Alejandro Rodríguez Moreno y otros

Expediente 355/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
355/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/04/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Rodríguez Moreno y otros

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés (fojas 09 a 21), por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculada a determinar la constitucionalidad de resoluciones referentes a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello "destruible" en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a trece de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Coordinador General de Registro de Contratos Colectivos dependiente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con sede en ciudad de México y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de control electrónico y registrar bajo el número de juicio de amparo 355/2023. PROCEDENCIA Ahora bien, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. (.). En relación con ello, el artículo 62 de la Ley de Amparo, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, circunstancia que lo faculta a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Los preceptos transcritos facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la prevista, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo que disponen lo siguiente: De la interpretación de los anteriores numerales, relacionados con la fracción I, del artículo 103 constitucional, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el citado precepto no define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, tampoco éste definió el vocablo mencionado, pues al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. Ciertamente, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Es decir, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal, para efectos de la procedencia de dicho juicio. (...) De lo anterior trascrito, se puede determinar que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones legales que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; por tanto, autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto de autoridad. Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sosteniendo que para determinar, cuales son actos de autoridad, debe atenderse a la clasificación de la teoría general del derecho, conforme a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Al efecto, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, esto es, existe bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que el parámetro constitucional, el juicio de amparo; este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Posteriormente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; reguladas también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. Aunado a lo anterior, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, modificó el concepto de autoridad responsable que se tenía en la anterior legislación, al establecer que los particulares pueden tener esa calidad, cuando realicen actos establecidos en una norma. En consecuencia, para definir que los actos reclamados en un juicio de amparo, se tratan de actos de autoridad (ya sea realizados por una autoridad o por un particular), debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto se advierten, como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente o particular, de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente o particular, de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad (aun colaborando como un auxiliar de aquella facultad); c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. (.).De ello, se desprende que las características del acto de autoridad no fueron modificadas por el precepto 5 de la actual Ley de Amparo, sino que se introdujo una concepción distinta de los sujetos que pueden fungir como autoridad responsable para los efectos del juicio. Así, se tiene que bajo la misma naturaleza de los actos de autoridad, algunos equivalentes pueden ser realizados por particulares, es decir, éstos deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Además, tales actos equivalentes deben vulnerar derechos fundamentales contemplados en la norma constitucional y las funciones que autorizan la emisión de los precitados actos equiparables, deben encontrarse determinadas en una norma general. (.).Precisado lo anterior, de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en:  "OMISION DE SER TOMADOS EN CUENTA EN LA PLANILLA DE TRABAJADORES DEL, COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA (COAPATAP) PARA LA VOTACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO PERIODO ACTUAL DENTRO DEL CONTRATO DE REGISTRO S/2449/2009, DE LA CUAL LA VOTACIÓN SERA EL 17 DE MARZO DEL 2023, A LAS 10:00 HORAS EN EL DOMICILIO CALLE 10ª AVENIDA NORTE No 33 - B. COLONIA 5 DE FEBRERO DE TAPACHULA CHIAPAS, DICHA OMISIÓN ES VIOLATORIO AL ARTÍCULO 390 BIS FRACCIÓN III LETRA A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO". (SIC). Ahora bien, los quejosos en sus hechos y abstenciones de dicho acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, señalaron que:  Son trabajadores activos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula; que como trabajadores tienen derechos al contrato colectivo celebrado entre la parte patronal y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Comité del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas;  Que se percataron el día de ayer que la empresa para lo que trabajaban empezó a pegar la convocatoria de la votación y la lista de los que tienen derecho para votar; sin embargo, los impetrantes del amparo no aparecen en la lista, no obstante que tiene derecho a votar al ser trabajadores desde años atrás. En atención a lo expuesto, se puede advertir que lo que reclaman en este juicio de amparo no es un acto de autoridad, dado que se encuentran en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que para resolver las controversias suscitadas entre éstos, las normas generales establecen procedimientos ordinarios, como lo es en el caso el juicio laboral ordinario, establecido en el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo. Pues como se reitera al estar entablada una relación entre particulares, actuando en el mismo plano de coordinación, es decir, de igualdad, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia ellos mismos, se encuentra establecido un medio ordinario de acceso a la justicia, para ventilar sus discrepancias. (.).En ese mismo sentido, si bien alegan que la convocatoria para verificar la legitimación de un contrato colectivo de trabajo, es indebida porque no fueron considerados a participar en la validez del mismo; sin embargo, no se colman las características que todo acto de autoridad debe tener para ser impugnado como acto reclamado en el juicio de garantías, ya que en su emisión no participa un ente que posea la naturaleza de autoridad -sino únicamente las partes contratantes, que se obligan en los términos de su texto- y que, por ende, incida en forma unilateral en la esfera jurídica de los contratantes. Es decir, el elemento normativo en los contratos colectivos proviene de sujetos de derecho privado -trabajo y capital- el cual es derecho objetivo creado por particulares, justamente porque no es derecho creado por el Estado, sino el ordenamiento que pactan los contratantes deriva de un derecho autónomo. No pasa inadvertido que la parte quejosa haya señalado al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, si bien, primeramente deben comparecer las partes interesadas ante dicho Centro, conforme a lo establecido en el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; este solo tiene una participación pasiva en el proceso de publicación de la convocatoria, de la cual se duelen en el presente sumario constitucional. A mayor abundamiento, es necesario citar el artículo décimo primer transitorio, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019; así como el artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo: (.).De los preceptos legales se aprecia que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, solo es un receptor del aviso de publicación de la convocatoria, que las partes interesadas le informen, en relación a que someterán a consulta de los trabajadores la aprobación de su contrato colectivo Dicha circunstancia pone de manifiesto lo expuesto en relación a que el acto que por esta vía se intenta, no es reclamable mediante el juicio de amparo, porque como se señaló previamente, la autoridad responsable, en el presente caso, carece de la facultad de imperio, de ahí que no cuenta con la calidad de autoridad para efectos de dicho medio de control constitucional, por lo que son los medios de defensa ordinarios, los que otorgan las herramientas para la tutela de actos emitidos en un plano de coordinación. Es por todo lo aquí expuesto, que con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. REPRESENTANTE EN COMÚN Con fundamento en el artículo 13, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designan a *****, como representante común de los quejosos; sin perjuicio de que la parte quejosa lo substituya por otro. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. De igual forma, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, puesto que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; en cambio, se faculta en restringidos términos de dicho numeral, a *****, toda vez que su cédula profesional no aparece en dicho registro; en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente y en los términos indicados a *****. ACCESO AL EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al promovente con el nombre de los usuarios *****. (.).PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. (.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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