Alejandro Reyes Mellado

Expediente 371/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
371/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Reyes Mellado

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubican en el punto segundo, inciso XVIII , del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, pues anexó copias certificadas y simples de diversas constancias. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requiera la devolución de los documentos antes precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, por medio de la cual el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, manifiesta la imposibilidad para llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, por las razones que expone. En consecuencia, ante la imposibilidad de realizar la notificación personal a la parte quejosa de la determinación referida y, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, procédase a notificar por lista de acuerdos el citado auto de dieciocho de diciembre de dos mi dieciocho y el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de dos mil ocho, visible en la página doscientos treinta y ocho, en su Novena Época, cuyo rubro indica: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. ... Notifíquese. ACUERDO DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO "San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho.  Desechamiento Radicación de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por Alejandro reyes Mellado, por derecho propio, en contra de los actos del Notario Público número Uno y Registrador Público de la Propiedad y Comercio, ambos de Tecamachalco, Puebla; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 371/2018-III. Demanda de amparo. De la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. ***. Tercero interesado. ***. Autoridades responsables. Notario Público número Uno y Registrador Público de la Propiedad y Comercio, ambos de Tecamachalco, Puebla. Actos reclamados. El tiraje u otorgamiento de la escritura pública de compraventa número *** así como su inscripción. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Respecto del otorgamiento de la escritura pública. Por cuanto hace al acto reclamado relativo al otorgamiento de la escritura pública respecto del bien inmueble ubicado en el punto denominado "***", ****, Puebla, atribuida al Notario Público Número Uno de Tecamachalco, Puebla, de oficio se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso . De conformidad con lo anterior, es factible aseverar que por regla general, el concepto de autoridad debe concebirse por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados. Por lo anterior, no puede considerarse al Notario Público número Uno de Tecamachalco, como autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 795, tomo XXII, julio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS. NO SON SERVIDORES PÚBLICOS. Conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reputan como servidores públicos, entre otros, los representantes de elección popular y quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración pública. Ahora bien, toda vez que el notario actúa por medio de una patente otorgada por el Estado, no puede ser considerado servidor público, en atención a que su cargo no es de elección popular ni se halla dentro de la administración pública estatal o municipal, además de que el notario no depende del gobierno o de una entidad paraestatal, ya que si bien actúa por delegación del Estado, no está dentro de su organización administrativa ni burocrática." Así es, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esencialmente consideró que el notario no es un funcionario o servidor público, sino que conforme al sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, mediante la expedición de la patente respectiva y, por otra parte, se trata de una función de orden público, dado que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de interés social como la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídico, esto es, se trata de un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. En este sentido, el notario es un particular que por disposición de la ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario. Ahora, a raíz de la reforma a la Ley de Amparo el dos de abril de dos mil trece, se introdujo un nuevo parámetro para la impugnación de actos por esa vía constitucional, independientemente del carácter de quien produzca la violación, pues ahora se podrán controvertir actos que provengan de particulares, quienes podrán tener la calidad de autoridad responsable, siempre que realicen actos equivalentes a los de autoridad, en el ejercicio de funciones que les hayan sido conferidas por una norma general. Así, para poder considerar a un particular como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: a. Que con independencia de su naturaleza formal, realice actos equivalentes a los de autoridad (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar u omitir actos); b. Que dichos actos afecten los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y c. Que las funciones del particular estén determinadas por una norma general. En este contexto, conviene recordar que en el caso se reclama del referido notario Público el otorgamiento o tiraje de la escritura pública de compraventa número ***. Entonces, la cuestión que se presenta como presupuesto de procedencia consiste en determinar si el otorgamiento de dicha escritura de compraventa, a pesar de provenir de un particular, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que la remuneración de la labor notarial no proviene del erario público, sino del particular que acude a solicitar la prestación de sus servicios, de acuerdo con el arancel respectivo, y a falta de éste cobrarán los honorarios que convengan con los interesados. Asimismo, el notario sólo actúa a petición de los particulares, o bien, cuando sea requerido por autoridades en cumplimiento de un mandato judicial o administrativo en los términos establecidos por la ley, contexto en el cual la actuación notarial es obligatoria, tal como se desprende de los artículos 14, 15, 17 y 188 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla vigente en mil novecientos noventa y cinco, en que se otorgó la escritura relativa. De lo anterior se sigue, que si en el caso el Notario responsable sólo prestó sus servicios a solicitud de particulares interesados en el otorgamiento de una escritura en que se hiciera constar un contrato de compraventa de un inmueble, quienes pagaron por la prestación de los mismos; consecuentemente, su actuación no puede ser considerada como un acto de autoridad ni como una actuación de un particular equivalente a la de una autoridad. Lo anterior en virtud que la subordinación es una característica esencial de las relaciones entre las autoridades del Estado y los particulares, en las que se ubica a las primeras en un plano de superioridad respecto de los segundos en beneficio del orden público y del interés social, las cuales se encuentran reguladas por el derecho público y se caracterizan por la unilateralidad de los actos provenientes de las autoridades, caso en el cual no es necesario el consentimiento de los particulares, como sí lo es tratándose de un contrato de compraventa, cuya celebración en escritura pública es solicitada -como en el caso- por los propios particulares contratantes con la manifestación de su consentimiento expreso. En este sentido, el Notario Público a través de la fe pública que le es conferida hace constar los hechos y actos jurídicos ocurridos ante él, sin que en el caso el trámite del tiraje de una escritura pública implique crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte quejosa, pues su actuar no puede ser considerado como acto de autoridad, en la medida en que al haber emitido el acto reclamado a solicitud de particulares no existe una relación de supra a subordinación en su actuación. En similares términos se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 3/2007, de la cual emanó la jurisprudencia 1ª./J. 99/2008, localizable a página 199, tomo XXIX, febrero de 2009, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio." En esas condiciones, no puede considerarse que el Notario Público Número Uno de Tecamachalo, Puebla, al otorgar la escritura pública de compraventa de referencia haya actuado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, por lo que ese acto no puede ser materia de estudio en esta instancia constitucional. Lo anterior, pues se insiste, el Notario no es un funcionario o servidor público, a pesar de que su función es de orden público, pues sólo tiene por finalidad otorgar autenticidad, certeza y seguridad jurídica de actos y hechos jurídicos, como fue el caso de los relativos a la compraventa reclamada. En este mismo sentido, el referido Notario Público sólo se trata de un particular que por disposición de ley recibe fe pública, que es un atributo original del aparato gubernamental por virtud de su imperio, pero que no ejerce funciones públicas o de elección popular, lo que refuerza que no se trata de un empleado o funcionario público, como se mencionó en el párrafo anterior. Además, su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios; por tanto, no existe relación de supra a subordinación en su actuación, en adición a que sus actos no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular, de ahí que, no pueden considerarse como actos de autoridad. En relatadas circunstancias, al no revestirle el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por cuanto hace al Notario Público Número Uno de Tecamachalco. Respecto de la inscripción que se reclama al Registrador Público. Por cuanto hace al acto reclamado del Registrado Público de la Propiedad y del Comercio de Tecamachalco, consistente en la inscripción de la referida escritura pública de compraventa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la disposición normativa transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así, tal precepto consagra el principio de definitividad, el cual rige en el juicio de amparo y encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." Con base en lo anterior, se determina que contra el acto de inscripción que se reclama del Registrador Público de Tecamachalco, el quejoso debió promover el recurso administrativo registral contenido en la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, tomando en consideración que manifestó conocer dicho acto el uno de diciembre del año en curso. En ese sentido, conviene señalar que el recurso administrativo registral, se encuentra previsto y regulado en los artículos 137 y 139 a 141 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, que disponen lo siguiente: "Artículo 137. Quienes se consideren agraviados por los actos emanados de las autoridades registrales, podrán interponer el Recurso Administrativo Registral, el cual será substanciado y resuelto por el área que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes. El Recurso deberá agotarse antes de acudir a otros medios de defensa. El Recurso procederá contra actos registrales emitidos por los Registradores Públicos o por el Director en el caso en que actúe como Registrador Público en ausencia o por excusa del titular de una Oficina Registral. Podrán recurrir el acto registral, conjunta o separadamente, las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción" "Artículo 139. El escrito recursal deberá contener: I. El acto impugnado; II. La mención clara y sucinta de los hechos en que basa la impugnación, los agravios que cause el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; III. La fecha en la que se notificó al recurrente el acto impugnado; IV. Las pruebas que se ofrezcan. Únicamente serán admisibles: a) La documental pública o privada consistente en el título o solicitud en que se basó el acto impugnado; y b) La de reconocimiento de constancias registrales. Esta prueba deberá estar directamente relacionada con los hechos que se pretenden demostrar. V. Los requisitos señalados en el artículo 134 de esta Ley. En el caso de acudir mediante representación, se deberán acompañar los documentos que acrediten la misma. Para los recursos presentados vía electrónica, se deberán adjuntar los documentos electrónicos necesarios para fundar el recurso correspondiente." "Artículo 140. La tramitación y sustanciación del Recurso Administrativo Registral, se sujetará al siguiente procedimiento: I. Deberá interponerse directamente en la oficina registral en la que se emitió el acto impugnado o en el portal de dicha oficina, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto. II. En el supuesto de que falte alguno de los requisitos mencionados en el artículo anterior, la autoridad responsable prevendrá al recurrente para que en el término de tres días hábiles subsane la omisión, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se remitirá el Recurso a la autoridad resolutora, quien en consecuencia lo desechará; III. Si a consideración del Registrador Público el escrito recursal cumple con los requisitos exigidos, o habiendo fenecido el plazo señalado en la fracción anterior, la autoridad registral lo remitirá dentro de los tres días hábiles siguientes a la autoridad resolutora, acompañando los demás documentos presentados por el recurrente, así como su informe y constancias en las que sustente el acto impugnado; y IV. La autoridad resolutora, en un solo momento admitirá o desechará el Recurso y en su caso, valorará las pruebas y resolverá el Recurso en el plazo de diez días contados a partir de la recepción del expediente". "Artículo 141. El Recurso se tendrá por concluido en los siguientes casos: I. El recurrente se desista expresamente del Recurso, debiendo ratificarse el escrito relativo directamente ante la autoridad resolutora. II. Se deseche el recurso por las siguientes causas: a) El recurrente no esté legitimado para interponerlo; b) Por no haberse promovido en el plazo señalado para ello; y c) Cuando falte alguno de los requisitos señalados en el artículo 139 de la presente Ley, y no se hayan subsanado. III. Se dicte resolución definitiva al Recurso, la que podrá confirmar o modificar el acto impugnado, indicando con precisión sus nuevos efectos en este último caso. Derivado de la resolución del Recurso, el Director podrá instruir a los Registradores Públicos sobre las medidas que deberán realizar para mejorar la práctica registral." De lo anterior se sigue que, en contra los actos dictados por los titulares de las Oficinas Registrales, como el que aquí se atribuye al Registrador Público de la Propiedad de tecamachalco, los particulares que se consideren afectados podrán interponer el recurso administrativo registral, el cual puede tener por efecto confirmar o modificar el acto registral, precisando en este último caso los nuevos efectos. No se soslaya que el artículo 137, último párrafo, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado, dispone que "podrán" recurrir el acto registral, conjunta o separadamente, las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción; sin embargo, dicho señalamiento no impide que toda aquella persona que se considere agraviada por el acto de la autoridad registradora se encuentre legitimada para la interposición del citado recurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 3253, tomo XXXIII, enero de 2011, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "RECURSO ADMINISTRATIVO REGISTRAL. LEGITIMACIÓN PARA SU INTERPOSICIÓN (LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 137 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, establece que quienes se consideren agraviados por los actos registrales dictados por los titulares de dichas oficinas podrán interponer el recurso administrativo registral, el cual deberá agotarse antes de acudir a otros medios de defensa. Ahora bien, dicho precepto señala, en su último párrafo, que de manera conjunta o separada podrán recurrir el acto registral las partes que intervengan en la operación sujeta a inscripción, el notario que autorizó el título o la autoridad que ordenó la inscripción; sin embargo, dicho señalamiento no impide de manera alguna que toda aquella persona que se considere agraviada por el acto de la autoridad registradora se encuentre legitimada para la interposición del citado recurso." Además, en el caso, no se actualiza ninguna de las siguientes excepciones al principio de definitividad: a) Si el acto reclamado afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emana; b) Si se trata de un acto administrativo respecto del cual la ley que lo rige exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para suspender su ejecución; c) Si el acto reclamado implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; d) Si el acto reclamado implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; e) Si el acto reclamado carece de fundamentación; f) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; g) Cuando el juicio, recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; h) Cuando se reclama una ley con motivo del primer acto de aplicación, en términos del artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; y, i) Finalmente, cuando se reclamen actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, de los cuales se alegue que carecen de fundamentación y motivación, y en el informe justificado la autoridad responsable subsana o perfecciona tales vicios también operará la excepción al principio de definitividad señalada en el inciso f). En primer orden, porque el acto reclamado no implica una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, además tampoco importa peligro de la privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de ese ordenamiento supremo. Además, no se combate una ley con motivo de su primer acto de aplicación, por lo que no se actualizan los supuestos señalados en los incisos c), d) y h). Por otro lado, en relación con el acto que se reclama del Registrador Público la parte quejosa no alegó violaciones directas a la Constitución, ni que ese acto en concreto carezca de fundamentación y motivación, pues controvierte el acto que se atribuye al Notario Público -del cual se desechó la demanda anteriormente-. Por tales motivos, no podrían actualizarse los supuestos señalados en los incisos e), f) e i). Por otro lado, el acto reclamado pudo ser combatido a través del referido recurso administrativo registral, máxime que el mencionado recurso se prevé en una ley, y no en un reglamento, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis contenida en el inciso g). Sentado lo anterior, es necesario indagar si en ese ordenamiento se prevé la posibilidad de suspender los efectos de los actos reclamados, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, pues de lo contrario se actualizaría una excepción al principio de definitividad. Al respecto, el artículo 138 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla dispone lo siguiente: "Artículo 138. La interposición del recurso suspende hasta su resolución la ejecución del acto recurrido. Los efectos de la suspensión impiden la inscripción de los títulos presentados o que presenten en relación con el mismo folio, sin perjuicio de que se efectúe una nota de presentación conforme a su prelación para los efectos de la misma. Transcurridos veinticinco días hábiles desde la notificación de la resolución definitiva del Recurso, y en caso de que la misma no haya sido combatida legalmente, se procederá a la calificación registral de los títulos que guarden prelación". Como se ve, en el artículo transcrito no se prevén mayores requisitos a los establecidos en la Ley de Amparo, pues el aludido precepto legal establece que la sola presentación del recurso suspende hasta su resolución la ejecución del acto recurrido, mientras que para efectos del juicio de amparo la suspensión del acto se concederá cuando, además de solicitarla, con su otorgamiento no se cause perjuicio al interés general, ni se contravengan disposiciones de orden público, estableciéndose también que si la suspensión pudiera ocasionar daños y perjuicios a terceros se exigirá garantía al solicitante para reparar los posibles daños y perjuicios. De tal suerte que la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos, plazos más largos ni menores alcances que la Ley de Amparo para la procedencia de la medida suspensional, aunado a que el medio ordinario de defensa está previsto en la ley aplicable al caso y no en un reglamento. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 197/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD SI LAS LEGISLACIONES QUE RIGEN EL ACTO QUE SE COMBATE ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS, MENORES ALCANCES O PLAZOS MÁS LARGOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO (LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS). La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107 de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en los artículos 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, no es necesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. Tal es el caso de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, cuando: i) señala que el solicitante de la suspensión deberá exponer las razones por las que considera que debe otorgarse la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de que se ejecutara el acto administrativo; ii) establece que surtirá sus efectos a partir de que el demandante otorgue la garantía que señale el Magistrado Ponente; iii) que se sustanciará el incidente, corriendo traslado a las partes por tres días y se resolverá el incidente planteado una vez desahogadas las pruebas (en un término no mayor a 10 días); y iv) no establece cuál es el término que tiene la autoridad jurisdiccional para resolver sobre la suspensión provisional. Lo que, en suma, implica mayores requisitos y plazos más largos para la obtención de la medida cautelar que los contenidos en la Ley de Amparo." Por otra parte, debe decirse que los actos reclamados al Registrador Público de la Propiedad de Tecamachalco, no derivan de algún juicio o procedimiento sino que se trata de actos administrativos que se realizaron a solicitud del Notario Público que otorgó la escritura pública relativa, de modo que no puede considerarse válidamente que a la quejosa le revista el carácter de persona extraña, pues ese concepto alude a quien no ha figurado en un juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente . Sin embargo, toda vez que los actos reclamados al Registrador Público no derivan de algún juicio o procedimiento, la parte quejosa no puede reputarse como persona extraña a ellos, todo lo cual pone en evidencia que su situación para efectos del juicio de amparo indirecto no se rige por el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia. Con base en lo anterior, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra los actos reclamados al Registrador Público de la Propiedad y el Comercio de Tecamachalco, pues antes de promover esta acción constitucional tenía a su alcance el recurso administrativo registral, pero al no agotarlo, dejo de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que sea procedente desechar la demanda de amparo. Finalmente, no sobra decir que la procedencia del recurso administrativo registral de manera previa al juicio de amparo ha sido confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 170/2017, en sesión de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Notifíquese personalmente..."

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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