Alejandro Pérez Cruz

Expediente 167/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
167/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Pérez Cruz
  • Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Alejandro Pérez Cruz. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en los siguientes términos: 1. Al haberse concedido en su momento la suspensión de plano en este asunto, procede calificar este expediente, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, como DEPURABLE, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Máxime que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. 2. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de numeral 2, agréguese a los autos la razón de notificación personal asentada por el Actuario adscrito a este juzgado, de la que se obtiene que el directo quejoso **** NO ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por *****. En consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo1, se tiene por no presentada la demanda de amparo, dejándose sin efectos las providencias dictadas en este juicio de amparo. Comuníquese esta determinación a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Seguidamente, por las razones antes expuestas glósense a los autos únicamente para que obren como constancia la razón asentada por el Actuario adscrito a este Juzgado, de la que se obtiene la imposibilidad que tuvo de entregar los oficios 4328/2021, 4329/2021 y 4330/2021 a las autoridades señaladas como responsables por el quejoso. Finalmente, glósense a los autos los informes de suspensión de plano que rinden el Juez de Control Región 02, Tapachula; Subdirector de la Unidad Integral de Investigación y Judialización para Delitos Graves y No Graves, en representación del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, y Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal Tapachula, todos residentes en esta ciudad; consecuentemente, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido para que se encuentren en aptitud de hacer las manifestaciones que a sus intereses convengan.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Adai López López, en representación de su esposo Alejandro Pérez Cruz, contra actos del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, con sede en esta ciudad y otras autoridades, actos que hace consistir en lo siguiente: "Incomunicación de mi hijo y su privación ilegal de la libertad ordenando y ejecutada por las responsables sin que preceda orden de aprehensión, ni motivación alguna, ni haya cometido ningún delito que amerite que sea privado de su libertad, además ha sido golpeado, vejado y lo tienen esposado, además de no permitir que hable con nadie." ANOTACIONES Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 167/2021. Toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de cuenta, se advierte que Adai López López en representación de Alejandro Pérez Cruz, aduce que reclama la incomunicación, privación ilegal de la libertad, tortura, golpes y malos tratos de éste y que se encuentra detenido en los separos de la Fiscalía de Akhisino; ello es suficiente, por el momento, para otorgar la suspensión de plano a favor del directo quejoso. Al respecto, es aplicable por las razones que informa, la tesis con número de registro 216236, Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página trescientos doce, Tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida". Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126, 164 y 165 último párrafo de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto de los actos consistentes en la incomunicación, privación ilegal de la libertad, tortura, golpes y malos tratos y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, para los efectos siguientes: a). Cese todo acto de incomunicación malos tratos, privación de la libertad fuera de todo procedimiento y de tortura, así como demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. b). Si la detención fue hecha por autoridades distintas al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, deberá de cesar sin demora la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público que corresponda. En el entendido que si la detención no tiene relación con la comisión de un hecho que la ley señale como delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. c). Para el caso de que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso con motivo distinto a una orden de detención, caso urgente o flagrancia, deberá ser puesto en inmediata libertad o a disposición del órgano jurisdiccional competente. d).Tratándose de actos que afecten la libertad personal del directo quejoso dentro de un procedimiento penal, la suspensión producirá el efecto de que el impetrante quede a disposición de este Juzgado, en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad judicial que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento. Por otra parte, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las autoridades responsables la suspensión de plano para su debido cumplimiento y para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables; apercibidos que de no acatar la medida cautelar concedida, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, en virtud de que el desacato a un mandato judicial implica el delito de violación a la suspensión previsto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Al respecto, ilustra la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". DENUNCIA DE HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE TORTURA De conformidad con lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1o., 3o., 6o. y 8o., de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en observancia a la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA", en la que se estableció que en respeto al derecho fundamental de toda persona a no sufrir actos de tortura al encontrarse privada de su libertad, es obligación de toda autoridad, cuando tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, de dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Atento a ello, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con las manifestaciones que en el presente juicio de amparo expresó el promovente en relación a los actos de tortura que dice se encuentra sufriendo el directo quejoso, ello, a fin de que en el ámbito de su competencia, instruya la correspondiente investigación de los hechos conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades. Comuníquese sin demora esta determinación a las autoridades responsables, a fin del pronto y exacto cumplimento de la medida cautelar aquí decretada. Ahora bien, a fin de que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente, es necesario que el directo quejoso Alejandro Pérez Cruz, ratifique la petición de amparo; en tal virtud, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, para efecto de que localice al directo quejoso en los separos de la Fiscalía de Akhisino, así como en las instalaciones de todas las dependencias policiales y de detención, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, de la Zona Militar, de los hospitales y centros de atención psiquiátricos, así como a las instalaciones del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, todas en esta ciudad; de igual forma, en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, y realice lo siguiente:  Vocear o llamar al directo quejoso, en el lugar respectivo;  Notificarle el presente auto;  Requerir al quejoso para que en ese acto o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre.  Requerir al quejoso para que en caso de que ratifique la demanda precise si señala como autorizados a los abogados que se citan en el escrito.  Lo aperciba que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas;  Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior.  Dar fe de su integridad física y de cuál es la autoridad responsable que lo mantiene privado de la libertad. Por lo consiguiente, una vez localizado y debidamente notificado el citado quejoso, provéase sobre la procedencia de la demanda de garantías promovida por Adai López López en representación de Alejandro Pérez Cruz. RECEPCIÓN DE OFICIOS Se previene a las autoridades responsables para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciban los oficios dirigidos a las autoridades que no estuviesen en turno, apercibidas que en caso de ser omisas al respecto, con fundamento en el numeral en comento, se tendrán por legalmente hechas las notificaciones a las autoridades que vayan dirigidas los oficios, a partir de la hora y fecha en que el actuario judicial adscrito se constituya legalmente en sus oficinas; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. En ese sentido, se faculta al actuario de la adscripción, para que, en caso de que las denominaciones que aparecen en los oficios a través de los cuales se comunica este proveído, así como los subsecuentes, sean incorrectas, se sirvan testar las mismas, y en su lugar, señalar sus denominaciones debidamente; a efecto de que no se encuentre impedido para realizar la entrega de los oficios derivados de este sumario. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Una vez que el quejoso ratifique la demanda se acordará lo conducente respecto al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y respecto de los autorizados que menciona. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma al celular al número de teléfono 9626987434, extensiones 1101 y 1108. Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, toda vez, que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente al directo quejoso y por oficio a las autoridades responsables en términos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus denominado "COVID-19". Así lo proveyó y firma el Juez Raúl López Pedraza, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria que autoriza, Claudia Verónica Martínez Baca, quien además certifica que la promoción que dio origen a éste acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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