Alejandro Rodríguez Cid
Expediente 420/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2019
Partes del expediente
- Alejandro Rodríguez Cid
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Causa estado cumplimiento Visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del doce de febrero de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV , del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo Décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. En el entendido de que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada -tanto provisional como definitiva-, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración por lo tanto, deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días hábiles para recoger los documentos que exhibió, apercibida que en caso de ser omisa dichos documentos serán depurados junto con las demás constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y Especializado en Extinción de Dominio, las copias certificadas del expediente 1156/2017 de su índice, las cuales obran por separado en dos tomos de pruebas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio signado por la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo se le tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en vigor, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido a la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio sucesorio intestamentario 1525/2018 de su índice, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Bajo esa óptica jurídica, cabe precisar que la parte quejosa reclama de la Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, la omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio sucesorio intestamentario 1525/2018 de su índice; sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el quince de febrero de dos mil diecinueve, la junta laboral emitió la resolución correspondiente, y le notificó a las partes, tal como se aprecia de la reproducción siguiente: Como se advierte de lo anterior, el quince de febrero de dos mil diecinueve la autoridad responsable dictó la resolución definitiva dentro del juicio sucesorio intestamentario 1525/2018 de su índice; en consecuencia, dado que ha cesado la omisión de dictar dicha resolución, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Es aplicable, por analogía, la tesis de contenido siguiente. ACTO RECLAMADO, CESACION DE LOS EFECTOS DEL, TRATANDOSE DE LA OMISION DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con treinta minutos del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria sentencia y requiere cumplimiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: .48. Por otra parte, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada respecto al acto reclamado precisado en el punto III, inciso b), consistente en la omisión de resolver el incidente de falta de personalidad interpuesto por el quejoso en el juicio laboral D-6/40/2018, para que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tome las medidas necesarias en el juicio natural y ordene la pronta resolución del incidente de falta de personalidad, para lo cual se deberá tomar en consideración lo previsto en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo y demás artículos que estime aplicables.. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización , y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. No se requiere superior jerárquico. Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico de la junta responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad de mérito es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que informa que en auto de veinticinco de los corrientes, dictado en el juicio de amparo D-371/2017, de su índice, se determinó que no es posible que se remita la demanda de amparo respectiva a este Juzgado de Distrito; sin embargo, una vez que se proporcionen al referido Tribunal los nombres de los peritos designados en el presente juicio, dicho expediente se pondrá a su vista en la Secretaría de Acuerdos del mencionado Tribunal Colegiado. En consecuencia, comuníquese a la Magistrada Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que los nombres de los peritos designados en el presente juicio de amparo son: Lauro Alfonso Maceda Galicia -perito de la parte quejosa-, José Raúl Padilla Guzmán -perito de la parte tercera interesada- y Leonardo Díaz Flores -perito oficial-; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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