Alejandro Razo Martinez

Expediente 3106/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
3106/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Razo Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, como está ordenado en el acuerdo dictado en esta misma fecha, agréguese a los autos copia simple del escrito de ampliación de demanda de amparo promovida por L***********, respecto de la autoridad responsable Secretario de Hacienda y Crédito Público, a quien se le atribuye el acto reclamado consistente en el oficio 100.-278 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, precisado en dicho escrito, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, se provee en el incidente de suspensión lo relativo a la ampliación de demanda. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Con fundamento en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, con copia del escrito de ampliación de demanda, se requiere a la autoridad responsable Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que rinda su informe previo, el cual deberá exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberá concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuye y podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrá obligación de proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable Secretario de Hacienda y Crédito Público para que acompañe a su informe previo cualquier documento que estime necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que la autoridad responsable sea omisa en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. De igual modo, en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: " SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, esto es, que las autoridades responsables se abstengan de aplicar el 100.-278 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS." Con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión solicitada, se analizarán en orden los siguientes aspectos: 1) La certeza de los actos reclamados. 2) Si su naturaleza permite su paralización. 3) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. 4) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. Atento a lo anterior, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado en esta incidencia a fin de que las autoridades responsables no apliquen el oficio 100.-278 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. En ese orden de ideas, respecto del acto antes precisado, resulta improcedente conceder la suspensión solicitada, ya que dicho acto quedó consumado desde la fecha en que se emitió; aunado a que, la materia de la suspensión, en su caso, es su ejecución o aplicación, de lo que resulta que el análisis de su inconstitucionalidad es materia del fondo del amparo, y no de este incidente de suspensión, razón por la cual la medida cautelar resulta improcedente; por lo cual, debe negarse, ante la imposibilidad de retrotraer las cosas en el tiempo. Tienen aplicación el siguiente criterio cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darse efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Aunado a que, de otorgarse la suspensión provisional en los términos que solicita la parte quejosa se estarían abordando aspectos que forman parte del estudio del fondo del asunto, lo cual en el caso será materia de estudio al momento de dictar sentencia en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, de ahí que resulte improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CII, página 74, que dice: "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados." Por lo que, con apoyo en el numeral 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada. Notifíquese en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del C1onsejo de la Judicatura Federal.

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