos se advierte que en el escrito de demanda de amparo, el quejoso anexó diversos documentos originales, los cuales son innecesarios de conservar en el presente expediente. Por tanto, se ponen a disposición de la autorizada del quejoso para que acuda a recogerlos, podrá realizar en cualquier día y hora hábil de este órgano, previo desglose que se efectúa de los mismos. Se le hace notar la oportunidad de recoger los referidos documentos en el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, apercibido que de omitir hacerlo, los documentos en mención serán destruidos con este expediente al realizar el proceso de depuración correspondiente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo tercero, punto décimo primero, último párrafo, de dicho acuerdo.
- Principal
De la certificación de cuenta y el estado del juicio, advierto ha concluido el plazo de tres días concedido a las partes, mediante acuerdo de nueve de marzo del año en curso (foja 288), para manifestarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, voy a verificar, de oficio y con base en las constancias remitidas por las autoridades responsables y la inconformidad expresada por el quejoso , si la sentencia que dicté ha sido cumplida, en otras palabras, si se ha ejecutado lo juzgado. Pues, sería infructuoso para el quejoso haber obtenido el amparo y la protección de la Justicia Federal, si su ejecución no cumple con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia. Lo anterior, porque el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, pero, en realidad, se materializa hasta su ejecución. Bajo esa premisa, veo materializado el derecho de acceso a la justicia de ** (en lo subsecuente ** ), pues la autoridad responsable ha actuado conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia. Veamos: ** fue trasladado del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla al diverso de Tepexi de Rodríguez, Puebla, porque así lo ordenó el Secretario de Seguridad Pública del Estado a través del oficio SSP/01/2062/2013. Dicho oficio ya se dejó sin efectos por la referida autoridad, pues así lo informó en su oficio SSP/07/002347/2017 (foja 253). Al nulificar esa instrucción, fue posible ordenar a las diversas autoridades, tomar las medidas de seguridad necesarias a fin de trasladar de vuelta al quejoso y reingresarlo al centro penitenciario de ésta ciudad. El cumplimiento a esa instrucción se dio a las veintitrés horas con quince minutos del seis de marzo de dos mil dieciocho, lo cual se ve reflejado en el acta de recepción y entrega de persona privada de su libertad (foja 286), remitida por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. En consecuencia, el quejoso se encuentra de nueva cuenta cerca de su núcleo familiar, situación propicia para mejorar su proceso de reinserción social al permitirle, entre otras cosas, recibir visitas de sus familiares, lo cual había sido mermado al ser traslado a un centro penitenciario fuera de la ciudad de Puebla. Además, las autoridades administrativas ahora son sabedoras de que en caso de volver a requerir su traslado deben sujetarse a un control judicial. Ello, para evitar cualquier arbitrariedad de su parte, como acaeció en el traslado reclamado al separar al quejoso de su familia sin la aprobación de un juez. Todo lo anterior logra materializar los efectos precisados en la sentencia, pues al haber reingresado en el centro penitenciario que se encontraba antes de llevarse a cabo el traslado reclamado se ha restituido el pleno goce de sus derechos violados -precisados en la sentencia-. Además, no constituye un obstáculo para llegar a esa conclusión el hecho de haberlo ubicado en un dormitorio distinto -en ese sentido expresó su inconformidad el quejoso-, pues, como ya se dijo, la afectación al derecho de reinserción social se produjo al alejarlo de su núcleo familiar sin la validación de un juez, lo cual de ninguna manera se ve afectado por ubicarlo en un dormitorio distinto al estar en el mismo centro penitenciario. Pues, la decisión adoptada de reingresarlo al Centro de Reinserción Social de Puebla, Puebla, no llega al extremo de soslayar cuestiones administrativas y/o de seguridad interna de aquel. Por tanto, disiento de su inconformidad. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, determino cumplida la sentencia sin excesos ni defectos. Ahora, para respetar la opinión de ** , en caso de seguir inconforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, hago de su conocimiento: es su derecho recurrir ésta determinación a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación tiene un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Asimismo, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) La sentencia fue terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 199 a 208); b) Mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho la sentencia alcanzó el rango de ejecutoria (fojas 247 y 248), y se requirió el cumplimiento en ese fallo a la autoridad responsable. c) El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo el seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 286); d) El ocho de marzo de dos mil dieciocho de la presente anualidad, se recibió en este juzgado el oficio 1169/2018 (foja 282), por el cual el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en cumplimiento a lo ordenado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, comunicó tal situación relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y, e) En la presente fecha (veinte de marzo de dos mil dieciocho) se declara cumplida la ejecutoria de amparo.
- Principal
A los autos el oficio de cuenta, signado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; por el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se toma conocimiento de lo anterior, sin realizar mayor pronunciamiento, pues el nueve de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó la vista a las partes conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en la notificación de cuenta se advierten manifestaciones formuladas por el quejoso en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo, mismas que habrán de ser tomadas en consideración una vez fenecido el plazo concedido a las partes en auto de nueve de marzo del actual. Por último, se hace notar: es innecesario notificar al quejoso en forma personal, el contenido del presente acuerdo, porque ningún derecho procesal está involucrado.
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